El gasto en conciertos con la sanidad privada crece un 48 % en España

El gasto público destinado a conciertos con la sanidad privada ha aumentado un 48,1 % en la última década en España. Así lo recoge el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO), que analiza la evolución de los recursos sanitarios y las diferencias entre comunidades autónomas. El incremento pone de manifiesto la creciente factura de los servicios asistenciales que las administraciones contratan fuera de su red de gestión directa.

Según los datos de 2024, las comunidades autónomas destinan aproximadamente el 8,7 % de su gasto sanitario a conciertos. La cifra equivale a unos 8.344 millones de euros. Si se contabiliza el conjunto de las administraciones públicas, incluidas las mutualidades de funcionarios, el Ministerio de Sanidad sitúa el desembolso en conciertos en 10.143 millones de euros, alrededor del 10 % del gasto sanitario público nacional.

La diferencia entre ambos importes responde al ámbito administrativo de cada cálculo. Los gobiernos autonómicos gestionan la mayor parte de la asistencia sanitaria, pero no son los únicos organismos públicos que financian prestaciones mediante acuerdos con entidades externas.

El fenómeno tiene consecuencias directas para la organización del Sistema Nacional de Salud (SNS). Operaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, tratamientos especializados y determinados servicios asistenciales pueden ser realizados por centros privados con financiación pública. Para el paciente, la atención sigue siendo pública en cuanto a su financiación, aunque el hospital, la clínica o el profesional que la presta pertenezca al sector privado.

La cuestión que plantean estas cifras va más allá del crecimiento del desembolso. El aumento de los conciertos convive con dificultades persistentes para acceder a determinados servicios, especialmente consultas especializadas y operaciones programadas. Y las diferencias territoriales son enormes.

Cataluña y Madrid lideran el gasto en sanidad concertada

Cataluña encabeza la clasificación autonómica por el porcentaje de presupuesto sanitario dedicado a conciertos privados. Según el informe de CCOO, el 21,6 % del gasto sanitario catalán se destina a esta modalidad de prestación, una proporción que prácticamente triplica la referencia estatal del 8,5 % utilizada en su comparación territorial.

La posición de Cataluña responde, en buena medida, a la configuración histórica de su sistema sanitario. Su red asistencial integra hospitales, fundaciones y consorcios de distinta titularidad que participan en la prestación de servicios financiados públicamente. No se trata, por tanto, de un modelo creado recientemente, aunque su peso económico resulta especialmente significativo.

La Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición, con un 12,2 % de su gasto sanitario destinado a conciertos. También sobresale por el peso de los servicios hospitalarios y especializados, que absorben el 67,9 % de su presupuesto sanitario, el porcentaje más elevado entre las comunidades autónomas.

Las diferencias con otros territorios son considerables. La Rioja destinó aproximadamente el 2,4 % de su gasto sanitario a conciertos en 2024; Cantabria, el 3,5 %, y Castilla y León, el 3,7 %. Estas cifras reflejan distintas formas de organizar la asistencia y recurrir a proveedores externos.

Un porcentaje elevado de conciertos no demuestra, por sí mismo, que un sistema funcione peor. Tampoco garantiza que funcione mejor. Para valorar los resultados habría que comparar costes, actividad asistencial, tiempos de espera y calidad de la atención, teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad.

El aumento del 48 % no equivale a una mayor privatización proporcional

Conviene distinguir dos indicadores que suelen confundirse: el dinero total destinado a conciertos y el porcentaje que representan dentro del presupuesto sanitario.

El incremento del 48,1 % recogido por CCOO mide la evolución del gasto autonómico durante diez años. No significa que los conciertos absorban un 48 % del presupuesto ni que su importancia relativa haya aumentado en esa misma proporción.

De hecho, el gasto sanitario público también ha crecido considerablemente durante ese periodo. La estadística ministerial cifra el desembolso total de las administraciones en 101.739 millones de euros en 2024, un 4,2 % más que el año anterior.

En términos nacionales, los conciertos representaron aproximadamente el 10 % del gasto sanitario público de 2024. Su peso relativo se ha mantenido cerca de ese nivel durante buena parte de las últimas dos décadas, pese al incremento de las cantidades desembolsadas.

Hay otra precisión importante: el 48,1 % es un incremento del gasto expresado en euros corrientes. No debe confundirse con un aumento equivalente del número de pacientes atendidos, las intervenciones realizadas o los recursos disponibles. La inflación y el encarecimiento de la actividad sanitaria también influyen en la evolución de la factura.

Qué servicios paga la sanidad pública a las empresas privadas

Los conciertos sanitarios permiten que las administraciones financien prestaciones realizadas por entidades externas. Su alcance depende del contrato y del modelo asistencial aplicado en cada territorio.

Entre las actividades concertadas figuran operaciones programadas, resonancias magnéticas, tomografías, consultas especializadas y tratamientos de rehabilitación. También existen acuerdos para servicios como hemodiálisis, terapias respiratorias domiciliarias o determinadas prestaciones de atención sociosanitaria.

