Portugal desaloja acampadas por la vivienda: 31 detenidos y 33 heridos

La Policía portuguesa ha desalojado durante la madrugada de este domingo, 25 de octubre, las acampadas de protesta por el derecho a la vivienda instaladas en Lisboa y Oporto. La operación, desarrollada de forma simultánea en las dos principales ciudades del país, se ha saldado con 31 detenidos, 33 heridos y 171 tiendas de campaña retiradas, según el balance actualizado de la Policía de Seguridad Pública (PSP).

Los agentes han intervenido alrededor de las dos de la madrugada en la plaza del Rossio, en Lisboa, y en la plaza de Don João I, en Oporto, después de que los manifestantes se negaran a desmontar sus campamentos. Las detenciones se distribuyen entre 25 personas en Lisboa y seis en Oporto, todas por presunta desobediencia. Los colectivos convocantes denuncian una actuación policial desproporcionada y sostienen que el número real de heridos es considerablemente superior al reconocido por las autoridades.

La intervención llega después de una jornada de movilizaciones multitudinarias contra la crisis de la vivienda en Portugal. Miles de ciudadanos habían salido a las calles el sábado para reclamar medidas que frenen el encarecimiento de los alquileres y faciliten el acceso a una casa. Al terminar las marchas, los participantes decidieron mantener las protestas mediante nuevas acampadas, pese a las advertencias de la Policía.

El desenlace ha convertido una movilización social en una controversia sobre los límites del derecho de manifestación y el uso de la fuerza policial. Y ha dejado una imagen políticamente incómoda: ciudadanos que protestan porque no pueden acceder a una vivienda terminan desalojados de las tiendas que habían instalado para denunciar precisamente esa situación.

El balance de heridos aumenta a 33 tras los datos hospitalarios

La cifra de 11 heridos comunicada inicialmente por la Policía ha quedado superada. Al final de la tarde del domingo, la PSP elevó el balance a 33 heridos, después de recibir información de los hospitales de Lisboa. De ellos, 27 corresponden a la capital y seis a Oporto, aunque las autoridades todavía tenían pendiente completar la información sanitaria de esta última ciudad.

En Lisboa, el Hospital de São José atendió a 24 personas heridas, mientras que otras tres recibieron asistencia en el Hospital de Santa Maria. Todas habían recibido el alta médica. Los datos hospitalarios confirmaron así que el alcance de los incidentes era considerablemente mayor del que reflejaban las primeras comunicaciones policiales.

Los organizadores mantienen cifras todavía superiores. El movimiento Acampada de Oporto denuncia 37 heridos en esa ciudad, mientras que la plataforma Casa para Viver ha llegado a señalar unos 60 afectados por las intervenciones en ambos municipios. Estas estimaciones no estaban plenamente contrastadas con los registros sanitarios disponibles.

Dos operaciones policiales simultáneas y 171 tiendas retiradas

La actuación comenzó alrededor de las 02.00 horas del domingo, después de que las autoridades ordenaran a los manifestantes abandonar las plazas y retirar las estructuras de acampada. La PSP sostiene que había advertido reiteradamente de la prohibición de mantener las tiendas durante la noche.

Según la versión policial, la operación respondió a la ocupación de espacios públicos sin la autorización necesaria, al incumplimiento de las órdenes de dispersión y a la existencia de daños en el mobiliario urbano. Los agentes retiraron 117 tiendas en Lisboa y 54 en Oporto, que quedaron bajo custodia de las policías municipales.

Los testimonios recogidos durante la madrugada describen momentos de tensión, golpes con defensas policiales y actuaciones de unidades antidisturbios. En Lisboa se documentó también la presencia de perros policiales y el uso de proyectiles de goma durante la dispersión de los participantes.

La PSP, por su parte, afirma que intentó resolver la situación mediante el diálogo antes de recurrir a la fuerza. También informó de la incautación en Oporto de un artículo pirotécnico, tres latas de pintura y un recipiente de gas pimienta.

Las 31 personas detenidas por desobediencia comenzaron a recuperar la libertad durante el domingo y deberán comparecer ante la autoridad judicial el lunes 26 de octubre. La detención no implica una condena: corresponderá a los tribunales examinar las circunstancias de cada caso.

La crisis de la vivienda explica el origen de las acampadas

Las protestas no comenzaron este fin de semana. La movilización en Oporto arrancó el 10 de octubre, mientras que en Lisboa las concentraciones se intensificaron a partir del día 17. Desde entonces se han sucedido manifestaciones, asambleas populares y ocupaciones simbólicas del espacio público.

