43 exnumerarias del Opus Dei denuncian abusos y piden ver al Papa

La visita del papa León XIV a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ha devuelto a la actualidad una de las denuncias más graves contra el Opus Dei. Un grupo de 43 antiguas numerarias auxiliares acusa a responsables de la organización católica de haberlas sometido durante años a explotación laboral, abusos psicológicos y condiciones de servidumbre. Las mujeres han solicitado una audiencia con el pontífice para trasladarle personalmente sus testimonios.

Dos de las denunciantes, Nélida Ruiz Díaz y María Dominga Godoy, han relatado las condiciones en las que aseguran haber vivido dentro de la institución. Sus declaraciones describen largas jornadas de trabajo doméstico sin remuneración, restricciones a su libertad, prácticas de mortificación corporal y un sistema de obediencia religiosa que, según sostienen, dificultaba cualquier intento de abandonar la organización.

El caso está siendo investigado por la Justicia argentina, que ha recibido solicitudes de la Fiscalía para interrogar a cinco antiguos responsables del Opus Dei. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas todavía no ha realizado esas declaraciones indagatorias. La organización religiosa rechaza las acusaciones de trata de personas y explotación laboral, y sostiene que los hechos denunciados no constituyen los delitos que se le atribuyen.

La llegada de León XIV ha adquirido así un significado especial para las antiguas integrantes. No se trata únicamente de reclamar una respuesta judicial. También quieren que la máxima autoridad de la Iglesia católica escuche lo que, según sus testimonios, ocurrió durante décadas en centros vinculados a una institución que forma parte de la propia Iglesia.

De la promesa de estudiar a trabajar durante años sin cobrar

La historia de María Dominga Godoy comenzó en Paraguay, cuando tenía apenas 13 años. Su familia, formada por diez hermanos, atravesaba dificultades económicas. Una tía que trabajaba como empleada doméstica la puso en contacto con personas vinculadas al Opus Dei, que le ofrecieron la posibilidad de trasladarse a Asunción para recibir educación.

La formación prometida, según su relato, nunca llegó. En 1978, dos años después de ingresar en la organización, fue enviada a Argentina. Allí pasó por distintas residencias religiosas y terminó realizando labores de limpieza, lavado, planchado y servicio doméstico para numerarios y sacerdotes.

Godoy permaneció 21 años en el Opus Dei, según su testimonio, hasta que abandonó la institución en 1999. Seis meses después se instaló en Canadá. Desde allí describe una experiencia marcada por la dependencia y el miedo, en la que las decisiones más elementales estaban sometidas a la autorización de sus superiores.

Nélida Ruiz Díaz ofrece un testimonio parecido. Procedía de Concordia, en la provincia argentina de Entre Ríos, y tenía 15 años cuando en 1985 recibió una propuesta para estudiar en Buenos Aires. Su hermana, entonces de 13 años, también fue incluida en aquel ofrecimiento.

Lo que esperaba que fuera una oportunidad educativa se convirtió, según denuncia, en una sucesión de tareas domésticas. Recuerda haber tenido que limpiar diez baños, además de habitaciones y otras dependencias de las residencias.

Ruiz Díaz asegura que llegó a trabajar hasta 20 horas diarias sin recibir salario. Durante mucho tiempo interpretó aquella situación como una obligación religiosa. Procedía de una familia creyente y consideraba que servir a Dios justificaba los sacrificios que se le exigían.

Miedo, aislamiento y mortificación corporal

Las acusaciones no se limitan a las condiciones laborales. Ambas mujeres describen un ambiente de control psicológico y obediencia religiosa que, según sus testimonios, condicionaba profundamente su capacidad para decidir.

Godoy sostiene que las responsables de las residencias utilizaban el miedo al castigo divino como instrumento de presión. Desobedecer podía significar, según las advertencias que recuerda, perder la protección de Dios, no solo para ellas, sino también para sus familias.

