Admitida la demanda de Ángel Víctor Torres contra Aldama por 60.000 €

Un juzgado de Arucas, en Gran Canaria, ha admitido a trámite la demanda del ministro Ángel Víctor Torres contra Víctor de Aldama por una presunta vulneración de su derecho al honor. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática reclama 60.000 euros de indemnización por las acusaciones que el empresario ha difundido públicamente sobre su supuesta implicación en el caso Koldo y determinados episodios de su vida privada.

La resolución judicial, conocida el 6 de noviembre de 2026, supone un nuevo avance en el enfrentamiento entre ambos. El juzgado ha aceptado tramitar la reclamación y la documentación presentada por Torres, y ha concedido a Aldama 20 días para contestar a la demanda. No existe todavía una sentencia sobre el fondo del asunto ni se ha determinado judicialmente si las declaraciones denunciadas constituyen una intromisión ilegítima en el honor del ministro.

El conflicto se remonta a las acusaciones formuladas por Aldama durante la investigación de la trama de las mascarillas. El empresario insinuó que Torres había recibido comisiones irregulares y aseguró que había acudido, junto al exministro José Luis Ábalos, a un piso de Madrid donde había mujeres prostituidas. Torres ha negado reiteradamente ambas acusaciones y sostiene que las manifestaciones del comisionista han perjudicado gravemente su reputación personal, su trayectoria política y su entorno familiar.

Torres reclama 60.000 euros por los daños a su reputación

La demanda civil, presentada en marzo de 2026 ante los juzgados de Arucas, se fundamenta en la presunta vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen del ministro.

El dirigente socialista considera que las afirmaciones de Aldama exceden los límites de la crítica política y afectan a aspectos especialmente sensibles de su vida personal. Su reclamación no se limita a cuestionar unas declaraciones aisladas, sino que denuncia una difusión reiterada de acusaciones que, según sostiene, han tenido repercusión en medios de comunicación y redes sociales.

La cantidad solicitada, 60.000 euros, pretende compensar los daños morales y reputacionales que Torres atribuye a esas manifestaciones.

El importe no constituye una sanción impuesta por el juzgado. Es la indemnización que solicita la parte demandante y cuya procedencia, así como su posible cuantía, tendrá que determinarse durante el procedimiento.

La defensa del ministro ha acompañado su reclamación de documentación destinada a respaldar su versión de los hechos y acreditar el alcance de los perjuicios denunciados.

Las pruebas que Ángel Víctor Torres ha presentado contra Aldama

Uno de los elementos más relevantes de la demanda es un informe pericial que, según la documentación aportada por Torres, acredita que el ministro no se encontraba en Madrid durante las fechas en las que Aldama situó los supuestos encuentros en un piso con mujeres prostituidas.

Esta circunstancia resulta especialmente importante porque la acusación del empresario no se refiere únicamente a una posible irregularidad económica. También atribuye al dirigente socialista una conducta relacionada con su esfera personal que este rechaza por completo.

La representación legal de Torres ha incorporado certificaciones oficiales, publicaciones periodísticas y otros documentos con los que pretende desmontar las afirmaciones del comisionista.

Un informe analiza el impacto de las acusaciones

La demanda incluye también un análisis pericial sobre la repercusión pública de las declaraciones de Aldama durante aproximadamente 16 meses.

Según las conclusiones de ese estudio, las acusaciones alcanzaron una difusión nacional e internacional y provocaron un impacto reputacional de especial gravedad, superior al que habitualmente se produce en controversias políticas o judiciales.

El informe sostiene que esa exposición habría intensificado el daño moral sufrido por Torres, con consecuencias que también habrían alcanzado a su entorno familiar.

Son conclusiones presentadas por la parte demandante. Su incorporación al procedimiento no significa que el juzgado las haya validado definitivamente. Aldama podrá cuestionarlas, aportar sus propias pruebas y defender la veracidad o el contexto de sus manifestaciones.

Qué encontró la UCO sobre Torres en el caso de las mascarillas

El procedimiento civil llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizara las relaciones entre distintos responsables políticos, empresarios e intermediarios durante la contratación de material sanitario en la pandemia.

En noviembre de 2025, un informe de la UCO examinó comunicaciones relacionadas con operaciones de suministro de mascarillas y pruebas diagnósticas al Gobierno de Canarias, que entonces presidía Ángel Víctor Torres.

