Un diputado del PSOE fundó un bufete ligado a fondos buitre en Murcia

El diputado socialista por Murcia Joaquín Martínez Salmerón ha quedado en el centro de la polémica después de conocerse que el despacho de abogados que fundó y dirigió durante años participa en procedimientos de ejecución hipotecaria para fondos de inversión. El bufete Martínez & Salmerón Abogados aparece vinculado a al menos 14 ejecuciones hipotecarias en la Región de Murcia, mientras el parlamentario figura como administrador único de una sociedad patrimonial constituida con un capital de 931.260 euros.

La controversia tiene una segunda pata, quizá más delicada políticamente. Esa sociedad, Jomasa Geluk SL, no aparece en la declaración de bienes y rentas que actualmente muestra la ficha pública de Martínez Salmerón en el Congreso. El diputado ha atribuido la falta de actualización a una «dejadez y olvido», mientras el PSOE murciano sostiene que no ocultó patrimonio y que ha cumplido con sus obligaciones. Hay un detalle temporal importante: la declaración disponible está fechada en agosto de 2023 y Jomasa Geluk nació después. El debate, por tanto, está en la obligación de comunicar posteriormente el cambio, no en haber omitido en agosto una empresa que todavía no existía.

El despacho que fundó Martínez Salmerón y las ejecuciones hipotecarias

Martínez Salmerón es abogado, licenciado en Derecho y con formación en economía bancaria. Su trayectoria profesional explica buena parte del asunto. Fundó Martínez & Salmerón Abogados en 2005 y durante años desarrolló allí una actividad muy ligada al derecho bancario, la reclamación de deudas y las ejecuciones hipotecarias.

El propio historial profesional del diputado recoge que ejerció como letrado y director del despacho entre 2005 y 2023. La firma, por su parte, ha desarrollado actividad en procedimientos de ejecución ordinaria e hipotecaria, una expresión jurídica bastante menos dramática que sus consecuencias cuando detrás del expediente aparece una vivienda familiar.

La información conocida señala que el bufete ha intervenido en al menos 14 procedimientos hipotecarios relacionados con fondos de inversión en Murcia. Entre los expedientes difundidos figura el de una familia que lleva años intentando impedir la ejecución de su vivienda después de que el crédito terminara en manos de una sociedad vinculada a un gran fondo estadounidense.

Conviene separar responsabilidades. Martínez Salmerón dejó la administración del bufete en 2023 y no puede atribuirse automáticamente al diputado cada actuación posterior realizada por los abogados de la firma. Él mismo rechaza que haya pedido o firmado personalmente desahucios. Otra cosa es la fotografía política que deja una firma fundada y dirigida durante casi dos décadas por un diputado socialista trabajando para inversores especializados en adquirir deuda hipotecaria.

Y ahí la expresión «fondos buitre», tan habitual en el combate político sobre vivienda, deja de pertenecer únicamente al vocabulario de los mítines.

Jomasa Geluk: 931.260 euros y una escisión del bufete

La otra pieza del asunto aparece en el Registro Mercantil. En octubre de 2023 los socios de Martínez & Salmerón Abogados aprobaron una escisión parcial mediante la cual una parte del patrimonio del despacho pasaría a una sociedad de nueva creación: Jomasa Geluk SL.

La empresa comenzó sus operaciones el 29 de diciembre de 2023 y quedó inscrita posteriormente. Su capital social ascendía a 931.260 euros y Joaquín Martínez Salmerón fue nombrado administrador único. El objeto de la compañía abarca la administración y gestión de patrimonios mobiliarios e inmobiliarios, la compraventa y tenencia de bienes y determinadas actividades urbanísticas.

No estamos, por tanto, ante una sociedad fantasma descubierta detrás de una cortina: su constitución y sus cargos constan públicamente. El punto conflictivo es otro. Los diputados están sometidos a obligaciones específicas sobre sus bienes, actividades e incompatibilidades, también cuando sus circunstancias cambian durante el mandato.

La fecha de la declaración cambia la lectura del caso

La declaración que figura en la ficha del diputado fue presentada el 9 de agosto de 2023. Jomasa Geluk empezó a existir meses después. Presentar el asunto simplemente como que Martínez Salmerón ocultó una empresa en aquella declaración sería, por tanto, una simplificación: en ese momento la sociedad todavía no había sido constituida.

La cuestión relevante es por qué el nacimiento de la empresa y su nombramiento como administrador no quedaron posteriormente reflejados en la información pública del parlamentario. Ahí se concentra la polémica sobre la actualización de su situación patrimonial y profesional.

El diputado ha explicado esa ausencia como resultado de una «dejadez y olvido». El PSOE de la Región de Murcia ofrece una interpretación más favorable: sostiene que Martínez Salmerón ha declarado sus bienes y niega que haya existido patrimonio ocultado al Congreso. La diferencia no es menor. Una escisión societaria puede reorganizar activos sin significar necesariamente que una persona se haya enriquecido de golpe; aun así, la transparencia parlamentaria va más allá de declarar cuánto dinero entra en una cuenta.

