Marlaska rechaza dimitir por las cargas del 11N pese a sus socios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este jueves, 12 de noviembre de 2026, presentar su dimisión tras las cargas policiales registradas durante la huelga general del miércoles. Pese a las peticiones de cese formuladas por Sumar, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el titular de Interior ha sido tajante: «No tengo ninguna razón» para abandonar el cargo.

Grande-Marlaska ha defendido su continuidad al considerar que su responsabilidad consiste tanto en respaldar el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil como en garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sus declaraciones llegan después de que las imágenes de las actuaciones policiales del 11N, especialmente en Madrid, provocaran una fuerte controversia política y críticas por el presunto uso desproporcionado de la fuerza.

El ministro ha realizado estas afirmaciones durante un acto de apertura de la campaña electoral del PSOE en el distrito madrileño de San Blas, en plena presión de los partidos situados a la izquierda de los socialistas. La controversia ha abierto una nueva brecha entre el PSOE y sus aliados, precisamente cuando las formaciones preparan las elecciones generales del 29 de noviembre.

Interior ha reaccionado anunciando investigaciones específicas sobre las intervenciones policiales del 11N y ordenando que no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. Una decisión que, lejos de apagar la polémica, también ha provocado el rechazo de varios sindicatos policiales.

Marlaska descarta su dimisión y defiende la actuación de Interior

La posición de Grande-Marlaska es clara: no considera que los incidentes de la huelga general justifiquen su salida del Gobierno. El ministro sostiene que tiene la obligación de defender a los agentes que cumplen sus funciones y, al mismo tiempo, asegurar que los ciudadanos puedan manifestarse y ejercer sus derechos con garantías.

Sus palabras llegan después de una jornada especialmente complicada para Interior. Las cargas policiales contra participantes en las movilizaciones del 11 de noviembre han situado al ministro en el centro de una controversia que afecta directamente a las relaciones entre los socios de la mayoría parlamentaria.

La cuestión no se limita a determinar si hubo agentes que actuaron incorrectamente. Los partidos que reclaman responsabilidades consideran que el Ministerio del Interior debe responder políticamente por unas intervenciones que califican de desproporcionadas.

Grande-Marlaska, por su parte, apuesta por esclarecer los hechos mediante las investigaciones anunciadas, sin aceptar que las críticas deban traducirse en su dimisión.

Sumar, Podemos y ERC exigen responsabilidades políticas

Las peticiones de dimisión han llegado desde distintas formaciones que respaldan al Ejecutivo o forman parte de su mayoría parlamentaria.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado explicaciones sobre las cargas y ha cuestionado abiertamente la continuidad del ministro. A su juicio, las actuaciones no pueden atribuirse únicamente a decisiones aisladas de uno o dos agentes, por lo que considera necesario esclarecer si existieron responsabilidades superiores.

La presión también ha alcanzado al propio Consejo de Ministros. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, ha secundado las críticas del candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, quien ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya a Grande-Marlaska.

Desde Podemos, Ione Belarra ha exigido igualmente la dimisión del ministro, denunciando actuaciones policiales que considera incompatibles con el ejercicio pacífico del derecho de manifestación.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha cuestionado la intensidad de las intervenciones policiales, aunque también ha condenado los episodios violentos registrados al término de la protesta de Barcelona.

A estas críticas se ha sumado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, quien considera que las cargas no constituyen un episodio aislado y que el ministro debería abandonar el cargo si no es capaz de controlar las actuaciones policiales.

El PSOE respalda al ministro y descarta su destitución

Mientras sus aliados aumentan la presión, el PSOE mantiene su respaldo a Grande-Marlaska.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha descartado que el partido contemple su dimisión. Aunque ha reconocido que algunas imágenes de las cargas policiales resultan difíciles de aceptar, considera necesario esperar a las investigaciones antes de decidir qué medidas corresponde adoptar.

López también ha distinguido entre las actuaciones policiales registradas en Madrid y los disturbios ocurridos en Barcelona, donde se produjeron episodios violentos tras las movilizaciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido igualmente la continuidad de su compañero de gabinete.

Bolaños ha reconocido que algunas imágenes de las intervenciones no le gustaron, pero ha sostenido que corresponde a los responsables policiales determinar si se produjo un uso excesivo de la fuerza.

