Málaga devolverá 1,38 millones en multas de su ZBE: plazos y trámite

El Ayuntamiento de Málaga devolverá unos 1,38 millones de euros recaudados mediante multas de tráfico impuestas en su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulase la regulación municipal por establecer diferencias injustificadas entre vehículos domiciliados en la capital y aquellos registrados fuera de ella. La medida afecta a unos 13.600 expedientes sancionadores ya cobrados.

Los conductores que pagaron estas sanciones podrán recuperar su dinero sin presentar una reclamación formal, aunque deberán facilitar sus datos bancarios al Ayuntamiento. Las multas que todavía estén pendientes de pago o en tramitación también serán anuladas de oficio. El consistorio prevé comenzar las devoluciones a partir del 25 de noviembre de 2026, cuando espera que la sentencia adquiera firmeza. Esta fecha no supone que todos los afectados reciban el ingreso ese mismo día.

La anulación afecta a una normativa que había comenzado a imponer sanciones efectivas en diciembre de 2025. Durante meses, los vehículos sin distintivo ambiental domiciliados fuera de Málaga podían ser multados por acceder a determinadas calles, mientras que otros coches con las mismas características medioambientales, pero registrados en la capital, estaban exentos.

El resultado es una considerable devolución de ingresos públicos y la necesidad de replantear cómo se restringe el tráfico contaminante en la ciudad. El problema que ha señalado la justicia no es la existencia de una zona de bajas emisiones, sino el criterio utilizado para decidir quién podía circular sin ser sancionado.

Por qué la justicia ha anulado la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

El origen del conflicto está en la ordenanza de movilidad aprobada en noviembre de 2024. Durante su primer año, la ZBE permitió circular a todos los vehículos, independientemente de su etiqueta medioambiental. Sin embargo, cuando comenzaron las restricciones efectivas, el 30 de noviembre de 2025, se estableció una diferencia que acabaría resultando decisiva.

Los coches sin etiqueta ambiental domiciliados fuera de Málaga quedaron sujetos a restricciones y sanciones, mientras que los registrados en la ciudad antes de la entrada en vigor de la ordenanza podían seguir circulando. Dos vehículos con idénticas emisiones recibían un trato diferente por su lugar de domiciliación.

El TSJA consideró que esta distinción vulneraba principios relacionados con la libre circulación, la libertad de empresa y la unidad de mercado. La sentencia estimó parcialmente el recurso presentado por Vox contra la ordenanza municipal y anuló las disposiciones relativas a la ZBE, no toda la normativa de movilidad de Málaga.

La resolución judicial de junio fue posteriormente aclarada mediante un auto cuya notificación se produjo el 13 de octubre. Un día después, el Ayuntamiento dejó de formular nuevas denuncias y de iniciar procedimientos sancionadores por el acceso y la circulación en esta zona.

Más de 50.000 expedientes y 1,38 millones recaudados

Las cifras reflejan el alcance del sistema sancionador. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, informó el 19 de octubre de que el organismo municipal de gestión tributaria había recibido 49.652 expedientes desde que comenzaron las multas.

Días después, los datos facilitados por el gobierno local elevaron el número de procedimientos iniciados hasta los 51.579, aunque solo una parte había terminado en el cobro efectivo de las sanciones.

El balance económico comunicado por el Ayuntamiento sitúa en aproximadamente 13.600 las multas abonadas, con una recaudación de 1,38 millones de euros. Las infracciones se castigaban con 200 euros, una cantidad que podía reducirse a 100 euros mediante el pago bonificado.

El número de expedientes abiertos, por tanto, no debe confundirse con el de sanciones cobradas. La devolución económica corresponde a las cantidades efectivamente ingresadas por el Ayuntamiento.

El proceso de recuperación del dinero ya ha despertado interés entre los afectados. Según los últimos datos municipales difundidos el 2 de noviembre, unas 400 personas habían presentado la documentación para solicitar el reintegro durante las dos primeras semanas desde el anuncio.

Cómo recuperar el dinero de las multas de la ZBE de Málaga

El Ayuntamiento ha optado por tramitar la anulación de las sanciones de oficio, es decir, sin exigir a los conductores que presenten recursos administrativos individuales.

Existe, no obstante, una diferencia importante entre quienes ya abonaron la multa y quienes todavía tienen un procedimiento pendiente.