Las denunciantes también describen prácticas de mortificación física. Godoy afirma que utilizaba diariamente un cilicio, un instrumento metálico con puntas que se coloca alrededor del muslo y que, según explica, le dejó marcas en el cuerpo.

Ruiz Díaz relata igualmente el uso de disciplinas, pequeños látigos empleados para golpearse mientras se reza, y duchas de agua fría que debían entenderse como una forma de sacrificio espiritual.

La mortificación corporal tiene antecedentes históricos dentro de determinadas tradiciones ascéticas del catolicismo. Pero su existencia como práctica religiosa no resuelve las cuestiones que plantea este caso: si se imponía mediante coacción, en qué condiciones se realizaba y si las mujeres podían rechazarla libremente.

Otro elemento de las denuncias es el control de la documentación personal. Godoy asegura que durante seis o siete años de su estancia en Argentina no dispuso de sus documentos de identidad, que estaban gestionados por otras personas de la organización.

Ruiz Díaz sostiene que necesitó dos años para preparar su salida. Cuando comunicó que quería marcharse, afirma que fue derivada a un parapsicólogo y recibió medicamentos que le provocaban somnolencia y mareos.

Son testimonios que deberán valorarse junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación. Pero muestran por qué las denunciantes insisten en que su experiencia no puede reducirse a un desacuerdo sobre salarios o condiciones de trabajo.

La Justicia argentina investiga presuntos delitos de trata y servidumbre

El origen de la investigación judicial se remonta a una denuncia presentada en septiembre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de Argentina. La causa llegó posteriormente a la justicia federal.

En octubre de 2024, el Ministerio Público Fiscal informó de que había identificado a al menos 44 posibles víctimas de un sistema de captación y explotación que, según su hipótesis, habría funcionado entre 1972 y 2015. Esa cifra corresponde al alcance de la investigación fiscal, mientras que las 43 mujeres que solicitan reunirse con el Papa integran el colectivo de antiguas numerarias que mantiene la reclamación.

La Fiscalía sostiene que niñas y adolescentes procedentes de familias económicamente vulnerables habrían sido captadas mediante ofertas de educación, alojamiento y formación profesional. Una vez incorporadas, habrían quedado destinadas a tareas domésticas durante jornadas prolongadas, sin retribución efectiva y bajo diferentes formas de control.

Los investigadores solicitaron inicialmente la declaración indagatoria de cuatro antiguos responsables: Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo. En junio de 2025 ampliaron la petición a Mariano Fazio, actual vicario auxiliar del Opus Dei.

Las indagatorias son una fase del procedimiento penal argentino destinada a comunicar formalmente las sospechas y permitir que los investigados ejerzan su defensa. No equivalen a una condena.

Hasta el 7 de noviembre de 2026, el juez Daniel Rafecas no había concretado las comparecencias solicitadas.

La prescripción complica parte de la investigación

La causa ha sufrido también un importante revés judicial. El 22 de septiembre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó, por mayoría, la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Gabriel Dondo respecto de los hechos denunciados por tres mujeres.

Los magistrados consideraron que los plazos legales aplicables a esos episodios habían expirado. La Fiscalía y una de las denunciantes defendían otra interpretación, basada en la posible continuidad de las situaciones de sometimiento.

El juez Mariano Borinsky discrepó de la mayoría y consideró necesario profundizar en la investigación antes de dar por prescritos esos hechos.

La decisión afecta a esos tres casos concretos respecto de Dondo. No supone el archivo general de la investigación, ni constituye una resolución judicial que declare probadas o falsas las acusaciones del conjunto de denunciantes.

La lentitud del procedimiento preocupa a las mujeres y a organizaciones dedicadas a combatir los abusos en instituciones religiosas. En septiembre, Ending Clergy Abuse (ECA) reclamó a la Justicia argentina que acelerase las actuaciones y garantizase tanto los derechos de las posibles víctimas como los de las personas investigadas.

