Portugal: casi 100 heridos y 13 detenidos tras desalojos por vivienda

Las protestas por el acceso a la vivienda en Portugal han vuelto a terminar con una fuerte intervención policial. Los desalojos de las acampadas instaladas en el Rossio de Lisboa y la plaza D. João I de Oporto durante la madrugada de este domingo, 1 de noviembre, dejaron un balance que distintos recuentos sitúan cerca del centenar de heridos y 13 detenidos.

La cifra de lesionados, no obstante, todavía no dispone de un balance oficial consolidado. La Policía de Seguridad Pública (PSP) reconoce la existencia de civiles heridos sin concretar cuántos y confirma 13 agentes lesionados, ocho de ellos trasladados a centros hospitalarios. Las organizaciones de las acampadas contabilizaron más de 30 heridos en Lisboa y alrededor de una cuarentena en Oporto, mientras otros balances difundidos durante la mañana elevaban el total de afectados hasta cerca de 100.

Los 13 arrestos se repartieron entre las dos principales ciudades portuguesas: seis en Lisboa y siete en Oporto. La PSP sostiene que fueron detenidos por desobedecer las órdenes de dispersión. Los arrestados fueron posteriormente puestos en libertad y deberán comparecer ante la Justicia.

La Policía intervino de madrugada tras horas de tensión

La operación comenzó en torno a las 4.30 de la madrugada, prácticamente de forma simultánea en Lisboa y Oporto. Durante la noche, los agentes habían advertido en varias ocasiones a los participantes de que las tiendas debían ser desmontadas. Los manifestantes decidieron mantenerlas y organizaron cordones humanos alrededor de las acampadas.

La PSP avanzó entonces para desalojar las plazas. En Oporto participaron unidades antidisturbios con escudos, bastones y perros policiales. Tras abandonar la plaza D. João I, parte de los manifestantes se desplazó hacia la Avenida dos Aliados, donde se produjeron nuevos enfrentamientos. En Lisboa, la protesta se trasladó desde el Rossio hacia la plaza da Figueira y también hubo una nueva intervención policial.

La Policía retiró 69 estructuras de acampada en Lisboa y otras 30 en Oporto, prácticamente un centenar de tiendas y elementos instalados en los dos espacios públicos. La PSP argumenta que las estructuras carecían de la autorización necesaria y que su permanencia impedía recuperar el uso normal de las plazas.

Versiones enfrentadas sobre el uso de la fuerza

La explicación policial sostiene que durante las intervenciones hubo resistencia activa y lanzamiento de botellas, material pirotécnico y pintura contra los agentes. La PSP también afirmó que existían sospechas de que parte de esa pintura pudiera contener algún producto inflamable.

Los movimientos convocantes presentan un relato muy distinto. Denuncian cargas indiscriminadas contra personas que permanecían en las plazas y consideran desproporcionado el dispositivo empleado. En Lisboa, la organización informó de más de 30 heridos y diez hospitalizados horas después de la actuación policial. En Oporto, un balance inicial de los promotores hablaba de 35 heridos leves y tres graves.

Entre los episodios que más controversia han generado figura el de varios policías de paisano en Oporto. Tres resultaron heridos después de ser identificados por manifestantes y un cuarto agente sacó su arma de fuego. La PSP explicó que el gesto tuvo una finalidad disuasoria ante la aproximación de varias personas y lo enmarcó en una situación de legítima defensa.

También resultó golpeado con una porra un reportero gráfico de CMTV durante la intervención en Oporto, otro episodio que ha aumentado la presión sobre las autoridades para aclarar exactamente cómo se desarrolló el operativo.

Las acampadas llevan semanas desafiando al Gobierno portugués

El conflicto no comenzó esta madrugada. Las acampadas por el derecho a la vivienda arrancaron el 10 de octubre en Oporto y posteriormente se extendieron a Lisboa, convirtiéndose en una protesta sostenida contra los precios de la vivienda y las políticas del Gobierno de Luís Montenegro.

