Martínez abre a Hacienda las cuentas de la firma que pagó a Zapatero

El empresario Julio Martínez Martínez, investigado en el caso Plus Ultra, ha autorizado a la Agencia Tributaria a consultar los movimientos bancarios de Análisis Relevante, la consultora que administra y que abonó 390.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero entre 2021 y 2024. El consentimiento permite solicitar directamente a las entidades financieras información sobre las cuentas de la sociedad correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2025.

La decisión contrasta con la postura del expresidente del Gobierno, su esposa y sus dos hijas, que han rechazado autorizar el acceso de Hacienda a sus cuentas bancarias alegando que las comprobaciones fiscales pueden afectar a su derecho de defensa en el procedimiento penal. Hay, sin embargo, una circunstancia determinante: el juez José Luis Calama ha ordenado suspender las inspecciones tributarias, por lo que la autorización de Martínez no supone que esas comprobaciones puedan continuar inmediatamente.

El asunto incorpora nuevos detalles sobre las relaciones económicas entre el antiguo presidente socialista y el entramado empresarial de Martínez. Según los datos declarados ante Hacienda, Análisis Relevante destinó a Zapatero y a la empresa de sus hijas un importe equivalente a aproximadamente el 81 % de sus ingresos declarados durante cuatro ejercicios. Una proporción que ha despertado el interés de los investigadores, especialmente por las características de la sociedad y sus vínculos comerciales con la aerolínea Plus Ultra.

Julio Martínez autorizó el acceso a las cuentas el 29 de septiembre

El consentimiento se formalizó el pasado 29 de septiembre, cuando Martínez compareció ante la Inspección de Hacienda en Alicante en calidad de administrador único de Análisis Relevante.

Durante aquella comparecencia permitió que la Agencia Tributaria solicitara directamente a los bancos los movimientos de las cuentas de la consultora entre 2021 y 2025. También manifestó su disposición a colaborar con los inspectores dentro de sus posibilidades materiales.

No obstante, esa voluntad de colaboración tuvo un límite práctico. El empresario no aportó parte de la documentación que le reclamaban los funcionarios porque, según explicó, se encontraba almacenada en ordenadores y archivos intervenidos por orden judicial.

Martínez sostuvo que no podía entregar unos documentos que ya no estaban bajo su control. El juez Calama había rechazado el 31 de marzo devolverle el material incautado.

La distinción tiene importancia. Autorizar el acceso bancario no equivale a entregar toda la documentación contable ni resuelve las dudas que Hacienda mantiene sobre la actividad de una empresa.

Los 390.000 euros pagados a Zapatero y las cantidades recibidas por sus hijas

La información tributaria permite identificar los pagos que Análisis Relevante declaró haber efectuado al expresidente durante cuatro años consecutivos.

En 2021, Zapatero recibió 75.000 euros de la consultora. La cantidad aumentó hasta los 110.000 euros en 2022 y se mantuvo en esa cifra durante 2023. En 2024, los pagos ascendieron a 95.000 euros.

El total de esos cuatro ejercicios alcanza los 390.000 euros.

La relación económica no se limitó al expresidente. Análisis Relevante también declaró pagos por 177.870 euros a Whathefav, la empresa vinculada a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero.

Sumadas ambas cantidades, la consultora destinó 567.870 euros al expresidente y a la sociedad de sus hijas durante el periodo analizado.

Conviene distinguir estas cifras de otras incorporadas al procedimiento judicial. Los informes policiales anteriores identificaron 490.780 euros transferidos por Análisis Relevante a Zapatero entre 2020 y 2025. El importe es superior porque corresponde a un periodo más amplio y a información obtenida en las pesquisas penales.

El 81 % de los ingresos declarados terminó en el entorno familiar

Los datos adquieren especial relevancia al compararlos con los ingresos de la propia consultora.

Entre 2021 y 2024, Análisis Relevante declaró 704.488 euros procedentes de cuatro clientes. Los 567.870 euros abonados a Zapatero y a Whathefav representan aproximadamente el 80,6 % de esa cantidad.

Dicho de otra manera, por cada 100 euros ingresados y declarados por la empresa durante esos cuatro ejercicios, cerca de 81 euros correspondieron a pagos destinados al expresidente o a la sociedad de sus hijas.

El ejercicio de 2024 presenta una circunstancia especialmente llamativa. Según la información tributaria, Plus Ultra fue el único cliente declarado de Análisis Relevante ese año. La aerolínea abonó 87.120 euros a la consultora, mientras que los pagos de esta al entorno familiar de Zapatero ascendieron a 138.560 euros.

La diferencia no demuestra por sí misma una irregularidad: una sociedad puede afrontar pagos con fondos acumulados de ejercicios anteriores o con otras fuentes de financiación. Pero obliga a examinar la contabilidad y los movimientos bancarios para determinar de dónde procedía el dinero utilizado.

Una consultora sin empleados, inmuebles ni vehículos

Análisis Relevante comenzó su actividad en febrero de 2020 y tiene su domicilio fiscal en Petrer, Alicante.

