La Policía veta el gas pimienta en protestas, no los lacrimógenos

La Policía Nacional seguirá utilizando gases lacrimógenos en manifestaciones y altercados, pero dejará de emplear los espráis de defensa personal, conocidos como gas pimienta, en los dispositivos de orden público. El Ministerio del Interior ha aclarado este viernes, 13 de noviembre de 2026, el alcance de la decisión adoptada por Fernando Grande-Marlaska tras las polémicas cargas policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre.

La medida supone una prohibición específica del espray de defensa en las actuaciones antidisturbios, no una retirada general de todos los medios químicos utilizados por los agentes. La Dirección General de la Policía modificará el protocolo de empleo de estos dispositivos, mientras que los artificios fumígenos ATL, capaces de generar humo lacrimógeno, continuarán formando parte del material policial autorizado para restablecer el orden ante situaciones de violencia.

La aclaración resulta especialmente relevante porque Interior había anunciado inicialmente una prohibición de los gases lacrimógenos en las manifestaciones. Un día después, el departamento precisa que la restricción afecta a los aerosoles individuales, pero no a los artificios utilizados por las unidades antidisturbios.

El cambio llega en plena controversia por la intervención policial durante el 11N, cuando las imágenes de agentes cargando contra manifestantes y utilizando gas pimienta provocaron denuncias públicas y reclamaciones de responsabilidades. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto una información reservada para esclarecer algunas de aquellas actuaciones.

Qué gases podrá seguir utilizando la Policía Nacional

El nuevo criterio distingue entre dos herramientas policiales diferentes que, aunque suelen agruparse bajo la denominación de gases lacrimógenos, tienen características y formas de utilización distintas.

Por un lado está el espray de defensa personal o gas pimienta, un aerosol que los agentes pueden utilizar a corta distancia para reducir o neutralizar temporalmente a una persona. Es un dispositivo que forma parte de la dotación policial y cuyo empleo estaba contemplado en determinadas intervenciones de orden público.

Interior ha decidido retirar esta posibilidad de los dispositivos antidisturbios. Eso no significa que los agentes tengan prohibido utilizar cualquier aerosol de defensa en todas sus funciones, sino que dejará de emplearse en operaciones destinadas al mantenimiento o restablecimiento del orden público.

Los artificios ATL seguirán autorizados

Por otro lado están los denominados artificios ATL, dispositivos que permiten dispersar humo lacrimógeno a cierta distancia y que forman parte del equipamiento de las unidades antidisturbios.

Estos medios seguirán utilizándose en situaciones en las que la Policía considere necesario intervenir para restablecer la seguridad durante altercados.

El Ministerio del Interior justifica su mantenimiento argumentando que se trata de dispositivos «inocuos» y «no lesivos». Según el departamento, no producen lesiones ni secuelas.

La afirmación, sin embargo, requiere una distinción importante. Que Interior atribuya esas características a los artificios ATL no significa que todos los agentes químicos empleados para dispersar concentraciones sean inofensivos.

Los gases utilizados habitualmente para controlar disturbios pueden provocar irritación ocular, tos, dificultades respiratorias y otros efectos cuya gravedad depende de la sustancia, la concentración y el tiempo de exposición. En determinadas circunstancias, especialmente en espacios cerrados o ante exposiciones intensas, sus consecuencias pueden ser graves.

La autorización de un dispositivo tampoco elimina las exigencias de necesidad y proporcionalidad que deben regir cualquier intervención policial.

Marlaska anunció inicialmente una prohibición más amplia

La aclaración del 13 de noviembre modifica sustancialmente la interpretación de la orden anunciada el jueves por Fernando Grande-Marlaska.

Después de las cargas policiales durante la huelga general, Interior comunicó que el ministro había decidido impedir el uso de gases lacrimógenos en los dispositivos de control de manifestaciones.

La formulación inicial apuntaba a una restricción general. Los principales sindicatos policiales reaccionaron criticando una decisión que, a su juicio, reducía los medios disponibles para controlar situaciones violentas.

Un día después, el ministerio ha delimitado la medida: se modificará el protocolo del espray de defensa personal, pero los artificios ATL permanecerán autorizados.

La distinción tiene consecuencias operativas. Los agentes podrán continuar utilizando determinados dispositivos fumígenos en intervenciones antidisturbios, aunque ya no podrán recurrir al espray individual de gas pimienta en ese tipo de actuaciones.

La nueva decisión llega, además, apenas unas semanas después de que Interior reforzara su apuesta por estos aerosoles. El pasado 5 de octubre, el departamento formalizó la adjudicación de un contrato para adquirir 790 espráis de defensa por 71.656,20 euros, según la documentación contractual publicada.

El cambio no implica necesariamente que ese material quede inutilizado, ya que la restricción anunciada afecta a una clase concreta de operaciones policiales.

Las cargas del 11 de noviembre, bajo investigación

La controversia comenzó durante la huelga general del miércoles 11 de noviembre, una jornada de movilizaciones que dejó incidentes y actuaciones policiales cuestionadas, especialmente en Madrid.

