Crece la desconfianza del PSOE hacia Marlaska tras las cargas del 11N

La desconfianza hacia Fernando Grande-Marlaska crece en sectores del PSOE ante la sensación de que el ministro del Interior no controla suficientemente determinados ámbitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La inquietud llega este viernes 13 de noviembre, en plena crisis política por las cargas policiales durante la huelga general del 11N y a poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El malestar interno contrasta con la posición oficial de Ferraz, que mantiene su respaldo al ministro y rechaza las peticiones de dimisión formuladas desde la izquierda. Marlaska, por su parte, ha descartado abandonar el cargo, ha ordenado investigar las actuaciones policiales cuestionadas y defiende que su obligación consiste tanto en respaldar a los agentes como en garantizar los derechos de los ciudadanos.

La controversia coloca al titular de Interior en una posición particularmente incómoda. Los sindicatos de trabajadores denuncian actuaciones policiales desproporcionadas, varios partidos aliados del Gobierno reclaman responsabilidades políticas y las organizaciones profesionales de la Policía critican que el ministro haya reaccionado limitando el uso de determinados medios antidisturbios.

En medio de estas presiones aparece una cuestión de mayor alcance: la autoridad efectiva del ministro sobre los cuerpos policiales. La percepción de que determinados sectores de las Fuerzas de Seguridad escapan a su control está alimentando las dudas en parte del socialismo, aunque esa desconfianza política no demuestra por sí misma que se hayan producido desobediencias o actuaciones deliberadamente contrarias a las órdenes de Interior.

El 11N agrava las dudas sobre la gestión de Marlaska

La huelga general del miércoles 11 de noviembre ha terminado convirtiéndose en uno de los episodios más delicados para Grande-Marlaska desde su llegada al Ministerio del Interior.

Las imágenes de cargas contra manifestantes y piquetes, especialmente en Madrid, provocaron una oleada de críticas por el uso de la fuerza y de agentes químicos durante las protestas. Algunas intervenciones afectaron también a periodistas que cubrían las movilizaciones.

Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron actuaciones que consideraron incompatibles con el ejercicio normal del derecho de huelga. Sus dirigentes anunciaron medidas legales y exigieron explicaciones sobre los dispositivos policiales.

El balance provisional del Ministerio del Interior recogió 1.144 incidencias y 47 detenciones practicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta las 23.00 horas del miércoles. Esas cifras no incluían las actuaciones de los cuerpos policiales autonómicos de Cataluña y el País Vasco, por lo que no representaban el total de arrestos registrados en España.

La magnitud de las movilizaciones no elimina la necesidad de analizar cada intervención. La legislación permite a los agentes emplear la fuerza cuando resulte necesario, pero exige respetar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Precisamente la proporcionalidad de determinadas cargas está en el centro de la investigación anunciada por Interior.

Ferraz critica las cargas, pero rechaza destituir al ministro

La reacción del PSOE ha dejado al descubierto una diferencia entre el respaldo institucional a Marlaska y las reservas que suscita su gestión.

Fuentes de la dirección socialista calificaron de «lamentables» las imágenes de algunas intervenciones y consideraron que esas actuaciones no podían tolerarse. Sin embargo, rechazaron exigir la dimisión del ministro porque, según explicaron, no había ordenado actuar de esa manera.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también descartó su cese. Reconoció que determinadas imágenes no le habían gustado, pero defendió la necesidad de esclarecer lo sucedido antes de establecer responsabilidades.

La posición oficial no ha impedido que aumenten las dudas internas. En sectores del PSOE crece la sensación de que Marlaska no controla suficientemente a determinados sectores de las Fuerzas de Seguridad.

Esa percepción debe distinguirse de un hecho acreditado. No se ha demostrado que las cargas del 11N respondieran a una actuación organizada al margen de la cadena de mando, ni existe una conclusión oficial que permita atribuirlas a una desobediencia deliberada.

La cuestión política es diferente: un ministro puede no haber ordenado una intervención concreta y, aun así, tener que responder por el funcionamiento de los servicios que dependen de su departamento.

Las peticiones de dimisión llegan desde la izquierda

El principal problema inmediato de Marlaska no procede de la oposición conservadora, sino de formaciones situadas a la izquierda del PSOE.

Representantes de Sumar, Podemos, ERC y Compromís han reclamado responsabilidades políticas por las intervenciones durante la huelga. Las peticiones de dimisión han incrementado la presión sobre el Gobierno en vísperas de las elecciones del 29N.

La situación resulta especialmente sensible para los socialistas porque las movilizaciones estaban vinculadas a reivindicaciones laborales, salariales y de vivienda. Las cargas han provocado un enfrentamiento precisamente con organizaciones y sectores sociales cuya participación resulta relevante para la izquierda.

