Piden 29 años a un cura de Ourense acusado de violar a sus sobrinas

La Fiscalía de Ourense solicita 29 años de prisión para un sacerdote católico acusado de violar reiteradamente a sus dos sobrinas cuando eran menores de edad. El Ministerio Público le atribuye dos delitos continuados de agresión sexual con penetración y sostiene que aprovechó su autoridad religiosa, la confianza familiar y la vulnerabilidad de las niñas para cometer los presuntos delitos durante varios años.

El caso llegará a la Audiencia Provincial de Ourense, donde el fiscal ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada para proteger la intimidad de las denunciantes. Según los informes incorporados al procedimiento, ambas sufren trastorno por estrés postraumático. La acusación reclama también 260.000 euros en indemnizaciones y señala a la Diócesis de Ourense como posible responsable civil subsidiaria.

La petición de condena, conocida este jueves 5 de noviembre de 2026, afecta a un sacerdote que ejerció funciones en el Seminario Mayor de Ourense. Los hechos denunciados se remontan al periodo comprendido entre 2000 y 2009, cuando las dos hermanas eran niñas y adolescentes. El acusado ha negado durante la investigación haber mantenido relaciones sexuales con sus sobrinas.

Las presuntas violaciones comenzaron cuando las niñas tenían ocho años

El escrito de acusación describe dos periodos de presuntas agresiones sexuales que se prolongaron durante años y que, según la Fiscalía, respondían a un mismo patrón de aprovechamiento de la relación familiar y de la posición de autoridad del sacerdote.

En el caso de la hermana mayor, los hechos denunciados comenzaron en junio de 2000, cuando tenía aproximadamente ocho años, en fechas próximas a su primera comunión. Según la acusación, las agresiones se prolongaron hasta diciembre de 2008, cuando la joven tenía alrededor de 17 años.

El Ministerio Público sostiene que, desde los 12 años y durante buena parte de su adolescencia, la menor sufrió violaciones reiteradas en distintos espacios a los que su tío tenía acceso por sus vínculos familiares o por su actividad religiosa.

Respecto a la hermana pequeña, la Fiscalía sitúa los hechos entre 2004 y 2009, cuando tenía entre ocho y 13 años. El escrito describe igualmente agresiones sexuales repetidas durante ese periodo.

El Seminario Mayor y la confianza familiar, en el centro de la acusación

Una de las circunstancias más relevantes del procedimiento es el papel que, según las acusaciones, desempeñó la condición sacerdotal del investigado.

El religioso, tío paterno de las dos denunciantes, habría utilizado su ascendencia moral y religiosa y la confianza que su familia depositaba en él para quedarse a solas con las menores.

Los escritos de acusación sitúan algunos de los presuntos delitos en dependencias del Seminario Mayor de Ourense, donde el sacerdote ejercía como formador y disponía de despacho y habitación propios. También mencionan domicilios familiares de Ourense y Málaga.

La Fiscalía considera especialmente relevante esa posición de superioridad, que habría facilitado situaciones de aislamiento y reducido la capacidad de las niñas para resistirse o denunciar lo ocurrido.

El relato de las acusaciones incluye episodios de intimidación y violencia física. Todos estos hechos deberán examinarse durante el juicio, en el que corresponderá al tribunal determinar si ha quedado acreditada la responsabilidad penal del acusado.

La Fiscalía pide 15 y 14 años de cárcel y 260.000 euros

La petición de 29 años de prisión corresponde a la suma de las penas reclamadas por los dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal.

Por los hechos denunciados por la hermana mayor, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel, además de inhabilitación absoluta durante el cumplimiento de la condena y una indemnización de 150.000 euros.

En relación con la segunda víctima, la petición asciende a 14 años de prisión y una compensación económica de 110.000 euros, también por los daños morales, las secuelas psicológicas y los perjuicios personales atribuidos a las presuntas agresiones.

La Fiscalía reclama, asimismo, que se prohíba al sacerdote acercarse a menos de 500 metros de las dos hermanas y comunicarse con ellas durante diez años.

También solicita su inhabilitación para desempeñar actividades profesionales con menores y la incorporación de su perfil genético a la base de datos policial correspondiente.

