La ONU acusa a Rusia de perseguir a críticos dentro y fuera del país

La represión política en Rusia ya no termina en sus fronteras. La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el país, Mariana Katzarova, ha denunciado este martes 27 de octubre que las autoridades rusas han consolidado un sistema de «miedo y castigo» destinado a silenciar a opositores, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, incluidos quienes han conseguido abandonar el territorio ruso.

Durante una comparecencia en Naciones Unidas, tras presentar su último informe ante la Asamblea General, Katzarova ha advertido de que el Gobierno de Vladímir Putin utiliza las instituciones, la legislación penal y los mecanismos de seguridad para perseguir a quienes considera enemigos. La denuncia va más allá de las detenciones por motivos políticos: describe una estrategia de intimidación que afecta también a los familiares de los disidentes y puede alcanzar a ciudadanos refugiados en otros países.

La relatora ha resumido sus investigaciones con una declaración contundente: «En lugar del Estado de derecho, he documentado el imperio del miedo». Según sus conclusiones, la persecución de las voces críticas no constituye una sucesión de episodios aislados, sino una práctica institucionalizada que se ha intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Las cifras recogidas en sus informes permiten medir parte de esa realidad. En septiembre de 2026, 4.968 personas afrontaban procedimientos judiciales por motivos políticos en Rusia, de las cuales 2.178 se encontraban detenidas. La experta sostiene que el endurecimiento de las penas, la ampliación de los delitos relacionados con la seguridad nacional y la persecución de los exiliados forman parte de una misma política.

Rusia extiende la persecución política más allá de sus fronteras

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia es lo que Naciones Unidas denomina represión transnacional: las actuaciones de un Estado para vigilar, intimidar o castigar a personas que residen fuera de su territorio.

Katzarova sostiene que Rusia ha desarrollado un sistema que combina amenazas, vigilancia, procedimientos judiciales, restricciones administrativas y presión sobre los familiares que permanecen en el país. Sus investigaciones también recogen denuncias de agresiones e intentos de envenenamiento contra críticos establecidos en el extranjero.

El problema afecta especialmente a periodistas independientes, opositores políticos, abogados y activistas contrarios a la guerra. Para muchos, abandonar Rusia ha supuesto escapar de un riesgo inmediato de encarcelamiento, pero no necesariamente de la persecución de las autoridades.

En su informe presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, la relatora examinó cerca de 400 casos de represión transnacional documentados entre 2004 y 2026. La investigación señala que estas prácticas se han intensificado desde el comienzo de la invasión de Ucrania.

Órdenes de detención y cuentas bancarias bloqueadas

La persecución también puede desarrollarse mediante instrumentos aparentemente administrativos.

El informe denuncia el uso indebido de notificaciones rojas de Interpol, solicitudes de extradición y registros oficiales de personas consideradas terroristas o extremistas. Cuando esos datos se incorporan sin una verificación suficiente a sistemas internacionales de control financiero, pueden provocar restricciones bancarias contra personas perseguidas políticamente.

Las condenas dictadas en ausencia del acusado reflejan otra tendencia. Según la relatora, pasaron de cuatro en 2022 a 157 en 2025.

A ello se suma una legislación aprobada en agosto de 2026 que permite imponer restricciones a ciudadanos rusos residentes en el extranjero condenados por determinados delitos utilizados en causas políticas. Entre sus consecuencias figuran limitaciones para renovar documentos, acceder a servicios consulares o disponer de determinados bienes y cuentas en Rusia.

El resultado es una forma de castigo que no requiere necesariamente encarcelar a la persona perseguida. Basta con dificultar su vida cotidiana, sus desplazamientos o el acceso a sus recursos económicos.

Casi 5.000 personas perseguidas por motivos políticos en Rusia

La dimensión interna de la represión rusa resulta igualmente significativa.

Los datos presentados por Katzarova indican que, además de los miles de procedimientos por motivos políticos, las condenas se han endurecido considerablemente. La duración media de las penas de prisión ha pasado de menos de siete años en 2021 a aproximadamente 11 años en 2026, según la información expuesta por la experta.

En 2025 se registraron 468 condenas por traición y espionaje, un aumento del 30 % respecto al año anterior, sin absoluciones en los procedimientos contabilizados.

La relatora también ha señalado el uso creciente de las categorías de terrorismo y extremismo para perseguir actividades que deberían estar protegidas por los derechos fundamentales. El registro ruso de personas consideradas terroristas o extremistas contiene alrededor de 22.000 nombres, aunque esa cifra no implica que todos los incluidos respondan a casos de persecución política.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Memorial y OVD-Info, han sufrido la ampliación de estas medidas restrictivas. Su trabajo resulta particularmente incómodo para las autoridades porque documentan detenciones, procesos judiciales y abusos cometidos contra ciudadanos rusos.

