Cantabria deflactará un 5% el IRPF en 2027: ahorro de 25,2 millones

El Gobierno de Cantabria ha anunciado una rebaja del IRPF para 2027 mediante una deflactación del 5% de los tramos autonómicos, los mínimos personales y familiares y las deducciones fiscales. La medida, presentada este martes 27 de octubre por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, pretende compensar el efecto de la inflación sobre los impuestos y supondría un ahorro estimado de 25,2 millones de euros para los contribuyentes.

Según las previsiones del Ejecutivo del Partido Popular, la modificación beneficiaría a más de 246.000 contribuyentes cántabros. El cambio más visible será la ampliación de los límites de renta de cada tramo impositivo: el primero, gravado actualmente al 8,5% y que llega hasta los 13.000 euros, pasaría a abarcar hasta los 13.650 euros. También se actualizarán las cantidades vinculadas a las circunstancias personales y familiares y los requisitos económicos de distintas deducciones.

La reforma todavía no está aprobada. El Gobierno autonómico prevé incorporarla al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2027, que acompañará a los presupuestos regionales. Su entrada en vigor dependerá de la tramitación parlamentaria y de los apoyos que consiga un Ejecutivo que gobierna en minoría.

El paquete anunciado no se limita al impuesto sobre la renta. Incluye nuevos beneficios fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, ampliar determinadas deducciones sociales y favorecer la inversión empresarial. En conjunto, Buruaga cifra el impacto de la reforma en unos 27 millones de euros anuales.

Cómo cambiarán los tramos del IRPF en Cantabria en 2027

La principal novedad consiste en actualizar un 5% los límites de los tramos autonómicos del IRPF. Esta operación, conocida como deflactación, permite adaptar la estructura del impuesto al encarecimiento de la vida sin modificar necesariamente los porcentajes que se aplican a cada tramo.

El ejemplo facilitado por el Gobierno ayuda a entenderlo. Actualmente, el primer tramo autonómico tiene un tipo del 8,5% y alcanza los 13.000 euros de base liquidable general. Con la reforma, ese límite subiría hasta los 13.650 euros, de modo que una mayor parte de la renta quedaría dentro del tramo inferior.

La actualización también afectaría a los siguientes escalones de la tarifa. Esto importa especialmente a quienes han experimentado aumentos salariales para compensar la inflación, porque una subida nominal de ingresos no siempre se traduce en una mejora equivalente del poder adquisitivo.

El Ejecutivo plantea igualmente incrementar un 5% los mínimos personales y familiares, utilizados para calcular la parte de la renta que queda libre de tributación por las circunstancias del contribuyente y de su familia. La medida podría reducir la cuota del impuesto, aunque su efecto concreto dependerá de la situación de cada persona.

Por qué una deflactación del 5% no significa pagar un 5% menos

Conviene distinguir dos conceptos. Deflactar el IRPF un 5% no equivale a reducir un 5% el importe final que cada ciudadano paga a Hacienda. Lo que se modifica son los umbrales de los tramos y otros parámetros del impuesto, no necesariamente los tipos de gravamen.

El IRPF funciona mediante una tarifa progresiva: las distintas partes de la base liquidable tributan conforme al tramo que les corresponde. Cuando los límites permanecen congelados durante periodos de inflación, una subida salarial puede provocar que una mayor proporción de los ingresos soporte tipos superiores.

Con la deflactación se intenta corregir ese efecto. Sin embargo, el ahorro individual no será idéntico para todos. Dependerá de la renta, la situación familiar, las deducciones aplicables y la cuota tributaria previa. Tampoco debe confundirse la actualización autonómica con una modificación de la tarifa estatal del impuesto, que no forma parte de esta propuesta.

Más de 246.000 beneficiarios y nuevas deducciones fiscales

El Gobierno cántabro calcula que la deflactación permitirá ahorrar 25,2 millones de euros al conjunto de los contribuyentes afectados. Si esa cantidad se distribuyera de forma uniforme entre 246.000 personas, equivaldría aproximadamente a 102 euros por contribuyente. Se trata únicamente de una media aritmética orientativa, no de una cantidad garantizada ni de una estimación individual.

Otra de las novedades afecta a los requisitos de acceso a las deducciones autonómicas. El Ejecutivo pretende elevar un 5% los límites de renta exigidos para acogerse a estos beneficios, lo que permitiría incorporar a unos 9.000 contribuyentes adicionales.

Entre las deducciones afectadas figuran las relacionadas con gastos por enfermedad, ejercicio físico y práctica deportiva, así como determinadas ventajas fiscales vinculadas al ahorro para la compra de una vivienda. El Gobierno señala que en Cantabria se aplican alrededor de 84.000 deducciones autonómicas por ejercicio.

La intención es evitar que una subida moderada de ingresos deje automáticamente fuera de estas ventajas fiscales a quienes anteriormente cumplían los requisitos. Eso sí, la posibilidad de aplicarlas seguirá condicionada a las circunstancias y gastos que contemple cada deducción.

