Perú aprueba expulsiones y prohíbe maquillaje en colegios públicos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha firmado este sábado, 7 de noviembre de 2026, un decreto supremo que endurece las normas de disciplina en los colegios del país. La reforma permite expulsar a estudiantes por infracciones muy graves o comportamientos reiterados, restringe el uso de teléfonos móviles y establece nuevas exigencias sobre la apariencia personal, entre ellas la prohibición del maquillaje, el pelo teñido y determinados accesorios en los centros públicos.

Los nuevos Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica afectan tanto a colegios públicos como privados, aunque las restricciones sobre vestimenta y aspecto físico no serán idénticas. El Gobierno recupera un sistema que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde una advertencia verbal hasta la expulsión definitiva del centro. Esta última medida deberá acompañarse de garantías para que el menor pueda continuar sus estudios.

La firma se ha celebrado en el colegio Alfonso Ugarte, situado en el distrito limeño de San Isidro, con la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang, y representantes de la comunidad educativa. Fujimori ha defendido la recuperación de la autoridad de los profesores como una condición necesaria para mejorar la convivencia y combatir la violencia escolar.

La decisión culmina una iniciativa anunciada el pasado 12 de octubre, después de varios episodios que habían reabierto el debate sobre la seguridad de los menores en los centros educativos peruanos. La reforma no se limita a perseguir las agresiones y el acoso: también regula aspectos cotidianos como la indumentaria, el uso de dispositivos electrónicos y la conducta dentro del aula.

Perú recupera la expulsión escolar para las faltas más graves

El cambio más importante es la posibilidad de aplicar la expulsión definitiva cuando el comportamiento de un estudiante resulte incompatible con su permanencia en el centro.

El decreto contempla tres situaciones que pueden justificarla: acumular tres suspensiones durante un mismo año, cometer una infracción muy grave que merezca esa sanción o mantener conductas reiteradas que hagan inviable continuar en el colegio.

No significa que cualquier comportamiento inadecuado vaya a provocar una expulsión automática. El reglamento establece una escala de medidas disciplinarias que deberá aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Las sanciones incluyen amonestaciones, reparación de los daños causados, restricciones temporales de determinadas actividades, separación del aula bajo supervisión pedagógica y suspensiones de hasta tres días hábiles. También se contempla la matrícula condicional, que supedita la continuidad del alumno al cumplimiento de determinadas exigencias de conducta.

Los profesores podrán imponer advertencias verbales y deberán comunicar las infracciones graves a la dirección. La responsabilidad de decidir las sanciones más importantes recaerá en los directores de los centros.

Acoso escolar, violencia sexual y amenazas: las faltas más graves

La nueva normativa distingue entre comportamientos que alteran la convivencia y actuaciones que representan un peligro especialmente importante para los alumnos o el personal educativo.

Entre las faltas graves figuran las agresiones físicas sin lesiones, la violencia psicológica, las amenazas, las humillaciones y la difusión indebida de información personal. También se incluyen las ausencias de puntualidad injustificadas y reiteradas, la reincidencia en infracciones leves y determinadas conductas relacionadas con sustancias prohibidas.

La regulación presta especial atención a los desafíos y apuestas entre estudiantes cuando puedan poner en peligro su integridad. Se trata de una respuesta a comportamientos que pueden producirse tanto dentro de los centros como a través de las redes sociales.

El ciberacoso y la violencia sexual reciben el tratamiento más severo

En la categoría de faltas muy graves aparecen el acoso escolar y el ciberacoso que afecten a la integridad de los estudiantes, las agresiones sexuales, la discriminación, la extorsión y el tráfico de drogas.

También se consideran especialmente graves la tenencia o utilización de armas, la fabricación de artefactos explosivos, el robo, la falsificación de documentos y la suplantación de identidad en plataformas digitales.

El decreto incluye expresamente la difusión no autorizada de fotografías, grabaciones de audio o datos privados cuando se vulnere la intimidad de integrantes de la comunidad educativa.

Cuando los hechos puedan constituir un delito, los responsables del centro deberán informar inmediatamente a la Policía Nacional o al Ministerio Público. La intervención de las autoridades educativas no sustituye, por tanto, las actuaciones judiciales que correspondan.

Móviles, maquillaje y pelo largo: las nuevas prohibiciones

Uno de los aspectos más llamativos de la reforma afecta a la presentación personal de los estudiantes. El Gobierno peruano establece restricciones sobre la apariencia en los colegios públicos que van más allá de las habituales exigencias de uniforme e higiene.

Los alumnos de estos centros no podrán utilizar maquillaje ni accesorios como pendientes, piercings, anillos, cadenas o pulseras. También se prohíben los tatuajes, el cabello teñido y las faldas escolares que queden por encima de la rodilla.

La regulación establece diferencias entre chicos y chicas. Las alumnas deberán llevar el pelo ordenado, mientras que los alumnos varones tendrán que presentarse con el cabello recortado y afeitados.

En los colegios privados, las restricciones sobre apariencia deberán figurar expresamente en el reglamento interno de cada institución y comunicarse a las familias. Las exigencias generales de higiene y vestimenta adecuada, en cambio, se aplicarán a ambos tipos de centros.

Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse con autorización

La reforma también limita el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante las actividades escolares.

