Un pederasta reincidente acepta 20 años por abusar de cinco niñas

Un pederasta reincidente ha aceptado 20 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de entre 7 y 9 años en la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet, en Barcelona. Los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando el hombre disfrutaba de libertad condicional tras haber sido condenado por otros delitos sexuales contra menores en Terrassa. La Audiencia de Barcelona ha acogido este lunes, 26 de octubre de 2026, el acuerdo alcanzado entre las partes, que ha evitado la celebración del juicio.

El acusado, identificado como Carles S., ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de la que cumplirá 12 años en prisión, además de indemnizar a las víctimas con 44.000 euros. La Fiscalía reclamaba inicialmente 38 años de cárcel, pero la petición se ha reducido después de que las acusaciones y la defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad. El caso vuelve a situar en el centro del debate el control judicial de los delincuentes sexuales reincidentes, especialmente cuando existen advertencias sobre el riesgo de que vuelvan a cometer delitos.

La nueva condena se suma a una trayectoria penal que ya había provocado preocupación en Cataluña. El hombre había sido condenado en 2016 a 14 años de prisión por delitos sexuales contra menores en Terrassa. Pese a estos antecedentes, volvió a cometer abusos mientras se encontraba en libertad condicional. Tras su posterior excarcelación definitiva, las autoridades penitenciarias advirtieron de que presentaba un elevado riesgo de reincidencia.

La Fiscalía pedía 38 años de cárcel, pero acepta reducir la pena

El acuerdo judicial se ha cerrado entre la Fiscalía, la defensa del procesado, las familias de las cinco víctimas, personadas como acusación particular, y el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, que ejercía la acusación popular.

La petición inicial del Ministerio Público ascendía a 38 años de prisión y 54.000 euros en indemnizaciones. Finalmente, la pena acordada se ha establecido en 20 años, con 12 de cumplimiento efectivo en prisión, y una compensación económica total de 44.000 euros.

La reducción responde a varios factores jurídicos. Por una parte, el acusado ha reconocido los hechos que se le atribuían. También se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, relacionada con la duración excesiva del procedimiento judicial.

Otro elemento determinante ha sido la modificación de la calificación penal de dos de los cinco delitos.

Las grabaciones de la piscina influyeron en el acuerdo

En dos de los episodios investigados, las acusaciones han aceptado modificar la calificación de agresión sexual a abuso sexual.

La decisión se ha adoptado después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de las instalaciones y las declaraciones de las menores. Según la información conocida durante el procedimiento, estas pruebas no permitían establecer con suficiente claridad que ambos episodios pudieran calificarse como agresiones sexuales.

Esta distinción jurídica ha influido en la pena finalmente aceptada. No significa que se hayan descartado los hechos denunciados, sino que se ha modificado su encaje penal dentro del acuerdo.

La conformidad judicial permite cerrar el procedimiento sin celebrar el juicio previsto y evita que las niñas tengan que afrontar una nueva fase de declaraciones durante la vista oral.

Los abusos se produjeron durante tres semanas en una piscina municipal

Los hechos se remontan a agosto de 2022. Durante aproximadamente tres semanas, Carles S. acudió a las piscinas de Sant Vicenç de Castellet, donde se ganó la confianza de varias menores antes de realizarles tocamientos de carácter sexual.

Las víctimas tenían entre 7 y 9 años. El hombre se encontraba entonces en libertad condicional, después de haber cumplido una parte de la condena que le habían impuesto por otros delitos sexuales contra menores en Terrassa.

Aquella sentencia, dictada en 2016, establecía 14 años de cárcel, aunque el máximo de cumplimiento efectivo era de aproximadamente siete años y medio.

Tras conocerse las nuevas denuncias, el hombre fue detenido. Las familias solicitaron su ingreso en prisión provisional, pero el juzgado descartó adoptar esa medida. Sí se revocó la libertad condicional de la que disfrutaba.

La situación provocó inquietud entre los familiares de las menores y en el municipio, donde las denuncias habían puesto el foco sobre la posibilidad de que un delincuente sexual con antecedentes volviera a actuar contra niñas de corta edad.

Salió de prisión pese a la advertencia de un elevado riesgo de reincidencia

La controversia judicial no terminó con aquella detención. Aproximadamente tres meses después, en noviembre de 2022, Carles S. recuperó la libertad definitiva al completar el cumplimiento de su primera condena.