La posición oficial del PSOE deja, por ahora, un escenario definido: Grande-Marlaska no piensa dimitir y su partido no contempla cesarlo, pese a las exigencias de varias formaciones de izquierda.

Interior investiga las cargas y restringe el uso de gas lacrimógeno

El Ministerio del Interior ha ordenado a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones específicas sobre las incidencias ocurridas durante la huelga general.

Estas pesquisas se desarrollarán al margen de los procedimientos habituales de inspección interna con los que la Policía Nacional revisa sus actuaciones.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias de las intervenciones, particularmente aquellas en las que se han denunciado cargas contra manifestantes pacíficos y un uso presuntamente desproporcionado de medios antidisturbios.

Las imágenes de Madrid agravan la polémica

Entre los episodios más controvertidos figuran las intervenciones de la Policía Nacional en el centro de Madrid, donde se utilizaron gases irritantes y otros medios antidisturbios durante distintos momentos de la jornada.

También se han denunciado actuaciones contra profesionales de la información. La periodista de Radio Nacional de España Graciela García ha relatado una intervención policial en la Gran Vía madrileña en la que, según su testimonio, se empleó un dispositivo de gas a escasa distancia de su rostro.

El departamento de Grande-Marlaska ha ordenado que no se vuelva a utilizar gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

La medida ha provocado críticas de organizaciones sindicales de la Policía Nacional, que consideran que restringir determinados medios de intervención puede comprometer la seguridad de los agentes.

Jupol y la Unión Federal de Policía también han reclamado la dimisión del ministro, aunque por motivos opuestos a los de los partidos de izquierda: entienden que Interior no está respaldando suficientemente a los policías.

De este modo, Grande-Marlaska afronta críticas desde dos frentes. Unos le reprochan no haber impedido las cargas; otros, haber reaccionado cuestionando el trabajo policial.

La huelga del 11N dejó 115 detenidos en España

La polémica se produce después de una huelga general convocada para reclamar mejoras salariales, acceso a una vivienda asequible y una mayor protección de los derechos sociales.

La jornada del 11 de noviembre estuvo marcada por manifestaciones en numerosas ciudades españolas, con un seguimiento laboral desigual y concentraciones multitudinarias.

Según el balance provisional comunicado por Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil registraron 1.144 incidencias y 47 detenciones hasta las 23.00 horas del miércoles, sin incluir Cataluña ni el País Vasco.

Las mayores cifras de detenidos de ambos cuerpos correspondieron a Madrid, con 20 arrestos, seguida de Valencia, con seis. También hubo detenciones en Málaga, Almería, Granada, Castellón y otras provincias.

Al incorporar los arrestos practicados en Cataluña y el País Vasco, el balance de la jornada ascendió a 115 detenidos en toda España.

En Barcelona se registraron enfrentamientos y disturbios al finalizar las protestas. En Madrid, la actuación policial durante las movilizaciones y la posterior disolución de manifestantes ha concentrado buena parte de las denuncias.

Los incidentes violentos y las denuncias por posibles excesos policiales constituyen asuntos distintos que deben investigarse individualmente. La existencia de altercados no justifica automáticamente cualquier intervención, del mismo modo que una actuación cuestionada no permite atribuir irregularidades a todos los agentes desplegados.

La continuidad de Marlaska abre otro conflicto entre los socios

La negativa de Grande-Marlaska a dimitir traslada el conflicto al terreno político, con el PSOE defendiendo la continuidad del ministro y varias fuerzas de izquierda reclamando responsabilidades.

La controversia llega en un momento especialmente delicado, a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, y amenaza con agravar las diferencias entre formaciones que han compartido acuerdos de Gobierno o de apoyo parlamentario.

Por ahora, el futuro del ministro no parece estar en cuestión dentro del PSOE. Sin embargo, las investigaciones sobre las cargas siguen pendientes y sus conclusiones pueden determinar si se adoptan medidas disciplinarias o se exigen nuevas responsabilidades.

El derecho de manifestación y la obligación de mantener el orden público no son incompatibles. Precisamente por eso, el alcance de las actuaciones policiales debe esclarecerse con rigor, sin dar por probados abusos que todavía se investigan ni descartar responsabilidades antes de conocer los hechos.

Grande-Marlaska ha dejado claro que quiere continuar al frente de Interior. Lo que todavía está por resolver es si las explicaciones del ministro y las investigaciones anunciadas serán suficientes para sus socios políticos.