Centros de datos: las empresas copan el 94 % de las citas en la UE

Las grandes empresas tecnológicas y sus aliados empresariales han dominado los contactos con la Comisión Europea para definir el futuro de los centros de datos. Un informe publicado el 6 de noviembre revela que el 93,73 % de los encuentros registrados sobre esta cuestión fueron protagonizados por compañías, consultoras y asociaciones empresariales, mientras que las organizaciones de la sociedad civil apenas tuvieron presencia.

La investigación, elaborada por Corporate Europe Observatory y el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), identifica a Microsoft, Amazon y Google entre los actores más activos. Las tres multinacionales estadounidenses sumaron 41 encuentros con responsables comunitarios para abordar una regulación decisiva para sus negocios de computación en la nube e inteligencia artificial.

El estudio sostiene que esta presión empresarial ha contribuido a orientar las propuestas europeas hacia la construcción acelerada de centros de datos, con procedimientos administrativos más rápidos y menores exigencias ambientales. También advierte de posibles restricciones a la participación de las comunidades afectadas por estas instalaciones.

La Comisión Europea rechaza que haya escuchado exclusivamente a la industria. Bruselas asegura que también ha consultado a administraciones públicas, investigadores y organizaciones sociales. La controversia, sin embargo, va más allá del número de reuniones: afecta al modelo de desarrollo tecnológico que pretende impulsar Europa y a quién asumirá sus costes.

El 94 % de los contactos sobre centros de datos fueron empresariales

Los investigadores analizaron 367 encuentros registrados con 160 entidades entre diciembre de 2024, cuando comenzó el mandato de la actual Comisión Europea, y el 3 de junio de 2026, fecha de presentación de una de sus principales propuestas legislativas para desarrollar la infraestructura digital.

El resultado muestra un desequilibrio considerable. Las empresas, sus consultoras y las asociaciones sectoriales concentraron el 93,73 % de los contactos, frente al 1,36 % correspondiente a organizaciones de la sociedad civil.

La presencia empresarial no se limitó a los gigantes estadounidenses. El grupo francés OVH, uno de los principales proveedores europeos de servicios en la nube, destacó entre los representantes de la industria comunitaria. También participaron compañías como Siemens y Schneider Electric, proveedoras de equipos e infraestructuras para estas instalaciones.

Conviene distinguir entre acceso e influencia. Mantener reuniones con funcionarios europeos no demuestra, por sí mismo, que una empresa haya impuesto sus exigencias. Los autores del informe llegan a su conclusión tras comparar las propuestas trasladadas por la industria con el contenido de las iniciativas posteriores de Bruselas.

Según su análisis, existe una coincidencia significativa entre las prioridades de las grandes compañías y las medidas impulsadas por la Comisión, especialmente en materia de permisos, conexiones eléctricas y requisitos ambientales.

Qué piden Microsoft, Amazon y Google a la Unión Europea

La principal reivindicación de las multinacionales es reducir los obstáculos administrativos para construir nuevos centros de datos.

Amazon defendió procedimientos de autorización acelerados, una conexión más sencilla a las redes eléctricas y mejores mecanismos para seleccionar terrenos adecuados. Microsoft también planteó la simplificación de permisos como una condición importante para incrementar sus inversiones en Europa.

Google identificó las dificultades administrativas y el acceso a la energía entre los problemas que frenan el desarrollo de estas instalaciones.

Las compañías consideran que los trámites prolongados, la escasez de capacidad eléctrica y la fragmentación normativa entre países pueden comprometer la competitividad europea frente a Estados Unidos y China.

El informe también recoge posiciones favorables a limitar nuevas exigencias ambientales. Amazon y Google se opusieron a introducir determinados requisitos mínimos de sostenibilidad dentro de la legislación destinada a impulsar la nube y la inteligencia artificial.

La propuesta de Google sobre las reclamaciones vecinales

Uno de los aspectos más controvertidos afecta a los mecanismos de oposición ciudadana.

