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Economía

Francia vota gravar con 5,5 céntimos cada gigabyte de las plataformas

Una propuesta aprobada en la Asamblea francesa plantea cobrar 0,055 euros por cada gigabyte enviado por grandes proveedores de contenidos digitales.

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cada gigabyte digital

Resumen

  • Francia vota una tasa de 0,055 euros por gigabyte para grandes plataformas
  • Netflix, Google, Meta, Amazon y Akamai están en el centro de la medida
  • El impuesto aún debe superar más trámites antes de entrar en vigor

Francia ha dado un primer paso para crear una tasa de 0,055 euros por cada gigabyte de datos enviado a los internautas por proveedores de contenidos digitales. La Asamblea Nacional aprobó el 30 de octubre un amendement al proyecto de presupuestos para 2027 que apunta especialmente a grandes compañías como Google, Meta, Amazon, Netflix y Akamai. No significa, sin embargo, que el nuevo impuesto esté ya definitivamente aprobado ni en vigor.

El mecanismo cambia bastante respecto a los impuestos digitales habituales: no se calcularía sobre los beneficios o los ingresos de las plataformas, sino sobre la cantidad de datos transmitidos. Cada gigabyte computado generaría una cuota de 5,5 céntimos para la empresa que lo envía. Los usuarios franceses no serían los contribuyentes directos, aunque queda abierta la posibilidad de que algunas compañías trasladen parte del coste a sus precios.

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Una tasa que convierte los gigabytes en base imponible

La propuesta introduce en el Código General de Impuestos francés una denominada tasa sobre los productores de datos digitales. El sujeto obligado sería el proveedor que envía los contenidos y no el operador de telecomunicaciones que los transporta hasta el cliente.

Eso coloca en el centro del sistema a servicios de vídeo, redes sociales, plataformas de comercio electrónico, distribuidores de videojuegos o grandes proveedores de contenidos. El planteamiento señala especialmente a Google, Meta, Amazon, Netflix y Akamai, compañías que concentran una parte especialmente elevada del tráfico que llega a las conexiones francesas.

El cálculo sería sencillo sobre el papel. 100 GB supondrían 5,50 euros de impuesto para la empresa que los hubiese enviado; 1.000 GB, antes de aplicar los límites previstos, equivaldrían a 55 euros. No es una tarifa que vaya a aparecer automáticamente en la factura del cliente, una diferencia importante frente a algunas interpretaciones que han acompañado al debate.

Los operadores medirían el tráfico, pero no pagarían la tasa

Orange, Free, SFR y el resto de proveedores de acceso tendrían una función bastante menos agradecida: convertirse, en la práctica, en los encargados de medir los volúmenes de datos que llegan a sus clientes.

El amendement establece una recogida consolidada y anonimizada de las cantidades de datos transmitidas, bajo supervisión del regulador francés de telecomunicaciones y de la administración tributaria. Esa información se trasladaría periódicamente al fisco para determinar cuánto corresponde pagar a cada proveedor.

La norma especifica que no podría exigirse información sobre el contenido concreto de los datos ni sobre su destino individual. El objetivo sería identificar al emisor y contabilizar el volumen transmitido, no saber qué película ve una persona, qué página consulta o qué archivo descarga. Las condiciones técnicas concretas tendrían que desarrollarse posteriormente.

También se contemplan los llamados CDN, las redes de distribución de contenidos que almacenan vídeos, imágenes y otros archivos cerca de los usuarios para acelerar la entrega. Utilizar estas infraestructuras no permitiría esquivar el gravamen: el volumen seguiría computándose a partir de los flujos enviados.

Netflix, Google y Meta, en el centro del debate

La propuesta parte de una realidad conocida de la infraestructura digital: una parte enorme del tráfico de internet procede de un número relativamente pequeño de compañías. Google, Meta, Amazon, Netflix y Akamai representarían aproximadamente la mitad del volumen tomado como referencia en la iniciativa.

De ahí que sus promotores presenten el impuesto como una forma de hacer contribuir más a las grandes multinacionales digitales cuya actividad atraviesa continuamente las redes francesas. La lógica es distinta a la de otras tasas tecnológicas: en este caso, cuanto más volumen de información se envía, mayor es inicialmente la factura fiscal.

La idea tiene una peculiaridad. Dos compañías con ingresos semejantes podrían acabar soportando cargas muy distintas dependiendo de la cantidad de datos que transmiten. Una plataforma de vídeo en 4K mueve muchísimo más tráfico que un servicio basado principalmente en texto. Y ahí empieza una de las partes más delicadas de la propuesta.