En diferentes puntos de la capital se registraron cargas contra manifestantes y utilización de aerosoles irritantes. Algunas imágenes difundidas públicamente mostraban intervenciones contra personas cuya conducta no parecía justificar, a primera vista, semejante respuesta policial.

Entre los episodios denunciados figuran actuaciones en la Gran Vía y en las inmediaciones de Mercamadrid. También se difundieron imágenes de un hombre sin hogar rociado con gas pimienta durante una intervención policial.

Fuentes policiales consultadas por la Cadena SER llegaron a reconocer que esta última actuación fue impropia y contraria al protocolo.

La polémica provocó críticas de organizaciones sociales, sindicatos y representantes políticos, que reclamaron explicaciones sobre la proporcionalidad de las intervenciones.

Ante las denuncias, Marlaska ordenó a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones específicas sobre las actuaciones del 11N.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha puesto en marcha una información reservada para examinar algunos de los episodios registrados durante la huelga.

El procedimiento pretende esclarecer las circunstancias de las intervenciones, comprobar si se respetaron los protocolos y determinar si existen hechos que puedan justificar medidas disciplinarias u otras actuaciones.

La investigación específica es independiente de los mecanismos ordinarios de inspección interna que utiliza la Policía Nacional para evaluar la actuación de sus agentes.

El propio Marlaska reconoció el jueves que algunas imágenes de las cargas no parecían ajustarse, en una primera valoración, al principio de proporcionalidad. No obstante, defendió la necesidad de investigar antes de extraer conclusiones definitivas.

La apertura de una investigación no acredita por sí misma la existencia de infracciones disciplinarias o delitos. Será el análisis de los hechos el que permita establecer si hubo responsabilidades.

Los sindicatos policiales cuestionan la decisión de Interior

La intervención del ministerio también ha generado malestar entre las organizaciones representativas de los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) criticó que la respuesta institucional a los incidentes consistiera en investigar las actuaciones y restringir medios de intervención.

La organización considera que los agentes necesitan herramientas adecuadas para responder a agresiones, lanzamiento de objetos y otras situaciones de violencia sin verse obligados a recurrir directamente al contacto físico.

El sindicato Jupol fue más allá y reclamó la dimisión de Grande-Marlaska, al considerar insuficiente su respaldo a los policías que participaron en los dispositivos de seguridad.

El debate también afecta a las alternativas disponibles. Los representantes policiales sostienen que los espráis permiten intervenir a corta distancia y evitar, en determinadas circunstancias, el uso de medios físicos más contundentes.

La autorización de los artificios ATL responde parcialmente a esa preocupación, aunque no sustituye todas las funciones de un aerosol individual. Son herramientas destinadas a circunstancias diferentes.

La cuestión es encontrar un equilibrio entre la protección de los agentes, la seguridad de los ciudadanos y el derecho de manifestación, sin convertir la disponibilidad de medios antidisturbios en una justificación automática para utilizarlos.

El derecho de manifestación y los límites de la intervención policial

La discusión sobre los gases lacrimógenos no se reduce a qué dispositivos puede llevar un agente durante una protesta.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que las intervenciones policiales deben regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Esto significa que el uso de la fuerza debe responder a las circunstancias concretas de cada situación y que los medios empleados deben guardar relación con la amenaza o resistencia que se pretende controlar.

Una manifestación puede requerir presencia policial, medidas preventivas e incluso intervenciones para detener actos violentos. Pero la existencia de incidentes aislados no autoriza, por sí sola, cualquier actuación contra el conjunto de los participantes.

Los derechos de reunión y manifestación están protegidos por el artículo 21 de la Constitución española. Su ejercicio pacífico no depende de una autorización previa, aunque la ley contempla las comunicaciones pertinentes y la intervención de las autoridades cuando concurren los supuestos legalmente establecidos.

La Policía tiene la obligación de proteger esos derechos y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad pública.

Por eso, la legalidad de una carga policial no depende únicamente del material utilizado, sino también de las circunstancias que la motivan, la intensidad de la respuesta y la existencia de alternativas menos perjudiciales.

Los gases continuarán en las calles, pero con nuevas restricciones

La decisión anunciada el 13 de noviembre deja un cambio concreto en los protocolos de la Policía Nacional: el gas pimienta dejará de utilizarse en operaciones de orden público, mientras que los artificios lacrimógenos ATL seguirán autorizados.

El Ministerio del Interior tendrá que trasladar esta distinción a las instrucciones operativas de los agentes, de manera que quede claro cuándo puede emplearse cada dispositivo.

Queda pendiente, además, conocer los resultados de las investigaciones sobre las cargas del 11N y comprobar si las actuaciones cuestionadas se ajustaron a las normas vigentes.

La controversia ha puesto de manifiesto que modificar el equipamiento policial es solo una parte de la discusión. El problema de fondo sigue siendo determinar cuándo resulta legítimo emplear la fuerza contra ciudadanos que participan en una protesta y cómo garantizar que cualquier intervención responda a criterios verificables.

La Policía seguirá disponiendo de gases lacrimógenos. Lo que Interior ha decidido cambiar es uno de sus instrumentos de intervención más directa. La eficacia de esa restricción dependerá tanto de la aplicación del nuevo protocolo como del control sobre las actuaciones policiales.