La UE pierde 8.000 millones por la red de paraísos fiscales británicos

La red de paraísos fiscales vinculados al Reino Unido provoca que los países de la Unión Europea dejen de recaudar unos 8.000 millones de euros anuales en impuestos sobre los beneficios empresariales. La cifra procede de la última actualización del Índice de Refugios Fiscales Corporativos, publicada este jueves 5 de noviembre por la organización Tax Justice Network, que sitúa a varios territorios británicos entre los principales centros mundiales de planificación fiscal agresiva.

España pierde aproximadamente 475 millones de euros al año por las prácticas fiscales facilitadas por esta red, mientras que Francia y Alemania encabezan la lista de países europeos perjudicados. El informe ofrece por primera vez una estimación individualizada de las pérdidas tributarias que los territorios vinculados al Reino Unido ocasionan a cada Estado miembro, utilizando datos correspondientes a 2022.

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermudas ocupan las tres primeras posiciones de la clasificación internacional. Son jurisdicciones con vínculos constitucionales con Londres que ofrecen condiciones favorables para la organización de estructuras societarias y el traslado de beneficios empresariales.

El resultado pone de manifiesto una contradicción persistente en la fiscalidad internacional. Mientras los gobiernos europeos buscan recursos para financiar servicios públicos y sostener sus presupuestos, parte de los beneficios generados por grandes compañías internacionales termina sometida a una tributación menor mediante operaciones transfronterizas.

No todo este movimiento de capitales implica necesariamente un delito. La cuestión es que las diferencias entre las legislaciones fiscales permiten reducir las obligaciones tributarias de las multinacionales, incluso mediante mecanismos formalmente legales, con consecuencias para la recaudación de los países donde desarrollan sus actividades.

España pierde 475 millones de euros por esta red fiscal

El impacto sobre las cuentas públicas españolas es considerable. Según las estimaciones de Tax Justice Network, España deja de recaudar 475 millones de euros anuales como consecuencia de los mecanismos de elusión fiscal empresarial facilitados por los territorios vinculados al Reino Unido.

Esa cantidad representa aproximadamente el 9,9 % de todas las pérdidas fiscales corporativas que la organización atribuye a los flujos financieros transfronterizos asociados a prácticas fiscales abusivas. Si se consideran los paraísos fiscales de todo el mundo, el perjuicio estimado para España asciende a 4.804 millones de euros anuales.

La situación española, sin embargo, no es la más grave de Europa. Francia encabeza la clasificación con una pérdida estimada de 2.788 millones de euros al año por la red británica. Alemania ocupa el segundo puesto, con 1.409 millones, seguida de Luxemburgo, con 570 millones.

España aparece en cuarta posición, por delante de Polonia, que pierde unos 438 millones. Italia registra una cifra prácticamente idéntica a la polaca, mientras que Bélgica alcanza los 415 millones y Países Bajos, los 383 millones.

Conviene subrayar un detalle: no son cantidades que Hacienda haya dejado de cobrar mediante liquidaciones tributarias concretas, sino estimaciones económicas del dinero que los Estados podrían ingresar si determinadas operaciones empresariales no redujeran artificialmente sus bases imponibles.

Islas Caimán, Bermudas y Jersey: el mapa de los paraísos fiscales

La clasificación internacional vuelve a situar a los territorios británicos en posiciones destacadas. Las Islas Vírgenes Británicas ocupan el primer puesto, seguidas de las Islas Caimán y Bermudas.

Suiza figura en cuarta posición, Singapur en quinta y Hong Kong en sexta. Después aparecen Países Bajos, Jersey, Irlanda y Luxemburgo, que completan los diez primeros lugares del índice.

La presencia británica continúa más allá de esas posiciones. Guernsey ocupa el puesto 12 y la isla de Man, el 13. El propio Reino Unido aparece en el número 19.

En conjunto, Londres y los territorios vinculados a su sistema constitucional concentran el 31 % de los riesgos mundiales de abuso fiscal corporativo identificados por Tax Justice Network. Este porcentaje mide su participación en el riesgo calculado por el índice, no significa que el Reino Unido concentre exactamente el 31 % de todos los impuestos que se pierden en el mundo.

La organización denomina a esta estructura el «segundo imperio» británico, una expresión que refleja la influencia de Londres sobre determinados territorios que, pese a disponer de amplios márgenes de autonomía fiscal y política, mantienen vínculos jurídicos con la Corona.

Según la ONG, esta red facilita el movimiento internacional de capitales a través de estructuras conectadas con la City de Londres, uno de los principales centros financieros mundiales.

Cómo consiguen las multinacionales reducir sus impuestos

El mecanismo básico consiste en trasladar beneficios desde países donde las compañías desarrollan actividades económicas hacia jurisdicciones que ofrecen una tributación más favorable.

Por ejemplo, una multinacional puede disponer de una filial en un territorio con impuestos reducidos y atribuirle determinados derechos de propiedad intelectual, servicios financieros o funciones empresariales. Otras sociedades del grupo realizan pagos por esos conceptos, lo que puede disminuir los beneficios sujetos a impuestos en los países donde operan.

Estas operaciones deben examinarse según las normas aplicables y sus circunstancias concretas. Algunas responden a actividades económicas legítimas; otras pueden constituir prácticas abusivas o incumplimientos tributarios.

El problema aparece cuando la distribución de los beneficios declarados no refleja adecuadamente dónde se genera la actividad económica real.

Para elaborar su clasificación, Tax Justice Network examina las normas fiscales, las obligaciones de transparencia y los flujos de inversión extranjera directa. Así, el índice no se limita a señalar los territorios con tipos impositivos bajos, sino que considera también su importancia dentro de las operaciones financieras internacionales.

