Feijóo deja afirmaciones falsas sobre el SMI, el IRPF y las pensiones

Alberto Núñez Feijóo dejó varias afirmaciones que no resisten el contraste con los datos durante su entrevista del viernes 23 de octubre en la Cadena SER. El candidato del PP habló del salario mínimo, el IRPF, las pensiones y la deuda pública, pero mezcló cifras correctas con otras inexactas y atribuyó al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, palabras que este no había pronunciado.

Uno de los errores más claros llegó con el salario mínimo. Feijóo sostuvo que el Gobierno había hecho un «buen negocio» con sus subidas porque los trabajadores terminaban pagando más impuestos. El problema es bastante concreto: una persona que cobra exactamente el SMI de 2026 no paga IRPF. El salario mínimo está fijado este año en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales, y la regulación fiscal evita que esa renta genere cuota por el impuesto.

La precisión importa porque el debate existe, pero es otro. Hacienda y Trabajo discutieron en su momento sobre la tributación del salario mínimo y finalmente se articuló una fórmula para impedir que el impuesto absorbiera la subida. Feijóo matizó posteriormente su posición: el PP pretende que las futuras subidas del SMI queden protegidas frente al IRPF de manera automática. Eso es una propuesta política legítima; presentar como actual un cobro que actualmente no se produce, no.

El SMI no paga IRPF como afirmó Feijóo

Durante la entrevista, Feijóo argumentó que, cuando un trabajador recibe una subida salarial, puede superar el nivel de renta que venía teniendo y comenzar a tributar más. En términos generales eso puede ocurrir con cualquier incremento de sueldo, pero aplicarlo sin más al trabajador que percibe el salario mínimo de 2026 conduce a una fotografía equivocada.

Hay, además, un matiz fiscal que suele perderse cuando la campaña entra en modo brocha gorda. El IRPF es progresivo. Superar un determinado tramo no significa que todo el sueldo pase a tributar de repente al tipo superior; ese porcentaje se aplica únicamente a la parte de renta correspondiente. Dicho de otra forma, cobrar un euro más no provoca que Hacienda aparezca por la puerta para llevarse diez. El sistema no funciona así.

Feijóo sí planteó una discusión diferente y perfectamente reconocible: que las subidas salariales y la inflación no terminen elevando la carga fiscal por la falta de actualización de determinados parámetros del impuesto. El PP ha prometido una rebaja del IRPF y ha situado esta cuestión en el centro de su discurso económico. El argumento podrá discutirse. Lo que no encaja con los datos es utilizar al perceptor actual del SMI como ejemplo de alguien al que el Gobierno está cobrando ese impuesto.

Cuerpo no anunció un «problema» con las pensiones

El otro choque importante con los hechos apareció cuando Feijóo atribuyó a Carlos Cuerpo un diagnóstico particularmente inquietante. Según el líder del PP, el vicepresidente económico había admitido que España tendrá «un problema con las pensiones», que podrían ser necesarias nuevas cotizaciones y que habría que pensar en elevar la edad de jubilación.

Cuerpo no dijo eso. La posición expresada públicamente por el vicepresidente ha sido justamente la contraria: sostiene que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada y ha acusado a PP y Vox de lanzar mensajes alarmistas sin concretar qué reforma aplicarían. También ha reclamado a Feijóo que explique qué piensa hacer con la revalorización conforme al IPC si alcanza la Moncloa.

Lo que Cuerpo sí ha mencionado es el aumento de la edad efectiva de jubilación, algo distinto de modificar la edad legal. España ha introducido incentivos para que quienes quieran y puedan prolonguen voluntariamente su carrera profesional, de modo que algunas personas se retiran más tarde. Convertir esa evolución en el anuncio de una nueva subida obligatoria de la edad legal cambia sustancialmente el sentido de sus palabras.

La edad legal ya tenía marcado su calendario

Conviene separar las dos cosas porque aquí las fechas cuentan. En 2026 la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. Para quienes no alcancen ese periodo, está fijada en 66 años y diez meses.

A partir de 2027 serán 65 años con al menos 38 años y seis meses cotizados y 67 años para quienes no lleguen a ese periodo. Ese calendario no procede de una propuesta reciente de Carlos Cuerpo: deriva de la reforma aprobada en 2011, con un periodo transitorio que lleva años aplicándose.

