Moreno retira ayudas a Cruz Roja y otras ONG tras el pacto con Vox

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha decidido no prorrogar el programa con el que Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta gestionaban viviendas temporales y procesos de inserción laboral para personas sin hogar en Andalucía. El servicio dispone de 315 plazas repartidas por las ocho provincias y terminará el 20 de diciembre de 2026 si no se articula una nueva fórmula de financiación.

La decisión llega después del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, que incorporó la llamada «prioridad nacional» y el compromiso de revisar determinadas subvenciones públicas. La Junta, sin embargo, rechaza que exista una orden política derivada del pacto para cancelar este programa: sostiene que llega a su término y que sus resultados serán evaluados antes de decidir qué ocurre después. Conviene precisar el alcance: no se eliminan todas las ayudas a Cruz Roja en Andalucía, sino esta línea concreta dedicada al sinhogarismo.

Qué ayudas deja de financiar la Junta de Andalucía

El Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar nació con una pretensión bastante más amplia que proporcionar una cama durante unas semanas. Las entidades ofrecían alojamiento temporal, formación, orientación laboral y apoyo social, de forma que cada usuario pudiera recuperar autonomía, acceder al empleo y abandonar posteriormente el recurso residencial.

Las 315 plazas se distribuían entre las tres organizaciones. La Fundación SAMU gestionaba 132, Cruz Roja tenía 90 e Inserta otras 93. Cuando las entidades recibieron el aviso de que el programa no tendría una nueva prórroga, alrededor de 200 personas seguían alojadas o participaban en itinerarios de formación y trabajo.

El presupuesto global alcanzaba unos 6,4 millones de euros. La mayor parte, aproximadamente el 85%, procedía de fondos europeos, mientras que el resto se completaba con financiación estatal y autonómica. Las organizaciones han señalado que entre las razones trasladadas por la Consejería estaban la disponibilidad presupuestaria y la nueva priorización de los recursos públicos.

El 20 de diciembre, una fecha especialmente delicada

El calendario añade una dificultad evidente. El programa expira el 20 de diciembre, a las puertas del invierno y de las fiestas navideñas, por lo que las entidades trabajan para que quienes continúan dependiendo de estos alojamientos no regresen directamente a la calle. No es una cuestión abstracta: detrás de cada plaza hay una vivienda, un proceso de formación y, en muchos casos, meses de trabajo para reconstruir una vida bastante golpeada.

SAMU ha comenzado una especie de desescalada de los alojamientos. Algunos beneficiarios podrán permanecer en las viviendas pagando un alquiler gracias al dinero ahorrado durante sus prácticas laborales; otros serán derivados hacia recursos específicos, especialmente cuando existen problemas de salud mental o adicciones. También se mantienen conversaciones con empresas para intentar convertir algunas prácticas en contratos de trabajo.

No todos los usuarios acabarán, por tanto, con una maleta en la acera el mismo día. Pero tampoco existe por el momento una alternativa general que sustituya al programa para sus 315 plazas. Esa es la consecuencia inmediata, mucho más concreta que la batalla de declaraciones políticas que rodea la medida.

La conexión política con el pacto entre PP y Vox

La cronología explica buena parte de la controversia. PP y Vox firmaron en julio un acuerdo para gobernar Andalucía que contiene 150 medidas e incorpora el principio de «prioridad nacional» en determinadas políticas públicas. El pacto contempla también revisar gastos y reducir subvenciones que los socios del Ejecutivo consideran prescindibles, con especial atención a ámbitos como la cooperación internacional.

Vox llevaba tiempo reclamando una revisión del dinero público destinado a ONG, cooperación e inmigración. La entrada de esa posición en el acuerdo de Gobierno convirtió lo que hasta entonces era una reivindicación partidista en parte del programa político del Ejecutivo andaluz. Después vienen los presupuestos, las convocatorias y las resoluciones administrativas. La política suele viajar en titulares; el dinero, en expedientes.

La Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Loles López, desvincula expresamente el final del programa del pacto con Vox. Su argumento es que el proyecto tenía una vigencia determinada, había sido prorrogado en varias ocasiones y debe evaluarse antes de plantear su continuidad o sustitución. De hecho, la última extensión llegó en julio, cuando el acuerdo entre PP y Vox acababa de firmarse.

Por eso resulta más exacto señalar que estas ayudas no serán prorrogadas después del pacto que afirmar como un hecho probado que Vox haya ordenado directamente su eliminación. La proximidad temporal y el cambio de prioridades políticas existen; la relación causal directa es precisamente lo que niega el Gobierno andaluz.

