Vivas irá a la protesta en Madrid por la crisis migratoria de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), participará este domingo 25 de octubre en Madrid en la manifestación convocada por la plataforma ciudadana Mujeres Caballas para reclamar una respuesta más contundente ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio. Vivas acudirá acompañado por varios miembros de su Gobierno a una movilización que partirá de Atocha y terminará ante el Congreso de los Diputados.

La protesta, presentada bajo el lema «Ceuta se planta en Madrid», reclama un refuerzo de la seguridad fronteriza, una mayor implicación del Estado, cambios en la Ley de Extranjería y una aplicación efectiva de los procedimientos de retorno. La convocatoria llega casi tres meses después de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, cuando el Gobierno de España cifró en más de 70.000 las personas que cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos.

La magnitud de aquel episodio continúa condicionando la vida administrativa y social de una ciudad de unos 85.000 habitantes. Aunque una gran parte de quienes entraron regresó a Marruecos durante los primeros días y el Estado ha desplegado recursos extraordinarios, la presión sobre la acogida, la protección de menores y determinados servicios públicos sigue lejos de los niveles anteriores a la crisis.

Una marcha desde Atocha hasta el Congreso

La manifestación comenzará a las 11.30 horas en la glorieta del Emperador Carlos V, junto a Atocha. Desde allí recorrerá el paseo del Prado, pasará por Neptuno y continuará por la carrera de San Jerónimo hasta llegar a la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.

Allí está prevista la lectura de un manifiesto con las reivindicaciones de Mujeres Caballas, una plataforma surgida de un grupo de mujeres de diferentes ámbitos profesionales que comenzó a organizarse tras la crisis fronteriza de finales de julio. Aunque el movimiento fue impulsado por mujeres, la convocatoria está abierta al conjunto de la ciudadanía.

Vivas ya había recibido a representantes de la plataforma a comienzos de octubre y este sábado ha confirmado su presencia en Madrid. El presidente ceutí ha planteado su asistencia «como un ceutí más», aunque su participación difícilmente puede separarse de su condición institucional: junto a él viajarán miembros del Ejecutivo autonómico y la manifestación se dirigirá precisamente al centro de la representación política nacional.

Qué reclama Mujeres Caballas al Gobierno

Las demandas de la plataforma se concentran en cuatro ámbitos: seguridad fronteriza, mayor presencia del Estado en Ceuta, reforma de la legislación de extranjería y mecanismos de retorno que puedan aplicarse con mayor eficacia dentro del marco jurídico español y europeo.

El objetivo declarado es recuperar una ciudad «segura, digna y tranquila». La organización considera que las medidas adoptadas desde julio no han sido suficientes para devolver a Ceuta a una situación de normalidad y pretende trasladar esa presión política a Madrid, literalmente hasta las puertas del Congreso.

La cuestión de los retornos es especialmente delicada. Cualquier devolución debe respetar la legislación española, la normativa europea, los tratados internacionales y las garantías específicas que protegen a menores, solicitantes de asilo y otras personas vulnerables. Control fronterizo y garantías jurídicas no son conceptos incompatibles, aunque el debate político sobre inmigración consiga presentarlos con bastante frecuencia como si hubiera que elegir uno de los dos.

La crisis de julio sigue pesando sobre Ceuta

Los días 30 y 31 de julio marcaron un punto de ruptura. El Gobierno español ha cifrado en más de 70.000 personas las entradas registradas durante aquella crisis, una dimensión sin precedentes en la frontera ceutí. Según la explicación ofrecida posteriormente por el Ejecutivo central, entre el 90% y el 95% de quienes cruzaron regresaron a Marruecos durante las primeras 24 o 48 horas.

La situación, sin embargo, no terminó con aquel retorno inicial. El 25 de agosto, el Gobierno declaró en Ceuta una situación de interés para la seguridad nacional, una figura destinada a reforzar la coordinación entre administraciones ante la presión extraordinaria sobre el control fronterizo, la acogida humanitaria, la identificación de personas y los servicios públicos.

