Chile: piden juicio político a Rabat por rebajar penas a 56 pederastas

La oposición chilena ha presentado una acusación constitucional contra Fernando Rabat, ministro de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, por las rebajas de condena concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La iniciativa, registrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en la Cámara de Diputados, busca destituir al ministro e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante cinco años.

La decisión abre una nueva fase de una crisis que golpea directamente al Ejecutivo de Kast. Los partidos de izquierda y centroizquierda consideran que Rabat vulneró la legislación chilena al autorizar beneficios penitenciarios para condenados por abusos sexuales y violaciones de menores. La acusación también cuestiona las reducciones de penas concedidas a responsables de crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet y las explicaciones que el ministro ofreció ante el Parlamento.

El escándalo estalló en octubre, cuando trascendió que el Ministerio de Justicia había firmado decretos para reducir condenas por buena conducta a medio centenar de agresores sexuales. Las decisiones facilitaron salidas anticipadas de prisión, aunque la rebaja de una pena no equivale necesariamente a la excarcelación inmediata de todos sus beneficiarios. El presidente Kast reconoció públicamente la gravedad de lo ocurrido, pero ha rechazado destituir a Rabat, una decisión que ha provocado críticas incluso entre sectores de la derecha chilena.

Las rebajas de condena a 56 pederastas que desataron el escándalo

La controversia tiene su origen en los decretos aprobados durante 2026 por el Ministerio de Justicia chileno. Estos permitieron reducir las penas de 56 condenados por delitos sexuales contra niños y adolescentes, mediante un mecanismo legal que contempla beneficios relacionados con el comportamiento penitenciario.

El procedimiento se apoya en las evaluaciones de las comisiones de reducción de condenas, encargadas de examinar los antecedentes de los reclusos. Sin embargo, la legislación chilena establece determinadas exclusiones legales para acceder a estos beneficios.

Precisamente ahí se encuentra el centro del conflicto. Los diputados que impulsan la acusación sostienen que la Ley 21.421, aprobada en 2022, excluye expresamente de estas reducciones a determinados condenados por delitos sexuales contra menores. A su juicio, el ministro autorizó beneficios que debía haber rechazado.

La polémica no se limita a una discusión sobre los años de cárcel que deben cumplir los agresores. También afecta a las víctimas, que pueden encontrarse con la salida anticipada de sus agresores sin haber recibido información suficiente sobre las decisiones administrativas.

El Gobierno suspendió posteriormente la tramitación de nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y anunció una revisión del sistema. Para la oposición, esas medidas no eliminan las posibles responsabilidades políticas y legales por los decretos que ya habían sido aprobados.

Los tres motivos de la acusación constitucional contra Rabat

La iniciativa parlamentaria fue firmada por diez diputados de distintas formaciones opositoras y se fundamenta en una presunta infracción de la Constitución y las leyes chilenas.

El escrito contiene tres capítulos que abarcan tanto las decisiones penitenciarias como la actuación del ministro ante los órganos de fiscalización. El documento fue presentado después de que la oposición recibiera los antecedentes solicitados sobre las rebajas de condena.

Las rebajas a agresores sexuales y condenados de la dictadura

El primer capítulo cuestiona los beneficios otorgados a los 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Los parlamentarios consideran que Rabat desatendió las prohibiciones legales y las obligaciones de protección de la infancia, incluido el principio del interés superior del menor.

La oposición también sostiene que el Ministerio modificó su interpretación de la normativa sin que existiera una reforma legal que justificase el cambio. Los diputados reprochan al ministro que no tuviera suficientemente en cuenta la situación de las víctimas.

La acusación identifica 22 decretos correspondientes a las rebajas cuestionadas y sostiene que ninguno fue dictado por una orden judicial específica que obligase al ministro a conceder el beneficio en el procedimiento correspondiente.

El segundo capítulo aborda las reducciones de penas concedidas a tres antiguos agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990.

Según la acusación, el Ministerio no examinó adecuadamente las obligaciones internacionales de derechos humanos al conceder esos beneficios, particularmente en relación con la gravedad de los delitos, la reparación de las víctimas y las circunstancias de cada condenado.

El tercer capítulo se refiere a las explicaciones que Rabat proporcionó ante el Congreso. Los diputados consideran que el ministro ofreció información incompleta o inexacta para justificar sus decisiones, especialmente al atribuir a los tribunales la responsabilidad de unas rebajas que, según los acusadores, podía rechazar administrativamente.

La defensa del ministro y las decisiones que la contradicen

Fernando Rabat ha defendido que actuó conforme a la ley y que el Ministerio de Justicia debía formalizar las decisiones adoptadas por las comisiones encargadas de evaluar las solicitudes de reducción de condena.

Su argumento central es que el Ejecutivo no podía sustituir el criterio de esos órganos ni desconocer las resoluciones judiciales que reconocían el derecho de determinados reclusos a obtener beneficios penitenciarios.

La oposición rechaza esa interpretación. Considera que las decisiones de los tribunales en casos concretos no obligaban al Ministerio a aplicar automáticamente el mismo criterio a todas las solicitudes.

Las dudas sobre la defensa del ministro aumentaron con varias investigaciones periodísticas publicadas en Chile. Una de ellas, difundida el 12 de noviembre, documentó 22 casos en los que el propio Ministerio rechazó reducciones de condena previamente aceptadas por las comisiones penitenciarias.

