Un policía apunta a un posible sabotaje marroquí en el asalto a Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga si las comunicaciones de las fuerzas de seguridad españolas sufrieron un sabotaje durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, los días 30 y 31 de julio de 2026. La declaración de un agente de la Policía Nacional, que describió graves anomalías en los sistemas de comunicación, ha abierto una nueva línea de investigación sobre lo sucedido en la frontera.

«Nos estaban atacando con las comunicaciones», afirmó el funcionario ante la magistrada, según una grabación de su testimonio difundida este domingo 15 de noviembre. Sus palabras apuntan a la posibilidad de una interferencia deliberada durante la crisis fronteriza, aunque la propia jueza ha advertido expresamente de que todavía no existen pruebas objetivas que permitan atribuir los fallos a un sabotaje, a un ciberataque o a una operación organizada desde Marruecos.

La investigación judicial examina también otro episodio ocurrido antes de la llegada masiva de personas: una reunión del cónsul de España en Tánger con la Delegación del Gobierno en Ceuta el 28 de julio, apenas dos días antes de que comenzaran los acontecimientos. El encuentro, para el que se habilitó un paso especial en la frontera, ha adquirido relevancia por las dudas sobre la información que manejaban las autoridades españolas.

Ambos asuntos se incorporan a una causa que trata de determinar no solo qué ocurrió durante aquella crisis, sino también si los responsables de la seguridad fronteriza recibieron advertencias suficientes, cómo las gestionaron y por qué determinados mandos policiales aseguran que nunca les llegaron instrucciones para reforzar el dispositivo.

Un policía relata graves fallos en las comunicaciones durante el asalto

El testimonio que ha despertado las sospechas describe un funcionamiento anómalo de las comunicaciones operativas utilizadas por los agentes desplegados durante la entrada masiva en Ceuta.

Según recoge la resolución judicial, el funcionario explicó que los sistemas registraron retrasos, interrupciones y dificultades para transmitir información, problemas que se prolongaron durante varios días y coincidieron con los momentos de mayor presión en la frontera.

La situación le resultó suficientemente extraña como para plantearse si las incidencias podían estar relacionadas con los acontecimientos que se desarrollaban simultáneamente en territorio fronterizo. No describía únicamente problemas puntuales, sino unas deficiencias que consideró extraordinarias por su intensidad y duración.

El problema no es menor. Las comunicaciones policiales permiten coordinar patrullas, comunicar incidentes, solicitar refuerzos y transmitir órdenes entre unidades. Una pérdida prolongada de esa capacidad puede complicar considerablemente la respuesta de las fuerzas de seguridad ante una situación extraordinaria.

La sospecha de una intervención exterior aparece, además, en una investigación en la que existen testimonios sobre la posible participación de agentes marroquíes en los movimientos de personas hacia Ceuta.

Varios migrantes que declararon como testigos protegidos el 10 de noviembre describieron la presencia de policías y miembros de las Fuerzas Auxiliares marroquíes que, según sus relatos, dirigían a grupos hacia el mar para que cruzaran a territorio español.

Son declaraciones incorporadas a la causa, no una determinación judicial de responsabilidad. Tampoco permiten, por sí mismas, demostrar que Marruecos interfiriera en las comunicaciones españolas.

María Tardón advierte de que todavía no hay pruebas de sabotaje

La magistrada ha sido especialmente cuidadosa al delimitar el alcance de estas sospechas. En su resolución del 12 de noviembre, Tardón señala que, más allá del relato del agente policial, no existe ningún elemento objetivo que permita acreditar una interferencia tecnológica deliberada, un ciberataque, una operación de guerra electrónica o cualquier otra actuación hostil vinculada con los hechos investigados.

La distinción es fundamental. Una cosa es que las comunicaciones funcionaran deficientemente y otra muy distinta que alguien provocara esas anomalías de manera intencionada. La jueza considera necesario comprobar los hechos antes de atribuirlos a una operación de sabotaje.

La propia Tardón contempla explicaciones alternativas. Entre ellas, la saturación de las redes como consecuencia de la extraordinaria actividad policial y de seguridad que se concentró en aquellas jornadas.

También considera relevante la proximidad de la frontera con Marruecos, una circunstancia que obliga a examinar técnicamente las posibles causas de las incidencias.

No obstante, Tardón comparte con la Fiscalía la necesidad de investigar lo ocurrido. Si se confirma que los sistemas sufrieron una degradación grave y prolongada, será necesario determinar su origen y comprobar si existieron actuaciones organizadas para perjudicar la capacidad de respuesta de los servicios públicos españoles.

Por ahora, la hipótesis del sabotaje continúa abierta, pero no puede presentarse como un hecho demostrado ni atribuirse a las autoridades marroquíes.

La jueza reclama informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil

Para esclarecer las anomalías, Tardón ha ordenado obtener nueva documentación de los cuerpos de seguridad. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional deberá remitir los informes, análisis e investigaciones disponibles sobre incidencias en las comunicaciones operativas registradas entre el 28 de julio y el 5 de agosto de 2026.

La solicitud abarca especialmente cualquier indicio compatible con actuaciones coordinadas destinadas a perjudicar la comunicación, coordinación o capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil en Ceuta tendrá que aportar las grabaciones de las llamadas recibidas desde las 00.01 horas del 30 de julio hasta las 23.59 horas del día 31.

Con esta documentación, la magistrada pretende comprobar primero si las anomalías descritas pueden acreditarse y, después, si existen motivos suficientes para ampliar las diligencias a organismos especializados en seguridad tecnológica.