Según la documentación examinada, Google planteó restringir el derecho a presentar objeciones contra proyectos de centros de datos a los vecinos inmediatos y únicamente durante la fase de planificación urbanística.

La empresa utilizó como referencia determinadas restricciones existentes en Austria, donde algunas posibilidades de oposición administrativa están vinculadas a la proximidad de las viviendas afectadas.

El planteamiento no significa que esas limitaciones hayan sido aprobadas por la Unión Europea. Se trata de una posición defendida por la compañía dentro del proceso de consultas.

Para las organizaciones investigadoras, propuestas de este tipo muestran el riesgo de considerar la participación vecinal un inconveniente para las inversiones, en lugar de una garantía necesaria cuando los proyectos pueden afectar al territorio y a los recursos públicos.

Europa quiere triplicar su capacidad de centros de datos

El conflicto se produce en un momento especialmente importante para la estrategia digital europea.

La Comisión presentó el 3 de junio de 2026 su propuesta de Reglamento de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, conocida por sus siglas inglesas CADA (Cloud and AI Development Act).

La iniciativa persigue aumentar la capacidad tecnológica de la Unión Europea, desarrollar infraestructuras digitales propias y reducir su dependencia de proveedores extranjeros. Entre sus objetivos figura triplicar, como mínimo, la capacidad de los centros de datos europeos en un plazo de cinco a siete años.

Bruselas considera estas instalaciones imprescindibles para desarrollar servicios de inteligencia artificial, almacenar información, procesar grandes cantidades de datos y ofrecer recursos informáticos a empresas, universidades y administraciones públicas.

La propuesta contempla mecanismos para acelerar los proyectos, incluidas zonas específicas en las que se simplificarían determinados procedimientos de autorización.

El problema señalado por Corporate Europe Observatory y SOMO es que esas facilidades podrían beneficiar principalmente a las empresas que ya dominan el mercado.

Hay una contradicción que los investigadores consideran especialmente relevante: Europa busca soberanía tecnológica, pero una parte sustancial de la infraestructura que pretende ampliar depende de grandes multinacionales estadounidenses.

La normativa todavía debe recorrer su correspondiente tramitación legislativa. Las medidas contenidas en la propuesta no pueden considerarse automáticamente obligaciones vigentes en todos los Estados miembros.

El consumo de electricidad y agua, en el centro del conflicto

La expansión de los centros de datos tiene consecuencias que van más allá del sector tecnológico.

Estas instalaciones necesitan grandes cantidades de electricidad para alimentar sus servidores y mantener operativos los sistemas de refrigeración. Algunas tecnologías de enfriamiento también requieren volúmenes importantes de agua, aunque su consumo varía considerablemente según el diseño, el clima y los equipos utilizados.

La propia Comisión Europea reconoció la dimensión del problema en un informe sobre eficiencia energética publicado en septiembre de 2026.

Según sus estimaciones, los centros de datos consumieron aproximadamente 68 teravatios hora (TWh) de electricidad en 2024 en la Unión Europea. La demanda podría alcanzar los 114 TWh en 2030, equivalentes al 3,2 % del consumo eléctrico comunitario previsto.

El crecimiento obliga a estudiar las necesidades de nuevas conexiones eléctricas, el origen de la energía utilizada y los posibles efectos sobre los precios y la disponibilidad de recursos.

También existen problemas de transparencia. En su primer periodo de recopilación de información ambiental, la Comisión recibió datos de 770 centros, aproximadamente el 36 % de los que estaban sujetos a esa obligación.

Bruselas ha desarrollado un sistema europeo para evaluar la sostenibilidad de estas instalaciones y prepara posibles estándares mínimos de eficiencia. En septiembre abrió una consulta pública sobre estos requisitos, cuyo plazo termina el 14 de diciembre de 2026, con vistas a una propuesta legislativa en 2027.

Las organizaciones investigadoras cuestionan, no obstante, determinadas características del sistema de etiquetado aprobado en septiembre. Critican especialmente las condiciones para contabilizar certificados de electricidad renovable y algunas disposiciones de confidencialidad, porque consideran que podrían dificultar una valoración precisa del impacto ambiental.