El Departamento de Justicia de la Generalitat había advertido a la Fiscalía de Barcelona de que el hombre presentaba un riesgo elevado de reincidencia. El aviso pretendía facilitar la adopción de las medidas de seguimiento correspondientes.

El condenado tenía pendiente una pena accesoria de siete años de libertad vigilada. Sin embargo, abandonó la prisión sin que estuvieran concretadas las medidas judiciales destinadas a garantizar ese control.

La situación generó una nueva controversia sobre la coordinación entre la administración penitenciaria y los órganos judiciales. No se discutía únicamente la salida de prisión de una persona que había cumplido su condena, sino la aplicación de las restricciones y obligaciones que debían acompañarla.

La Audiencia rechazó imponerle una pulsera telemática

La Fiscalía solicitó que el agresor sexual fuera controlado mediante una pulsera de localización telemática, una medida destinada a supervisar sus movimientos y facilitar el cumplimiento de determinadas restricciones.

La Audiencia de Barcelona rechazó esa petición. En su lugar, estableció otras condiciones de vigilancia, entre ellas la obligación de participar en un programa de reeducación sobre violencia sexual, comparecer periódicamente ante la autoridad judicial y mantenerse alejado de espacios frecuentados por menores.

La decisión sobre la pulsera llegó después de que se hubieran denunciado los abusos cometidos durante el verano de 2022.

Ese orden de los acontecimientos es importante: las advertencias sobre el riesgo de reincidencia y el debate acerca del control telemático se produjeron tras los nuevos hechos investigados, cuando el hombre estaba terminando de cumplir su primera condena.

Las familias aceptan el acuerdo y las víctimas recibirán 44.000 euros

Las familias de las cinco menores y el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet han expresado su satisfacción con el acuerdo, especialmente porque implica el ingreso en prisión del acusado.

Uno de los padres resumió su valoración con una frase: «Por lo menos entra».

Otra madre explicó que la principal preocupación de las familias era conseguir la mayor pena de prisión posible, teniendo en cuenta los antecedentes del procesado. Las indemnizaciones quedaban en un segundo plano frente a la necesidad de impedir que volviera a cometer delitos semejantes.

El acuerdo contempla una compensación total de 44.000 euros, distribuida de forma diferente entre las cinco víctimas: dos recibirán 10.000 euros cada una y las otras tres, 8.000 euros por menor.

La pena aceptada también incorpora medidas de protección que continuarán vigentes después de su salida de prisión.

Durante los diez años posteriores a su excarcelación, el condenado tendrá prohibido comunicarse con las víctimas o acercarse a menos de 500 metros de ellas. En ese mismo periodo permanecerá sometido a libertad vigilada.

Asimismo, ha aceptado una inhabilitación especial para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores de edad.

Estas restricciones buscan proteger a las víctimas una vez cumplida la pena de cárcel y limitar las situaciones en las que el condenado pueda volver a tener acceso a menores.

La reincidencia reabre el debate sobre el control de los delincuentes sexuales

El caso de Sant Vicenç de Castellet vuelve a plantear una cuestión especialmente delicada para el sistema judicial: cómo actuar cuando una persona condenada por delitos sexuales contra menores termina su pena de prisión, pero continúa presentando un riesgo significativo de reincidencia.

El cumplimiento de las penas y el respeto a los derechos individuales forman parte de las garantías de un Estado de derecho. También lo hace la obligación de proteger a las posibles víctimas mediante las herramientas legales disponibles, especialmente cuando existen antecedentes y evaluaciones penitenciarias que advierten de un riesgo elevado.

En este procedimiento confluyen precisamente esos elementos. El acusado había sido condenado por delitos anteriores, cometió nuevos abusos durante la libertad condicional y posteriormente recuperó la libertad definitiva mientras seguían pendientes decisiones sobre las condiciones concretas de su vigilancia.

La condena de 20 años aceptada este lunes establece una respuesta penal a los abusos cometidos contra las cinco niñas. También deja sobre la mesa el debate sobre la eficacia de los mecanismos de seguimiento que deben aplicarse a los agresores sexuales reincidentes cuando abandonan la prisión.

Para las familias de Sant Vicenç de Castellet, el acuerdo supone el final del procedimiento judicial sin necesidad de celebrar el juicio. Cuatro años después de los abusos, su principal reclamación era que el responsable volviera a ingresar en prisión y que se establecieran medidas para proteger a sus hijas cuando recuperase la libertad.