A comienzos de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó además un paquete de 309 millones de euros para la ciudad: 90 millones destinados a seguridad, 118 millones a acogida humanitaria, 21 millones al refuerzo de servicios esenciales y 80 millones a medidas económicas para empresas y trabajadores.

Es decir, el Estado sí ha actuado y con recursos considerables. La discrepancia que explica la movilización está en otra parte: si esa respuesta ha bastado, si se está ejecutando con suficiente rapidez y cuánto tiempo puede soportar Ceuta una situación extraordinaria sin que termine convertida, por pura inercia administrativa, en ordinaria.

Más de 3.300 menores atendidos por el sistema de protección

Uno de los principales focos de presión está en la atención a menores extranjeros no acompañados. Los últimos datos comunicados esta semana sitúan en 3.331 los menores atendidos por el sistema de protección autonómico, una cifra enorme para la capacidad habitual de Ceuta.

Hasta esta semana habían sido trasladados a la Península 288 menores: 181 mediante reubicación entre comunidades autónomas y 107 a través de procesos de reunificación familiar. Otros expedientes siguen en tramitación.

La comparación ayuda a entender la dimensión del problema. Antes de las llegadas masivas de verano, Ceuta atendía a alrededor de 180 menores y su capacidad ordinaria reconocida era de apenas unas decenas de plazas. En pocas semanas hubo que improvisar nuevos centros y ampliar recursos en un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados.

El Estado, por su parte, ha habilitado miles de plazas temporales de atención humanitaria y mantiene operaciones de identificación, traslado y retorno. Desde agosto se han producido también miles de regresos a Marruecos, mientras continúan las gestiones sobre las personas que permanecen en la ciudad.

Vivas eleva la presión política sobre Madrid

La presencia de Juan Vivas convierte una convocatoria nacida en la sociedad civil en un acto con evidente peso institucional. El presidente ceutí lleva meses reclamando que la gestión migratoria de Ceuta no recaiga desproporcionadamente sobre una administración con recursos y territorio limitados.

Su Gobierno ha insistido especialmente en la situación de los menores y en la necesidad de que el resto de comunidades participe en su acogida. La cuestión ha provocado durante los últimos años fuertes disputas políticas sobre el reparto territorial, las competencias autonómicas y el papel que debe asumir el Estado.

Vivas ha defendido también que la manifestación mantenga un carácter cívico y pacífico y ha reivindicado la convivencia entre las distintas comunidades culturales y religiosas de Ceuta. Es una precisión importante en una materia especialmente propensa a convertir un problema complejo de gestión, derechos y fronteras en munición partidista de consumo rápido.

La marcha permitirá al presidente ceutí presionar al Gobierno central sin romper, al menos formalmente, con la línea de cooperación institucional mantenida durante la crisis. El PP gobierna Ceuta, pero el Ejecutivo autonómico ha necesitado desde julio la intervención directa de ministerios, fuerzas de seguridad y otras administraciones. Protestar y cooperar al mismo tiempo puede parecer una contradicción; en política territorial española es casi una descripción del puesto.

Ceuta quiere sacar la crisis del perímetro fronterizo

La manifestación de este domingo pretende que la situación de Ceuta deje de contemplarse únicamente como un problema localizado en la frontera sur. De ahí la elección de Madrid, el recorrido por el centro de la capital y el final ante el Congreso: convertir una emergencia territorial en un asunto de Estado.

Tres meses después de las entradas masivas, la discusión ya no se limita a lo ocurrido durante dos jornadas de julio. Abarca la capacidad de acogida, la protección de miles de menores, los retornos legalmente posibles, la cooperación con Marruecos, el control de una frontera exterior de la Unión Europea y el reparto de responsabilidades entre administraciones.

Las cifras dejan poco espacio para frivolidades. Ceuta reclama recuperar la normalidad; el Gobierno sostiene que ha movilizado recursos extraordinarios y que la situación inicial se ha reducido de forma considerable. Entre ambas afirmaciones cabe buena parte del problema que recorrerá Madrid este domingo desde Atocha hasta el Congreso.