Qué cambiaría en EEUU si los demócratas conquistan Cámara y Senado

Estados Unidos vota el martes 3 de noviembre unas elecciones legislativas capaces de cambiar de forma sustancial los dos últimos años del segundo mandato de Donald Trump. Si los demócratas consiguen hacerse simultáneamente con la Cámara de Representantes y el Senado, el presidente seguiría conservando amplios poderes ejecutivos, pero perdería el Congreso que hasta ahora ha facilitado buena parte de su agenda.

El cambio más inmediato sería bastante concreto: Trump tendría muchas más dificultades para aprobar nuevas leyes, los demócratas pasarían a controlar las comisiones parlamentarias y podrían abrir investigaciones sobre la Administración. Un Senado en manos de la oposición tendría, además, capacidad para frenar jueces, altos cargos y otros nombramientos presidenciales. No sería un cambio de Gobierno. Sí un cambio profundo en el equilibrio de poder de Washington.

La aritmética explica por qué estas elecciones de mitad de mandato han adquirido tanta importancia. Los republicanos mantienen una mayoría de 218 frente a 214 en la Cámara y de 53 frente a 47 en el Senado. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños en cada cámara para arrebatar a los republicanos el control del Congreso.

A dos días de las elecciones, la Cámara de Representantes aparece como el terreno más favorable para los demócratas, mientras que el Senado permanece mucho más abierto. Las últimas proyecciones sitúan a la oposición con opciones claras de recuperar la Cámara, pero dejan varias carreras senatoriales decisivas prácticamente en el aire. Nada está ganado. Y en Estados Unidos dos días de campaña todavía dan para bastante.

Trump perdería el Congreso aliado de su segundo mandato

La consecuencia política fundamental de una victoria demócrata en las dos cámaras sería el regreso del Gobierno dividido. La Casa Blanca permanecería en manos republicanas, pero el poder legislativo pasaría a la oposición.

Eso significa que cualquier gran proyecto de ley impulsado por Trump necesitaría algún tipo de acuerdo con los demócratas. La Cámara y el Senado deben aprobar el mismo texto antes de que llegue al despacho presidencial. Con ambas instituciones controladas por la oposición, la capacidad republicana para imponer legislación quedaría muy reducida.

También cambiaría la negociación sobre el gasto federal. El Congreso aprueba las partidas presupuestarias que mantienen en funcionamiento a la Administración, por lo que la Casa Blanca tendría que negociar con dirigentes demócratas cuestiones que van desde defensa y sanidad hasta financiación de agencias federales.

El reverso es bastante evidente: aumentaría el riesgo de bloqueos presupuestarios y cierres parciales del Gobierno si ambas partes convierten las cuentas públicas en un campo de batalla. Washington conoce bien ese deporte.

La Casa Blanca lleva meses estudiando cómo mantener partes de su programa recurriendo con mayor intensidad a las facultades ejecutivas si pierde el Congreso. Inmigración, aranceles, vivienda y gestión del gasto federal figuran entre los ámbitos en los que la Administración analiza qué puede hacer sin nuevas leyes. El margen presidencial seguiría siendo considerable, aunque sus decisiones continuarían sometidas al control del Congreso y de los tribunales.

La Cámara abriría una etapa de investigaciones sobre Trump

Si los demócratas recuperan la Cámara, el republicano Mike Johnson dejaría previsiblemente de ser su presidente y el líder demócrata Hakeem Jeffries quedaría en posición de ocupar el cargo.

Pero el cambio va bastante más allá del nombre sentado en la tribuna. El partido que controla la Cámara decide quién preside sus principales comisiones, fija buena parte de la agenda legislativa y obtiene instrumentos mucho más potentes para fiscalizar al Ejecutivo.

Las comisiones pueden celebrar audiencias, exigir documentación y emitir citaciones dentro de sus competencias. Los dirigentes demócratas han preparado posibles investigaciones sobre Trump, miembros de su Administración y eventuales conflictos de intereses relacionados con el ejercicio del poder presidencial.

La diferencia respecto a estos dos primeros años del mandato sería considerable. La oposición dejaría de limitarse a denunciar determinadas actuaciones desde la minoría y pasaría a controlar qué se investiga, quién comparece y qué documentos reclama el Congreso.

Un nuevo impeachment sería posible, pero destituir a Trump sería otra historia

Una Cámara demócrata también tendría capacidad para iniciar un nuevo proceso de impeachment contra Trump si existiera respaldo político suficiente. Sin embargo, los dirigentes del partido no han convertido esa posibilidad en el eje de su campaña y un procedimiento de este tipo exigiría primero una mayoría simple en la Cámara.

La eventual destitución sería bastante más difícil. Para condenar a un presidente hacen falta dos tercios de los senadores presentes. Incluso con una victoria demócrata importante el 3 de noviembre, alcanzar ese umbral obligaría a sumar a numerosos republicanos.

Por eso, salvo un cambio político extraordinario, las investigaciones parlamentarias representan una amenaza mucho más inmediata para la Casa Blanca que una eventual expulsión de Trump del cargo.

