Adif niega nuevos bonus para sus directivos tras dimitir su presidente

Adif ha negado este domingo, 8 de noviembre, que haya aprobado nuevas bonificaciones para su cúpula directiva antes de la dimisión de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña. El gestor público de infraestructuras ferroviarias rechaza las informaciones sobre un supuesto blindaje de incentivos económicos para sus altos cargos y sostiene que contienen afirmaciones falsas.

La empresa pública reconoce que el pasado 4 de noviembre aprobó un convenio de financiación para el periodo 2026-2030, pero asegura que no se creó ningún bonus extraordinario para sus directivos. Según explica, el documento mantiene un sistema de retribución variable vinculado al cumplimiento de objetivos que funciona desde 2012 y que afecta a aproximadamente 5.216 trabajadores.

La aclaración llega después de que varios medios publicaran que el consejo de administración había renovado las primas de la dirección pocas horas antes de la salida de Marco de la Peña. La polémica ha adquirido una dimensión política en plena crisis ferroviaria, agravada por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado 115 fallecidos.

El asunto ha provocado críticas de la oposición y ha situado las remuneraciones de los responsables de Adif bajo un escrutinio especialmente intenso. La cuestión no es menor: qué objetivos deben cumplir los directivos de una empresa pública y cómo se evalúa su gestión cuando la seguridad ferroviaria está en el centro del debate.

Adif rechaza el supuesto blindaje de bonus a su cúpula

En un comunicado oficial difundido este domingo, Adif y Adif Alta Velocidad han expresado su rechazo a las informaciones publicadas sobre las bonificaciones de sus altos cargos, que califican de «sesgadas e incompletas».

Ambas entidades niegan que el consejo de administración aprobara un incentivo extraordinario destinado exclusivamente a la cúpula directiva.

Según su explicación, las reuniones celebradas el 4 de noviembre tenían un único objetivo: aprobar los convenios con la Administración General del Estado destinados a garantizar la financiación y sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias entre 2026 y 2030.

Adif precisa que los consejos fueron convocados el 30 de octubre, varios días antes de la dimisión de su presidente, conforme a los procedimientos establecidos en sus estatutos.

La entidad sostiene que estos acuerdos responden a las obligaciones previstas en el artículo 25 de la Ley del Sector Ferroviario y que el sistema de incentivos no constituye ninguna novedad.

Ahora bien, la existencia de retribuciones variables para los directivos no está en discusión. La propia empresa confirma que forman parte de su estructura salarial desde hace más de una década.

Más de 5.200 empleados de Adif cobran incentivos por objetivos

Uno de los principales argumentos del gestor ferroviario es que las remuneraciones variables no están reservadas a un pequeño grupo de altos cargos.

Adif y Adif Alta Velocidad cuentan conjuntamente con cerca de 14.000 empleados públicos. De ellos, aproximadamente 5.216 trabajadores tienen una parte de su salario vinculada al cumplimiento de objetivos.

El sistema afecta a diferentes categorías profesionales, entre ellas la alta dirección, las estructuras de dirección y apoyo, los mandos intermedios y determinados cuadros de responsabilidad.

La empresa explica que este modelo funciona desde 2012 y que ya estaba contemplado en el convenio de financiación correspondiente al periodo 2021-2025.

Por tanto, la aprobación del nuevo acuerdo no supone, según la versión oficial, la creación de un mecanismo retributivo extraordinario para premiar a los responsables de la compañía.

Qué contempla el convenio ferroviario hasta 2030

El documento aprobado establece el marco financiero que regirá las relaciones entre el Estado y los dos administradores públicos de infraestructuras durante los próximos cinco años.

Adif señala que los convenios buscan reforzar los recursos destinados a conservación y mantenimiento de la red ferroviaria, con una inversión global prevista de unos 19.000 millones de euros para el periodo 2026-2030.

También incorporan objetivos empresariales cuya consecución puede influir en la remuneración variable de determinados empleados.

Según la información publicada inicialmente por El Mundo, el acuerdo contempla la continuidad del plan de incentivos a la dirección, asociado a resultados de explotación, inversiones y prestación del servicio.

Ese es precisamente el punto que ha originado la controversia.

Mientras las informaciones iniciales interpretan la aprobación del convenio como una renovación de los incentivos de la cúpula, Adif insiste en que se trata de la continuidad de un sistema salarial preexistente, integrado en un acuerdo de financiación mucho más amplio.

Ambas circunstancias pueden coexistir: que el convenio mantenga las retribuciones variables y que no se haya aprobado un bonus extraordinario. Lo que rechaza expresamente la empresa es la interpretación de que se blindaron nuevas gratificaciones para sus máximos responsables.

La dimisión de Luis Pedro Marco agrava la polémica

La controversia ha adquirido mayor relevancia por el momento en que se aprobó el convenio.

