Abascal acusa a Adif de gastar en mordidas y bonus y señala a Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este sábado 7 de noviembre de 2026 a la dirección de Adif de destinar dinero a «sobrinas, mordidas, colocaciones y bonus», en una dura intervención contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Las declaraciones llegan después del accidente de trenes de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales, y en plena polémica por las primas a directivos del administrador ferroviario.

Durante un acto de precampaña en Guadalajara, Abascal ha cuestionado las prioridades de la cúpula de Adif y ha exigido responsabilidades políticas al presidente del Gobierno. Sus acusaciones se producen después de conocerse una información periodística según la cual el expresidente del organismo habría autorizado bonificaciones a la dirección poco antes de abandonar el cargo. El dirigente de Vox ha relacionado esta controversia con el deterioro que atribuye a la red ferroviaria, aunque sus denuncias sobre mordidas y colocaciones no equivalen, por sí mismas, a hechos delictivos acreditados.

El líder de Vox ha pronunciado estas palabras en el Auditorio Pedro Díaz de Guadalajara, ante unos 2.000 asistentes. Allí ha convertido la situación de Adif y las consecuencias de los accidentes ferroviarios en uno de los principales argumentos de su discurso, a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La intervención ha ido más allá de las críticas a la gestión. Abascal ha planteado acusaciones especialmente graves contra los responsables del organismo y ha utilizado las tragedias ferroviarias para reclamar un cambio de Gobierno. Un discurso que sitúa la seguridad de los trenes, el uso del dinero público y la responsabilidad política en el centro de la campaña electoral.

La polémica por los bonus de Adif antes de la dimisión de su presidente

El origen inmediato de las declaraciones de Abascal está en una información publicada este sábado sobre la aprobación de incentivos económicos para la dirección de Adif.

Según esa información, el entonces presidente del administrador ferroviario, Luis Pedro Marco de la Peña, convocó una reunión extraordinaria del consejo de administración para aprobar un convenio con el Ministerio de Hacienda que contemplaba un plan de incentivos para sus directivos.

El programa vincula parte de las retribuciones a objetivos de explotación, inversión y prestación del servicio. La controversia surge por el momento elegido para aprobarlo: después de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y en medio de las consecuencias políticas y sociales del accidente de Urda.

La información también señala que el convenio no concreta los objetivos específicos que determinarán esas retribuciones y que no recoge expresamente indicadores de seguridad ferroviaria entre los criterios descritos. El Ministerio de Transportes ha indicado que está recabando información para comprobar los extremos publicados.

Abascal ha aprovechado esta circunstancia para cuestionar las prioridades de Adif y denunciar que los recursos públicos destinados a las infraestructuras ferroviarias no se estarían utilizando adecuadamente.

Conviene distinguir dos cuestiones. La aprobación de incentivos económicos para directivos de una empresa pública no constituye, por sí sola, una irregularidad. Otra cosa es analizar sus condiciones, su justificación y la transparencia de los criterios utilizados. Las acusaciones de corrupción formuladas por Abascal requieren pruebas independientes de la existencia de esos incentivos.

Abascal exige responsabilidades a Sánchez por la gestión ferroviaria

El líder de Vox ha dirigido sus críticas directamente contra Pedro Sánchez, al que responsabiliza políticamente de los nombramientos realizados durante su mandato y de la gestión del sistema ferroviario.

Durante el mitin, Abascal llegó a cuestionar si la dirección de Adif pretendía destruir la alta velocidad o provocar una tragedia ferroviaria. Se trata de una acusación retórica de extrema gravedad, no de una conclusión establecida por ninguna investigación.

Sus palabras llegan después de una semana de cambios importantes en el Ministerio de Transportes, con la salida de sus principales responsables y el anuncio de medidas destinadas a reforzar la seguridad de la circulación ferroviaria.

Las dimisiones de Óscar Puente y Luis Pedro Marco de la Peña

El 3 de noviembre, Óscar Puente presentó su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible tras la tragedia de Urda. Pedro Sánchez aceptó su renuncia y anunció al día siguiente que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumiría temporalmente la gestión del departamento.

Un día después de la renuncia de Puente, el 4 de noviembre, Luis Pedro Marco de la Peña también presentó su dimisión como presidente de Adif. Cuerpo consideró acertada su decisión y subrayó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el sistema ferroviario.