Si la multa está pagada

Los afectados deberán facilitar una cuenta bancaria de su titularidad para que el Ayuntamiento pueda realizar la transferencia correspondiente.

El trámite está disponible mediante el procedimiento denominado «Aportación de cuenta bancaria – Devolución de ingresos», habilitado por Gestrisam, el organismo municipal de gestión tributaria.

Para completar la gestión es necesario presentar la solicitud de aportación de datos bancarios firmada y un certificado de titularidad bancaria. No se exige interponer un recurso contra la sanción para acogerse al procedimiento general de devolución.

La documentación puede presentarse por la sede electrónica municipal o presencialmente en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y en las dependencias de Gestión Tributaria, mediante cita previa.

Conviene conservar la notificación de la multa y el justificante del pago hasta que se haya efectuado la devolución. Esta documentación puede resultar útil ante cualquier incidencia administrativa, aunque no forma parte de los requisitos bancarios generales anunciados.

Si la multa está pendiente de pago o en vía de apremio

Quienes recibieron una sanción por acceder a la ZBE, pero todavía no la han pagado, no necesitan presentar una reclamación para que el Ayuntamiento revise su expediente.

Gestrisam ha suspendido cautelarmente los procedimientos sancionadores afectados, incluidos aquellos que se encontraban en vía de apremio, la fase administrativa destinada al cobro de deudas pendientes.

La anulación definitiva se efectuará cuando la sentencia sea firme.

Esto significa que la suspensión anunciada no equivale todavía a la cancelación administrativa definitiva de todos los expedientes. El Ayuntamiento ha asumido el compromiso de realizar esa cancelación automáticamente cuando se cumpla el requisito judicial.

Cuándo comenzarán las devoluciones de las multas

La fecha prevista es el 25 de noviembre de 2026, según la información municipal disponible.

Hasta entonces, la sentencia del TSJA sigue pendiente de adquirir firmeza. El plazo para recurrir en casación ante el Tribunal Supremo comenzó a contar desde la notificación del último auto judicial, realizada el 13 de octubre.

Aunque el gobierno municipal ha manifestado su intención de no recurrir, el procedimiento requiere que transcurra el plazo legal correspondiente y se certifique oficialmente la firmeza de la resolución.

Si no se presenta ningún recurso que altere el calendario, el Ayuntamiento podrá empezar a tramitar los reintegros desde finales de noviembre.

La diferencia es importante: el 25 de noviembre es la fecha prevista para iniciar las devoluciones, no un plazo garantizado para que todos los conductores tengan el dinero ingresado en sus cuentas.

El consistorio tampoco ha establecido una fecha pública única para completar todas las transferencias. El calendario efectivo dependerá de la tramitación administrativa y de que los afectados hayan facilitado correctamente sus datos bancarios.

Málaga tendrá que reformular su Zona de Bajas Emisiones

La decisión judicial deja al Ayuntamiento ante la necesidad de elaborar una nueva regulación que respete los principios legales aplicables a las restricciones de circulación.

La implantación de zonas de bajas emisiones forma parte de las obligaciones establecidas por la legislación española para determinados municipios, especialmente los de más de 50.000 habitantes. La anulación de la ordenanza malagueña no elimina esa obligación general.

Lo que cuestiona el fallo es la discriminación basada en el domicilio del vehículo y las consecuencias que esta diferencia tenía para los conductores y las actividades económicas.

El Ayuntamiento deberá encontrar un encaje jurídico para las restricciones ambientales que quiera establecer, con criterios debidamente justificados y compatibles con la normativa vigente. La situación actual tampoco debe interpretarse como una autorización permanente para circular sin restricciones por cualquier calle de Málaga: siguen siendo aplicables las demás normas de tráfico y movilidad que continúen vigentes.

El caso tiene una dimensión que trasciende la capital de la Costa del Sol. Los ayuntamientos disponen de capacidad para diseñar sus zonas de bajas emisiones, pero deben justificar las diferencias de trato que establezcan y respetar los límites legales.

En Málaga, esa cuestión tendrá una consecuencia económica inmediata: 1,38 millones de euros deberán volver a los conductores sancionados por una regulación anulada judicialmente.

Para quienes pagaron una multa, el siguiente paso es facilitar sus datos bancarios y esperar a que comience el reintegro. Para el Ayuntamiento, la tarea será más amplia: revisar los expedientes, devolver lo cobrado y establecer unas restricciones de circulación que puedan mantenerse sin provocar otro conflicto judicial.