El SMI reabre el debate por su impacto en empleo, precios y pobreza

La afirmación de que el salario mínimo “crea pobreza” tiene un problema de partida: los datos no permiten sostenerla como una regla general. Subir el SMI aumenta directamente los ingresos de quienes cobran los salarios más bajos y conservan su empleo, pero también eleva el coste de contratar. Ese segundo efecto puede reducir nuevas contrataciones, horas trabajadas o empleo en determinados grupos, empresas y territorios. La discusión económica seria está precisamente ahí, en el tamaño de cada efecto, no en los eslóganes.

España tiene en 2026 un SMI de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales, después de una subida del 3,1%. El Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso para fijar el salario mínimo de 2027, mientras los sindicatos plantean nuevas subidas para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con los sueldos más bajos.

El debate llega, además, con una inflación elevada. El indicador adelantado del IPC situó la tasa anual de octubre de 2026 en el 4,9%, mientras la inflación subyacente se mantuvo en el 3,1%. La discusión ha regresado así a una cuestión bastante más compleja de lo que parece: cuánto puede subir el salario mínimo sin que una parte de la factura reaparezca en forma de menos empleo, menor contratación o precios más altos.

El debate vuelve con el SMI de 2027 en marcha

El salario mínimo español ha experimentado una transformación profunda desde 2018. Su importe había aumentado alrededor de un 66% hasta 2026, con un incremento acumulado cercano a los 485 euros mensuales. Ya no es, por tanto, una referencia marginal del mercado laboral: condiciona directamente la nómina de millones de trabajadores y las decisiones de numerosas empresas.

Las estimaciones oficiales calculan que la subida aprobada este año alcanza directamente a unos 2,47 millones de asalariados. La incidencia es especialmente alta entre trabajadores jóvenes, mujeres, agricultura y determinadas actividades de servicios. Cuanto mayor sea la proporción de salarios pegados al mínimo legal, mayor puede ser también su influencia sobre decisiones empresariales de contratación, organización y precios.

Hay una diferencia importante entre afirmar que un salario mínimo puede tener costes y asegurar que “crea pobreza”. Lo primero forma parte del análisis económico convencional. Lo segundo necesita demostrar que las pérdidas de empleo, horas u oportunidades provocadas por la medida superan las ganancias salariales obtenidas por quienes se benefician de ella. Para España, esa conclusión no aparece de manera uniforme en la evidencia disponible.

Qué dicen los datos sobre el empleo

La teoría básica es sencilla. Si el coste total de contratar a una persona supera el valor que la empresa espera obtener de su trabajo, esa contratación puede desaparecer o no llegar a producirse. Esto afecta sobre todo a empleos de baja productividad, trabajadores sin experiencia y pequeñas empresas con poco margen para absorber costes.

Pero la economía real tiene más piezas. Un trabajador que cobra más también consume más. Las empresas pueden aceptar márgenes inferiores, mejorar productividad, reorganizar turnos, reducir rotación, repercutir una parte del coste en precios o incluso vender más gracias al aumento de la demanda. El resultado final sobre el empleo no puede deducirse solo mirando cuánto aumenta una nómina.

El salto de 2019 sigue siendo la gran prueba española

La subida más útil para estudiar el fenómeno sigue siendo la de 2019, cuando el SMI pasó de 735,90 a 900 euros mensuales, un 22,3% de una sola vez. Fue un cambio suficientemente grande como para buscar efectos estadísticos con cierta claridad y comparar qué ocurrió entre trabajadores expuestos y otros grupos menos afectados.

Los análisis posteriores detectaron un menor crecimiento del empleo entre determinados trabajadores de salarios bajos afectados por aquella subida. Los efectos adversos fueron más visibles en algunos grupos, entre ellos personas de mayor edad, mientras que entre los jóvenes se observaron también cambios en las horas trabajadas y en los flujos de creación de empleo. Aislar con absoluta precisión cuánto correspondía exclusivamente al SMI, sin embargo, es complicado.

Otros análisis ofrecen una lectura menos alarmista del conjunto del periodo. Las sucesivas subidas del SMI han convivido con un crecimiento considerable del empleo, y los efectos agregados observados han sido limitados o difíciles de identificar con una única cifra. Eso no elimina el riesgo: los problemas pueden concentrarse en jóvenes, personas poco cualificadas, trabajadores de mayor edad o empresas con poca productividad.

También existe un efecto que suele recibir menos atención. Las investigaciones sobre la gran subida de 2019 han detectado un aumento del consumo entre los hogares afectados. Es lógico: una parte de los ingresos adicionales regresa a la economía a través de comercios, hostelería, vivienda, transporte y otros gastos. No todo vuelve a las empresas que asumieron la subida, claro, pero la demanda también forma parte de la ecuación.

Los precios pueden subir, pero el SMI no explica toda la inflación

Otro argumento frecuente sostiene que aumentar el salario mínimo termina trasladándose simplemente a los precios. También aquí hay una parte cierta y otra que suele estirarse más de la cuenta. Cuando una empresa intensiva en mano de obra afronta un incremento de costes puede repercutir una parte sobre sus clientes, sobre todo si dispone de poco margen para absorberlo.

