Begoña Gómez denuncia al PP por usar su imagen y voz con IA en campaña

Begoña Gómez ha presentado una denuncia contra el Partido Popular por utilizar su imagen y recrear su voz mediante inteligencia artificial en un vídeo de precampaña electoral difundido desde las cuentas oficiales de la formación de Alberto Núñez Feijóo. La esposa del presidente del Gobierno considera que el montaje supone una suplantación de su identidad al atribuirle declaraciones que nunca pronunció. Pedro Sánchez ha confirmado la actuación legal este miércoles, 28 de octubre de 2026.

La denuncia introduce dos cuestiones especialmente relevantes: la escasa visibilidad del aviso que identifica el vídeo como contenido artificial y el hecho de que Gómez no es candidata a las elecciones generales del 29 de noviembre ni desempeña ningún cargo político. Aunque su relación con el presidente y las investigaciones judiciales que la afectan la convierten en una figura de interés público, eso no equivale a participar directamente en la competición electoral.

El conflicto llega en plena precampaña, cuando los partidos han empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial para atacar a sus adversarios. El PP defiende estos contenidos como sátira política, mientras la denuncia de Gómez plantea hasta dónde puede llegar esa libertad cuando se reproduce la apariencia y la voz de una persona para atribuirle afirmaciones inventadas.

La controversia tiene, además, una particularidad difícil de ignorar. El vídeo sí incorpora una referencia a su elaboración mediante inteligencia artificial, pero aparece en un formato tan discreto que resulta difícil distinguirla. El problema no es únicamente que exista una etiqueta, sino que el espectador pueda verla y comprenderla. Y, por supuesto, que esa advertencia no convierte automáticamente en legítimo cualquier uso de la imagen ajena.

El vídeo del PP que ha provocado la denuncia de Begoña Gómez

El origen de la polémica está en una publicación del 21 de octubre de 2026, cuando el Partido Popular compartió un vídeo de 51 segundos elaborado con inteligencia artificial. La grabación imitaba una campaña previa del PSOE en la que Pedro Sánchez reivindicaba ser de izquierdas utilizando la expresión «soy zurdo», después de que el presidente argentino Javier Milei empleara ese término de forma despectiva.

El PP respondió con una versión satírica protagonizada por recreaciones digitales de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire Díez y Montse Mínguez. Todos aparecen pronunciando afirmaciones ficticias relacionadas con controversias políticas o investigaciones judiciales. El montaje concluye con el lema «Lerdos y orgullosos».

En el caso de Gómez, la inteligencia artificial reproduce su apariencia y su voz para hacerle afirmar que consiguió una cátedra universitaria gracias a que su marido preside el Gobierno. No son declaraciones reales ni una confesión de la esposa de Sánchez, sino palabras creadas para el montaje electoral.

La publicación alcanzó rápidamente una amplia difusión. En sus primeras once horas acumuló cerca de dos millones de visualizaciones entre X, Instagram y TikTok. La circulación simultánea desde los perfiles oficiales del PP multiplicó el alcance de una grabación que mezclaba rostros reconocibles, voces sintéticas y acusaciones formuladas como si procedieran de los propios protagonistas.

La etiqueta de inteligencia artificial, en el centro del conflicto

Uno de los elementos más controvertidos es la forma en la que el PP identificó el origen artificial de las imágenes. El vídeo incluye una advertencia, pero aparece en letras diminutas, con una tipografía poco contrastada y situada en la parte inferior. Su presencia apenas resulta perceptible durante buena parte de la reproducción.

La diferencia entre advertir y hacerlo de manera comprensible no es menor. Las redes sociales permiten consumir vídeos de pocos segundos, compartir fragmentos y reproducir contenidos sin prestar atención a todos los detalles de la pantalla. En ese contexto, una indicación casi invisible puede perder buena parte de su utilidad.

Conviene precisar, por tanto, que el Partido Popular no publicó el vídeo completamente desprovisto de una etiqueta de IA. La advertencia existe. Lo que está en discusión es si resulta suficientemente visible y si permite identificar con claridad que las declaraciones atribuidas a los personajes son artificiales.

También existe una segunda cuestión, independiente de la anterior. Un vídeo puede estar correctamente identificado como artificial y, aun así, generar un conflicto relacionado con el derecho al honor o a la propia imagen. Etiquetar una falsificación no equivale a disponer de autorización ilimitada para utilizar la identidad de otra persona.

