Trabajo dispara un 52 % las sanciones propuestas en Sevilla en un año

La actividad de la Inspección de Trabajo en Sevilla deja una fotografía bastante más intensa que la del ejercicio anterior. Las sanciones propuestas por el organismo han aumentado un 52 % en un año, mientras las actuaciones inspectoras han permitido corregir miles de contratos considerados irregulares y han elevado también la presión sobre los incumplimientos relacionados con trabajadores extranjeros.

El dato no significa, conviene precisarlo, que todas esas propuestas hayan terminado ya convertidas en multas firmes. Una propuesta de sanción abre un procedimiento administrativo en el que la empresa puede formular alegaciones y recurrir. Pero el salto del 52 % sí refleja un aumento considerable de los incumplimientos detectados o, al menos, de aquellos que la Inspección considera suficientemente acreditados para iniciar la vía sancionadora.

La Inspección aprieta el control sobre el empleo irregular

El balance sevillano encaja en un cambio más amplio de la actividad inspectora: menos dependencia de la visita clásica a la empresa y más capacidad para detectar anomalías mediante el cruce de información laboral, cotizaciones y movimientos de altas y bajas. El inspector con carpeta bajo el brazo sigue existiendo, claro, pero ya no trabaja solo. Los datos también llaman a la puerta.

En Sevilla, una de las consecuencias más visibles ha sido la regularización de miles de contratos cuya modalidad no se ajustaba, según el criterio inspector, a la realidad del puesto de trabajo. Son situaciones en las que la etiqueta contractual dice una cosa y la relación laboral cotidiana cuenta otra bastante distinta.

Ese desfase puede aparecer, por ejemplo, cuando se emplea una modalidad temporal para cubrir necesidades permanentes o cuando un contrato concebido para una actividad intermitente termina sirviendo para desarrollar durante buena parte del año un trabajo estable. Ahí es donde la forma jurídica deja de ser un envoltorio y empieza la comprobación inspectora.

Los fijos discontinuos, cada vez más presentes en las revisiones

Una parte importante del debate laboral se concentra precisamente en los contratos fijos discontinuos. La reforma laboral extendió esta modalidad como alternativa a buena parte de la antigua contratación temporal, especialmente en actividades estacionales, campañas o trabajos que se repiten pero no se desarrollan de manera continua durante todo el año.

El problema no está en el contrato en sí. Un fijo discontinuo es indefinido y resulta perfectamente adecuado para muchas actividades. La cuestión aparece cuando la supuesta discontinuidad apenas existe y el empleado cubre, en la práctica, una necesidad estructural y permanente.

Los últimos datos conocidos a escala nacional resultan reveladores: los fijos discontinuos representan ya el 54,5 % de los contratos irregulares regularizados por la Inspección dentro de la comparación con la contratación temporal. El centro de gravedad del fraude contractual ha cambiado. Durante años la lupa estuvo sobre el contrato eventual que se renovaba casi por inercia; ahora también mira con atención hacia el indefinido discontinuo mal utilizado.

Tener un contrato indefinido no resuelve por sí solo el problema

La palabra «indefinido» tiene buena prensa, pero administrativamente no funciona como un certificado automático de estabilidad. En un fijo discontinuo pueden existir periodos de inactividad y varios llamamientos a lo largo del año. Eso forma parte de la naturaleza de la modalidad.

Distinto es encajar artificialmente en ella un trabajo que se presta de manera esencialmente continua. Cuando ocurre, la Inspección puede exigir la transformación en indefinido ordinario y, según las circunstancias, iniciar actuaciones sancionadoras.

De ahí que las cifras de contratos corregidos y las de sanciones no sean intercambiables. Regularizar una relación laboral no equivale siempre a imponer una multa, y una misma infracción puede afectar a varios trabajadores. La estadística laboral, como casi todas, pierde bastante sentido cuando se agita sin leer la letra pequeña.