El propio Marlaska figura en la candidatura socialista por Madrid. Su continuidad tiene, por tanto, una dimensión gubernamental y otra electoral.

Por ahora, el ministro conserva el respaldo de Pedro Sánchez. No se ha anunciado ninguna decisión de apartarlo del Ejecutivo ni de la candidatura.

Marlaska investiga las cargas y descarta presentar su dimisión

El ministro ha encargado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de investigaciones específicas sobre las intervenciones del 11 de noviembre.

Estas pesquisas se desarrollarán de manera independiente de los mecanismos ordinarios de inspección interna del cuerpo y deberán determinar si las actuaciones se ajustaron a los protocolos policiales y a las exigencias legales.

Marlaska reconoció el jueves que algunas imágenes no parecían compatibles, en una primera valoración, con los principios de proporcionalidad. Aseguró que se analizarían los hechos y se adoptarían las decisiones correspondientes.

No obstante, rechazó expresamente abandonar el ministerio.

«No tengo ninguna razón para una dimisión», afirmó durante el inicio de la campaña electoral socialista en Madrid.

Su argumento es que Interior debe proteger a los policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, pero también garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades.

La investigación tendrá que establecer qué ocurrió, qué instrucciones recibieron los agentes y si hubo intervenciones injustificadas. Su apertura no implica automáticamente la existencia de infracciones disciplinarias o penales.

La restricción del gas enfrenta a Marlaska con los policías

La respuesta del ministro tampoco ha convencido a las organizaciones profesionales de la Policía Nacional.

Interior anunció inicialmente que prohibiría el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. Posteriores aclaraciones acotaron la restricción al empleo de espráis de defensa personal en determinadas actuaciones de orden público, sin extenderla a todos los medios fumígenos utilizados por las unidades policiales.

La decisión ha provocado el rechazo de sindicatos como Jupol, el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, que consideran que limitar estas herramientas puede aumentar la exposición de los agentes a agresiones.

Las organizaciones policiales sostienen que los medios de intervención deben utilizarse conforme a los protocolos y que retirar determinadas herramientas sin alternativas adecuadas puede obligar a recurrir a actuaciones de contacto físico más intensas.

Sus críticas no se limitan a una discusión técnica. Varios sindicatos policiales han solicitado también la dimisión de Marlaska, al considerar que su reacción ha puesto injustamente bajo sospecha a los agentes desplegados durante la huelga.

El ministro se encuentra así entre dos reclamaciones contrapuestas: quienes exigen restringir determinadas prácticas policiales para proteger a los manifestantes y quienes consideran que esas restricciones dificultan el trabajo de las unidades de seguridad.

Ninguna de las dos posiciones exime de comprobar si los dispositivos del 11N se ajustaron a la ley.

El control de Interior se convierte en un problema político

La controversia ha trascendido las actuaciones concretas de la huelga general. Lo que empieza a cuestionarse en parte del PSOE es la capacidad de Marlaska para ejercer un liderazgo efectivo sobre un departamento particularmente complejo.

El Ministerio del Interior dirige políticamente a la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque ambos cuerpos disponen de estructuras profesionales, mandos operativos y procedimientos propios.

Esa organización implica que no todas las decisiones de un dispositivo policial las adopta personalmente el ministro. Sin embargo, la responsabilidad política del departamento corresponde a su titular, incluso cuando las actuaciones examinadas hayan sido ejecutadas por mandos subordinados.

El desafío para Marlaska consiste en demostrar que las órdenes se transmiten correctamente, que los protocolos se cumplen y que las posibles irregularidades se investigan con independencia de quién las haya cometido.

Para el PSOE existe un problema añadido. Defender al ministro puede resultar compatible con exigir explicaciones rigurosas, pero la persistencia de dudas sobre su autoridad debilita la posición del Gobierno frente a sus propios aliados.

La cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre hace que cualquier nueva controversia pueda adquirir una importancia política mayor.

La investigación pondrá a prueba la autoridad de Marlaska

El futuro inmediato del ministro dependerá, en buena medida, de los resultados de las investigaciones y de la capacidad del Gobierno para contener las discrepancias internas.

Por el momento, Marlaska no ha dimitido, Sánchez mantiene su apoyo y Ferraz rechaza su destitución. Lo que sí ha cambiado es el clima político que rodea al titular de Interior, cuestionado simultáneamente por sectores de la izquierda y por representantes de los propios policías.

Las pesquisas deberán aclarar las actuaciones del 11N y determinar si existieron incumplimientos de los protocolos. Solo entonces podrán establecerse responsabilidades concretas.

Mientras tanto, la creciente desconfianza en sectores socialistas introduce una dificultad que no se resuelve únicamente con el respaldo público de Moncloa: la diferencia entre ocupar la máxima responsabilidad política sobre las Fuerzas de Seguridad y convencer a los propios aliados de que se ejerce un control efectivo sobre ellas.