Dimite Santiago Peña en Paraguay por Ueno Bank ante un juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha anunciado este jueves 5 de noviembre de 2026 su dimisión después de perder el respaldo de su propio partido y quedar al borde de un juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank. La intervención de la entidad bancaria, vinculada a antiguos socios empresariales del mandatario, ha desencadenado una crisis institucional de enormes proporciones, con millones de clientes afectados, protestas en las calles y graves acusaciones sobre la gestión de fondos públicos.

Peña ha comunicado su decisión mediante un vídeo difundido en la red social X, mientras el Congreso debatía la posibilidad de destituirlo. Su salida llega después de que el Partido Colorado, la formación conservadora que lo llevó al poder en 2023, le retirase buena parte de su apoyo. El vicepresidente, Pedro Alliana, es el llamado a sustituirlo conforme a la Constitución, aunque la renuncia debe ser aceptada por el Congreso paraguayo.

La renuncia supone un vuelco político en Paraguay. Peña, economista de 47 años, había llegado a la Presidencia el 15 de agosto de 2023 con un mandato de cinco años que debía concluir en agosto de 2028. Su caída no responde a una derrota electoral, sino a una combinación de crisis bancaria, pérdida de confianza política y presión parlamentaria que ha terminado por hacer insostenible su continuidad.

En su mensaje de despedida, el mandatario ha justificado la decisión por la necesidad de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También ha pedido disculpas a quienes hayan perdido la confianza en su gestión y ha situado la recuperación del dinero de los depositantes entre las prioridades de la crisis. Su renuncia, sin embargo, no resuelve las investigaciones abiertas ni garantiza por sí sola la devolución inmediata de los fondos bloqueados.

El colapso de Ueno Bank que ha provocado la dimisión

El origen inmediato de la crisis se encuentra en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos años.

La resolución, adoptada el 2 de noviembre y comunicada el día 3, respondió al deterioro de la situación patrimonial del banco. Según el organismo regulador, los ajustes realizados en sus estados financieros dejaron el índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.

La intervención paralizó las operaciones de una entidad que contaba con alrededor de tres millones de clientes, una cifra considerable en un país de poco más de seis millones de habitantes. Numerosos ciudadanos quedaron temporalmente sin acceso a sus cuentas, mientras las autoridades intentaban organizar un procedimiento para proteger los depósitos y evitar que el problema se extendiera al conjunto del sistema financiero.

La situación resulta especialmente delicada por la presencia de fondos públicos y recursos previsionales en Ueno Bank. La entidad administraba aproximadamente entre 800 y 850 millones de dólares de organismos estatales, incluidos unos 380 millones procedentes del Instituto de Previsión Social. La concentración de estos recursos en un banco privado ha provocado un intenso debate sobre los criterios utilizados para depositarlos.

Las protestas no tardaron en aparecer en Asunción. Ahorradores, pensionistas y otros ciudadanos reclamaron la recuperación de su dinero, mientras aumentaban las exigencias de responsabilidades tanto a los administradores de Ueno como a las autoridades encargadas de supervisarlo.

Los vínculos de Santiago Peña con el banco investigado

El escándalo adquirió una dimensión política por las relaciones empresariales que el presidente había mantenido con el grupo propietario de Ueno Bank.

Peña fue accionista de una sociedad vinculada al Grupo Vázquez, conglomerado que controla la entidad financiera, hasta marzo de 2025. Esa relación anterior no demuestra por sí misma ninguna conducta delictiva, pero ha alimentado las sospechas de posibles conflictos de intereses durante su presidencia.

La oposición sostiene que determinadas decisiones regulatorias y la gestión de depósitos públicos pudieron beneficiar al banco. Son acusaciones que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, sin confundir las responsabilidades políticas con eventuales delitos.

Otro elemento controvertido afecta a Carlos Carvallo, presidente del Banco Central paraguayo hasta el estallido de la crisis. Carvallo había dirigido la entidad predecesora de Ueno Bank antes de ocupar la máxima responsabilidad del organismo supervisor. El pasado 3 de noviembre presentó su dimisión a petición de Peña.