Según los datos manejados por Hacienda, la sociedad carece de trabajadores, inmuebles y vehículos. Tampoco consta de alta en ningún epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Estas características no convierten automáticamente a una empresa en irregular. Existen consultoras que funcionan mediante profesionales externos, acuerdos de colaboración y estructuras reducidas. Ahora bien, cuando una sociedad declara ingresos elevados y realiza pagos importantes por servicios profesionales, la Administración puede exigir que acredite qué actividad desarrolla realmente y con qué medios la presta.

Precisamente eso es lo que Hacienda ha reclamado a Martínez.

La relación con Plus Ultra constituye otro elemento relevante. La aerolínea pagó a Análisis Relevante 18.150 euros en 2021, otros 79.860 euros en 2023 y 87.120 euros en 2024. En 2025 realizó un nuevo abono de 79.860 euros, cuando la investigación judicial ya estaba abierta.

El procedimiento penal trata de esclarecer si determinadas operaciones de asesoramiento respondían a servicios efectivos o si algunas sociedades pudieron utilizarse para canalizar pagos relacionados con presuntas gestiones de influencia.

La Inspección también ha solicitado explicaciones sobre las obligaciones tributarias personales de Julio Martínez. En particular, le ha requerido que justifique la falta de presentación de sus declaraciones del IRPF correspondientes a 2021, 2022 y 2023.

Hacienda identifica, asimismo, un entorno de 39 sociedades bajo su control. Entre las operaciones examinadas aparecen un préstamo personal de 70.000 euros recibido de una de sus empresas en 2023 y la existencia de una cuenta bancaria en Reino Unido.

La Administración pretende reconstruir tanto los movimientos empresariales como la procedencia de los recursos utilizados por Martínez para afrontar sus gastos personales.

Zapatero y su familia rechazaron autorizar el acceso bancario

La actuación del empresario contrasta con la decisión adoptada por Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus hijas.

La familia ha rechazado facilitar determinadas informaciones solicitadas por Hacienda y ha defendido que la inspección tributaria podría interferir en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional.

Su representante comunicó que no aportarían los documentos con posibles implicaciones en la causa judicial hasta que esta terminase.

La posición responde a una estrategia de defensa que busca evitar que las comprobaciones administrativas interfieran en las actuaciones penales. Negarse a prestar un consentimiento voluntario no constituye, por sí solo, una prueba de culpabilidad, aunque esa negativa tampoco impide necesariamente que las autoridades obtengan información bancaria mediante los procedimientos legalmente previstos.

De hecho, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, ya recibió autorización judicial el pasado julio para investigar numerosas cuentas vinculadas a Zapatero, sus hijas, Martínez y distintas sociedades relacionadas con el caso Plus Ultra.

Son dos vías distintas: la inspección tributaria y la investigación penal.

El juez paraliza las inspecciones de Hacienda por el bloqueo documental

La situación cambió el 6 de noviembre, cuando el juez José Luis Calama acordó suspender las inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su familia, Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos.

La decisión supone un cambio respecto a julio, cuando el magistrado había rechazado paralizar las actuaciones de la Agencia Tributaria.

En esta ocasión, Hacienda argumentó que la negativa a aportar documentación relevante había provocado un bloqueo que impedía desarrollar adecuadamente las comprobaciones.

Calama consideró que la continuación simultánea de las inspecciones y del procedimiento penal estaba generando dificultades prácticas que comprometían la eficacia de las actuaciones administrativas.

El magistrado acordó suspenderlas hasta que desaparezcan las circunstancias que impiden su desarrollo normal o exista una resolución judicial que permita reanudarlas.

La suspensión interrumpe los plazos de prescripción y detiene el cómputo del plazo máximo de las inspecciones. No implica que Hacienda haya archivado sus comprobaciones ni que las personas afectadas hayan quedado exoneradas de posibles responsabilidades tributarias.

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación penal sobre las operaciones económicas vinculadas al caso Plus Ultra.

En ese procedimiento, los investigadores examinan la posible existencia de una estructura empresarial utilizada para efectuar pagos relacionados con presuntas influencias ilícitas.

Zapatero ha rechazado haber realizado gestiones para conseguir el rescate público de Plus Ultra y ha defendido la legalidad de su actividad profesional. Las sospechas recogidas en las diligencias judiciales siguen pendientes de esclarecimiento y no constituyen hechos delictivos probados.

El destino de los fondos sigue bajo investigación

La autorización firmada por Julio Martínez introduce una diferencia relevante entre su posición y la mantenida por la familia Zapatero ante Hacienda. Pero el consentimiento bancario no resuelve las cuestiones centrales del caso.

La investigación debe determinar qué servicios justificaban los pagos, qué documentación acredita su prestación y cómo circuló el dinero entre los clientes, Análisis Relevante y los distintos destinatarios.

Los datos tributarios conocidos ya permiten dibujar una relación económica considerable: 390.000 euros para Zapatero en cuatro años, otros 177.870 euros para la empresa de sus hijas y una consultora que destinó a ambos destinatarios una proporción muy elevada de sus ingresos declarados.

Por ahora, la investigación penal continúa mientras las comprobaciones de Hacienda permanecen suspendidas. La autorización de Martínez podrá tener utilidad cuando proceda examinar esos movimientos por la vía tributaria.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: acreditar el origen, la justificación y el destino de los fondos, sin confundir las sospechas judiciales con responsabilidades ya demostradas.