El Senado sería el freno más difícil de esquivar

Si la Cámara ofrece el poder de investigar, el Senado aporta algo que para cualquier presidente resulta todavía más valioso: el control sobre sus nombramientos.

La Constitución obliga al presidente a obtener el consentimiento del Senado para magistrados federales, jueces del Tribunal Supremo, embajadores y numerosos altos cargos de la Administración. Una mayoría demócrata podría bloquear o ralentizar nominaciones y limitar una de las herramientas más duraderas de cualquier presidencia.

El efecto sería especialmente importante sobre la judicatura federal. Los jueces federales ocupan sus cargos de forma vitalicia, de manera que cada vacante permite al presidente dejar una huella institucional que puede prolongarse durante décadas.

Existe además un escenario todavía más delicado: una eventual vacante en el Tribunal Supremo durante los dos últimos años del mandato. Con los demócratas controlando el Senado, Trump ya no tendría garantizada la confirmación de un candidato conservador.

Para los nombramientos presidenciales, el filibusterismo ya no ofrece la misma protección que mantiene para buena parte de la legislación ordinaria: una mayoría simple puede cerrar el debate sobre una nominación. Tener el control del Senado, por tanto, no sería un detalle protocolario.

Sanidad, aranceles y coste de vida entrarían en la agenda

Los demócratas intentan evitar que una eventual mayoría sea vista únicamente como una maquinaria de investigación contra Trump. Su dirección ha preparado una agenda legislativa centrada especialmente en sanidad y coste de vida.

Entre sus prioridades figura reforzar ayudas vinculadas a la cobertura sanitaria, revisar cambios introducidos en Medicaid y recuperar determinadas protecciones que consideran debilitadas durante el segundo mandato de Trump. También pretenden intervenir en asuntos como vivienda, energía, alimentación y cuidados.

Otro frente sería la política comercial. Los demócratas quieren recuperar para el Congreso parte de la autoridad utilizada por la Casa Blanca para imponer aranceles, una de las herramientas económicas que Trump ha empleado de manera más agresiva.

También aumentaría la presión parlamentaria sobre la política exterior, especialmente cuando se trate de operaciones militares o decisiones presidenciales que los demócratas consideren adoptadas sin suficiente intervención del Congreso.

Aquí aparece, sin embargo, la diferencia fundamental entre controlar el Congreso y controlar el Gobierno. Los demócratas podrían aprobar sus propios proyectos de ley. Trump conservaría el derecho de veto.

El veto de Trump y los 60 votos impedirían un vuelco completo

Una victoria demócrata en las dos cámaras no permitiría al partido gobernar como si también ocupara la Casa Blanca. El presidente conserva el derecho de veto, una herramienta suficiente para bloquear buena parte de la legislación aprobada por una mayoría opositora.

Para superar un veto presidencial hacen falta dos tercios de los votos tanto en la Cámara como en el Senado, una cifra muy superior a la mayoría que los demócratas podrían obtener en estas elecciones.

También está el filibusterismo del Senado. Para cerrar el debate sobre la mayoría de los proyectos legislativos hacen falta 60 votos, no 51. Una mayoría demócrata permitiría controlar la cámara y sus comisiones, pero no aprobar sin ayuda republicana cualquier iniciativa.

Existen procedimientos especiales, como la reconciliación presupuestaria, que permiten tramitar determinadas medidas económicas mediante mayoría simple. Están, sin embargo, sujetos a reglas estrictas y tampoco eliminan el veto presidencial al final del recorrido.

Eso obligaría a los demócratas a elegir entre negociar con la Casa Blanca, utilizar el control presupuestario como herramienta de presión o aprobar iniciativas destinadas sobre todo a fijar posición política. Trump tendría que decidir, a su vez, cuánto está dispuesto a ceder para sacar adelante sus propias prioridades.

Dos años de choque institucional antes de las presidenciales de 2028

Si los demócratas conquistan Cámara y Senado, Estados Unidos no amanecerá el 4 de noviembre con una Administración diferente. Muchas políticas ejecutivas de Trump continuarían y el presidente conservaría competencias muy amplias en política exterior, comercio, inmigración y funcionamiento de las agencias federales.

Lo que desaparecería sería algo menos visible, pero fundamental: la posibilidad de gobernar con un Congreso políticamente alineado. Un Capitolio demócrata podría investigar a la Administración, controlar sus nombramientos, obligarla a negociar el presupuesto y bloquear nuevas leyes republicanas.

El escenario más probable sería un Washington bastante más conflictivo: audiencias parlamentarias, citaciones, negociaciones presupuestarias difíciles y nombramientos bloqueados. La Casa Blanca lleva meses preparándose precisamente para esa posibilidad y estudia cómo ampliar el uso de las competencias ejecutivas si pierde el control legislativo.

Y detrás de todo estaría 2028. Las midterms decidirán quién controla el Congreso durante los últimos dos años constitucionalmente posibles de Trump en la Casa Blanca y determinarán desde qué posición llegan republicanos y demócratas a la siguiente elección presidencial. No es una elección presidencial, pero el reparto de poder que salga de las urnas puede cambiar casi por completo la segunda mitad del mandato.