El Opus Dei niega las acusaciones de explotación

El Opus Dei, fundado en España en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer, es una institución de la Iglesia católica con la condición jurídica de prelatura personal desde 1982. Su máxima autoridad es el sacerdote español Fernando Ocáriz.

La organización rechaza categóricamente que se produjera un sistema de trata de personas y servidumbre dentro de sus centros argentinos. Considera que se ha intentado trasladar un conflicto originalmente laboral y económico al ámbito penal mediante una interpretación que juzga improcedente.

La prelatura también ha señalado que creó en 2022 una Oficina de Sanación y Resolución, destinada a atender reclamaciones individuales de antiguas integrantes y buscar posibles soluciones.

No obstante, las denunciantes mantienen que lo ocurrido fue mucho más allá de un problema de cotizaciones, remuneraciones o compensaciones económicas. Sus acusaciones se centran también en la pérdida de autonomía personal y en las formas de sometimiento que aseguran haber sufrido.

La cuestión que deberá esclarecer la Justicia es si existieron conductas penalmente relevantes, quiénes pudieron ser responsables y qué pruebas permiten sostener cada imputación. Por el momento, no existe una sentencia condenatoria contra los responsables señalados en esta causa.

Las 43 exnumerarias piden una audiencia con León XIV

La visita del papa León XIV ha abierto una nueva vía para las reclamaciones del colectivo. Las 43 antiguas numerarias auxiliares solicitaron formalmente al Vaticano el 15 de septiembre de 2026 una audiencia durante la estancia del pontífice en Argentina.

Su abogado, Sebastián Sal, explicó a finales de octubre que todavía no habían recibido una respuesta, ni favorable ni desfavorable. Tampoco se había confirmado públicamente una reunión con las denunciantes.

Las mujeres consideran especialmente importante que el Papa pueda escuchar sus experiencias sin intermediarios. La petición cobra relevancia porque el pontífice ya ha mantenido encuentros con dirigentes del Opus Dei, entre ellos Fernando Ocáriz y Mariano Fazio, cuyo nombre figura en la solicitud de indagatoria de la Fiscalía argentina.

Para las denunciantes, la audiencia tendría un valor institucional y personal. Su reclamación es que la Iglesia escuche directamente a quienes aseguran haber sufrido abusos dentro de una organización perteneciente a su estructura.

El encuentro, de producirse, tampoco sustituiría el procedimiento penal. La responsabilidad judicial corresponde a los tribunales argentinos, mientras que cualquier revisión interna de las prácticas de la prelatura pertenece al ámbito de las autoridades eclesiásticas.

Una visita papal con una reclamación pendiente

León XIV tiene previsto llegar a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecer en Argentina hasta el miércoles 11. Su programa incluye actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, así como una reunión con el presidente Javier Milei y encuentros con representantes de la Iglesia, trabajadores y jóvenes.

Será la primera visita de un pontífice a Argentina desde 1987, cuando viajó Juan Pablo II. El viaje tiene una considerable importancia religiosa e institucional, pero también coincide con demandas de personas que aseguran haber sufrido abusos en entornos eclesiásticos.

Entre esas reclamaciones está la de las exnumerarias del Opus Dei. Algunas ingresaron siendo menores de edad y sostienen que dedicaron buena parte de su juventud a trabajar sin cobrar, sometidas a una disciplina que no podían cuestionar.

Sus testimonios han vuelto a situar bajo escrutinio las prácticas desarrolladas durante décadas en determinadas residencias de la organización. La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para solicitar declaraciones indagatorias; el Opus Dei niega que se cometieran los delitos investigados.

La visita de León XIV no determinará el resultado del proceso judicial. Pero las denunciantes esperan que sirva, al menos, para conseguir algo que llevan años reclamando: ser escuchadas por la máxima autoridad de la Iglesia católica.