Irene Montero acusa al Gobierno de violencia policial ante el 11N

Irene Montero ha llamado este domingo, 8 de noviembre, a participar masivamente en la huelga general del 11 de noviembre y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar un aumento «premeditado» de la violencia policial para desalentar las movilizaciones sociales. La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N sostiene que el Ejecutivo pretende intimidar a quienes protestan por la vivienda, los salarios y el encarecimiento de la vida.

La eurodiputada ha realizado estas declaraciones en Madrid, tras asistir al XXII Congreso del Sindicato de Estudiantes, a tres días de una jornada de huelga convocada por UGT, CCOO y otras organizaciones sindicales. Montero ha reclamado que el paro consiga «paralizar el país» y ha denunciado que, a su juicio, la actuación policial está siendo utilizada para frenar la protesta ciudadana.

Sus palabras añaden tensión a una precampaña electoral marcada por las dificultades de acceso a la vivienda y el debate sobre el poder adquisitivo. También sitúan a Podemos frente al Gobierno de coalición, al que Montero responsabiliza de no haber respondido a las demandas sociales. La dirigente ha vinculado sus críticas a la actuación policial con la necesidad de que los ciudadanos mantengan su capacidad de movilización.

Montero denuncia una violencia policial «premeditada»

La candidata de Podemos considera que las actuaciones policiales registradas durante las últimas semanas responden a una estrategia de intimidación. Según ha declarado, existe un incremento deliberado de la contundencia contra quienes participan en protestas y movilizaciones.

Montero ha señalado especialmente las intervenciones contra estudiantes, profesores y sindicalistas. En contraste, ha criticado lo que considera una respuesta menos contundente frente a grupos de extrema derecha, como Núcleo Nacional, y figuras como el agitador Vito Quiles.

La eurodiputada sostiene que el objetivo es desanimar a quienes quieren organizarse para reclamar mejoras sociales. Sin embargo, la existencia de una estrategia gubernamental deliberada de represión es una acusación política de Montero, no un hecho acreditado por la información disponible.

Su mensaje llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo: una huelga general de alcance estatal, convocada a menos de tres semanas de las elecciones, puede convertirse en un foco de presión tanto social como electoral.

Huelga general del 11 de noviembre: vivienda, salarios y precios

La huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre ha sido convocada por UGT, CCOO y otras organizaciones sindicales, entre ellas CGT, CNT, Solidaridad Obrera y la Confederación Intersindical. Los preavisos fueron comunicados a las autoridades laborales durante el mes de octubre.

La convocatoria contempla un paro de 24 horas en todo el territorio español, tanto en el sector público como en el privado. Sus principales reivindicaciones son el acceso a una vivienda asequible, la mejora de los salarios, la recuperación del poder adquisitivo y el desbloqueo de la negociación colectiva.

Los sindicatos consideran que el encarecimiento del alquiler y de los productos básicos está absorbiendo una parte creciente de los ingresos de los trabajadores. UGT reclama, entre otras medidas, una subida del salario mínimo del 7 % para 2027, actuaciones contra la especulación inmobiliaria y más vivienda protegida destinada al alquiler.

La convocatoria también ha provocado discrepancias con la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció el 19 de octubre su intención de impugnarla por considerar que tenía carácter electoral. Sin embargo, la organización empresarial renunció a presentar el recurso el 22 de octubre, aunque mantuvo sus críticas a la protesta.

Qué servicios pueden verse afectados por la huelga

La jornada del 11N puede afectar al transporte, los servicios públicos, la enseñanza y distintas actividades económicas. El alcance real dependerá del seguimiento que tenga la convocatoria y de los servicios mínimos establecidos por las administraciones competentes.

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado disposiciones para garantizar prestaciones esenciales en ámbitos como el suministro eléctrico y Correos. La prestación de estos servicios debe conciliar el derecho de huelga con la continuidad de las actividades consideradas imprescindibles.

