Lisboa y Oporto reanudan las acampadas por la crisis de la vivienda

Las acampadas por el derecho a la vivienda han regresado al centro de Lisboa y Oporto. Cerca de un centenar de tiendas de campaña ocuparon durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre dos de las principales plazas de Portugal, en una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para acceder a un alquiler asequible.

La movilización se produce después de varias intervenciones policiales y en medio de una controversia judicial sobre los límites del derecho de manifestación. Mientras tanto, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha anunciado reuniones con los principales partidos de la oposición para abordar una crisis inmobiliaria que, según sostiene, lleva agravándose durante más de una década.

A primera hora del miércoles permanecían instaladas unas 80 tiendas en la plaza del Rossio de Lisboa y otras 20 en la plaza de Dom João I, en Oporto. Los manifestantes pasaron la noche en ambos emplazamientos, esta vez con una presencia policial discreta, a diferencia de lo ocurrido durante los desalojos anteriores.

Las protestas han convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales asuntos del debate político portugués. Los colectivos movilizados exigen cambios en la legislación de alquileres, más vivienda pública y medidas para impedir que las familias pierdan sus hogares sin disponer de una alternativa habitacional.

Las tiendas de campaña regresan tras los desalojos policiales

El regreso de las acampadas supone un nuevo episodio de las movilizaciones iniciadas el 10 de octubre, que han mantenido una presencia continuada en el debate público portugués.

Durante las últimas semanas, la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha intervenido en varias ocasiones para retirar las tiendas y desalojar a los participantes. Uno de los episodios más graves se produjo durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando las fuerzas policiales retiraron alrededor de un centenar de tiendas de ambas ciudades.

Aquella intervención terminó con enfrentamientos, lanzamiento de objetos y más de una veintena de personas heridas. Los servicios portugueses de emergencias atendieron a 25 personas, nueve en Lisboa y 16 en Oporto, todas con lesiones leves.

La actuación policial provocó una reacción institucional. El presidente de la República, António José Seguro, pidió explicaciones detalladas al Gobierno y a la Proveduría de Justicia sobre los incidentes, los detenidos y los heridos. También mantuvo contactos con representantes de las protestas para favorecer el diálogo.

La situación cambió después de que una resolución judicial reconociera a una manifestante la posibilidad de mantener su tienda en el Rossio durante la madrugada. Las organizaciones interpretaron la decisión como un motivo para reanudar las acampadas, aunque su alcance jurídico sigue siendo objeto de discusión.

Montenegro convoca a la oposición para abordar la crisis de vivienda

La presión de las movilizaciones ha llegado directamente al Gobierno portugués. El primer ministro, Luís Montenegro, anunció el martes 3 de noviembre que recibirá el jueves 5 a los líderes de dos de las principales formaciones de la oposición: José Luís Carneiro, del Partido Socialista, y André Ventura, de Chega, formación de extrema derecha.

El Ejecutivo también prevé ampliar los contactos al resto de los partidos representados en el Parlamento, con el objetivo de escuchar propuestas relacionadas con la crisis inmobiliaria.

En una declaración dirigida al país, Montenegro defendió las políticas impulsadas por su Gobierno y argumentó que las dificultades del mercado inmobiliario portugués no pueden solucionarse de manera inmediata.

Según el primer ministro, se trata de un problema que lleva agravándose más de diez años y cuya resolución requiere tiempo. Montenegro aseguró que escucha las preocupaciones de los ciudadanos movilizados, aunque también rechazó que Portugal adopte modelos de protesta violenta vistos en otros países europeos.

Las reuniones anunciadas abren una nueva fase de diálogo político, pero no constituyen todavía un acuerdo sobre las medidas que podrían adoptarse. Las organizaciones que participan en las acampadas mantienen sus reivindicaciones mientras esperan respuestas concretas.

Un tribunal cuestiona las restricciones horarias a las protestas

Uno de los elementos más relevantes del conflicto es la discusión sobre una norma portuguesa de 1974 que establece las 00.30 horas como límite para las concentraciones y manifestaciones.