El Congreso le permitió ejercer temporalmente como abogado

La relación profesional de Martínez Salmerón con la abogacía tampoco estaba escondida. El Congreso autorizó expresamente al diputado a continuar ejerciendo hasta el 30 de abril de 2024, con determinadas condiciones.

La autorización tenía un objetivo concreto: permitirle mantener temporalmente la relación con clientes, terminar asuntos ya iniciados y reasignar expedientes a otros letrados del despacho. También se estableció que no podía prestar servicios a la Administración pública y que la actividad no debía interferir con su dedicación parlamentaria ni incurrir en las incompatibilidades previstas para los diputados.

Es un elemento relevante porque rebaja algunas lecturas demasiado gruesas del caso. Ser abogado de entidades financieras o representar judicialmente a un acreedor no constituye por sí mismo una irregularidad. Un abogado tampoco hace necesariamente suyas las posiciones de la persona o empresa a la que representa.

La controversia es, ante todo, política y de transparencia. Y en ese terreno el asunto se vuelve bastante más incómodo.

La polémica llega cuando la vivienda domina el debate político

Martínez Salmerón ha desempeñado responsabilidades parlamentarias relevantes y su caso adquiere especial resonancia porque la vivienda se ha convertido en una de las grandes batallas políticas de la legislatura. El acceso a una casa, los grandes propietarios, los desahucios y las compras de deuda por fondos de inversión ocupan desde hace años una parte sustancial del discurso de los partidos.

Ahí aparece la contradicción que alimenta el caso: un diputado socialista que respalda políticas restrictivas frente a determinadas prácticas del mercado inmobiliario procede profesionalmente de un despacho que ha trabajado para fondos compradores de deuda hipotecaria.

Contradicción política, sí. Prueba automática de un comportamiento ilegal, no. Una cosa no lleva necesariamente a la otra, por mucho que la refriega partidista tenga cierta afición a convertir los matices en muebles sobrantes.

Lo que sí resulta relevante para el lector es conocer hasta dónde llegaba la vinculación profesional del diputado, cuándo cesó en la gestión del despacho y qué ocurrió posteriormente con Jomasa Geluk y con la actualización de sus declaraciones parlamentarias.

El PSOE defiende al diputado y el PP señala una doble moral

El PSOE murciano ha salido en defensa de Martínez Salmerón. El partido recalca que su despacho lleva décadas trabajando para el sector financiero, sostiene que el diputado siempre ejerció su profesión dentro de la legalidad y recuerda su respaldo político a medidas destinadas a proteger a personas vulnerables frente a los desahucios.

Los socialistas rechazan asimismo que exista una ocultación patrimonial y encuadran la polémica en el enfrentamiento político con el PP. Los populares, por su parte, hablan de «doble moral» y explotan la distancia entre el discurso socialista sobre vivienda y los clientes del despacho fundado por el parlamentario.

La disputa partidista era previsible. Vivienda, fondos de inversión y patrimonio de cargos públicos forman una combinación que prende con facilidad. Pero detrás del intercambio de acusaciones permanece una cuestión bastante más sencilla: la información patrimonial de un diputado debe ofrecer una imagen clara y actualizada de aquellas circunstancias que resulten relevantes para el ejercicio de su cargo.

Los ciudadanos pueden aceptar perfectamente que un parlamentario haya tenido una carrera profesional previa, incluso una que produzca cierta fricción con el discurso posterior de su partido. Lo que resulta más difícil de despachar es una sociedad patrimonial con 931.260 euros de capital que no aparece incorporada a la documentación pública actualmente visible del diputado.

La transparencia pesa más que la contradicción ideológica

El caso de Joaquín Martínez Salmerón reúne asuntos diferentes que no conviene meter en el mismo saco. Su despacho desarrolló durante años una actividad legal en derecho bancario y ha intervenido en ejecuciones hipotecarias para fondos de inversión. El diputado dejó la dirección de la firma y el Congreso llegó a autorizarle temporalmente el ejercicio profesional de la abogacía para cerrar o transferir asuntos pendientes.

Al mismo tiempo existe una sociedad, Jomasa Geluk, nacida de una escisión parcial del bufete, con 931.260 euros de capital y Martínez Salmerón como administrador único. Esa empresa se constituyó después de la declaración inicial de bienes del diputado y no figura incorporada a la información patrimonial que actualmente aparece publicada en su ficha parlamentaria.

Ese es el dato que exige más atención. No porque poseer patrimonio sea sospechoso ni porque defender jurídicamente a un fondo convierta a un abogado en responsable de la política de vivienda del país. En una democracia liberal, tener propiedades, fundar empresas o ejercer una profesión son actividades perfectamente legítimas.

Pero cuando se ocupa un escaño, la vara cambia. La transparencia deja de ser decorativa. Y cuando el político participa en decisiones que afectan al mismo sector económico en el que construyó buena parte de su carrera profesional, un simple «olvido» pesa bastante más que en cualquier otro formulario.