Feijóo, por su parte, se comprometió en la SER a mantener la actualización de las pensiones conforme al IPC y planteó buscar un «sistema de viabilidad» dentro del Pacto de Toledo, con sindicatos, empresarios y partidos. El concepto quedó sin desarrollar. El PP lleva semanas poniendo el foco en la sostenibilidad futura del sistema, mientras el Gobierno rechaza la imagen de unas pensiones próximas al colapso. Ahí hay una discusión política de fondo. Atribuir al adversario una subida de la edad de jubilación que no ha propuesto es otra cosa.

La deuda española es muy alta, pero no la tercera de la UE

La entrevista dejó otro dato que merece calculadora. Feijóo afirmó que España era el tercer país más endeudado de la Unión Europea. Según los últimos datos disponibles para el segundo trimestre de 2026, no lo es.

La deuda pública española equivale al 101,4% del PIB. Es una cifra elevada, por encima de la media comunitaria y suficiente para alimentar un debate económico serio sin necesidad de añadir puestos al podio. España ocupa el quinto lugar de la UE, por detrás de Grecia, con el 140,8%; Italia, con el 139,9%; Francia, con el 119,1%; y Bélgica, con el 110,2%.

La diferencia entre tercero y quinto puede parecer un detalle dentro de una entrevista larga, pero deja de serlo cuando el dato se utiliza para describir la situación económica del país. Las cifras de deuda pública ya son suficientemente ásperas por sí solas. No necesitan maquillaje, tampoco hacia arriba.

La hucha de las pensiones tampoco alcanzó su máximo con Aznar

Feijóo reivindicó además la gestión de José María Aznar asegurando que había dejado una «hucha de las pensiones como ningún otro presidente». El Fondo de Reserva de la Seguridad Social nació durante los gobiernos del PP y acumuló un volumen relevante en aquellos años, pero su máximo histórico llegó después.

La serie oficial sitúa el fondo en 19.330 millones de euros al cierre de 2004. En 2011 alcanzó los 66.815 millones de euros, su techo histórico, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El dato no borra las aportaciones realizadas anteriormente ni convierte el fondo en patrimonio de un determinado partido; sencillamente impide sostener que con Aznar alcanzó una dimensión que ningún presidente posterior superó.

Este tipo de comparaciones tiene, además, una trampa política bastante vieja: la hucha de las pensiones no es una cuenta corriente personal que un presidente entrega al siguiente con las llaves de la Moncloa. Su evolución depende de las aportaciones, los excedentes de la Seguridad Social, los rendimientos financieros y, posteriormente, de las disposiciones realizadas para pagar pensiones.

Los médicos no tienen un papel secundario en la eutanasia

Feijóo también defendió una reforma de la ley de eutanasia y sostuvo que en el procedimiento actual el papel de los médicos y especialistas resulta «secundario». La legislación vigente describe prácticamente lo contrario: el médico responsable ocupa una posición central desde que recibe la solicitud.

Ese profesional verifica que se cumplen los requisitos, mantiene un proceso deliberativo con el paciente sobre diagnóstico, tratamientos y cuidados paliativos y debe consultar después a un segundo médico. Este estudia la historia clínica, examina al paciente y comprueba de nuevo si se dan las condiciones legales. Si el médico responsable rechaza la solicitud, debe hacerlo por escrito y de forma motivada, aunque el paciente puede recurrir ante la Comisión de Garantía y Evaluación.

Puede defenderse que ese sistema es mejorable, demasiado flexible o excesivamente restrictivo. Esa es precisamente la discusión democrática. Pero calificar como secundario al profesional que dirige buena parte del procedimiento de eutanasia no describe con precisión lo que establece la ley.

Una entrevista con demasiadas cuentas que no cuadran

Feijóo salió de la entrevista con varias propuestas políticas reconocibles: mantener las pensiones vinculadas al IPC, volver a negociar el salario mínimo con sindicatos y empresarios, revisar la fiscalidad de las rentas del trabajo y estudiar cambios en la legislación sobre eutanasia. Materia para discutir había de sobra.

El problema apareció cuando esas propuestas se mezclaron con hechos comprobables. El SMI de 2026 no soporta cuota de IRPF, Cuerpo no anunció una nueva subida de la edad legal de jubilación, España es el quinto país de la UE con mayor deuda sobre PIB y la hucha de las pensiones alcanzó su máximo en 2011, no durante la presidencia de Aznar. Las leyes tampoco relegan a los médicos a un rincón del procedimiento eutanásico.

A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, la economía y las pensiones se han convertido en terreno central de la campaña. Es lógico que Gobierno y oposición interpreten los números de forma distinta; para eso está también la política. Pero una cifra admite pocos discursos cuando se abre la tabla correspondiente. Y algunas de las utilizadas por Feijóo el viernes, abiertas las tablas, sencillamente no cuadran.