Luis Pedro Marco de la Peña presentó su dimisión el miércoles 4 de noviembre ante Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y responsable de Transportes tras la renuncia de Óscar Puente.

Su salida se produjo una semana después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre y que causó 69 víctimas mortales.

La tragedia agravó la crisis de confianza que atravesaba el sistema ferroviario español desde el accidente de Adamuz, registrado en enero y en el que fallecieron 46 personas.

Marco de la Peña abandonó la presidencia de Adif después de reunirse con Cuerpo para abordar la situación del sistema ferroviario y las consecuencias del accidente.

La coincidencia temporal entre la aprobación del convenio y su dimisión alimentó las críticas sobre la oportunidad de mantener los incentivos económicos de los directivos en unas circunstancias excepcionales.

Adif responde que los acuerdos llevaban meses de tramitación administrativa y que su aprobación estaba programada antes de producirse el relevo en la presidencia.

Feijóo exige devolver las gratificaciones a los directivos

La polémica también ha entrado de lleno en la confrontación política previa a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo que los responsables de Adif devuelvan las gratificaciones percibidas y que ese dinero se destine a indemnizar a las víctimas de los accidentes ferroviarios.

Durante un acto celebrado en Málaga, el dirigente popular ha cuestionado que los altos cargos puedan recibir incentivos económicos mientras se investigan las responsabilidades por las tragedias ferroviarias.

Feijóo considera inaceptable que se premie a los responsables de una empresa pública cuya gestión está sometida a una fuerte controversia por los fallos del sistema ferroviario.

Sin embargo, las declaraciones políticas y el comunicado de Adif parten de interpretaciones distintas del acuerdo.

La empresa niega haber aprobado primas nuevas, mientras que el PP cuestiona la continuidad y el cobro de remuneraciones variables por parte de los responsables del gestor ferroviario.

Conviene distinguir también entre la aprobación de un sistema de incentivos y el pago efectivo de determinadas cantidades. La existencia de un plan retributivo no acredita, por sí sola, que se hayan abonado nuevas gratificaciones como consecuencia del convenio del 4 de noviembre.

Los objetivos de seguridad, en el centro del debate

Más allá de la controversia sobre los bonus, el debate ha puesto el foco en los criterios utilizados para evaluar el rendimiento de los responsables de Adif.

Las informaciones publicadas sobre el convenio destacan la vinculación de la remuneración variable a los resultados de explotación, las inversiones y los objetivos de prestación del servicio.

También cuestionan que la documentación conocida no concrete suficientemente los indicadores de seguridad ferroviaria que deben influir en esas remuneraciones.

Adif sostiene que el sistema de incentivos se encuentra regulado y que forma parte de un modelo implantado desde hace años. Su comunicado, sin embargo, no detalla los indicadores específicos de seguridad aplicables a cada categoría directiva ni los porcentajes de retribución asociados a su cumplimiento.

Esta distinción resulta importante. Que los objetivos de seguridad no aparezcan expresamente identificados en un convenio general no permite concluir automáticamente que estén ausentes de todos los mecanismos internos de evaluación.

Para determinarlo sería necesario conocer las condiciones concretas del plan de incentivos y los criterios utilizados para calcular las remuneraciones variables.

En una entidad encargada de gestionar infraestructuras ferroviarias, la seguridad, el mantenimiento y la fiabilidad del servicio son aspectos fundamentales para valorar los resultados de la gestión.

Y en el contexto actual, con dos accidentes mortales y una profunda crisis de confianza, la discusión sobre las prioridades de la dirección adquiere una relevancia que trasciende las cantidades percibidas por sus responsables.

Un convenio de 19.000 millones bajo escrutinio público

Adif ha intentado separar la aprobación de su nuevo marco financiero de la polémica sobre las remuneraciones de los directivos.

Su explicación oficial establece tres hechos: el convenio estaba previsto legalmente, su tramitación comenzó meses antes de la dimisión de Marco de la Peña y las retribuciones variables existen desde 2012.

La empresa rechaza, por tanto, que se haya producido una aprobación extraordinaria de bonus para beneficiar a la cúpula antes de su salida.

Pero la controversia no queda completamente despejada con esa aclaración. La continuidad del sistema de incentivos es un hecho reconocido por la propia entidad, y el contenido concreto de los objetivos seguirá siendo relevante para valorar su funcionamiento.

El nuevo convenio compromete recursos públicos destinados a la conservación y sostenibilidad de la infraestructura ferroviaria hasta 2030. Su importancia económica y operativa va mucho más allá de las remuneraciones.

En plena crisis del ferrocarril español, la cuestión esencial es que esos 19.000 millones de euros previstos se traduzcan en una red más segura, mejor mantenida y capaz de recuperar la confianza de los viajeros.

La explicación de Adif aclara la naturaleza del acuerdo aprobado. La evaluación de los resultados que deben justificar las remuneraciones de sus responsables continúa siendo una cuestión de interés público.