La salida de ambos responsables se produjo tras dos grandes accidentes ferroviarios registrados este año, en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), con un balance conjunto de 115 víctimas mortales.

Sin embargo, las dimisiones políticas y administrativas no implican automáticamente la existencia de responsabilidades penales. Estas deben determinarse mediante las investigaciones correspondientes y a partir de las pruebas disponibles.

El accidente de Urda marca la precampaña de Vox

El accidente ferroviario del pasado 28 de octubre se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político previo a las elecciones generales.

La colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, dejó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Todas las víctimas mortales habían sido identificadas el 2 de noviembre, según el Centro Integrado de Datos constituido para gestionar las consecuencias del siniestro.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan siendo esenciales para determinar qué ocurrió y qué responsabilidades pueden derivarse. Los investigadores deben esclarecer tanto las circunstancias técnicas de la colisión como las decisiones adoptadas durante la circulación de los trenes.

Desde el punto de vista técnico, Adif administra las infraestructuras ferroviarias, mientras que las compañías operadoras gestionan los servicios de transporte. Esta distribución de funciones resulta relevante para establecer eventuales responsabilidades relacionadas con el mantenimiento, la circulación o los procedimientos de seguridad.

La existencia de un plan de incentivos para directivos no demuestra una relación causal con el accidente. Para establecerla sería necesario acreditar decisiones concretas que hubieran comprometido la seguridad de la infraestructura o contribuido al siniestro.

Abascal, por su parte, ha unido ambas cuestiones en su discurso político: la tragedia ferroviaria y la polémica sobre las retribuciones de los altos cargos. Su intervención busca trasladar el malestar por la situación del ferrocarril a una exigencia de responsabilidades al Ejecutivo.

Vox reclama una movilización masiva para las elecciones del 29N

Las acusaciones contra Adif han formado parte de un discurso electoral más amplio, en el que Abascal ha pedido a sus seguidores una movilización masiva de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente de Vox ha advertido contra el exceso de confianza en las encuestas y el riesgo de desmovilización. Ha presentado los comicios como una elección decisiva para el futuro del país y ha defendido la necesidad de un cambio político.

También ha criticado las muestras de apoyo que recibió Óscar Puente durante un acto socialista celebrado el viernes en Valencia, donde parte de la militancia coreó su nombre en presencia de Pedro Sánchez.

Abascal ha reprochado a los socialistas que expresaran públicamente ese respaldo al exministro mientras las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios atraviesan las consecuencias de las tragedias.

El dirigente de Vox ha aprovechado igualmente su intervención para insistir en algunas de las principales propuestas de su partido, articuladas alrededor de la prioridad nacional, la desregulación y la denominada remigración.

En materia sanitaria, ha criticado la campaña informativa del Ministerio de Sanidad sobre el derecho a la atención sanitaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Según Abascal, la presión sobre los servicios públicos y las listas de espera demuestra la necesidad de modificar las prioridades del Gobierno.

También ha cuestionado las políticas relacionadas con el mercado del aceite de oliva y las importaciones procedentes de Marruecos y Túnez, asuntos que ha incorporado a sus críticas a la gestión económica del Ejecutivo.

Los incentivos de Adif agravan la presión sobre Transportes

La polémica llega en un momento especialmente delicado para la gestión del ferrocarril español. El Gobierno afronta la necesidad de recuperar la confianza de los viajeros, garantizar las condiciones de seguridad y reorganizar la dirección del administrador de infraestructuras.

La información sobre los bonus de Adif plantea cuestiones concretas sobre los criterios empleados para retribuir a los responsables de una empresa pública y sobre el peso de la seguridad en la evaluación de su gestión.

Al mismo tiempo, las declaraciones de Santiago Abascal elevan el enfrentamiento político al atribuir al Ejecutivo responsabilidades que van más allá de las decisiones administrativas conocidas.

La cuestión de fondo es doble: determinar si los incentivos aprobados estaban suficientemente justificados y esclarecer las causas de los accidentes ferroviarios. Son asuntos relacionados con la gestión pública, pero no deben confundirse sus responsabilidades.

Con las elecciones del 29 de noviembre a la vista, la controversia sobre Adif añade presión al Gobierno de Sánchez. Las consecuencias políticas son evidentes. Las posibles responsabilidades económicas, administrativas o penales, en cambio, deberán establecerse a partir de hechos acreditados y no únicamente de las acusaciones pronunciadas durante la campaña.