Ley de nietos: Exteriores refuerza consulados por orden del Supremo

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado el personal de los consulados españoles para reunir la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto vinculada a la llamada ley de nietos. El Tribunal Supremo ha dado al Gobierno hasta las 15.00 horas del 28 de octubre para entregar esos datos, con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca.

La movilización no se limita a alguna oficina especialmente saturada. Exteriores ha autorizado las solicitudes de refuerzo planteadas por los consulados y ha puesto a su disposición personal de las embajadas. También se han suspendido permisos y vacaciones y se ha pedido trabajar durante este fin de semana. La instrucción interna es inequívoca: el requerimiento judicial tiene carácter urgente y prioritario.

Exteriores moviliza la red consular durante el fin de semana

El último movimiento llega después de que el Supremo reclamara a los departamentos dirigidos por José Manuel Albares y Félix Bolaños los nombres y apellidos de las 163.020 personas afectadas. Hasta ahora, el tribunal disponía de la cifra global, pero no de una identificación individual completa que permitiera trasladar las medidas cautelares al censo con precisión.

Ese detalle cambia bastante las cosas. Una cifra sirve para dimensionar el problema; una lista nominal permite saber exactamente sobre qué electores debe actuar la Administración. Y, a menos de seis semanas de las elecciones, el calendario ya no concede demasiado aire.

Exteriores sostiene que los consulados llevan trabajando en el asunto desde los primeros autos del Supremo. Tras la última resolución, sin embargo, la maquinaria se ha acelerado: más personal, menos permisos y trabajo extraordinario durante sábado y domingo para recopilar y remitir los datos pendientes.

Qué exige exactamente el Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha requerido la relación nominal de los afectados y ha fijado el 28 de octubre a las 15.00 horas como límite. Si la información no llega, el tribunal ha advertido de que puede imponer una multa coercitiva de 1.000 euros y contempla, llegado el caso, otras responsabilidades, incluida la posibilidad de deducir testimonio para determinar una eventual responsabilidad penal.

No es, pues, una petición administrativa más perdida entre sellos y expedientes. El Supremo considera esos datos necesarios para aplicar su decisión sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, y determinar qué personas están afectadas por la suspensión cautelar.

La resolución también exige que la información pertinente llegue a la Oficina del Censo Electoral. Los inscritos afectados figuran provisionalmente condicionados por las medidas adoptadas por el tribunal: para poder votar deberán acreditar, en los términos establecidos, que son descendientes de españoles exiliados por las causas recogidas en la Ley de Memoria Democrática.

Solo 91 certificados entre 31.390 expedientes revisados

El tamaño del atasco se entiende mejor con dos cifras. De los 163.020 expedientes potencialmente afectados, hasta el momento se han revisado 31.390. De ellos, únicamente 91 han terminado con un certificado que acredita la condición exigida por el Supremo.

Eso deja 31.299 casos ya examinados que, conforme a las medidas cautelares actualmente vigentes, no podrían participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Y todavía queda por revisar una parte muy considerable del volumen total. El tiempo, mientras tanto, corre contra una red consular sometida a una revisión masiva.

El problema no es únicamente jurídico. También es material: expedientes repartidos entre consulados de distintos países, documentación tramitada en momentos diferentes y un calendario electoral que avanza mientras las oficinas deben comprobar cómo se obtuvo cada nacionalidad y qué documentación respalda el vínculo con el exilio.

Por qué hay 163.020 votos en suspenso

La denominada ley de nietos no es en realidad una ley independiente. Es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió una vía para que determinadas personas nacidas fuera de España pudieran adquirir la nacionalidad por su vínculo con padres o abuelos españoles.

El conflicto se centra en la forma en que esa norma fue aplicada posteriormente. Una instrucción administrativa estableció una presunción de exilio para quienes habían salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación permitió tramitar numerosos expedientes sin exigir en esos casos la misma acreditación individual sobre las causas del exilio.

El Supremo intervino después de los recursos presentados contra la incorporación al censo exterior de parte de esos nuevos españoles. La Sala suspendió cautelarmente el derecho al voto de los afectados mientras se determina quién cumple las condiciones exigidas para figurar en el CERA con plenos efectos electorales. El Gobierno y la Fiscalía recurrieron la medida, pero el tribunal mantuvo la suspensión.

La nacionalidad no está siendo retirada

Conviene separar dos cuestiones que en este asunto se mezclan con facilidad. El procedimiento judicial no está anulando la nacionalidad española de esas 163.020 personas. Lo que se encuentra suspendido cautelarmente es su derecho a votar en las próximas elecciones generales en las condiciones fijadas por el Supremo.

Quienes consigan la correspondiente certificación consular podrán quedar fuera de esa suspensión. El tribunal exige acreditar que la nacionalidad se obtuvo como descendiente de una persona exiliada por las razones contempladas expresamente en la Ley de Memoria Democrática.

Tampoco afecta esta medida del mismo modo a todos los españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la denominada ley de nietos. El conflicto se refiere al grupo incluido en el censo de residentes ausentes sobre el que recaen las medidas cautelares. Los españoles residentes en territorio nacional no forman parte de este procedimiento sobre el CERA.

El 29N se acerca con el censo todavía en tensión

El factor que ha convertido una disputa jurídica compleja en una carrera de pocos días es el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Una discusión que podía haber avanzado durante meses se ha encontrado de pronto con papeletas, censos, documentación electoral y plazos que no esperan a nadie.

El Tribunal Constitucional tampoco ha cerrado el conflicto. Esta semana rechazó por prematuro el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión, al considerar que la vía judicial ante el Supremo todavía no está agotada. El fondo de la cuestión, por tanto, sigue vivo.

Mientras tanto, la documentación para el voto exterior debe seguir su propio calendario. Ahí aparece una situación poco habitual: ciudadanos que pueden recibir documentación electoral aunque su capacidad efectiva para votar siga sometida a la resolución de su expediente y a las medidas dictadas por el Supremo.

Una carrera consular con fecha límite: el 28 de octubre

Los próximos días se jugarán lejos de los mítines y bastante más cerca de archivos, registros civiles y oficinas consulares. Exteriores necesita transformar una cifra de seis dígitos en una relación nominal fiable y hacerlo antes de que expire el plazo judicial.

El refuerzo de personal muestra hasta qué punto la Administración ha entrado en fase de urgencia. También revela el problema de fondo: cuando el calendario judicial choca con el electoral, cada expediente deja de ser solamente un papel. Detrás hay una persona nacionalizada, un asiento en el censo y, potencialmente, una papeleta.

Por ahora, la referencia es concreta: 163.020 afectados, 31.390 expedientes revisados y solo 91 certificados expedidos. El siguiente momento decisivo llegará el miércoles 28 de octubre a las 15.00 horas. Para entonces, el Supremo quiere nombres y apellidos sobre la mesa.