En Cataluña, por ejemplo, se ha fijado un servicio mínimo del 25 % en el transporte público durante las horas punta, de 6.30 a 9.30 y de 16.30 a 21.00 horas. En sanidad se garantizarán las urgencias, la atención a los pacientes ingresados y los tratamientos que no puedan aplazarse. Estas condiciones no son necesariamente iguales en el resto de comunidades autónomas.

Montero responsabiliza a los gobiernos de la crisis de vivienda

La vivienda ocupa una parte central del discurso de la candidata de Podemos. Montero ha responsabilizado tanto al Gobierno central como a los ejecutivos autonómicos de permitir una situación que, según denuncia, beneficia a los grandes propietarios y a los fondos de inversión.

La dirigente considera que las administraciones han facilitado que los especuladores hagan negocio con un derecho básico, mientras numerosos ciudadanos encuentran dificultades para pagar un alquiler o acceder a su primera vivienda.

Sus críticas también alcanzan a los denominados fondos buitre y a los rentistas, a quienes acusa de beneficiarse de la falta de medidas eficaces contra el encarecimiento de la vivienda.

El planteamiento conecta con una de las principales reivindicaciones sindicales del 11N: que el acceso a una vivienda no siga absorbiendo una proporción cada vez mayor del salario.

La huelga, por tanto, no se limita a reclamar mejores condiciones laborales. Busca presionar a las administraciones para que adopten medidas concretas sobre el alquiler y los precios, dos cuestiones que tendrán un peso importante en el debate electoral.

Montero advierte sobre los derechos de las mujeres ante el 29N

La intervención de Montero también ha abordado las próximas elecciones generales y las políticas de igualdad.

Preguntada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ley del solo sí es sí, la candidata de Podemos ha advertido del riesgo que, en su opinión, supondría un eventual Gobierno de PP y Vox para los derechos conquistados por las mujeres.

Montero sostiene que ambas formaciones han cuestionado avances feministas y han contribuido a desacreditar el movimiento por la igualdad. También ha defendido la importancia de mantener el consentimiento sexual en el centro de la protección legal de las mujeres.

Estas declaraciones forman parte de una estrategia electoral en la que Podemos intenta recuperar protagonismo en materias como el feminismo, la vivienda y los derechos sociales, al tiempo que se distancia tanto de la derecha como del actual Ejecutivo.

Podemos reivindica una alternativa con ERC y Gabriel Rufián

Irene Montero ha defendido igualmente una propuesta política que define como «plurinacional, republicana y antifascista», vinculada al entendimiento entre Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con Gabriel Rufián como uno de sus principales referentes.

La candidata presenta ese espacio como una alternativa frente a un eventual Gobierno de PP y Vox, pero también frente a la continuidad de las políticas del PSOE y Frente Amplio.

Su discurso combina así dos objetivos: reforzar una opción electoral diferenciada de cara al 29 de noviembre y aprovechar las movilizaciones sociales para reclamar cambios en la política económica y de vivienda.

Montero también ha destacado la importancia de la participación juvenil. Según ha señalado, para numerosos jóvenes la huelga del 11 de noviembre supondrá su primera experiencia en una convocatoria general de estas características.

El 11N pondrá a prueba la movilización social antes de las elecciones

La huelga general del miércoles llegará cuando faltan 18 días para las elecciones del 29N. Su seguimiento permitirá comprobar hasta qué punto el malestar por la vivienda, los salarios y el coste de la vida se traduce en una movilización efectiva.

Para los sindicatos, la prioridad es conseguir respuestas de las administraciones y avances concretos en materia laboral y habitacional. Para Podemos, la convocatoria también representa una oportunidad de situar sus principales reivindicaciones sociales en el centro de la precampaña.

Las acusaciones de Montero sobre una supuesta estrategia de represión policial introducen un elemento adicional de confrontación con el Gobierno. Una denuncia grave que exige distinguir entre las críticas políticas y los hechos acreditados.

La participación del 11 de noviembre, el funcionamiento de los servicios esenciales y la respuesta de las instituciones serán los indicadores más inmediatos del alcance de la protesta. El resultado electoral llegará después.