El mecanismo descrito por Katzarova consiste en presentar determinadas formas de oposición pacífica como amenazas para la seguridad nacional. Una vez que una persona u organización recibe esa consideración, las autoridades disponen de un argumento para justificar investigaciones, restricciones o procedimientos penales.

La guerra de Ucrania alimenta el endurecimiento del régimen

Para la relatora, la guerra contra Ucrania y la represión dentro de Rusia están directamente relacionadas.

Su interpretación es que el debilitamiento de la sociedad civil y de los mecanismos de control democrático ha permitido al Kremlin sostener la ofensiva militar con menos oposición interna. Al mismo tiempo, el conflicto proporciona a las autoridades argumentos de seguridad nacional para aprobar medidas cada vez más restrictivas.

La consecuencia es un círculo difícil de romper: se limita la crítica para proteger la política militar y después se utiliza la propia guerra para justificar nuevas limitaciones de derechos.

Este proceso afecta también a colectivos que no participan directamente en la actividad política. La experta ha advertido sobre la situación de comunidades indígenas, personas LGTBI, profesionales del derecho y ciudadanos que manifiestan posiciones contrarias a la invasión.

Los menores también sufren las consecuencias

El último informe incorpora otra preocupación: la creciente militarización de la infancia y el endurecimiento de las medidas penales contra adolescentes.

Según los datos expuestos ante Naciones Unidas, cerca de 1.100 personas fueron incorporadas al registro ruso de terroristas y extremistas cuando todavía eran menores de edad, la mayoría desde febrero de 2022.

Katzarova también ha advertido del aumento del peso de la formación militar en el sistema educativo y ha recordado que la responsabilidad penal por terrorismo puede comenzar a los 14 años.

La relatora considera que estas medidas forman parte de un modelo en el que la preparación militar y la persecución penal adquieren una importancia creciente desde edades tempranas.

La relatora de la ONU denuncia que Rusia le impide entrar en el país

La propia Mariana Katzarova se enfrenta a importantes restricciones para desarrollar su mandato.

Durante su comparecencia del martes explicó que las autoridades rusas no le permiten visitar el territorio nacional, pese a haber solicitado autorización mediante una carta dirigida al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

La experta también denunció que el Gobierno ruso no ha respondido a sus informes sobre derechos humanos, aunque recibe los documentos antes de su publicación.

Esta falta de cooperación dificulta la investigación directa, pero no ha impedido que Katzarova continúe documentando posibles vulneraciones mediante entrevistas con víctimas, familiares, abogados y organizaciones que trabajan dentro y fuera de Rusia.

La relatora ha explicado que contrasta los testimonios con diferentes fuentes antes de incorporarlos a sus investigaciones. Se trata de un procedimiento especialmente importante cuando el acceso independiente al país está restringido.

Katzarova también relató un episodio ocurrido después de presentar su informe sobre represión transnacional. Según explicó, el defensor del pueblo de Chechenia difundió un montaje en el que aparecía junto a ella y la acusó de defender a extremistas y terroristas, sugiriendo que la propia relatora pertenecía a ese entorno.

La experta reconoció que la situación le había resultado intimidatoria. El episodio refleja precisamente uno de los mecanismos que denuncia: desacreditar a quienes investigan los abusos mediante acusaciones relacionadas con el terrorismo o el extremismo.

Naciones Unidas plantea nuevas medidas para proteger a los exiliados

Ante la expansión de estas prácticas, Katzarova ha propuesto avanzar hacia una convención internacional contra la represión transnacional.

La iniciativa pretende establecer obligaciones comunes para que los Estados protejan a quienes sufren persecución política procedente de otros países. No se trata de un tratado aprobado, sino de una propuesta que necesitaría negociación y respaldo internacional.

Entre las medidas defendidas por la relatora figuran una revisión rigurosa de las solicitudes de extradición por motivos políticos, una mayor protección de los exiliados y controles para impedir que los registros nacionales de terrorismo se utilicen automáticamente como prueba contra personas residentes en el extranjero.

También reclama que los Estados preserven las pruebas de posibles delitos, sancionen a los responsables cuando corresponda y utilicen los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad.

La protección de periodistas, opositores y defensores de derechos humanos adquiere así una dimensión que supera el territorio ruso. Los países que reciben a estas personas pueden convertirse en escenarios de presión política si no existen garantías suficientes contra la persecución exterior.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prorrogó el pasado 6 de octubre el mandato de Katzarova durante otro año, lo que permitirá mantener la supervisión internacional de la situación rusa.

La denuncia presentada este martes deja una advertencia de fondo: el exilio no garantiza por sí solo la seguridad de quienes se enfrentan al Kremlin. La capacidad de un Estado para perseguir a sus críticos fuera de sus fronteras pone a prueba también la protección de los derechos fundamentales en los países que los acogen.