Las universidades inglesas pagarán 925 libras por alumno extranjero

El Gobierno británico prepara un nuevo impuesto que obligará a las universidades de Inglaterra a pagar 925 libras anuales, unos 1.100 euros, por cada estudiante internacional que supere el límite exento establecido. La medida, prevista para el 1 de agosto de 2028, pretende financiar becas y programas educativos, aunque ha provocado inquietud entre las instituciones universitarias por sus posibles consecuencias económicas.

El gravamen, denominado International Student Levy, no se cobrará directamente a los estudiantes, sino a los centros de enseñanza superior. Sin embargo, las universidades podrían trasladar parte de ese coste a las matrículas de los alumnos extranjeros. De momento, no existe ninguna subida general obligatoria asociada a este impuesto.

La propuesta incluye una excepción importante: los primeros 220 estudiantes internacionales de cada institución estarán exentos. Solo se aplicará el cargo a partir de esa cifra. El Gobierno laborista sostiene que el dinero recaudado permitirá ampliar las ayudas educativas, mientras las universidades advierten de que la medida podría perjudicar su capacidad para atraer talento extranjero. La iniciativa sigue pendiente de aprobación parlamentaria.

Cuánto tendrán que pagar las universidades desde 2028

El sistema establece una cantidad fija de 925 libras por estudiante internacional y curso académico. A diferencia de otros tributos calculados como un porcentaje de los ingresos, este impuesto tendrá inicialmente el mismo importe por alumno, independientemente de la universidad o de las tasas de matrícula que cobre.

El cálculo será relativamente sencillo. Una universidad inglesa con 1.000 alumnos extranjeros tendrá 220 plazas exentas y pagará por los 780 restantes. Su factura anual ascendería a 721.500 libras, aproximadamente 860.000 euros con el cambio utilizado en las estimaciones publicadas.

Para una institución que matricule a 5.000 estudiantes internacionales, el coste alcanzaría los 4.421.500 libras anuales, siempre que se mantengan el importe y las exenciones previstos.

El Ejecutivo contempla actualizar el gravamen conforme a la inflación. Eso significa que las 925 libras iniciales podrían aumentar en ejercicios posteriores.

La entrada en vigor está prevista para el curso 2028-2029, aunque los centros abonarán las cantidades correspondientes con un año de retraso, una vez recopilados los datos de matriculación. El objetivo es darles cierto margen para organizar sus presupuestos.

La nueva tasa también afectará a estudiantes ya matriculados

Uno de los aspectos relevantes de la reforma es que no se limita a quienes lleguen a Inglaterra por primera vez en 2028. El proyecto legislativo contempla también a estudiantes internacionales que hayan iniciado sus estudios anteriormente y continúen matriculados cuando entre en vigor el impuesto.

La obligación económica dependerá de los alumnos computables durante cada curso, de las exenciones aplicables y de la situación de cada institución.

El sistema también diferencia entre los estudiantes considerados nacionales a efectos de las tasas universitarias y quienes tienen la condición de internacionales. Esa clasificación resulta especialmente importante para los ciudadanos europeos tras el Brexit.

Qué supone para los estudiantes españoles

Los españoles que quieran cursar una carrera o un posgrado en Inglaterra no tendrán que pagar directamente las 925 libras al Gobierno británico. La obligación corresponderá a la universidad en la que se matriculen.

Otra cuestión es cómo reaccionarán los centros. Las universidades inglesas pueden establecer sus propias tarifas para estudiantes internacionales, por lo que algunas podrían decidir aumentar los precios de matrícula para compensar los nuevos costes.

Desde el Brexit, muchos estudiantes procedentes de España y otros países de la Unión Europea están sujetos a las tarifas internacionales. Existen excepciones vinculadas, entre otras circunstancias, al derecho de residencia y al estatus migratorio.

Por eso, para un estudiante español que esté preparando su ingreso en una universidad inglesa, lo relevante será consultar las tasas correspondientes a su curso y su clasificación como alumno nacional o internacional. La nacionalidad, por sí sola, no determina todas las condiciones económicas.