Los expedientes correspondían a condenados por distintos delitos, incluidos homicidios y tráfico de drogas. En esos casos, el Ministerio sostuvo que conservaba atribuciones para denegar el beneficio cuando concurrían causas legales de exclusión.

La investigación resulta especialmente relevante porque cuestiona la afirmación de Rabat de que su cartera carecía de margen para intervenir. No constituye por sí misma una resolución judicial sobre su responsabilidad, pero incorpora antecedentes que podrían adquirir importancia durante el debate parlamentario.

La controversia gira así alrededor de una cuestión jurídica decisiva: si el Ministerio tenía capacidad para rechazar determinadas reducciones de condena, deberá explicar por qué aplicó criterios diferentes en expedientes que también estaban sometidos a exclusiones legales.

Kast reconoce el error, pero mantiene a Rabat en Justicia

El presidente chileno, José Antonio Kast, reconoció el pasado 26 de octubre que las rebajas de penas habían sido un error grave. También admitió que el Estado había fallado a las víctimas y anunció medidas para impedir que se repitieran situaciones similares.

Sin embargo, se negó a retirar su confianza al ministro de Justicia. Su posición consiste en mantener a Rabat al frente del departamento para impulsar las reformas y revisar las decisiones cuestionadas.

La respuesta no ha satisfecho a la oposición, que considera contradictorio reconocer la gravedad de las decisiones y mantener en el cargo al responsable político del Ministerio que las autorizó.

El diputado socialista Raúl Leiva ha recordado públicamente esa contradicción, mientras que representantes del Frente Amplio y otras formaciones consideran indispensable depurar responsabilidades institucionales.

La crisis también ha provocado movimientos dentro del Ejecutivo. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue apartado del Gobierno a finales de octubre, en plena controversia, aunque el Ejecutivo desvinculó oficialmente su salida de la firma de los decretos.

El malestar ha alcanzado a sectores de la derecha ajenos al Gobierno. La excandidata presidencial Evelyn Matthei defendió públicamente la salida de Rabat, mientras el oficialismo intenta mantener una posición común frente a la acusación constitucional.

Para Kast, que llegó a la Presidencia en marzo de 2026 con un discurso especialmente duro contra la delincuencia, el caso supone un problema político evidente. Su Ejecutivo debe explicar por qué se concedieron beneficios a agresores sexuales de menores mientras defiende una política de mayor severidad penal.

La contradicción es especialmente incómoda para un Gobierno que convirtió la seguridad en una de sus principales señas de identidad. La oposición quiere aprovechar esa situación, pero necesita algo más que desgaste político para conseguir la destitución del ministro: necesita votos.

Qué debe ocurrir para que el ministro sea destituido

La presentación de la acusación constitucional no supone la destitución automática de Fernando Rabat. El procedimiento chileno establece distintas etapas parlamentarias y exige reunir las mayorías necesarias.

En primer lugar, la Cámara de Diputados debe tramitar la iniciativa y examinar sus fundamentos mediante una comisión. Posteriormente, el pleno debe decidir si admite la acusación.

Para que prospere contra un ministro de Estado se requiere la mayoría de los diputados presentes. Con la Cámara al completo, eso supondría reunir 78 votos.

La oposición ha reconocido que no dispone por sí sola de los apoyos suficientes. Necesita sumar a parlamentarios de otras formaciones, incluidos sectores de derecha que no participan en el Gobierno.

Si la Cámara aprueba la acusación, Rabat quedaría suspendido temporalmente de sus funciones y el procedimiento pasaría al Senado.

La Cámara Alta actuaría como órgano encargado de resolver sobre las infracciones imputadas. En este caso, la Constitución exige el respaldo de la mayoría de los senadores en ejercicio para declarar culpable al ministro.

Una resolución favorable a la acusación tendría dos consecuencias principales: la destitución de Rabat y su inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante cinco años.

Conviene distinguir este procedimiento de un juicio penal. La acusación constitucional determina responsabilidades político-constitucionales y no implica, por sí misma, una condena por un delito común.

La oposición espera que el documento sea presentado formalmente ante la Cámara el lunes 16 de noviembre. A partir de entonces comenzará una tramitación en la que también deberá escucharse la defensa del ministro y comprobarse si existe una mayoría suficiente para llevar el caso al Senado.

La protección de los menores, en el centro de la crisis chilena

La acusación contra Fernando Rabat ha convertido una controversia penitenciaria en uno de los asuntos políticos más delicados del Gobierno de José Antonio Kast.

La discusión parlamentaria deberá determinar si las rebajas de condena constituyeron una interpretación jurídicamente defendible de la normativa o si el Ministerio de Justicia infringió las obligaciones que le corresponden.

Para las víctimas, el problema es mucho más inmediato. Las decisiones sobre la reducción de penas afectan al cumplimiento efectivo de las condenas y a la confianza en un sistema judicial que debe ofrecer garantías tanto a quienes cumplen prisión como a las personas perjudicadas por sus delitos.

El Ejecutivo ha reconocido errores y prometido cambios legales. La oposición, entretanto, reclama responsabilidades políticas concretas.

Rabat continúa al frente del Ministerio de Justicia, respaldado por Kast, pero su permanencia dependerá también de la capacidad del Gobierno para evitar que la acusación constitucional reúna suficientes votos en el Congreso.

La controversia deja una cuestión institucional de fondo: hasta dónde llega la responsabilidad de un ministro cuando su departamento concede beneficios penitenciarios discutidos legalmente y con consecuencias directas para víctimas de delitos especialmente graves.