Rusia da el primer paso para matricular coches buscados por Interpol

Rusia ha dado el primer paso para permitir la matriculación de vehículos incluidos en las bases de datos de Interpol, incluso cuando figuren como robados en otros países. La Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó el 10 de noviembre de 2026, en primera lectura, un proyecto de ley que permitiría registrar determinados automóviles sometidos a órdenes internacionales de búsqueda.

La iniciativa, presentada por el Gobierno de Vladímir Putin, pretende modificar una normativa que actualmente impide matricular cualquier vehículo reclamado por las autoridades extranjeras. La reforma facultaría al Ministerio del Interior ruso para establecer un procedimiento especial con el que los propietarios podrían obtener documentación y circular legalmente por Rusia, aunque el automóvil continuase apareciendo en los registros internacionales de vehículos sustraídos.

La propuesta afecta especialmente a coches importados de países considerados «hostiles» por Moscú, cuyos propietarios rusos aseguran haberlos adquirido legalmente. Sin embargo, también plantea una cuestión delicada: registrar un automóvil no demuestra que su procedencia sea legítima, ni elimina los derechos de quien pueda acreditar que sufrió un robo.

Por el momento, la reforma no está en vigor. El proyecto debe completar su tramitación parlamentaria y recibir la aprobación definitiva antes de convertirse en ley. Su redacción actual contempla, además, una entrada en vigor diferida de un año desde su publicación oficial.

Rusia quiere cambiar las normas para matricular coches reclamados por Interpol

La legislación rusa prohíbe actualmente realizar operaciones de registro sobre vehículos que se encuentren en búsqueda policial, tanto nacional como internacional. La restricción puede afectar a automóviles importados que inicialmente superaron los controles aduaneros, pero que posteriormente aparecen en una alerta internacional.

El Gobierno ruso considera que esta situación perjudica a compradores que actuaron de buena fe. Según su planteamiento, existen ciudadanos que adquirieron automóviles en el extranjero, abonaron los impuestos correspondientes y descubrieron meses después que sus vehículos estaban reclamados por otro Estado.

El proyecto legislativo 1293142-8, presentado ante la Duma en julio de 2026, introduce una excepción al régimen actual. El Ministerio del Interior podría autorizar la matriculación siguiendo condiciones específicas que todavía deben desarrollarse reglamentariamente.

La diferencia es importante. La medida no establece que todos los coches denunciados como robados puedan recibir automáticamente una matrícula rusa. La decisión dependería del procedimiento administrativo y de las circunstancias de cada expediente.

Durante el debate parlamentario, el viceministro del Interior, Ígor Zúbov, defendió la necesidad de impedir que los vehículos permanezcan inmovilizados durante años mientras sus propietarios esperan una respuesta de las autoridades extranjeras.

El conflicto con los países occidentales está detrás de la reforma

Las autoridades rusas vinculan el problema al deterioro de la cooperación policial internacional desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Moscú sostiene que determinados países occidentales han dejado de responder a sus solicitudes de información sobre automóviles incluidos en registros internacionales. Esta falta de comunicación entre autoridades policiales, según el Ministerio del Interior, dificulta comprobar cuándo se produjo el supuesto robo, quién era el propietario original y si la reclamación continúa siendo válida.

La situación resulta especialmente problemática cuando el vehículo llega legalmente a Rusia antes de que se active la alerta internacional. En esos casos, el comprador puede encontrarse con un automóvil pagado y despachado en aduana que después no puede utilizar.

Las autoridades rusas también han denunciado presuntos fraudes relacionados con indemnizaciones de seguros. Según Zúbov, algunos propietarios extranjeros podrían colaborar con intermediarios para vender sus vehículos y denunciarlos posteriormente como robados con el objetivo de cobrar una compensación.

Se trata, en cualquier caso, de una explicación ofrecida por el Gobierno ruso que no permite considerar fraudulentas todas las reclamaciones internacionales.

El problema de los vehículos procedentes de Ucrania

La reforma también tiene una dimensión directamente relacionada con la guerra de Ucrania.

Representantes del Ministerio del Interior han mencionado las dificultades para registrar vehículos procedentes de los territorios ucranianos ocupados y anexionados unilateralmente por Rusia, cuya soberanía rusa no reconoce la comunidad internacional en su conjunto.

Según la versión de Moscú, algunos de esos automóviles aparecen posteriormente en las bases de Interpol por reclamaciones de las autoridades ucranianas.

El problema jurídico es considerable: la documentación expedida por Rusia en territorios ocupados no resuelve necesariamente los derechos de propiedad reconocidos por Ucrania ni por otros Estados.

De hecho, durante el examen parlamentario de la iniciativa, algunos diputados advirtieron de que la redacción propuesta podría aplicarse a vehículos procedentes de cualquier país, incluidos automóviles efectivamente sustraídos.