La policía ha recurrido a esa disposición para justificar intervenciones contra las acampadas nocturnas. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Lisboa ha considerado que el límite horario no puede aplicarse como una prohibición absoluta y automática, sin tener en cuenta las circunstancias de cada protesta.

La resolución judicial autorizó a Renata Cambra, una de las participantes, a permanecer durante la madrugada con una tienda en la plaza del Rossio hasta el 24 de noviembre de 2026, fecha prevista para la votación final de los Presupuestos del Estado portugués para 2027.

La autorización también establece que la presencia de la tienda deberá ser compatible con el mercado navideño programado en la plaza. Por tanto, el tribunal reconoce la posibilidad de mantener la protesta bajo determinadas condiciones, sin eliminar las exigencias relacionadas con otros usos del espacio público.

La sentencia no autoriza todas las acampadas

La decisión judicial tiene una limitación importante: se refiere a una persona y a unas circunstancias concretas. No supone una autorización general para instalar tiendas de campaña en las calles portuguesas.

El Ministerio de Administración Interna portugués ha insistido en que la sentencia no reconoce un derecho general a establecer acampadas permanentes en cualquier espacio público ni determina que las anteriores intervenciones policiales fueran ilegales.

El Ministerio Público ha recurrido la decisión ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado que el recurso tenga efectos suspensivos. La defensa de Cambra, por su parte, sostiene que la autorización debe continuar vigente mientras se resuelve el procedimiento.

También existe una discrepancia sobre quién debe decidir si el recurso suspende los efectos de la sentencia. La cuestión sigue abierta y puede resultar determinante para la continuidad de la protesta autorizada judicialmente.

La resolución ha cuestionado, en definitiva, la aplicación automática del límite horario, pero no ha establecido una autorización colectiva para todas las personas que participan en las movilizaciones.

Qué reclaman los manifestantes por la vivienda en Portugal

Las acampadas tienen reivindicaciones concretas que van más allá de la posibilidad de permanecer en las plazas durante la noche.

Los colectivos participantes reclaman revertir la nueva legislación sobre arrendamientos, impedir los desalojos de personas que no tengan una alternativa habitacional y ampliar el parque de vivienda pública.

También piden rehabilitar inmuebles vacíos para destinarlos a uso residencial, establecer alquileres realmente asequibles y limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos inmobiliarios.

Estas demandas reflejan una preocupación creciente por la distancia entre el coste de la vivienda y la capacidad económica de numerosos hogares portugueses.

Lisboa y Oporto concentran buena parte de ese debate por la presión que soportan sus respectivos mercados residenciales. La dificultad para encontrar una vivienda a un precio asumible afecta especialmente a quienes dependen del alquiler y no cuentan con patrimonio inmobiliario.

El conflicto enfrenta distintas propuestas sobre el papel del Estado, la protección de los inquilinos y las condiciones en las que debe funcionar el mercado del alquiler.

Para las organizaciones movilizadas, las medidas existentes resultan insuficientes. El Gobierno, en cambio, defiende las actuaciones emprendidas y sostiene que sus resultados necesitan tiempo.

El 24 de noviembre marca el próximo horizonte de las protestas

Las movilizaciones continúan mientras avanzan dos procesos paralelos: las conversaciones políticas sobre vivienda y la disputa judicial acerca de las acampadas nocturnas.

La reunión convocada por Montenegro para el 5 de noviembre permitirá conocer las propuestas de los principales partidos de la oposición y comprobar si existe margen para negociar nuevas medidas.

El 24 de noviembre representa otra fecha relevante, tanto por la autorización judicial concedida a Renata Cambra como por la votación presupuestaria prevista para ese día.

De momento, el regreso de alrededor de un centenar de tiendas a Lisboa y Oporto confirma que las protestas mantienen su capacidad de movilización.

El Gobierno afronta así una doble cuestión: encontrar respuestas a las dificultades de acceso a la vivienda y gestionar unas manifestaciones cuya regulación ha acabado enfrentando interpretaciones distintas del derecho a la protesta.

La discusión judicial determinará hasta dónde pueden llegar las restricciones a las acampadas. La política tendrá que responder a la reivindicación que las ha llevado a las calles: el acceso a una vivienda asequible.