La UCO ultima un informe: Acciona, cerca de la imputación por obras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un nuevo informe sobre los presuntos amaños de contratos de obra pública vinculados al caso Koldo que podría situar a Acciona Construcción ante una posible imputación judicial. La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, examina las adjudicaciones obtenidas por empresas relacionadas con la trama y los pagos que habrían beneficiado a su entorno.

Según la información publicada por ABC, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que los nuevos avances policiales pueden abrir la puerta a exigir responsabilidades a la constructora como persona jurídica. La hipótesis se centra en el posible beneficio económico obtenido mediante contratos públicos adjudicados a uniones temporales de empresas en las que participaban sociedades investigadas. Acciona no ha sido imputada como empresa por estos hechos, y cualquier decisión en ese sentido corresponderá al juez.

La causa afecta directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al antiguo asesor ministerial Koldo García. Los investigadores tratan de esclarecer si determinados contratos de infraestructuras fueron favorecidos a cambio de comisiones ilegales y cómo circuló posteriormente el dinero entre sociedades, intermediarios y responsables públicos.

El volumen económico explica la trascendencia del procedimiento. La Guardia Civil ha situado en torno a 637 millones de euros el valor de las adjudicaciones bajo sospecha, una cifra que representa el importe de los contratos examinados, no el dinero presuntamente desviado. La investigación alcanza proyectos ferroviarios, autovías y grandes infraestructuras repartidas por distintas comunidades autónomas.

Servinabar, la empresa que conecta a Acciona con el caso Koldo

Uno de los principales focos de la investigación es Servinabar 2000, sociedad administrada por el empresario navarro Antxon Alonso y relacionada con Santos Cerdán. La Guardia Civil localizó un documento privado de 2016 que atribuía al antiguo dirigente socialista el 45 % de las participaciones de la compañía, una vinculación societaria que Cerdán ha negado.

El informe patrimonial elaborado por la UCO en julio de 2026 señala que aproximadamente el 87 % de los ingresos de Servinabar entre 2015 y 2025 procedieron de Acciona o de proyectos relacionados con la constructora. La cantidad ronda los 7,5 millones de euros, dentro de una facturación total de unos 8,65 millones.

La relación empresarial se remonta a 2015, antes de que Ábalos llegara al Ministerio de Transportes. Los investigadores examinan cómo una sociedad de reciente creación consiguió participar en distintos proyectos junto a una de las grandes constructoras españolas y qué servicios prestó realmente a cambio de los pagos recibidos.

El hecho de concurrir a una licitación mediante una unión temporal de empresas (UTE) es completamente legal. Lo que investiga la Guardia Civil es si algunas de esas asociaciones empresariales pudieron utilizarse para canalizar pagos irregulares o compensar determinadas gestiones políticas relacionadas con las adjudicaciones.

Casi dos millones en facturas por la variante de Logroño

Una de las novedades más relevantes de octubre afecta a la autovía A-68, concretamente al tramo Arrúbal-Navarrete, en La Rioja.

El pasado 22 de octubre trascendió que Acciona había entregado al juez documentación sobre 1.957.000 euros en facturas, IVA incluido, emitidas por Servinabar a la UTE encargada de ejecutar aquella infraestructura. El contrato fue adjudicado en septiembre de 2019 por aproximadamente 92,4 millones de euros.

La constructora aportó partes de trabajo, controles de presencia, documentación laboral y correos electrónicos para respaldar los servicios facturados. Esa documentación forma parte de las diligencias judiciales y deberá ser contrastada con el resto de las pruebas.

La existencia de las facturas no acredita por sí sola una comisión ilegal. Precisamente, uno de los puntos centrales del procedimiento consiste en determinar si los trabajos se realizaron efectivamente y si sus importes respondían a servicios reales o encubrían contraprestaciones de otra naturaleza.

Las obras públicas y los directivos de Acciona investigados

El procedimiento no se limita a una carretera. Los informes policiales han señalado diferentes adjudicaciones de infraestructuras en Navarra, Andalucía, Cataluña, Murcia y La Rioja, entre otras comunidades.

Entre los proyectos examinados aparecen los túneles de Belate, en Navarra; el Puente del Centenario de Sevilla; las obras ferroviarias de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, y varias actuaciones vinculadas a la red ferroviaria de Murcia.

La Intervención General de la Administración del Estado también detectó irregularidades en modificaciones presupuestarias de determinados contratos. En marzo de 2026, un informe señaló incrementos cercanos al 20 % en tres obras adjudicadas por Adif a Acciona, individualmente o asociada con otras compañías. Según el organismo de control, aquellas modificaciones incumplían la normativa aplicable.