Begoña Gómez no es candidata ni ocupa un cargo político

Otro aspecto que distingue la situación de Gómez de la de los dirigentes políticos representados en la grabación es su posición institucional. Es la esposa de Pedro Sánchez, pero no ocupa un cargo público ni concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre. Su relación matrimonial con un candidato no la convierte automáticamente en representante política.

La distinción tiene importancia jurídica. Los responsables políticos deben soportar un nivel especialmente intenso de crítica, incluso cuando resulta incómoda, severa o satírica. Esa tolerancia es fundamental en una democracia, aunque no supone que cualquier ataque quede protegido por la libertad de expresión.

La situación de una persona sin responsabilidades políticas exige una valoración diferente. Gómez tiene proyección pública por su relación con el presidente y por las investigaciones judiciales que la afectan, pero esas circunstancias no eliminan sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

La existencia de procedimientos judiciales relacionados con Gómez tampoco convierte en verdaderas las afirmaciones que el vídeo pone en su boca. Son cuestiones distintas. Los hechos investigados deben examinarse en los tribunales, mientras que las declaraciones del montaje fueron creadas mediante inteligencia artificial.

La discusión, además, no depende exclusivamente de si una persona se presenta a las elecciones. El derecho a la sátira también puede alcanzar a figuras públicas que no sean candidatas. Lo relevante será determinar si la recreación digital permanece dentro de los límites de la crítica legítima o vulnera derechos individuales.

La denuncia contra el PP y la respuesta de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez confirmó la denuncia durante una entrevista en el pódcast Keep It Cutre, publicada este miércoles. El presidente explicó que su esposa había emprendido acciones por suplantación de imagen después de la difusión del montaje electoral del Partido Popular.

Sánchez criticó la utilización de voces e imágenes falsas y comparó algunas de estas prácticas con técnicas empleadas por acosadores de menores. También reprochó a Alberto Núñez Feijóo que respaldara una estrategia de comunicación que considera irresponsable.

El presidente aseguró que el PSOE no está utilizando la inteligencia artificial de esa manera en la campaña electoral y lamentó que estas herramientas puedan emplearse para fabricar intervenciones falsas de personas reales.

Por su parte, el PP ha defendido públicamente su utilización de la tecnología. La portavoz de campaña, Ester Muñoz, sostuvo que el partido puede recurrir a estos formatos y cuestionó que los socialistas plantearan judicializar el enfrentamiento político por un contenido satírico.

Feijóo también ha respaldado la estrategia audiovisual de su formación, insistiendo en que el montaje incluye una indicación sobre su origen artificial. Desde el PP se sostiene que las recreaciones son reconocibles como una parodia y que no pretenden hacer creer que los protagonistas pronunciaron realmente esas palabras.

La disputa enfrenta, así, dos interpretaciones. Para el entorno de Sánchez, reproducir digitalmente una identidad para atribuirle afirmaciones falsas puede constituir una vulneración de derechos. Para el PP, el vídeo forma parte de la crítica y la sátira propias de una campaña electoral.

El precedente de Leire Díez y la decisión de la Audiencia Nacional

La denuncia de Gómez no es la primera reacción judicial provocada por esta publicación. La exmilitante socialista Leire Díez también presentó una querella contra el PP por su aparición en el montaje, en el que una recreación de su imagen y su voz le atribuye una afirmación relacionada con una supuesta contratación de matones contra una jueza.

Díez acusó al partido de presuntos delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital. También solicitó la retirada del vídeo y la identificación de las personas responsables de su elaboración y difusión.

Sin embargo, el 27 de octubre, el juez Santiago Pedraz inadmitió la querella presentada ante la Audiencia Nacional. El magistrado consideró que los delitos denunciados no correspondían a la competencia de ese órgano judicial y que la controversia era ajena al objeto del procedimiento en el que se investigaba a Díez.

La decisión no supone una declaración general de legalidad del vídeo ni resuelve el fondo de todas las posibles reclamaciones relacionadas con él. Determina que aquella querella, presentada en ese procedimiento concreto, no podía tramitarse por esa vía.