La discusión no consiste únicamente en producir más electricidad. También afecta a la disponibilidad de agua, el uso del suelo, el ruido de las instalaciones y los efectos acumulados de concentrar numerosos proyectos en una misma zona.

Aragón, uno de los ejemplos que preocupan a los ecologistas

España ocupa un lugar destacado en el informe, especialmente por el desarrollo de grandes infraestructuras digitales en Aragón.

El Gobierno autonómico ha impulsado proyectos de centros de datos mediante su declaración como Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), una figura administrativa que permite agilizar determinados trámites urbanísticos y de autorización.

Los investigadores destacan que este mecanismo puede facilitar la obtención de permisos relacionados con el suelo y el medio ambiente en menos de doce meses.

Entre las empresas beneficiadas por este modelo de desarrollo se encuentra Amazon, que ha promovido inversiones para ampliar su infraestructura tecnológica en la comunidad.

La estrategia ha provocado contestación entre residentes, ayuntamientos y organizaciones ambientales. Algunos proyectos han sido cuestionados mediante actuaciones administrativas y judiciales, mientras que colectivos como Tu Nube Seca Mi Río han denunciado los riesgos asociados al consumo de recursos.

Las preocupaciones se concentran en el abastecimiento de agua, la demanda eléctrica, los terrenos utilizados y la capacidad de los municipios para intervenir en decisiones que afectan directamente a su territorio.

El caso aragonés resulta especialmente significativo porque, según la investigación, tanto Amazon como Microsoft lo han utilizado como ejemplo en sus contactos con las instituciones europeas.

Para las organizaciones autoras del informe, la experiencia muestra las consecuencias de priorizar la rapidez en las autorizaciones sin garantizar una participación suficiente de las comunidades afectadas.

Eso no significa que todos los proyectos tengan el mismo impacto ambiental ni que cualquier centro de datos represente necesariamente un perjuicio para su entorno. Sus efectos dependen de características concretas que deben evaluarse individualmente.

Bruselas defiende sus consultas mientras crece el debate sobre el control tecnológico

La Comisión Europea ha respondido a las críticas asegurando que su proceso de elaboración normativa también contó con organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas, investigadores y centros de estudios.

El Ejecutivo comunitario destacó la celebración de talleres en los que participaron representantes de distintos sectores, incluidos grupos interesados en las consecuencias territoriales, energéticas y ambientales de los centros de datos.

Los investigadores consideran insuficiente esa explicación. Señalan que, de los doce talleres incluidos en el estudio preparatorio de la propuesta legislativa, la mayoría contó principalmente con representantes empresariales.

Las multinacionales también han defendido su participación. Microsoft sostiene que mantiene contactos abiertos y transparentes con los responsables políticos y que el crecimiento de la infraestructura europea requiere permisos previsibles y acceso oportuno a las redes eléctricas.

Amazon recuerda que participa en consultas públicas y mantiene relaciones institucionales sobre cuestiones que afectan a sus actividades. Por su parte, la francesa OVH defiende que acelerar los proyectos debe acompañarse de condiciones que favorezcan la capacidad tecnológica controlada desde Europa y la sostenibilidad.

La discusión deja una cuestión de fondo para las instituciones comunitarias: desarrollar una infraestructura digital competitiva sin convertir las prioridades de las mayores empresas en el único criterio de planificación.

La inteligencia artificial necesita capacidad informática, pero la protección ambiental, la participación ciudadana y el control público no desaparecen por esa necesidad. Las decisiones sobre dónde construir, qué recursos utilizar y quién obtiene los beneficios determinarán buena parte del impacto de esta expansión.

Con la propuesta europea todavía en tramitación y nuevas exigencias ambientales pendientes de definición, el debate será también una prueba para la autonomía tecnológica de la Unión Europea. No se trata solo de disponer de más centros de datos, sino de establecer bajo qué condiciones operarán y qué garantías tendrán las comunidades que los acogen.