El padre de Meghan, bajo investigación por material de abuso infantil

El caso de Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, ha dejado de ser otra disputa familiar alrededor de la familia real británica. Las autoridades de Filipinas investigan si entre las pertenencias que dejó en Cebu había material de abuso sexual infantil, mientras especialistas examinan dispositivos electrónicos y soportes entregados a la policía. Markle, de 82 años, niega las acusaciones y hasta el 1 de noviembre de 2026 no se ha anunciado una imputación penal contra él.

El asunto tiene además una segunda vertiente en Reino Unido. La Policía Metropolitana de Londres ha reconocido que en enero de 2019 recibió una carta con acusaciones de posibles delitos cometidos fuera del país, pero decidió no trasladarlas entonces a otras fuerzas policiales. Scotland Yard se ha remitido a sí misma al organismo independiente que supervisa la conducta policial, el IOPC, que ha abierto una investigación.

Hay una precisión fundamental. No está acreditado que Meghan denunciara personalmente a su padre y fuera silenciada por la monarquía británica. La carta que desencadenó aquel episodio fue escrita por Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle y madre de Samantha y Thomas Markle Jr. Tampoco existe hasta el momento prueba pública de que Buckingham Palace ordenase archivar, ocultar o frenar las acusaciones.

Lo que sí está reconocido oficialmente es que la Policía Metropolitana conoció la carta, trasladó la información a los Sussex y no informó entonces a otras autoridades policiales. Esa actuación es una de las cuestiones que se examinan ahora.

Qué investiga la policía de Filipinas

El foco penal más inmediato está en Cebu, donde Thomas Markle residió durante un periodo antes de regresar a Estados Unidos por motivos médicos. Su hijo, Thomas Markle Jr., entregó a las autoridades varias cajas con pertenencias procedentes de la vivienda de su padre.

Entre el material había ordenadores, teléfonos y discos duros. Según la versión de Thomas Markle Jr., había localizado fotografías y vídeos que podían constituir material de abuso sexual infantil. Las autoridades filipinas abrieron entonces una investigación y especialistas comenzaron a estudiar los dispositivos.

Un tribunal de Cebu autorizó mediante una orden judicial el examen de los soportes electrónicos. Es un paso relevante: la existencia de un archivo ilícito en un ordenador no demuestra por sí sola quién lo descargó, quién lo almacenó o cuándo llegó al dispositivo. Precisamente eso es lo que deberá determinar el análisis forense.

Los investigadores tendrán que reconstruir metadatos, fechas, cuentas utilizadas e historiales, además de cualquier elemento que permita establecer la autoría o la posesión consciente del material. No basta con que un archivo aparezca físicamente en un disco vinculado a una persona.

Markle ha negado que esos archivos sean suyos y sostiene que, si se encuentra material ilegal en los dispositivos, pudo haber sido introducido por otras personas. Su hija Samantha también ha defendido públicamente esa posibilidad y ha señalado que algunos equipos permanecieron durante un tiempo fuera del control directo de su padre.

La presunción de inocencia no es una fórmula decorativa en un caso de esta gravedad. Por ahora existe una investigación, no una condena.

La carta que llegó a Scotland Yard en 2019

El otro elemento que ha cambiado la dimensión del caso es una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres en enero de 2019. Scotland Yard ha confirmado que el escrito llegó a una unidad vinculada a la protección de personas sometidas a amenazas.

Su autora era Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle. El documento contenía acusaciones sobre supuestos delitos cometidos fuera de Reino Unido y atribuía al padre de Meghan conductas sexuales con menores durante viajes al extranjero. Thomas Markle niega esas acusaciones.

Conviene mantener la terminología en su sitio. Que una carta describa a alguien como pedófilo o le atribuya relaciones sexuales con menores no convierte esa acusación en un hecho probado. Tampoco es correcto presentar a Markle como condenado por pederastia: no existe una sentencia que permita hacerlo.

Sí existe ahora algo diferente y verificable: una investigación sobre dispositivos electrónicos que presuntamente contienen material ilegal y una revisión independiente de la actuación de la policía británica en 2019.

Meghan recibió la información, pero no presentó aquella carta

La documentación conocida permite corregir una idea que ha circulado alrededor del caso. Meghan no fue la autora de la carta de 2019. Scotland Yard recibió directamente el escrito de Loveless y posteriormente trasladó la información a la oficina del duque y la duquesa de Sussex.

La policía británica no remitió entonces las acusaciones a agencias de Estados Unidos, México, Filipinas u otros países potencialmente competentes. Esa falta de comunicación entre autoridades es precisamente uno de los asuntos sometidos ahora a examen.

Meghan ha explicado que cuando conoció las acusaciones tuvo la impresión de que las autoridades estaban investigándolas. También ha relacionado su decisión de mantener a Thomas Markle alejado de sus hijos con la necesidad de proteger a Archie y Lilibet.

Existe una pequeña discrepancia cronológica. Meghan recordó inicialmente que el episodio se había producido en 2018, mientras que los registros policiales sitúan la recepción de la carta en enero de 2019. Esa es la fecha documental que se toma como referencia.