No obstante, una irregularidad administrativa no equivale automáticamente a corrupción penal. Para establecer responsabilidades por un presunto amaño es necesario demostrar la existencia de conductas delictivas y la participación concreta de las personas o sociedades implicadas.

Las pesquisas también alcanzaron a varios antiguos responsables de Acciona Construcción. En junio de 2025, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó investigar a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel García Alconchel. La compañía despidió a Pelegrini y suspendió a los otros dos.

Posteriormente, la instrucción de esta rama de la causa pasó a la Audiencia Nacional, donde Ismael Moreno amplió las averiguaciones sobre movimientos bancarios y personas relacionadas con las empresas investigadas.

Otro nombre relevante es Fernando Merino, antiguo responsable territorial de Acciona en Navarra y La Rioja. La UCO examina sus contactos con Koldo García y su relación con Obras Públicas y Regadíos (OPR), empresa vinculada a familiares suyos.

También figura Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), relacionada con adjudicaciones examinadas por los investigadores. Estas conexiones empresariales son importantes para reconstruir los contactos entre las compañías, los intermediarios y los responsables políticos durante los años investigados.

Qué supondría una imputación de Acciona como empresa

La posible incorporación formal de Acciona al procedimiento plantea una distinción jurídica importante.

Una cosa es investigar penalmente a una sociedad por su eventual intervención en un delito y otra exigirle responsabilidad civil a título lucrativo por haberse beneficiado de los efectos de una conducta delictiva ajena.

Esta segunda figura aparece regulada en el artículo 122 del Código Penal. Permite reclamar la restitución de bienes o el resarcimiento de daños a quien haya obtenido un beneficio lucrativo procedente de un delito, dentro de los límites legalmente establecidos.

No supone, por sí misma, atribuir a la empresa la autoría de una infracción penal. Para exigir responsabilidad penal a una persona jurídica deben concurrir los requisitos específicos previstos en la legislación y acreditarse los hechos que fundamenten esa imputación.

Las informaciones sobre el informe que prepara la UCO apuntan a la posibilidad de reclamar responsabilidades a Acciona por los beneficios que presuntamente habría obtenido. Todavía no se ha concretado judicialmente el alcance de esa eventual actuación.

La diferencia resulta especialmente relevante en una investigación de esta magnitud. Ni la aparición de una compañía en los informes policiales ni la imputación de alguno de sus directivos permiten concluir automáticamente que toda la empresa sea penalmente responsable.

Acciona, por su parte, ha rechazado haber pagado comisiones ilegales a través de los investigados. También ha defendido la existencia de servicios reales detrás de las relaciones contractuales examinadas y ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia.

El nuevo informe de la UCO puede ampliar las responsabilidades

La Guardia Civil tiene pendiente completar el análisis de documentación empresarial, comunicaciones y movimientos bancarios relacionados con los contratos investigados. El informe que ultima la UCO podría ayudar a determinar hasta dónde llegó la intervención de los distintos implicados.

La Fiscalía Anticorrupción ya había advertido durante 2026 de la posibilidad de nuevas imputaciones debido al volumen de información intervenida y a las diligencias todavía pendientes.

Para los investigadores, una cuestión esencial consiste en reconstruir el recorrido de los fondos. No basta con acreditar que una adjudicación benefició a una constructora o que una sociedad recibió dinero después. Es necesario establecer qué contraprestaciones existieron, quién las autorizó y si hubo conexiones demostrables con decisiones administrativas irregulares.

También deberá aclararse la eventual participación de los responsables públicos investigados. El procedimiento examina si Ábalos, Cerdán y Koldo García utilizaron sus posiciones o relaciones políticas para favorecer determinadas adjudicaciones a cambio de beneficios económicos.

Las grabaciones y conversaciones incorporadas a la causa constituyen parte del material que los investigadores están contrastando con documentos de contratación, facturas y operaciones bancarias.

La decisión sobre Acciona sigue en manos del juez

El próximo informe de la UCO puede convertirse en un paso importante para delimitar la posición de Acciona en el procedimiento, pero no sustituye una resolución judicial. Corresponderá al magistrado Ismael Moreno valorar los indicios, escuchar a las partes y decidir si procede ampliar la investigación.

La principal novedad es que el examen de las adjudicaciones y de los posibles pagos irregulares podría alcanzar formalmente a Acciona Construcción como persona jurídica, más allá de las responsabilidades individuales que se investigan respecto a antiguos directivos.

La causa sigue abierta y no existe una condena que permita dar por acreditados los presuntos amaños. Lo que está en juego es determinar si una serie de contratos públicos fueron adjudicados conforme a la ley o si, detrás de obras financiadas con dinero de todos, funcionó un sistema de favores y comisiones.

Y esa distinción, en una investigación que afecta a cientos de millones de euros de contratación pública, no es precisamente menor.