En algunas comunidades, la contratación se limita a procedimientos concretos. En otras, determinados hospitales privados forman parte de la red de utilización pública y prestan asistencia de manera continuada a pacientes del sistema sanitario.

La diferencia entre contratar una operación y gestionar un hospital

No todas las fórmulas de colaboración público-privada tienen el mismo alcance.

Concertar un número determinado de intervenciones quirúrgicas permite ampliar temporalmente la capacidad asistencial sin construir nuevas instalaciones. Es una solución que puede resultar útil cuando existe una acumulación extraordinaria de pacientes pendientes de tratamiento.

Otra situación es encomendar a una entidad privada la prestación continuada de servicios para una población determinada. En ese caso, la colaboración afecta a una parte más amplia de la organización sanitaria y exige mecanismos de seguimiento más complejos.

El sector sanitario privado defiende que estos acuerdos permiten aprovechar instalaciones y profesionales disponibles, ampliar la capacidad de atención y aliviar la presión sobre los hospitales públicos.

Sus críticos advierten, por el contrario, del riesgo de mantener una dependencia creciente de proveedores externos sin reforzar suficientemente los recursos propios.

Ambas posiciones conducen a una cuestión práctica: si una administración paga por una prestación, necesita comprobar cuánto cuesta, qué resultados obtiene y si esa fórmula resulta más adecuada que desarrollarla directamente.

Las listas de espera siguen siendo uno de los grandes problemas

El incremento de los conciertos sanitarios no ha eliminado las dificultades de acceso a la atención especializada.

El Observatorio de CCOO recoge que Cataluña presentaba una tasa de 25,4 pacientes pendientes de cirugía por cada mil habitantes, una de las más elevadas del país. Cantabria registraba 25,3 y Andalucía, 22,6.

Madrid, por su parte, destacaba en las listas de espera de consultas externas, con 112,1 pacientes por cada mil habitantes, frente a una referencia nacional de 84,4.

Son indicadores diferentes y no deben compararse como si midieran lo mismo. Además, la coexistencia de un elevado gasto concertado y mayores demoras no demuestra que los conciertos sean la causa de esas esperas.

Las necesidades de atención, el envejecimiento de la población, la disponibilidad de profesionales y la capacidad hospitalaria también condicionan los resultados.

Lo que sí evidencian estas cifras es que contratar más actividad a centros privados no garantiza automáticamente una reducción suficiente de las listas de espera.

El resultado depende de cómo se seleccionan los pacientes, qué procedimientos se derivan y qué capacidad conserva la red pública para atenderlos.

Atención Primaria: la otra gran disputa por el presupuesto

El informe también llama la atención sobre la financiación de los centros de salud, considerados fundamentales para prevenir enfermedades, diagnosticar problemas de manera temprana y realizar el seguimiento de pacientes crónicos.

En 2024, las comunidades autónomas destinaron de media el 13,9 % de su gasto sanitario a Atención Primaria, una proporción considerablemente inferior al 25 % que CCOO plantea como objetivo.

Madrid figura entre los territorios que menos porcentaje dedican a este nivel asistencial, con un 10,9 %. En el extremo contrario aparecen La Rioja, Andalucía y Extremadura, todas por encima del 15 %.

El sindicato considera necesario reforzar las plantillas y la financiación de los servicios públicos, especialmente ante el envejecimiento demográfico y el aumento de las enfermedades crónicas.

La organización también reclama limitar el crecimiento de los conciertos y mejorar la capacidad de gestión directa de las administraciones sanitarias.

Esta propuesta responde a una determinada visión del sistema público. Su aplicación exigiría evaluar las necesidades de inversión, la disponibilidad de profesionales y los servicios que actualmente prestan los centros concertados.

Más dinero público exige mejores resultados sanitarios

La evolución del gasto sanitario español confirma que la colaboración con entidades privadas constituye una parte importante de la organización asistencial. Su dimensión económica es considerable y su distribución territorial, muy desigual.

Sin embargo, el volumen de dinero destinado a conciertos no permite determinar por sí solo su eficiencia. Una comunidad puede recurrir más a proveedores privados por razones históricas, por falta de instalaciones propias o para responder a necesidades asistenciales concretas.

El problema aparece cuando resulta difícil conocer si ese desembolso está mejorando efectivamente la atención recibida por los ciudadanos.

España carece de una evaluación homogénea que permita comparar entre todas las comunidades autónomas el coste de los conciertos con los resultados clínicos, las demoras, la actividad realizada y los recursos propios disponibles.

Ese vacío resulta especialmente relevante cuando las administraciones destinan miles de millones de euros anuales a contratar prestaciones sanitarias.

El aumento del 48,1 % en una década muestra cuánto ha crecido la factura autonómica de la sanidad concertada. Pero el indicador verdaderamente decisivo para los ciudadanos sigue siendo otro: si ese dinero se traduce en una atención accesible, de calidad y prestada a tiempo, con independencia de quién gestione el centro sanitario.