Tras su salida, la economista Liana Caballero, integrante del directorio del Banco Central, fue designada para asumir interinamente la presidencia de la institución monetaria.

La coincidencia de antiguos responsables de la entidad financiera con cargos relevantes de la Administración ha intensificado los cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión bancaria.

Ocho directivos detenidos y 27 personas imputadas

La investigación penal ha avanzado paralelamente a la crisis política. La Fiscalía paraguaya ha imputado a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y a otras sociedades del grupo empresarial por presuntos delitos económicos.

Entre los investigados figura Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los principales responsables del conglomerado. Las autoridades detuvieron a ocho directivos de la entidad y solicitaron distintas medidas cautelares contra los investigados.

Los delitos investigados incluyen presunta lesión de confianza, tentativa de estafa e irregularidades contables, así como conductas relacionadas con la situación de crisis de la entidad.

Los investigadores examinan operaciones crediticias concedidas a sociedades vinculadas al propio grupo empresarial, posibles incumplimientos de los límites legales y deficiencias en la documentación financiera.

La apertura de procedimientos penales no equivale a una condena. Por el momento, las actuaciones conocidas afectan a responsables bancarios y personas vinculadas a las empresas investigadas, sin que ello permita atribuir automáticamente responsabilidad penal al presidente dimisionario.

El Partido Colorado abandona a Peña y precipita su salida

La situación política de Santiago Peña se volvió prácticamente insostenible cuando una parte decisiva de su propio partido dejó de respaldarlo.

El Partido Colorado, oficialmente Asociación Nacional Republicana (ANR), había sido el principal sostén de su Gobierno. La formación, que domina la vida política paraguaya desde hace décadas, dispone de una amplia presencia en el Congreso.

El expresidente Horacio Cartes, actual dirigente del Partido Colorado y figura fundamental en la trayectoria política de Peña, anunció su apoyo al juicio político contra el mandatario.

Su posición provocó una reacción en cadena entre parlamentarios oficialistas que hasta entonces habían sostenido al Gobierno. La retirada del apoyo de Cartes fue especialmente significativa porque había sido uno de los principales impulsores de la carrera política de Peña.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, también reclamó la renuncia de Peña o, en su defecto, la apertura del procedimiento de destitución. Otros dirigentes colorados, entre ellos el senador Natalicio Chase, respaldaron públicamente la retirada del jefe del Estado.

La oposición había presentado una iniciativa de juicio político y la Cámara de Diputados había convocado una sesión extraordinaria para debatirla este jueves.

La acusación requería una mayoría cualificada de dos tercios en la Cámara de Diputados para avanzar hacia el Senado, encargado de juzgar al mandatario. El cambio de postura de los legisladores colorados convirtió una amenaza parlamentaria en una posibilidad real de destitución.

Peña optó finalmente por presentar su renuncia antes de que ese proceso desembocara en una eventual decisión contra él.

El episodio deja una situación poco habitual: un presidente elegido con el respaldo de una de las organizaciones políticas más poderosas de Sudamérica termina abandonando el cargo tras perder la confianza de buena parte de sus propios compañeros. La fractura interna del coloradismo ha resultado determinante para precipitar el desenlace.

Pedro Alliana, el vicepresidente llamado a suceder a Peña

La Constitución paraguaya establece un mecanismo de sustitución presidencial que permite afrontar una crisis de este tipo sin convocar necesariamente nuevas elecciones generales.

El artículo 234 de la Constitución determina que, cuando la Presidencia queda vacante, corresponde al vicepresidente asumir la jefatura del Estado y completar el periodo constitucional.

En este caso, el sucesor previsto es Pedro Alliana, también integrante del Partido Colorado.

No obstante, hay un trámite institucional importante: el Congreso tiene la atribución constitucional de aceptar o rechazar la renuncia presidencial. El anuncio público de Peña no debe confundirse con la conclusión automática de todos los procedimientos necesarios para formalizar la sucesión.

Si se confirma la vacante, Alliana deberá completar el mandato previsto hasta el 15 de agosto de 2028, salvo que se produzcan otras circunstancias constitucionales.