La Diócesis de Ourense podría tener que pagar las indemnizaciones

El procedimiento no afecta únicamente a la posible responsabilidad penal del sacerdote. Las acusaciones también plantean consecuencias económicas para la institución eclesiástica.

La Diócesis de Ourense figura como responsable civil subsidiaria en la petición fiscal. Esto significa que podría verse obligada a responder por las indemnizaciones si se cumplen los requisitos legales, existe una condena y el acusado no puede afrontar las cantidades establecidas.

La reclamación está relacionada con el supuesto aprovechamiento de las funciones que el sacerdote desempeñaba en el ámbito religioso y con la localización de parte de los hechos denunciados en instalaciones vinculadas al seminario.

No supone, por sí misma, una declaración de responsabilidad contra la diócesis. Esa cuestión también deberá resolverse judicialmente.

Una primera denuncia archivada en 2020 y una investigación reabierta

La causa tiene un recorrido judicial anterior a la petición de condena conocida este jueves.

La hermana mayor denunció por primera vez al sacerdote en noviembre de 2019, cuando ya era adulta. Aquella investigación terminó archivada en noviembre de 2020 después de que el juzgado considerara que los hechos inicialmente denunciados habían prescrito.

La situación cambió en marzo de 2023, cuando ambas hermanas presentaron una nueva denuncia que incorporaba otras acusaciones de agresión sexual. El testimonio de la menor de las dos permitió investigar hechos que no estaban afectados por la misma prescripción.

La nueva investigación avanzó hasta el procesamiento del sacerdote. En 2025, la Audiencia Provincial de Ourense confirmó que existían indicios suficientes para que el caso se examinara en juicio.

Durante la instrucción se incorporaron informes clínicos y periciales que documentan las secuelas psicológicas de ambas denunciantes. Entre ellas figura un trastorno por estrés postraumático grave y persistente.

El Obispado de Ourense confirmó que había apartado cautelarmente al sacerdote de las parroquias y demás funciones diocesanas que tenía encomendadas desde marzo de 2023, cuando se produjo la nueva denuncia.

El religioso, por su parte, ha rechazado las acusaciones. Durante la instrucción negó los contactos sexuales denunciados y sostuvo que las reclamaciones respondían a motivaciones económicas.

La Fiscalía quiere que el juicio se celebre a puerta cerrada

Una de las solicitudes más significativas del Ministerio Público afecta a las condiciones en las que deberán declarar las dos hermanas.

La Fiscalía ha pedido que la vista oral se desarrolle sin acceso del público, atendiendo a la naturaleza de los delitos investigados y a la necesidad de preservar la intimidad de las denunciantes y sus familiares.

El fiscal considera que la exposición pública de los hechos podría perjudicar su dignidad y condicionar negativamente sus declaraciones, especialmente por las consecuencias psicológicas que presentan.

Celebrar un juicio a puerta cerrada no equivale a eliminar las garantías procesales. El acusado conserva su derecho de defensa, la posibilidad de contradecir las pruebas y la presunción de inocencia. La restricción de publicidad deberá ser acordada por el tribunal y responder a las necesidades de protección previstas legalmente.

La petición busca evitar que el procedimiento judicial se convierta en una nueva fuente de exposición para las denunciantes, sin impedir que se examinen las pruebas y se esclarezcan las responsabilidades.

La Audiencia de Ourense deberá resolver las acusaciones

El procedimiento se encuentra en una fase decisiva tras la presentación de las peticiones de condena. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 29 años de prisión, mientras que el sacerdote mantiene su negativa a reconocer los hechos.

Por el momento, no se ha comunicado una fecha concreta para la celebración del juicio.

La Audiencia Provincial tendrá que valorar los testimonios de las denunciantes, los informes periciales y las demás pruebas admitidas, así como las alegaciones de la defensa.

También deberá pronunciarse, si procede, sobre las indemnizaciones reclamadas y la posible responsabilidad civil de la Diócesis de Ourense.

La diferencia jurídica es esencial: los 29 años de cárcel constituyen una petición de las acusaciones, no una condena. Será el tribunal quien determine si los delitos denunciados han quedado probados y qué consecuencias penales y civiles corresponden.