El impuesto tendría un límite para evitar cifras desorbitadas

El texto introduce un tope vinculado a la facturación para impedir que el cálculo puro por gigabytes genere importes desproporcionados. Ese límite resulta especialmente relevante para actividades como el streaming o los videojuegos, donde el volumen transmitido puede ser enorme en relación con el precio que paga el cliente.

Sin ese techo, el cálculo mecánico de 0,055 euros por gigabyte podría producir cifras difíciles de encajar con determinados modelos de negocio. Una película, un partido retransmitido en alta resolución o una descarga de decenas de gigabytes tendrían un coste fiscal muy distinto al de una búsqueda o un mensaje de texto.

Los promotores de la iniciativa han manejado una recaudación potencial de alrededor de 10.000 millones de euros anuales, partiendo del enorme volumen de datos que reciben cada año los abonados franceses. El Gobierno, contrario a la medida, ha cuestionado que el impacto pueda limitarse exclusivamente a los grandes gigantes tecnológicos.

El riesgo de que el coste termine en los precios

El usuario no pagaría jurídicamente la tasa. Otra cuestión es quién acaba soportando económicamente su coste. Una compañía puede absorber el impuesto reduciendo su margen, mejorar la compresión para transmitir menos información o repercutir una parte en sus tarifas.

En servicios gratuitos financiados mediante publicidad, esa traslación podría producirse por otras vías, como mayores precios para anunciantes o ajustes en el negocio. Precisamente uno de los principales argumentos contra la propuesta es que las plataformas pueden trasladar el coste a consumidores, proveedores o empresas que dependen de sus servicios.

Netflix ilustra bien el dilema. Una película reproducida en alta definición requiere muchos más datos que consultar un buscador o leer mensajes. Si el tributo se mantiene, las plataformas intensivas en vídeo tendrían un incentivo directo para comprimir mejor sus contenidos, ajustar sus sistemas de distribución o revisar precios.

Los defensores de la medida consideran que esa presión podría aportar también un componente ambiental al reducir el volumen de datos que circula innecesariamente por las redes. El efecto real, claro, dependería de cómo reaccionen las empresas y de la configuración definitiva del impuesto.

La votación salió adelante por apenas un voto

La iniciativa estuvo muy lejos de obtener un respaldo abrumador. El amendement fue aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra, un resultado que refleja hasta qué punto la nueva fiscalidad digital divide a la Asamblea francesa.

La estrechez de la votación importa porque la medida forma parte del proyecto de presupuestos para 2027 y todavía tiene que superar el resto del procedimiento parlamentario. Puede ser modificada, eliminada o sustituida antes de que exista una norma definitiva.

Por ese motivo, Francia no está cobrando actualmente 5,5 céntimos por gigabyte a Netflix, Google o Meta. Lo aprobado es una propuesta dentro de una tramitación presupuestaria todavía abierta. La diferencia puede parecer burocrática, pero es esencial: una votación favorable no equivale todavía a un impuesto plenamente vigente.

Un nuevo frente para la fiscalidad de las grandes tecnológicas

La votación francesa recupera un debate que lleva años recorriendo Europa: cómo conseguir que los grandes proveedores digitales contribuyan en mayor medida en los mercados donde operan. Francia plantea, al menos provisionalmente, una fórmula particularmente llamativa: convertir el tráfico de internet en una magnitud fiscal.

En lugar de discutir únicamente dónde declara beneficios una multinacional o cuánto factura en un país, la administración mediría algo mucho más tangible: los gigabytes que llegan a los usuarios. Para las plataformas de vídeo, redes sociales y distribución digital, esa diferencia no es menor.

Una propuesta pequeña por gigabyte, enorme a escala de internet

Cinco céntimos y medio por gigabyte parecen poca cosa cuando se observan de forma aislada. Multiplicados por miles de millones de gigabytes, la dimensión cambia por completo. Ahí reside tanto el atractivo político de la propuesta como buena parte de las dudas sobre sus consecuencias económicas.

La medida todavía puede cambiar durante la tramitación del presupuesto francés. Si sobrevive, Francia estaría abriendo una vía poco habitual para gravar a las plataformas: no por el beneficio que declaran ni simplemente por su facturación, sino por la cantidad de datos que hacen circular hasta millones de pantallas y dispositivos.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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