Extranjería gana peso entre las actuaciones en Sevilla

Otro de los focos que aparece reforzado en el balance sevillano es el de extranjería laboral. Las propuestas de sanción relacionadas con esta materia se han disparado, en paralelo al control sobre contrataciones de personas extranjeras que no cumplen todos los requisitos administrativos exigidos para trabajar.

Aquí confluyen situaciones muy diferentes. Puede haber empleo sin autorización correspondiente, incumplimientos empresariales en la documentación o relaciones laborales no declaradas. No todo caso responde al mismo patrón ni tiene la misma gravedad.

Sevilla reúne, además, sectores donde el control resulta especialmente sensible por el volumen de contratación y la rotación de trabajadores: agricultura, hostelería, construcción, comercio y servicios. En actividades con campañas intensivas y necesidades rápidas de mano de obra, la frontera entre flexibilidad y precariedad puede volverse bastante fina.

Eso explica que el aumento de la actividad inspectora no pueda interpretarse únicamente como una fotografía del comportamiento empresarial. También depende de qué materias vigila con mayor intensidad la Administración, de los recursos disponibles y de la mejora de las herramientas para localizar posibles irregularidades.

Más sanciones no significan necesariamente más fraude

La subida del 52 % admite varias lecturas, y probablemente conviven todas. Puede haber más infracciones detectadas, mejores mecanismos para descubrirlas, campañas concentradas en ámbitos especialmente problemáticos o expedientes de cuantía elevada capaces de alterar con rapidez el resultado anual.

Por eso sería precipitado concluir que el mercado laboral sevillano se ha deteriorado en idéntica proporción. La cifra mide la respuesta sancionadora propuesta por la Inspección, no una tasa general de fraude entre todas las empresas de la provincia.

Lo que sí muestra con claridad es una mayor intensidad del control laboral. Las irregularidades contractuales, el tiempo de trabajo, la Seguridad Social, la prevención de riesgos, el empleo no declarado y la situación administrativa de trabajadores extranjeros están sometidos a una vigilancia que cada vez depende menos de que alguien abra físicamente la puerta de una oficina para que entre un inspector.

El cruce de datos cambia la manera de detectar irregularidades

Buena parte de esa transformación pasa por sistemas capaces de localizar patrones anómalos antes de iniciar una inspección convencional. Una sucesión llamativa de altas y bajas, jornadas que no cuadran con determinadas cotizaciones o modalidades contractuales incompatibles con la duración real de una actividad pueden convertirse en señales para revisar una empresa.

No significa que un algoritmo determine por sí mismo que existe una infracción. La comprobación administrativa sigue siendo necesaria. Pero sí permite dirigir los recursos hacia expedientes donde existen indicios previos de irregularidad, una diferencia considerable frente al modelo puramente reactivo.

También explica por qué numerosas correcciones contractuales pueden producirse sin una imagen espectacular de inspectores recorriendo centros de trabajo. El control laboral se ha vuelto más silencioso. Y, precisamente por eso, bastante más difícil de esquivar mediante simple maquillaje documental.

El contrato tendrá que parecerse cada vez más al trabajo real

El aumento de las sanciones propuestas en Sevilla dibuja, sobre todo, una tendencia sencilla: importa menos cómo se bautiza una relación laboral y más lo que sucede realmente durante la jornada. Un temporal debe responder a una necesidad temporal; un fijo discontinuo, a una actividad verdaderamente intermitente; una jornada parcial, a horas efectivamente parciales.

Parece una obviedad. En derecho laboral, sin embargo, las obviedades suelen necesitar varias páginas de normativa, una inspección y, de vez en cuando, una sanción para adquirir plena existencia administrativa.

El 52 % de aumento coloca a Sevilla ante un balance que no debería reducirse a la cifra de las multas. Detrás están contratos corregidos, relaciones laborales revisadas y un sistema de inspección que está desplazando buena parte de su esfuerzo hacia la contratación irregular y el empleo no declarado. La señal para las empresas es bastante menos abstracta: el papel puede decir una cosa, pero lo que terminará contando es el trabajo que realmente se hace.