Los derechos del propietario original ante un coche robado

La principal controversia gira alrededor de los derechos del propietario original.

El viceministro Zúbov aseguró ante los diputados que, si una persona acredita legítimamente la propiedad de un automóvil sustraído, las autoridades rusas permitirían su recuperación. Según explicó, el interesado tendría que presentar la documentación correspondiente y asumir los gastos asociados a su devolución.

También afirmó que no se autorizaría la matriculación a quien hubiera comprado conscientemente un vehículo robado. En ese supuesto, el automóvil podría ser intervenido por las autoridades.

No obstante, varios parlamentarios señalaron que la propuesta necesita criterios más concretos para distinguir entre un comprador de buena fe y una operación relacionada con el tráfico de vehículos sustraídos.

La existencia de una alerta de Interpol tampoco demuestra por sí sola que el actual poseedor haya cometido un delito. Pero su ausencia de responsabilidad penal no significa automáticamente que haya adquirido un derecho de propiedad superior al del dueño original.

El proyecto pretende facilitar la circulación de los automóviles afectados, no resolver por completo todos los conflictos internacionales de titularidad.

Respecto a su posible venta, las explicaciones ofrecidas durante la tramitación apuntan a restricciones sobre la transmisión de estos vehículos. También se ha planteado incluir advertencias expresas en la documentación para evitar que futuros compradores desconozcan su situación.

El Tribunal Supremo ruso ya intervino en un caso similar

El debate no es exclusivamente legislativo. La justicia rusa también ha tenido que pronunciarse sobre vehículos importados que aparecieron posteriormente en registros internacionales.

En octubre de 2026 trascendió una resolución del Tribunal Supremo ruso favorable a un ciudadano de San Petersburgo que había adquirido un automóvil procedente de Canadá.

El comprador, identificado como Danila Kosiachev, había encontrado obstáculos para registrar el vehículo porque figuraba en una alerta internacional. Los tribunales inferiores consideraron que la prohibición impuesta por las autoridades rusas carecía de justificación suficiente ante la falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto robo.

El Ministerio del Interior recurrió, pero el Supremo respaldó la posibilidad de registrar el automóvil y ordenó levantar la prohibición de matriculación para permitir su utilización.

Este precedente ilustra el conflicto que la reforma pretende abordar: un ciudadano puede haber comprado un vehículo legalmente y encontrarse después con una reclamación extranjera cuya documentación no consigue comprobar.

Sin embargo, una resolución judicial favorable en Rusia no obliga automáticamente a otro país a retirar una denuncia internacional.

Cuántos vehículos podrían beneficiarse de la medida

El Ministerio del Interior ha facilitado distintas cifras durante la preparación de la reforma.

En una comunicación anterior, las autoridades rusas hablaron de aproximadamente 1.500 vehículos localizados desde 2022 que estaban reclamados por países extranjeros.

Posteriormente, durante la sesión del 10 de noviembre, Zúbov presentó un recuento más reducido: 24 automóviles detectados en 2024, 17 en 2025 y cuatro en 2026.

Las autoridades no han ofrecido un desglose suficientemente detallado que permita comparar ambos conjuntos de cifras y determinar cuántos vehículos podrían acogerse finalmente al nuevo procedimiento.

En cualquier caso, el alcance de la medida dependerá tanto de su aprobación definitiva como de las condiciones que establezca el Ministerio del Interior para autorizar cada matriculación.

La Duma tiene previsto recoger propuestas de modificación hasta el 9 de diciembre de 2026. Después deberán continuar los trámites legislativos correspondientes.

Una matrícula rusa no eliminará la búsqueda internacional

La consecuencia más importante de la reforma es también su principal limitación: un vehículo matriculado en Rusia podría continuar figurando como robado en las bases de Interpol.

El registro nacional no equivale a la retirada de una alerta internacional. Esa situación puede ocasionar problemas si el propietario intenta circular fuera del territorio ruso, donde las autoridades de otros países podrían intervenir el automóvil cuando exista fundamento legal para hacerlo.

La posibilidad de recuperar un vehículo también seguiría abierta para su propietario original si consigue acreditar sus derechos conforme a los procedimientos aplicables.

Durante el debate, Zúbov planteó incluso la posibilidad de estudiar en el futuro mecanismos para levantar determinadas restricciones cuando un automóvil permanezca varios años sin ser reclamado. Sin embargo, esa eventual modificación no forma parte de una norma aprobada.

La reforma rusa se encuentra, por tanto, en una fase inicial y todavía debe concretar cómo proteger a los compradores legítimos sin facilitar la circulación de coches realmente sustraídos.

El cambio que prepara Moscú va más allá de una cuestión administrativa. Permitiría que algunos vehículos reclamados internacionalmente obtuvieran documentación nacional, pero dejaría sin resolver una parte esencial del conflicto: la matrícula expedida por un Estado no convierte automáticamente en legítima una propiedad discutida en otro.