Los manifestantes reclaman la retirada de la reforma del arrendamiento, el fin de los desalojos y demoliciones sin alternativa habitacional, límites a la adquisición de viviendas por fondos inmobiliarios, un mayor parque público residencial, la recuperación de inmuebles vacíos y topes que permitan mantener los alquileres en niveles accesibles.

La tensión está también en la interpretación de los límites del derecho de protesta. Los participantes invocan la protección constitucional del derecho de reunión y manifestación. La PSP sostiene, en cambio, que mantener tiendas durante la madrugada supone una ocupación no autorizada del espacio público y recuerda la normativa que establece límites horarios para las concentraciones. Ahí está buena parte del choque jurídico. Y no es precisamente menor.

No es el primer desalojo de las últimas semanas

Las intervenciones policiales se han repetido durante octubre. El 20 de octubre, otra operación simultánea en Lisboa y Oporto acabó con 55 detenidos por desobediencia. Cinco días después, una nueva intervención policial dejó 31 detenidos y decenas de heridos.

Esta vez la PSP esperó más antes de actuar. La propia Policía explicó que la mediación se prolongó durante más tiempo, entre otros motivos por la presencia en Lisboa de diputados del Partido Socialista y Livre, algunos de los cuales trataron de interponerse entre agentes y manifestantes para facilitar una solución negociada.

La negociación, finalmente, no evitó el desalojo. Las tiendas permanecieron en las plazas y los agentes recibieron la orden de retirarlas.

El presidente portugués exige explicaciones

La dimensión de los incidentes llevó al presidente de la República, António José Seguro, a pedir información detallada al Gobierno y a la Provedoria de Justiça, equivalente al Defensor del Pueblo, sobre las intervenciones y la situación de las personas detenidas y heridas. Seguro habló además durante la mañana con el primer ministro, Luís Montenegro, y con la propia defensora del Pueblo.

La polémica puede acabar también en los tribunales. Los abogados de los manifestantes anunciaron que preparan acciones contra responsables de Interior y de la PSP por un supuesto abuso de poder relacionado con la actuación policial.

Los siete detenidos en Oporto fueron liberados durante la mañana y quedaron citados para comparecer este lunes ante el tribunal. También salieron en libertad los seis arrestados en Lisboa. La calificación concreta de los hechos corresponderá ahora a las autoridades judiciales, más allá de la acusación policial inicial por desobediencia.

Una crisis de vivienda convertida en conflicto político

Detrás de las cargas y las tiendas está una disputa mucho más amplia. Portugal arrastra una fuerte contestación social por la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente en Lisboa y Oporto, donde el encarecimiento del alquiler y de la compra ha colocado el problema en el centro de la agenda política.

Las movilizaciones rechazan especialmente la reforma de la legislación sobre alquileres impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno de Montenegro ha descartado retirarla, aunque ha dejado abierta la posibilidad de introducir modificaciones durante su tramitación. La iniciativa ya superó su primera votación parlamentaria con la abstención de Chega.

El enfrentamiento, por tanto, va bastante más allá de determinar si una tienda puede permanecer unas horas más en una plaza. Los colectivos quieren convertir las acampadas en un símbolo visible de una crisis de vivienda estructural; las autoridades defienden que el derecho a manifestarse no permite incumplir las normas que regulan la ocupación del espacio público.

Las protestas continúan después de los desalojos

El desalojo no ha terminado con las movilizaciones. La Acampada de Lisboa convocó para las 17.00 horas de este domingo una nueva concentración en el Rossio contra la actuación policial y por el derecho a la vivienda. A la hora prevista ya comenzaban a reunirse decenas de personas en la plaza.

Portugal entra así en una nueva fase de un conflicto que lleva semanas creciendo. Los 13 detenidos, los numerosos heridos y la petición de explicaciones del presidente de la República han elevado una protesta inicialmente centrada en los alquileres y los desalojos a un debate nacional sobre vivienda, orden público y actuación policial.

Las tiendas fueron retiradas de las plazas durante la madrugada. La protesta por la vivienda, en cambio, sigue allí.