En el caso de Begoña Gómez, la presentación de una denuncia tampoco equivale a una condena. Será necesario conocer su tramitación y las decisiones de los órganos competentes antes de establecer responsabilidades.

Qué dice la normativa europea sobre los vídeos falsos creados con IA

La disputa se produce cuando ya son aplicables las obligaciones de transparencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, que comenzaron a aplicarse el 2 de agosto de 2026.

Su artículo 50 establece que quienes utilicen sistemas de inteligencia artificial para generar o manipular imágenes, audios y vídeos constitutivos de una ultrafalsificación, también denominada deepfake, deben comunicar que ese contenido ha sido creado o alterado artificialmente.

La información debe presentarse de forma clara, distinguible y accesible. No basta necesariamente con incorporar unas palabras en cualquier rincón de la pantalla si el resultado impide reconocer razonablemente la manipulación.

La normativa contempla un tratamiento específico para las obras manifiestamente creativas, satíricas o de ficción. En esos casos, la obligación de transparencia se adapta para no obstaculizar la difusión de la obra, pero permanece la exigencia de revelar su origen artificial de una manera adecuada.

Este matiz resulta importante para el vídeo del PP. La condición satírica de un contenido puede influir en la forma de aplicar las obligaciones de transparencia, pero no supone una excepción absoluta que permita ocultar su elaboración mediante IA.

La libertad de expresión y el derecho al honor

La legislación europea sobre inteligencia artificial no resuelve por sí sola todas las cuestiones relacionadas con el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen. Esos derechos también cuentan con protección constitucional y con normas específicas en España, entre ellas la Ley Orgánica 1/1982.

El análisis jurídico deberá distinguir entre una parodia reconocible y una representación que pueda provocar confusión o causar una lesión ilegítima de los derechos de una persona.

Los especialistas en derecho digital destacan que la sátira política disfruta de una protección especialmente amplia, incluso cuando recurre a exageraciones o críticas de mal gusto. Al mismo tiempo, la reproducción realista de una voz y un rostro introduce riesgos diferentes a los de una caricatura convencional.

La dificultad es evidente. Una caricatura suele anunciar su propia deformación. Una reproducción digital puede imitar a una persona con notable fidelidad, aunque el contenido que pronuncie sea absurdo o claramente satírico.

En cualquier caso, la denuncia no permite anticipar un resultado judicial. Corresponderá a los órganos competentes examinar el contexto del vídeo, su identificación como contenido artificial y la posible afectación de derechos fundamentales antes de establecer responsabilidades.

La precampaña del 29N abre un debate sobre los límites de la IA

El enfrentamiento entre Begoña Gómez y el PP tiene consecuencias que van más allá de una disputa entre el entorno del presidente y el principal partido de la oposición.

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se celebrarán con una tecnología capaz de fabricar intervenciones audiovisuales de candidatos, dirigentes y personas relacionadas con ellos con un realismo que hace pocos años resultaba difícil de imaginar.

El PSOE ha criticado estas prácticas y Sánchez sostiene que su partido no está recurriendo a la inteligencia artificial para producir ataques semejantes. Ada Colau, candidata de Frente Amplio, también ha pedido compromisos políticos para evitar usos vejatorios de esta tecnología durante la campaña.

La cuestión no es prohibir el humor político ni impedir que los partidos critiquen a sus adversarios. La sátira forma parte de la libertad de expresión, y su protección resulta esencial precisamente cuando incomoda al poder.

El problema aparece cuando la tecnología permite fabricar una declaración falsa utilizando el rostro y la voz de alguien que nunca la pronunció. El contexto satírico puede justificar determinadas representaciones, pero no convierte automáticamente en legítima cualquier manipulación.

La denuncia de Begoña Gómez obliga a examinar esa frontera. El PP sostiene que su vídeo constituye una parodia política; la esposa del presidente ha recurrido a la vía legal por la utilización de su identidad en una grabación artificial. Y hay una diferencia relevante: Gómez ni siquiera participa como candidata en las elecciones.

La justicia tendrá que valorar los argumentos y las circunstancias concretas del caso. Mientras tanto, la controversia deja una cuestión especialmente importante para la campaña electoral: identificar claramente un vídeo como artificial es una obligación de transparencia, pero no resuelve por sí sola si su contenido respeta los derechos de las personas representadas.