La investigación debe distinguir entre fallos técnicos ordinarios, problemas derivados de la saturación y posibles interferencias intencionadas. Esa diferencia determinará si las sospechas del agente policial tienen recorrido judicial.

La reunión del cónsul de España en Tánger dos días antes del asalto

La segunda novedad de la investigación afecta directamente a la información que pudo recibir el Gobierno español antes de la crisis. El 28 de julio, el cónsul de España en Tánger cruzó la frontera para mantener un encuentro con Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

Un inspector de la Policía Nacional ha declarado ante Tardón que aquella tarde recibió instrucciones para habilitar un carril especial que permitiera el paso urgente del representante diplomático.

El agente explicó que comunicó la orden a sus superiores y que el cónsul atravesó la frontera, mantuvo su encuentro y regresó a Marruecos esa misma jornada.

La operación le llamó la atención porque, según su experiencia, habilitar un carril específico para ese tipo de desplazamiento no era habitual.

Sin embargo, otro responsable policial ofreció una explicación menos excepcional: los procedimientos fronterizos permiten cierta flexibilidad para facilitar los movimientos de representantes diplomáticos.

Lo que todavía se desconoce es el contenido concreto de aquella reunión.

El inspector reconoció que entre sus compañeros circulaba el rumor de que el cónsul había viajado para advertir de una posible entrada masiva de ciudadanos marroquíes. También precisó que no podía confirmar esa información.

Las partes personadas en la causa podrían solicitar la comparecencia del diplomático para esclarecer el motivo del encuentro y determinar qué información trasladó a la Delegación del Gobierno.

De momento, no está acreditado que la visita tuviera como finalidad comunicar una advertencia sobre los acontecimientos del 30 de julio.

Las alertas del CNI y las dudas sobre la respuesta del Gobierno

La investigación sobre la gestión de la crisis presenta otra cuestión especialmente delicada: la circulación de las advertencias de los servicios de inteligencia y su llegada a los responsables de la seguridad fronteriza.

Gonzalo Sanz ha declarado que trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, los avisos recibidos de un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio.

Su versión contradice la del exdelegado, que negó haber recibido esa información en los términos descritos. Sanz aportó además 19 mensajes intercambiados con su superior.

Las declaraciones de varios responsables policiales han puesto de manifiesto problemas en la transmisión de las alertas.

El jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Ceuta manifestó que la Delegación del Gobierno no comunicó a su unidad la advertencia del CNI.

Otro inspector declaró que el 29 de julio, a las 21.09 horas, recibió e imprimió una alerta de riesgo extremo procedente del CENIF, pero no obtuvo instrucciones para modificar el dispositivo ordinario.

Un aviso de riesgo extremo sin órdenes de refuerzo

Los mandos que han comparecido ante la jueza han explicado que recibir una alerta no implicaba automáticamente poder aumentar el número de agentes destinados a la frontera.

Para introducir cambios relevantes en el servicio necesitaban instrucciones de los órganos superiores competentes.

Según sus declaraciones, esas órdenes no llegaron por los cauces habituales.

Uno de los responsables comparó lo sucedido con la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando sí se transmitieron instrucciones específicas y se reforzó el despliegue de seguridad.

Las diferencias entre ambas respuestas constituyen otro de los aspectos que la investigación intenta esclarecer.

La cuestión principal es determinar quién conocía las advertencias, cuándo las recibió y qué decisiones adoptó antes de la entrada masiva.

El exdelegado del Gobierno declarará el 18 de noviembre

María Tardón ha citado para el próximo miércoles 18 de noviembre a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, en calidad de investigado.

Pérez Triano, que dimitió el 28 de septiembre, es el primer investigado en esta causa judicial.

Su comparecencia permitirá examinar su actuación durante los días anteriores a la crisis, las advertencias que pudo recibir y las medidas adoptadas desde la Delegación del Gobierno.

La condición de investigado le permite ejercer plenamente su derecho de defensa y no supone que exista una declaración de culpabilidad.

La magistrada también ha reclamado documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio, así como informes de inteligencia, comunicaciones institucionales y grabaciones de los dispositivos de vigilancia fronteriza.

El objetivo es reconstruir la secuencia de decisiones y comprobar las versiones ofrecidas por quienes participaron en la gestión de aquellos acontecimientos.

Ceuta, entre las sospechas sobre Marruecos y los fallos de coordinación

La investigación de María Tardón avanza por dos vías relacionadas, pero jurídicamente diferentes.

La primera trata de esclarecer si durante la entrada masiva existieron actuaciones deliberadas para dificultar la respuesta de las fuerzas de seguridad españolas, incluidas posibles interferencias en sus comunicaciones.

La segunda examina si las autoridades responsables de la seguridad de Ceuta actuaron adecuadamente ante los avisos recibidos y si se produjeron fallos de coordinación que agravaron la situación.

Las declaraciones policiales, los testimonios de migrantes y la reunión diplomática del 28 de julio han incorporado nuevos elementos al procedimiento. Ninguno de ellos permite establecer todavía una responsabilidad definitiva de Marruecos ni demostrar la existencia de un sabotaje tecnológico.

La próxima declaración del exdelegado y los informes solicitados a la Policía Nacional y la Guardia Civil serán determinantes para precisar qué ocurrió.

Mientras tanto, permanece una cuestión central para la investigación judicial: si las autoridades españolas disponían de información suficiente para anticipar la crisis y por qué el dispositivo fronterizo no recibió los refuerzos que algunos responsables policiales consideraban necesarios.