Vivienda: deducciones hasta los 40 años y límites de 1.500 euros

El acceso a la vivienda constituye el segundo gran bloque de la reforma. El Ejecutivo propone ampliar de 36 a 40 años la edad límite para acceder a determinadas deducciones por alquiler de vivienda habitual, adquisición de vivienda y aportaciones a una cuenta vivienda.

El cambio permitiría incorporar a personas que actualmente quedan fuera de estos incentivos por edad, siempre que cumplan los demás requisitos legales. La ampliación resulta especialmente relevante en un mercado inmobiliario donde la emancipación y la compra de una primera vivienda se producen con frecuencia más tarde.

También se incrementarán los importes de las deducciones previstas. Para las cuentas vivienda, la base anual máxima pasaría de 6.000 a 10.000 euros, con lo que la deducción máxima anunciada aumentaría de 900 a 1.500 euros anuales.

En el caso de la adquisición de vivienda, el límite anual de la base deducible subiría de 9.000 a 10.000 euros. De esta manera, el beneficio fiscal máximo pasaría de 1.350 a 1.500 euros.

Buruaga ha defendido que estas modificaciones buscan ayudar tanto a quienes están reuniendo el dinero necesario para comprar una casa como a quienes finalmente la adquieren. No obstante, los 1.500 euros representan un máximo fiscal, no una ayuda directa que todos los compradores o inquilinos vayan a recibir automáticamente.

Nuevas deducciones para mayores, propietarios forestales y empresas

El proyecto contempla tres nuevas deducciones autonómicas con objetivos diferentes. Una se dirigirá a personas mayores de 65 años por gastos en residencias de atención permanente y centros de día, siempre que no perciban prestaciones del sistema de dependencia destinadas a cubrir esos mismos gastos.

Otra reconocerá fiscalmente los desembolsos efectuados por propietarios de terrenos forestales en actuaciones de prevención de incendios. La tercera estará destinada a personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985.

El paquete incorpora asimismo incentivos a la actividad económica. La deducción por inversión en nuevas empresas pasaría del 15% al 30%, con un límite de 6.000 euros, mientras que para determinadas pymes innovadoras o empresas participadas por universidades y organismos de investigación podría alcanzar el 45%, con un máximo de 9.000 euros.

Se reforzarían también las deducciones por traslado y permanencia de nuevos residentes en Cantabria. En determinados supuestos, como jóvenes menores de 36 años, retornados o profesionales vinculados a sectores prioritarios, el beneficio podría llegar al 40% de los gastos, hasta un máximo de 5.000 euros.

La reforma alcanza igualmente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El Ejecutivo propone un tipo reducido del 7%, frente al 9% general, para determinadas adquisiciones de inmuebles destinados a actividades empresariales, sujeto a compromisos de mantenimiento de la actividad y del empleo. En municipios afectados por riesgo de despoblamiento, el tipo previsto para operaciones que cumplan las condiciones sería del 4%.

Son incentivos con requisitos específicos, no rebajas generales para cualquier compraventa inmobiliaria.

La rebaja del IRPF para 2027 depende del Parlamento cántabro

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes 30 de octubre los proyectos de Presupuestos Generales de Cantabria para 2027 y de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Posteriormente, ambos textos se remitirán al Parlamento autonómico.

El obstáculo es político. El Partido Popular no dispone de mayoría absoluta y necesita alcanzar acuerdos con otras formaciones para aprobar las nuevas medidas. El Partido Regionalista de Cantabria ya había defendido una deflactación del IRPF del 10%, superior al 5% planteado por Buruaga, por lo que la negociación puede condicionar el contenido definitivo de la reforma.

La presidenta regional ha explicado que prefiere abordar las conversaciones presupuestarias después de las elecciones generales del 29 de noviembre, al considerar poco favorable el actual clima político para alcanzar acuerdos.

Si la reforma recibe el respaldo parlamentario y entra en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2027, las modificaciones correspondientes al IRPF de ese ejercicio se reflejarían en su liquidación, cuya campaña ordinaria de declaración tendría lugar en 2028. El efecto sobre las retenciones de las nóminas no debe darse por supuesto, puesto que estas dependen también de la normativa estatal.

Cantabria ya había aplicado una importante reforma fiscal en 2024. El Gobierno regional sostiene que sus medidas han permitido incrementar el número de declarantes y la base imponible, aunque esas cifras, por sí solas, no permiten atribuir toda la evolución de la recaudación a las rebajas fiscales.

La nueva propuesta pretende aliviar la tributación de las rentas y ampliar las ventajas disponibles para familias, jóvenes y empresas. Para los contribuyentes, lo decisivo será comprobar qué tramos, mínimos y deducciones quedan finalmente aprobados. Hasta entonces, los 25,2 millones de ahorro constituyen una previsión del Gobierno, no una rebaja fiscal que ya pueda aplicarse.