El desencadenante es una crisis inmobiliaria que afecta especialmente a jóvenes, trabajadores con salarios medios y hogares que viven de alquiler. Portugal lleva años registrando fuertes subidas del precio de la vivienda, con consecuencias particularmente visibles en Lisboa y Oporto.

Desde 2017, los precios de compraventa de viviendas se han más que duplicado y los alquileres de nuevos contratos prácticamente han seguido esa misma tendencia. El Banco de Portugal estima un déficit de unas 300.000 viviendas en el conjunto del país.

Son cifras que ayudan a comprender la dimensión de las movilizaciones. Para una parte creciente de la población, trabajar y disponer de ingresos regulares ya no garantiza poder acceder a una casa en condiciones asumibles.

Las reivindicaciones contra la nueva ley del alquiler

Los colectivos convocantes reclaman la retirada de la reforma del arrendamiento que tramita el Parlamento portugués. La propuesta, aprobada en una primera fase parlamentaria pero todavía pendiente de su tramitación definitiva, contempla una mayor flexibilidad contractual y procedimientos de desahucio más rápidos.

Los manifestantes consideran que esas modificaciones pueden agravar la inseguridad residencial de quienes viven de alquiler. Entre sus principales exigencias figuran limitar las rentas, ampliar el parque público de vivienda, recuperar inmuebles vacíos y evitar desahucios sin alternativa habitacional.

También piden restringir la adquisición de viviendas por determinados fondos de inversión inmobiliaria, a los que atribuyen parte de la presión sobre los precios.

El debate refleja un conflicto que trasciende las tiendas de campaña. Mientras los defensores de una mayor liberalización del mercado consideran necesario aumentar la oferta y reducir obstáculos administrativos, los movimientos vecinales exigen una intervención pública más decidida para proteger a los inquilinos.

Amnistía Internacional cuestiona el uso de la fuerza policial

La actuación de las fuerzas de seguridad ha provocado una reacción de organizaciones civiles y representantes políticos.

Amnistía Internacional Portugal ha expresado su preocupación por lo que considera un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La organización contó con observadores durante las concentraciones y ha reclamado que se investigue urgentemente la intervención.

Su director ejecutivo en Portugal, João Godinho Martins, ha cuestionado el recurso a defensas y otros medios policiales para dispersar a los manifestantes. La organización sostiene que cualquier limitación del derecho de protesta debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad.

El ministro de Administración Interna, Luís Neves, ha defendido, sin embargo, la legalidad de la actuación policial. Aunque reconoció la legitimidad de las reivindicaciones sobre vivienda y lamentó los heridos, aseguró que no había observado una respuesta desproporcionada.

La controversia también ha llegado a los partidos. El Partido Comunista Portugués, el Bloco de Esquerda y Livre han criticado las intervenciones, mientras que André Ventura, dirigente de Chega, ha defendido a la Policía y cuestionado la conducta de los manifestantes.

El asunto plantea una distinción jurídica importante: el derecho a manifestarse está protegido por la Constitución portuguesa, pero su ejercicio no concede automáticamente autorización para instalar campamentos permanentes en cualquier espacio público.

Eso no resuelve, por sí solo, la controversia. Que una ocupación incumpla determinadas normas no significa que cualquier intervención para desalojarla resulte proporcionada. La intensidad de la fuerza utilizada, las advertencias previas y el comportamiento de los participantes son elementos esenciales para valorar la actuación.

Las protestas continúan y apuntan al Parlamento portugués

El desalojo no ha detenido las movilizaciones. Durante la tarde del domingo, los colectivos volvieron a concentrarse en el Rossio de Lisboa y en la plaza de Don João I de Oporto. Las concentraciones reunieron nuevamente a numerosos participantes, según las informaciones recogidas sobre el terreno.

Los organizadores también han convocado una nueva protesta para el martes 27 de octubre frente a la Asamblea de la República, coincidiendo con la discusión parlamentaria de propuestas relacionadas con la vivienda y el arrendamiento.

El Gobierno afronta así dos controversias que se han terminado entrelazando: la eficacia de su política inmobiliaria y la proporcionalidad de la respuesta policial ante quienes la cuestionan.

Las detenciones tendrán recorrido judicial y las denuncias sobre la actuación de los agentes reclaman un esclarecimiento independiente. Mientras tanto, el problema que llevó a miles de portugueses a las calles permanece intacto.

Las 171 tiendas han desaparecido de las plazas, pero la falta de vivienda asequible no. Y esa es la cuestión que seguirá alimentando las movilizaciones mucho después de que termine la polémica por los desalojos.