Muchos beneficiarios son extranjeros, pero no todos

Otro elemento central de la polémica es el perfil de quienes utilizan estas viviendas. Según los datos facilitados por las organizaciones, alrededor del 80% de los usuarios de Inserta eran extranjeros. La proporción superaba el 60% en SAMU y rondaba el 45% entre las personas atendidas por Cruz Roja.

Ese reparto conecta inevitablemente el debate con la política migratoria, uno de los principales terrenos políticos de Vox y una de las materias en las que el pacto andaluz introduce el criterio de prioridad nacional. Pero el programa no nació como una ayuda reservada a inmigrantes. Su destinatario era otro: personas sin hogar, con independencia de su nacionalidad.

La diferencia importa. En estos recursos conviven españoles y extranjeros, trabajadores que perdieron su vivienda, personas con ingresos insuficientes, usuarios con problemas de adicciones o salud mental y perfiles atravesados por formas muy distintas de exclusión social. El sinhogarismo, por mucho que la política intente empaquetarlo, rara vez cabe entero en un eslogan.

Andalucía había convertido el sinhogarismo en una prioridad

La decisión adquiere otra dimensión al mirar los propios compromisos de la Junta. En diciembre de 2023, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar en Andalucía 2023-2026, concebida para coordinar servicios sociales, empleo, vivienda, sanidad, ayuntamientos y entidades del tercer sector.

Aquella estrategia fijó siete objetivos estratégicos, 20 programas y 100 medidas. Entre sus propósitos aparecían aumentar las plazas de vivienda con apoyo, facilitar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, mejorar la inserción laboral y reforzar la atención a personas con necesidades complejas, desde problemas de salud mental hasta discapacidad o adicciones.

El dato oficial utilizado entonces por la Junta situaba en al menos 5.539 las personas sin hogar en Andalucía, según cifras del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2022. La propia Administración advertía de la dificultad de contabilizar un fenómeno que con frecuencia permanece fuera de los registros convencionales.

Ahí aparece una de las principales incógnitas de la decisión. El programa que desaparece perseguía precisamente varios de los objetivos recogidos en aquella estrategia: vivienda con apoyo, autonomía e inserción laboral. El debate no termina, por tanto, con la desaparición de una partida presupuestaria; empieza también la discusión sobre qué recurso ocupará ese espacio.

Cruz Roja seguirá trabajando en otros programas

Conviene despejar otra confusión. Cruz Roja no pierde toda la financiación pública de la Junta ni abandona la atención a las personas sin hogar en Andalucía. Lo que termina es su participación financiada, junto a SAMU e Inserta, en este programa específico de alojamiento e inserción.

La organización mantiene otros dispositivos de atención social, entre ellos unidades de emergencia y centros de día en distintas provincias. También continúa existiendo financiación pública para otros proyectos y convocatorias en los que pueden participar entidades del tercer sector. Hablar de una retirada total de fondos a Cruz Roja, por tanto, ampliaría la noticia más allá de lo que realmente ha ocurrido.

Eso acota bastante el caso: no estamos ante una ruptura general entre la Junta y Cruz Roja, sino ante el final de un programa concreto de 315 plazas que, por el perfil de sus beneficiarios y por coincidir con la nueva etapa política abierta por el pacto PP-Vox, ha adquirido una dimensión mucho mayor que la de un simple expediente administrativo.

El invierno pone a prueba el nuevo equilibrio político

Hasta ahora, buena parte del debate sobre la «prioridad nacional» se había movido entre acuerdos, declaraciones y discusiones políticas. El final de estos pisos coloca la cuestión en un terreno menos abstracto: alquileres, habitaciones, prácticas laborales y personas que necesitan saber dónde vivirán cuando llegue diciembre.

El Ejecutivo de Moreno sostiene que el programa simplemente agota su vigencia y será evaluado. Las ONG, mientras tanto, reorganizan la atención de sus usuarios y buscan alternativas. Vox puede presentar el giro en las prioridades del gasto como coherente con las posiciones que lleva tiempo defendiendo, aunque la Junta niegue que esta decisión concreta responda a una exigencia directa de su socio.

La fotografía, de momento, es bastante nítida: el programa que financiaba 315 plazas para personas sin hogar termina el 20 de diciembre, Cruz Roja, SAMU e Inserta no disponen de una nueva licitación que garantice su continuidad inmediata y el Gobierno andaluz deberá resolver qué instrumento ocupará ese hueco. Entre un pacto escrito y sus efectos cotidianos suele haber cierta distancia. Esta vez, esa distancia cabe en una llave de piso.