La situación del vicepresidente tampoco ha estado completamente al margen de la controversia. La oposición presentó igualmente una solicitud de juicio político contra Alliana, aunque el sector mayoritario del oficialismo ha mostrado su disposición a respaldarlo como sucesor de Peña.

De asumir la Presidencia, quedaría vacante la Vicepresidencia. Como Paraguay se encuentra en los dos últimos años del mandato constitucional, correspondería al Congreso designar al nuevo vicepresidente por mayoría absoluta.

El relevo, por tanto, no representa necesariamente un cambio de partido en el Gobierno. Lo que puede cambiar es el equilibrio interno del Partido Colorado y la relación entre el Ejecutivo y los sectores parlamentarios que han impulsado la salida de Peña.

Qué ocurrirá con los ahorros bloqueados en Ueno Bank

Para los ciudadanos afectados, la principal preocupación sigue siendo la recuperación de sus depósitos. La dimisión del presidente tiene un enorme significado político, pero el procedimiento bancario continúa.

El Banco Central paraguayo ha establecido un mecanismo de devolución mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya cobertura ordinaria alcanza los 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera.

Esa cantidad equivale actualmente a 228.300.000 guaraníes. La garantía se aplica por titular y banco, no de manera independiente a cada cuenta que una persona pudiera mantener en la entidad.

Las autoridades también han anunciado anticipos de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 121,76 millones de guaraníes por beneficiario, sujetos al saldo que corresponda y al descuento de las deudas vencidas con Ueno Bank.

El procedimiento comunicado el 4 de noviembre contempla que las transferencias comiencen dentro de las primeras 24 horas y que esta fase de anticipos se complete en un máximo de cinco días hábiles, conforme al calendario establecido.

Los titulares que tengan cuentas en otros bancos recibirán el dinero en aquella entidad donde registren el mayor saldo disponible. Para quienes no dispongan de otra cuenta, se habilitará una nueva a su nombre.

Este jueves 5 de noviembre, el Banco Central ha habilitado también mecanismos de consulta para que los ahorradores conozcan qué entidad financiera les ha sido asignada para recibir el anticipo, sin depender exclusivamente de la comunicación por correo electrónico.

El organismo ha advertido de la necesidad de utilizar canales oficiales y desconfiar de posibles intentos de fraude relacionados con la devolución de los depósitos.

Todavía quedan cuestiones importantes por resolver, particularmente la recuperación de cantidades que superen los límites garantizados y el destino definitivo de los activos del banco.

La crisis también afecta a los trabajadores de Ueno. La interrupción de las operaciones ha dejado a empleados pendientes del cobro de sus salarios y de las decisiones que se adopten durante el proceso de resolución bancaria.

Paraguay afronta una crisis que va más allá de su presidente

La renuncia de Santiago Peña pone fin a una etapa política iniciada en agosto de 2023, pero no elimina las consecuencias de uno de los mayores escándalos financieros recientes de Paraguay.

El país había reforzado durante los últimos años su reputación internacional como una economía relativamente estable, capaz de atraer inversión extranjera y mantener una política macroeconómica previsible.

El caso Ueno Bank introduce un elemento de incertidumbre en esa imagen. No se trata únicamente de determinar por qué una entidad financiera llegó a perder los niveles de solvencia exigidos, sino también de esclarecer cómo funcionaron los mecanismos de supervisión y qué papel desempeñaron las instituciones públicas.

La investigación tendrá que establecer si hubo operaciones fraudulentas, qué responsabilidades corresponden a los administradores y si existieron decisiones de autoridades que facilitaron o encubrieron las irregularidades denunciadas.

El nuevo Ejecutivo deberá afrontar simultáneamente tres problemas: recuperar la confianza de los ciudadanos, proteger los fondos de los depositantes y garantizar la estabilidad institucional.

La salida de Peña despeja una parte de la crisis política. La financiera y la judicial siguen abiertas. Y para miles de paraguayos que todavía esperan recuperar sus ahorros, el verdadero desenlace dependerá bastante menos del nombre del presidente que del dinero que finalmente regrese a sus cuentas.