Los efectos suelen ser más visibles en actividades con muchos trabajadores de salarios bajos, como determinados negocios de restauración, comercio o servicios. Eso no significa que una subida del 5% del SMI provoque automáticamente una inflación del 5%. La masa salarial afectada representa solo una parte del coste total de producir cada bien o prestar cada servicio.

El impacto depende mucho del sector

Una cafetería donde buena parte de los costes son salarios puede reaccionar de forma diferente a una compañía industrial automatizada. Otra empresa puede absorber el incremento reduciendo márgenes. Otra invertirá en tecnología. Otra contratará menos cuando tenga que sustituir a un empleado. El traslado a los precios existe, pero no funciona como una fotocopiadora que convierte automáticamente salario en inflación.

Los datos españoles actuales sirven para ponerlo en perspectiva. El IPC adelantado de octubre se situó en el 4,9%, pero entre los componentes que empujaban al alza figuraban el gas, los combustibles líquidos y los paquetes turísticos. Otros grupos ejercían presión a la baja. Atribuir toda la inflación al salario mínimo sería, sencillamente, confundir coincidencia temporal con causalidad.

Subir el SMI tampoco elimina por sí solo la pobreza

El extremo contrario también simplifica demasiado. Elevar el salario mínimo puede reducir la pobreza laboral de algunos hogares, pero el SMI no es una política general contra toda la pobreza. Su efecto directo se concentra en quienes tienen empleo y cobran un salario situado en torno al mínimo legal.

Una persona desempleada no cobra el salario mínimo. Tampoco una familia sin miembros ocupados recibe automáticamente más ingresos porque suba el SMI. En los contratos a tiempo parcial, la remuneración mínima se aplica proporcionalmente a la jornada. Y dos trabajadores con el mismo sueldo pueden encontrarse en situaciones económicas muy distintas dependiendo del tamaño del hogar, el alquiler o las prestaciones que reciban.

Los últimos datos disponibles muestran bien esa distancia. La tasa de riesgo de pobreza bajó al 19,5% en 2025, utilizando rentas correspondientes a 2024, y la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,7%. Ambas mejoraron ligeramente, pero continúan siendo elevadas pese a los fuertes incrementos acumulados del salario mínimo.

Eso no demuestra que el SMI sea inútil. Demuestra que la pobreza tiene muchas más causas. El fuerte crecimiento del salario mínimo ha comprimido parte de la distribución salarial en torno a ese nivel, pero vivienda, jornada laboral, estabilidad del empleo, composición del hogar y productividad siguen condicionando enormemente la renta disponible.

Quién gana y dónde aparecen los riesgos

El efecto tampoco se reparte por igual. Entre los trabajadores beneficiados por la subida del SMI de 2026, las mujeres representan una amplia mayoría. La incidencia también es elevada entre los asalariados más jóvenes, precisamente uno de los grupos que puede beneficiarse de salarios más altos y, al mismo tiempo, sufrir más si disminuyen las oportunidades de entrada al mercado laboral.

Por sectores, la exposición es especialmente llamativa en agricultura, donde más de una cuarta parte de los asalariados puede quedar directamente afectada por el salario mínimo. La incidencia es claramente menor en industria y construcción. Ahí aparece uno de los asuntos centrales del debate: el mismo SMI nacional puede resultar relativamente fácil de asumir para una empresa productiva y mucho más exigente para una pequeña explotación o un negocio con márgenes estrechos.

Por eso importa tanto la productividad. Una economía capaz de producir más valor por hora puede sostener salarios mayores sin tener que elegir constantemente entre subir precios, reducir márgenes o contratar menos. Cuando los salarios mínimos crecen durante años bastante más deprisa que la productividad, el margen de adaptación empresarial se estrecha.

No significa que aparezca una catástrofe al superar una cifra mágica. Esa cifra no existe. Significa que el riesgo marginal puede aumentar y concentrarse precisamente entre quienes tienen más dificultades para entrar en el mercado laboral: jóvenes sin experiencia, trabajadores poco cualificados o personas que intentan reincorporarse después de años fuera.

También existe un efecto positivo difícil de ignorar: un suelo salarial más alto limita empleos extremadamente mal remunerados y fortalece los ingresos de millones de trabajadores. El dilema está en encontrar un nivel sostenible del salario mínimo que capture buena parte de ese beneficio sin cerrar demasiadas puertas de entrada al empleo.

Un suelo salarial útil, pero no gratuito

Decir que el SMI “crea pobreza” convierte una discusión económica compleja en una sentencia que los datos españoles no permiten sostener. Tampoco es gratis subirlo indefinidamente. La evidencia apunta a efectos positivos claros sobre los salarios de quienes permanecen empleados y sobre su capacidad de consumo, acompañados de riesgos de menor contratación, menos horas o mayores precios en determinados sectores y colectivos.

El verdadero debate sobre el SMI de 2027 no debería reducirse a decidir si el salario mínimo es bueno o malo en abstracto. España ya ha recorrido una subida histórica y dispone de mucha más información que hace una década. La cuestión es hasta dónde elevarlo con una inflación elevada, una productividad que avanza con dificultad y diferencias importantes entre sectores, edades y territorios.

Un salario mínimo puede proteger al trabajador que ya está dentro. El desafío es mantener abierta la puerta de entrada para quien todavía busca su primer empleo o intenta volver al mercado laboral. Entre ambos objetivos se juega buena parte de la discusión económica que vuelve a abrirse en España.