Tres países de la UE también figuran entre los diez primeros

Una de las conclusiones más incómodas para Bruselas es que Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo aparecen entre las diez jurisdicciones que presentan mayores riesgos de facilitar la elusión fiscal de las multinacionales.

Países Bajos ocupa la séptima posición, Irlanda la novena y Luxemburgo la décima. Los tres son miembros de la Unión Europea y participan en las instituciones encargadas de establecer las reglas fiscales comunes.

Su inclusión no implica que todas sus empresas realicen actividades irregulares ni que sus sistemas tributarios sean ilegales. Refleja, según la metodología de la organización, la combinación de determinadas características normativas y flujos financieros internacionales.

La fiscalidad empresarial sigue siendo un asunto especialmente delicado dentro de la UE. Los Estados conservan importantes competencias sobre sus impuestos y compiten por atraer inversión, sedes corporativas y actividades económicas.

Esa competencia puede favorecer determinadas inversiones, pero también facilita que las grandes compañías organicen sus operaciones para aprovechar las diferencias entre legislaciones.

El resultado es un mercado europeo en el que las empresas actúan internacionalmente mientras buena parte de las decisiones tributarias continúan dependiendo de cada Estado.

Por qué la lista negra de la UE no coincide con el informe

Existe otra diferencia significativa entre la clasificación de Tax Justice Network y las decisiones oficiales europeas.

La lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea, actualizada el 9 de octubre de 2026, no incluye ninguno de los diez territorios que encabezan el índice de la organización.

Las Islas Vírgenes Británicas figuran en el denominado anexo II, que reúne a jurisdicciones que cooperan con la UE pero mantienen compromisos pendientes de cumplimiento.

Esta aparente contradicción responde, en parte, a que ambos instrumentos utilizan criterios distintos.

La UE examina compromisos internacionales, transparencia, intercambio de información y cumplimiento de determinadas normas de buena gobernanza tributaria. Tax Justice Network incorpora también el volumen de actividad financiera y los riesgos de facilitar el traslado de beneficios entre países.

España, por su parte, dispone de su propia relación de jurisdicciones no cooperativas, en la que aparecen territorios como Bermudas, las Islas Caimán, Jersey, Guernsey y las Islas Vírgenes Británicas.

Por tanto, no existe una única lista internacional de paraísos fiscales. La calificación depende de la legislación y de los indicadores utilizados, una diferencia fundamental para interpretar correctamente las cifras del informe.

El Reino Unido también pierde miles de millones

La paradoja es que el propio Reino Unido figura entre los países perjudicados por los mecanismos internacionales de elusión fiscal.

Tax Justice Network calcula que el país deja de recaudar aproximadamente 12.800 millones de libras esterlinas anuales, equivalentes a unos 15.300 millones de euros, debido a las operaciones de multinacionales que aprovechan refugios fiscales de distintas partes del mundo.

Esta estimación comprende el conjunto de jurisdicciones fiscales internacionales, no exclusivamente los territorios vinculados a la Corona británica.

La situación revela que disponer de una extensa red de centros financieros internacionales no garantiza que el Estado relacionado con ellos obtenga mayores ingresos tributarios.

También plantea una cuestión política. Los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona cuentan con instituciones propias y diferentes grados de autonomía, pero Londres conserva competencias y mecanismos de intervención que varían según el territorio.

La organización considera que estas relaciones atribuyen al Reino Unido una responsabilidad especial en la regulación de la red.

Mientras tanto, las pérdidas fiscales afectan tanto a países comunitarios como al propio sistema tributario británico, aunque sus gobiernos mantengan posiciones diferentes sobre cómo reformar las reglas internacionales.

El coste de mantener las actuales reglas fiscales

El informe llega en un momento de debate sobre el futuro de la tributación de las multinacionales. Durante los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado acuerdos para limitar la erosión de las bases imponibles y establecer una imposición mínima internacional sobre determinados grandes grupos empresariales.

Tax Justice Network considera que estos avances siguen siendo insuficientes, especialmente ante las dificultades para garantizar la transparencia fiscal y aplicar reglas comunes a las operaciones internacionales.

La organización defiende una convención fiscal de Naciones Unidas que permita reforzar la cooperación entre países y modificar los criterios utilizados para distribuir los derechos de imposición sobre los beneficios empresariales.

Una de las propuestas centrales consiste en conceder más importancia al lugar donde las compañías realizan efectivamente sus actividades, emplean trabajadores y venden productos o servicios, en lugar de depender principalmente de dónde declaran sus beneficios.

Según las estimaciones de la ONG, una reforma internacional basada en ese principio podría permitir a los Estados de la UE recaudar 57.000 millones de euros adicionales al año. Se trata de una proyección vinculada a un escenario de reforma, distinta de los 8.000 millones atribuidos específicamente a la red británica.

El responsable del índice, Moran Harari, sostiene que tanto el Reino Unido como la Unión Europea podrían beneficiarse de un sistema internacional más coordinado, aunque critica su resistencia a determinadas propuestas de cambio.

La actualización publicada el 5 de noviembre también evidencia que las mejoras en dos indicadores de transparencia empresarial han sido limitadas. Para la organización, sigue faltando información pública suficiente sobre determinadas estructuras societarias y mecanismos de planificación fiscal.

Los 8.000 millones de euros anuales que la UE pierde, según estas estimaciones, representan una parte concreta de un problema más amplio: las dificultades de los Estados para gravar los beneficios de empresas cuya actividad económica atraviesa fronteras.

Y esa es la cuestión de fondo. Mientras las multinacionales puedan aprovechar importantes diferencias entre los sistemas tributarios, los gobiernos seguirán teniendo dificultades para determinar qué parte de esos beneficios corresponde gravar a cada país. La reforma de las reglas internacionales continúa sobre la mesa; el dinero que se deja de recaudar, también.