La relación entre Meghan y su padre llevaba años prácticamente rota y había sido presentada muchas veces como otra derivada del interminable enfrentamiento familiar de los Sussex. La nueva información añade un elemento que no era de conocimiento público cuando comenzó buena parte de aquella polémica: Meghan conocía desde 2019 acusaciones de enorme gravedad contra su padre, aunque no estuvieran demostradas.

Scotland Yard, bajo investigación independiente

El punto más delicado para las instituciones británicas no es que Scotland Yard recibiera una carta con acusaciones no verificadas. La cuestión es qué hizo después con esa información.

La propia Policía Metropolitana ha reconocido que no envió los detalles a otros cuerpos pese a que las acusaciones describían posibles delitos cometidos fuera de Reino Unido. Tras revisar internamente aquella actuación, la fuerza se remitió voluntariamente al Independent Office for Police Conduct, el organismo independiente encargado de supervisar la conducta policial.

Scotland Yard también ha comenzado a trasladar la información a distintas agencias extranjeras. Eso permite hablar de una posible mala gestión policial que está siendo investigada. No permite afirmar, con las pruebas públicas disponibles, que existiera una operación de la Casa Real para silenciar a Meghan.

No se ha publicado ninguna prueba que demuestre que Carlos III, Isabel II, Buckingham Palace o responsables de la institución monárquica ordenaran frenar una investigación. Tampoco se conoce con precisión qué responsables palaciegos tuvieron acceso al contenido completo de la carta.

Una cosa es una omisión policial reconocida por la propia policía. Otra, bastante más grave, sería una intervención política o de la Corona. Por el momento no existe evidencia pública que permita equiparar ambos escenarios.

De las acusaciones antiguas al material encontrado

La investigación filipina y la carta de 2019 son asuntos diferentes, aunque ahora hayan terminado conectados. La carta contenía acusaciones históricas formuladas por una exmujer de Thomas Markle. La investigación actual comenzó después de que Thomas Markle Jr. afirmara haber localizado material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre.

Thomas Markle Sr. ha reconocido públicamente haber pagado por mantener relaciones sexuales con mujeres adultas durante viajes anteriores a Filipinas, pero niega haber mantenido relaciones con menores y niega haber poseído material de abuso sexual infantil.

Ese matiz importa. El hecho reconocido no demuestra las acusaciones más graves. Tampoco puede darse por probado que los archivos denunciados pertenezcan realmente a Markle hasta que el análisis digital determine su procedencia y quién utilizó los dispositivos.

Ahí estará buena parte del caso: no solo qué contienen los discos, sino quién los utilizó, cuándo y para qué.

Qué puede pasar a partir de ahora

El escenario inmediato depende del análisis forense filipino. La legislación del país castiga la posesión y el acceso consciente a material de abuso o explotación sexual infantil. Si los investigadores concluyen que existen archivos ilícitos y consiguen pruebas suficientes para atribuir su posesión a Thomas Markle, la Fiscalía podría iniciar un procedimiento penal.

No es automático. Los investigadores deberán probar la vinculación entre el sospechoso y el material, resolver cualquier duda sobre quién tuvo acceso a los dispositivos y determinar dónde y cuándo se habrían producido las posibles conductas.

Estados Unidos puede entrar en la investigación

El caso tiene además una dimensión internacional porque Thomas Markle se encuentra en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses conocen las acusaciones y podrían prestar apoyo a los investigadores filipinos o estudiar si alguno de los hechos tendría relevancia bajo la legislación federal.

Filipinas y Estados Unidos mantienen un tratado bilateral de extradición. Eso no significa que Markle vaya a ser extraditado. Para llegar a ese punto tendría que existir primero un procedimiento penal, una acusación suficientemente sustentada y una solicitud formal que cumpliera las condiciones legales exigidas.

También podrían aparecer nuevas líneas de investigación si el examen de los dispositivos proporciona información sobre otras jurisdicciones, personas o posibles víctimas.

Dos investigaciones y una incógnita decisiva

El caso Thomas Markle se encuentra en una fase mucho más seria que una simple guerra familiar aireada en los tabloides, pero todavía está lejos de una culpabilidad probada.

En Filipinas, la policía intenta determinar si los dispositivos entregados contienen realmente material de abuso sexual infantil atribuible al padre de Meghan. En Reino Unido, un organismo independiente investiga por qué Scotland Yard recibió en 2019 acusaciones graves y no las remitió entonces a otras autoridades.

Thomas Markle lo niega todo. No está condenado y las acusaciones más graves siguen pendientes de comprobación. La conducta de la Policía Metropolitana sí ha quedado oficialmente bajo escrutinio.

En cambio, no existe evidencia pública de que la monarquía británica ordenara silenciar a Meghan o bloquear una denuncia. El próximo dato verdaderamente importante dependerá del análisis forense de los dispositivos y de lo que los investigadores sean capaces de demostrar con él.