Los investigadores documentaron contactos entre el dirigente socialista y Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos. También apuntaron a un posible encuentro entre Torres y Aldama en Madrid el 15 de julio de 2020, relacionado con las gestiones para cobrar facturas pendientes por suministros sanitarios.

Sin embargo, esos contactos no equivalen a acreditar el cobro de comisiones ilegales.

La investigación policial no encontró indicios que respaldaran las acusaciones de mordidas atribuidas personalmente a Torres, ni corroboró las afirmaciones sobre los supuestos encuentros con mujeres prostituidas. La Audiencia Nacional tampoco apreció entonces elementos suficientes para dirigir una investigación penal contra el ministro por esos hechos.

Eso no significa que la investigación general de las contrataciones de mascarillas en Canarias haya quedado cerrada. La causa ha seguido examinando la actuación de distintos intermediarios y las operaciones realizadas durante la emergencia sanitaria.

Conviene separar ambas cuestiones: una cosa es investigar posibles irregularidades en contratos públicos y otra acreditar que un responsable político recibió una comisión o participó en los episodios personales que se le atribuyen. La existencia de contactos no demuestra por sí sola una conducta delictiva.

Qué ocurre tras la admisión de la demanda contra Aldama

El siguiente paso corresponde a Víctor de Aldama, que dispone de un plazo de 20 días para presentar su contestación ante el órgano judicial competente.

En ese escrito podrá oponerse a las pretensiones del ministro, discutir la documentación aportada y exponer los argumentos jurídicos en los que sustente su defensa.

La causa se tramitará mediante el procedimiento civil ordinario, previsto para este tipo de reclamaciones relacionadas con la protección de derechos fundamentales.

La legislación española protege el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. También reconoce la libertad de expresión y el derecho a comunicar información, especialmente relevantes cuando las declaraciones afectan a personajes públicos y asuntos de interés general.

Precisamente por eso, el tribunal deberá examinar el contenido de las acusaciones, su respaldo probatorio, el contexto en que se difundieron y su posible repercusión sobre los derechos del demandante.

La admisión a trámite no supone una condena anticipada. Significa que la demanda reúne los requisitos para iniciar su tramitación judicial.

Si finalmente se acredita una intromisión ilegítima en el honor, la legislación permite acordar medidas de reparación, incluida una indemnización por daños morales y, cuando corresponda, la publicación de la resolución judicial.

El enfrentamiento entre Torres y Aldama llega a la Justicia civil

La disputa tiene también una dimensión política. Ángel Víctor Torres ha denunciado en varias ocasiones que las acusaciones del empresario fueron utilizadas para cuestionar su actuación durante la pandemia y desgastar su imagen pública.

En mayo de 2026, el ministro aseguró que había promovido distintas iniciativas judiciales contra Aldama desde 2024. También criticó que determinadas formaciones políticas hubieran difundido afirmaciones que considera falsas sin aportar pruebas suficientes.

El enfrentamiento no es el único que mantiene Aldama con miembros del Gobierno en los tribunales.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también presentó una demanda civil contra el empresario después de que este afirmara públicamente que había intentado sobornarlo para comprar su silencio.

En ese procedimiento, Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios. La causa avanzó en noviembre de 2026 hacia la celebración de juicio, prevista para febrero de 2027.

Aunque ambos litigios tienen como demandado a Víctor de Aldama, responden a declaraciones diferentes y deben resolverse de manera independiente.

Una indemnización pendiente de la decisión judicial

La admisión de la demanda de Ángel Víctor Torres introduce un nuevo frente judicial para Aldama, esta vez relacionado directamente con las consecuencias de sus declaraciones públicas.

El ministro pretende obtener una reparación económica y el reconocimiento judicial de que las acusaciones lesionaron sus derechos fundamentales. El empresario, por su parte, tendrá la oportunidad de defender sus afirmaciones y cuestionar los daños alegados.

Los 60.000 euros reclamados siguen pendientes de una decisión judicial, al igual que la determinación de si existió una vulneración del derecho al honor.

Por ahora, el hecho confirmado es que el juzgado de Arucas ha abierto la vía para examinar la demanda. El siguiente paso será escuchar la respuesta de Aldama y valorar las pruebas de ambas partes.

La controversia política lleva tiempo instalada en el debate público. La cuestión que se dirimirá en este procedimiento civil es bastante más concreta: si las acusaciones difundidas contra Torres vulneraron sus derechos y si corresponde indemnizarle por ello.