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Francia vuelve a las calles: la CGT cifra en 800.000 los manifestantes
Francia vive otra gran jornada de protestas con cifras enfrentadas: 800.000 asistentes según la CGT y 410.000 según el Ministerio del Interior.
Imagen: FreCha / CC BY-SA 4.0.
Las calles francesas volvieron a llenarse este sábado en una movilización que ya desborda la protesta estudiantil que la puso en marcha y reúne a trabajadores, sindicatos, profesores, jóvenes y antiguos chalecos amarillos alrededor de un malestar cada vez más difícil de encerrar en una sola reivindicación. La CGT calcula que unas 800.000 personas se manifestaron en todo el país y eleva a 250.000 la participación en París; el Ministerio del Interior reduce el balance nacional a 410.000 y la policía cifra en 110.000 los asistentes en la capital, una distancia considerable entre recuentos que no cambia el dato político esencial: Francia afrontó otra jornada de protesta masiva apenas una semana después de los graves disturbios que sacudieron varias ciudades.
Enfrentamientos y un despliegue policial excepcional
La marcha parisina comenzó pacíficamente y avanzó bajo la lluvia hasta la Puerta de Vincennes, lejos de buena parte del centro de la capital, pero al final del recorrido aparecieron de nuevo los enfrentamientos. Algunos manifestantes lanzaron objetos contra los agentes y la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua; también hubo intervenciones policiales en Lyon, Clermont-Ferrand, Estrasburgo, Niza, Nantes y Marsella, donde varias decenas de personas se enfrentaron a los antidisturbios cerca del final de la manifestación. La Fiscalía de París informó de 64 detenciones vinculadas a la protesta, con 40 personas bajo custodia policial y seis menores entre los arrestados.
El Gobierno había preparado la jornada como una operación de seguridad excepcional, con hasta 70.000 policías y gendarmes, helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua desplegados por todo el país. La decisión no nació únicamente del temor a lo que pudiera ocurrir este sábado: una semana antes, el propio ministro del Interior, Laurent Nuñez, había reconocido que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas ciudades mientras alrededor de 3.000 comercios sufrían daños o saqueos, una imagen que el Ejecutivo de Emmanuel Macron no quería ver repetida. Nuñez llegó a ofrecer su dimisión, rechazada por el presidente.
Las restricciones a las manifestaciones abren otro frente
La contundencia del dispositivo también ha abierto otro frente, porque las autoridades prohibieron manifestaciones en varias ciudades y limitaron el recorrido en París, una decisión criticada por los sindicatos como una restricción del derecho de protesta. En la capital, los manifestantes fueron conducidos por un itinerario periférico entre la Puerta de Italia y la Puerta de Vincennes después de que las autoridades alegaran el riesgo de nuevos disturbios en zonas comerciales afectadas por los saqueos de la semana anterior. La protesta quedó así atrapada entre dos realidades que conviven mal: una movilización social de cientos de miles de personas y grupos violentos capaces de convertir el final de una marcha en un problema de orden público.
Una protesta nacida en las aulas que se extiende por Francia
Detrás de esa tensión hay reivindicaciones bastante más concretas que las imágenes de barricadas. El movimiento comenzó el mes pasado por la falta de personal en un instituto situado al sureste de París y se extendió rápidamente al resto del país, con estudiantes que reclaman más profesores, mejoras en colegios y universidades, mayor acceso a la enseñanza superior y medidas contra el encarecimiento de la vida. Los centros públicos de secundaria perdieron 15,4 millones de horas lectivas durante el curso 2024-2025 porque las bajas de profesores no fueron sustituidas, el equivalente al 7,5% del tiempo previsto de enseñanza, según cifras del propio Ministerio de Educación.
Las organizaciones estudiantiles reclaman además 250.000 plazas nuevas en la educación superior, cambios profundos en Parcoursup —el sistema nacional de admisión universitaria—, más docentes, obras en los centros, 200 euros adicionales al mes en becas y la congelación de los alquileres en las residencias públicas para estudiantes. No es difícil entender por qué una protesta nacida en un instituto terminó encontrando combustible fuera de las aulas: el precio de la energía era en septiembre un 21,3% superior al de un año antes y la inflación alcanzaba el 3,1%, según los datos recogidos por AP a partir del instituto estadístico francés.
El malestar va mucho más allá de los estudiantes
Camille Chesnier, de 27 años, acudió a la protesta parisina después de haber sido incapaz de encontrar trabajo pese a contar con una ingeniería y un máster. Su caso resume mejor que muchos discursos el salto desde la protesta educativa hacia un descontento más amplio: explicó que hay muchas personas en una situación parecida a la suya sin una red de seguridad y algunas terminan viviendo en la calle o en edificios ocupados. Bénédicte Pittion, profesora de 46 años, caminó bajo la lluvia junto a su hija Garance, estudiante de 16; ambas habían apoyado el movimiento desde el principio, aunque era la primera vez que acudían juntas a una manifestación.
El miedo a los incidentes tampoco vació París. Garance reconoció que las imágenes de violencia de la semana anterior le habían provocado temor, pero consideraba que quedarse en casa equivalía a entregar la calle al Gobierno. La capital amaneció, sin embargo, preparada para algo peor: comercios protegidos con paneles, gendarmes vigilando zonas emblemáticas y grandes instituciones culturales cerradas, entre ellas el Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais. Art Basel, una de las principales ferias internacionales de arte contemporáneo, había abierto el viernes pero canceló su programa del fin de semana ante el riesgo de disturbios.
Las protestas entran de lleno en la carrera presidencial
La crisis llega además en los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron, con las elecciones presidenciales previstas para mayo y la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional tratando de convertir el desgaste del Gobierno y la inseguridad en argumentos electorales. Este sábado, mientras las protestas sociales recorrían el país, miles de personas se manifestaron también en Orleans contra la extrema derecha coincidiendo con un congreso de la formación de Marine Le Pen. El pulso francés ya no discurre únicamente entre manifestantes y Gobierno: se mezcla con una carrera presidencial que ha empezado antes de que termine el mandato de Macron.
El presidente se reunió el viernes con representantes de estudiantes de secundaria y prometió revisar el acceso a la universidad, pero los organizadores consideran insuficientes los compromisos y mantienen la presión. Los chalecos amarillos han convocado otra jornada para el 31 de octubre, mientras las reivindicaciones educativas continúan abiertas y los sindicatos denuncian que las prohibiciones de manifestaciones no resolverán las causas que han llevado a cientos de miles de personas a la calle.
Dos recuentos muy distintos para una movilización masiva
La diferencia entre los 800.000 manifestantes de la CGT y los 410.000 del Ministerio del Interior es enorme, como también lo es la distancia entre los 250.000 asistentes que el sindicato atribuye a París y los 110.000 contabilizados por la policía. Pero incluso tomando las cifras oficiales, la movilización sigue siendo demasiado grande para reducirla a un problema de violencia callejera, del mismo modo que los disturbios tampoco pueden desaparecer detrás de la legitimidad de las reivindicaciones sociales. Francia vuelve a encontrarse con esas dos imágenes al mismo tiempo: cientos de miles de personas reclamando mejores servicios públicos y una vida menos cara, y un Gobierno que responde a una crisis social cada vez más profunda con negociaciones por un lado y un despliegue policial extraordinario por el otro.
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