Conviene distinguir también entre Inglaterra y el conjunto del Reino Unido. El impuesto está diseñado para instituciones inglesas. Las universidades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte no quedan incluidas en su ámbito actual.

El Gobierno espera recaudar cientos de millones para financiar becas

El Ejecutivo británico calcula que el nuevo gravamen podría generar 445 millones de libras durante el curso 2028-2029. Las previsiones aumentan a 465 millones en 2029-2030 y 480 millones en 2030-2031.

El dinero se destinará a financiar programas de educación superior y formación profesional, particularmente a recuperar ayudas de manutención para estudiantes con dificultades económicas.

Estas becas pretenden facilitar el acceso a la universidad a personas procedentes de hogares con menos recursos, especialmente en titulaciones vinculadas a las necesidades económicas y profesionales del país.

La propuesta plantea, en definitiva, que una parte de los ingresos obtenidos gracias a la internacionalización universitaria contribuya a sostener el sistema educativo británico.

El debate está en determinar si ese modelo permitirá recaudar lo previsto o terminará perjudicando una de las actividades que más recursos aporta a las universidades.

Las universidades temen perder estudiantes internacionales

La oposición del sector universitario se explica por una cuestión económica. Las matrículas de los estudiantes extranjeros suelen ser considerablemente más elevadas que las abonadas por quienes tienen derecho a las tarifas nacionales.

Esos ingresos permiten financiar docencia, investigación e instalaciones, además de parte de la actividad de unas instituciones que llevan años sometidas a presiones presupuestarias.

La asociación Universities UK ha cuestionado el gravamen y ha advertido de los riesgos de introducir nuevos costes en un mercado educativo internacional cada vez más competitivo.

El problema no se limita a pagar 925 libras por estudiante. Si las universidades absorben el impuesto, sus márgenes económicos se reducirán. Si deciden trasladarlo a las matrículas, podrían perder atractivo frente a universidades de otros países.

No todas las instituciones tendrán la misma capacidad para afrontar ese escenario. Los grandes centros con reconocimiento internacional pueden encontrarse en una situación diferente a la de universidades más dependientes de captar estudiantes extranjeros cada año.

El debate también ha llegado al Parlamento británico. Una comisión parlamentaria examinó las dificultades financieras del sector y recogió las objeciones de distintas instituciones ante la posibilidad de que el gravamen agrave sus problemas presupuestarios.

El Gobierno, por su parte, defiende que las universidades dispondrán de tiempo para adaptarse y que las exenciones protegerán especialmente a los centros pequeños.

El impuesto sigue pendiente de su aprobación definitiva

El plan no constituye un anuncio improvisado de octubre de 2026. La iniciativa se planteó durante 2025 y quedó concretada en los Presupuestos de aquel año. Posteriormente, el Gobierno publicó en julio de 2026 el proyecto legislativo y su respuesta a la consulta técnica.

El pasado 19 de octubre de 2026, el secretario de Estado de Educación Josh MacAlister volvió a defender la medida en una respuesta parlamentaria. Sostuvo que la recaudación se reinvertirá íntegramente en educación superior y formación.

También argumentó que las subidas previstas de los límites de las tasas universitarias nacionales, ajustadas a la inflación, podrían proporcionar unos 6.000 millones de libras adicionales a las instituciones durante cinco años, frente a un coste acumulado del nuevo gravamen inferior a 1.000 millones en ese periodo.

Son estimaciones oficiales que no eliminan las dudas sobre cómo se repartirán realmente los efectos económicos entre las distintas universidades.

Por ahora, la fecha prevista continúa siendo el 1 de agosto de 2028, condicionada a la aprobación parlamentaria y al desarrollo de las normas necesarias para su aplicación.

El Gobierno británico aspira a financiar más oportunidades educativas mediante una tasa sobre la presencia de alumnos internacionales. Para las universidades, el desafío será asumir ese coste sin encarecer sus estudios ni reducir su atractivo exterior. Y para los estudiantes extranjeros, incluidos los españoles, el verdadero impacto dependerá de las decisiones que adopte cada centro sobre sus futuras matrículas.