El texto considera falta grave utilizar teléfonos u otros aparatos tecnológicos para fines ajenos al aprendizaje sin autorización. Esto permite distinguir entre un dispositivo empleado como herramienta educativa y otro utilizado para distraerse, grabar a compañeros o realizar actividades no permitidas.

No se trata, por tanto, de una prohibición absoluta de cualquier tecnología dentro del colegio. La norma contempla el uso autorizado con fines educativos, aunque endurece las consecuencias del incumplimiento.

Esta regulación se suma a las restricciones sobre teléfonos móviles que Perú había desarrollado durante los meses anteriores, dentro de una política destinada a reducir las distracciones y los problemas de convivencia relacionados con el uso de pantallas.

Vuelve la nota de conducta de 0 a 20 puntos

Otra novedad es el regreso de una calificación específica de conducta, independiente de los resultados académicos.

Fujimori ha anunciado que los estudiantes volverán a recibir una nota de comportamiento mediante una escala de 0 a 20 puntos, en la que el 11 será la calificación mínima aprobatoria.

La evaluación estará acompañada de una observación del profesor para explicar el resultado. De esta manera, las familias podrán conocer no solo la puntuación obtenida, sino también la valoración del comportamiento del alumno.

La recuperación de esta nota busca reforzar el seguimiento de las normas de convivencia, aunque todavía quedan por concretar los criterios detallados con los que se asignarán las puntuaciones a cada conducta.

Durante la presentación del decreto, la presidenta explicó que el Ministerio de Educación había recibido más de 6.000 recomendaciones durante la fase de consultas públicas previa a su aprobación.

Los alumnos expulsados deberán poder continuar estudiando

El endurecimiento disciplinario incorpora una garantía importante: la expulsión de un colegio no puede traducirse en la pérdida del derecho a la educación.

Antes de imponer una sanción, las autoridades escolares deberán valorar la edad y el grado de desarrollo del estudiante, sus antecedentes, las circunstancias de la infracción y el daño causado.

También tendrán que escuchar la versión del alumno y comunicar formalmente la decisión a sus padres o representantes legales. La gravedad de una conducta no elimina la obligación de aplicar un procedimiento adecuado.

Cuando se acuerde una separación definitiva, el director deberá informar a la correspondiente Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), encargada de facilitar una alternativa para que el menor continúe su formación en un centro público y en la modalidad educativa que corresponda.

El reglamento también establece límites expresos a la autoridad de los profesores. Quedan prohibidos los castigos físicos, las humillaciones, los insultos, las burlas y cualquier tratamiento degradante.

Tampoco se podrá privar a los alumnos de alimentos, agua, acceso al baño, descanso o atención sanitaria. Los centros tendrán que mantener los apoyos necesarios para los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas específicas.

La distinción resulta fundamental: el nuevo sistema permite sanciones más severas, pero no autoriza a los colegios a utilizar cualquier procedimiento para imponer disciplina.

Una denuncia de agresión sexual precipitó el endurecimiento

La reforma está relacionada con un episodio que provocó una fuerte conmoción en Perú el pasado septiembre.

El día 15 de ese mes trascendió la denuncia de una presunta violación de un estudiante de 16 años por parte de varios compañeros del Liceo Naval Almirante Guise, un centro educativo que estaba administrado por la Marina de Guerra peruana.

La justicia ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por los hechos. Se trataba de una medida cautelar, no de una condena.

El caso abrió una discusión nacional sobre los mecanismos de prevención de la violencia sexual entre menores, la responsabilidad de los centros educativos y la capacidad de las autoridades para intervenir ante situaciones especialmente graves.

El Ejecutivo ordenó reorganizar el colegio y trasladó temporalmente su administración al Ministerio de Educación hasta 2027. El ministro José Antonio Chang ha sostenido que la intervención permitió recuperar la disciplina en la institución.

Semanas después, el 12 de octubre, Fujimori presentó su propuesta para modificar las normas de convivencia escolar. El texto se sometió a consultas y recibió aportaciones antes de su firma definitiva este 7 de noviembre.

La presidenta también ha anunciado iniciativas para fomentar la lectura durante el curso y las vacaciones escolares, junto con su intención de ampliar el acceso a internet por satélite en los colegios peruanos.

Seguridad, autoridad y derechos en las aulas peruanas

La reforma supone un cambio significativo en la manera de gestionar la disciplina escolar en Perú. Los directores tendrán mayor capacidad para adoptar medidas severas y los profesores dispondrán de un marco más explícito para exigir el cumplimiento de las normas.

El sistema diferencia entre comportamientos que amenazan directamente la seguridad de los estudiantes y cuestiones relacionadas con la presentación personal. No es lo mismo una agresión sexual que llevar el pelo teñido, y la propia clasificación de las infracciones obliga a distinguir entre ambas situaciones.

La aplicación de las nuevas medidas deberá respetar los principios de proporcionalidad, las garantías de los menores y la continuidad de su educación.

El Gobierno de Fujimori apuesta por reforzar la autoridad escolar mediante normas más estrictas, sanciones graduadas y controles sobre la conducta y la apariencia. Su eficacia dependerá de cómo se apliquen en los centros y, especialmente, de su capacidad para prevenir la violencia escolar sin convertir la disciplina en un obstáculo para el derecho a estudiar.