Bill Gates plantea gravar la IA y los robots ante la pérdida de empleo

Bill Gates quiere cambiar las reglas fiscales antes de que la inteligencia artificial cambie demasiado deprisa las reglas del mercado laboral. El cofundador de Microsoft defiende gravar el uso de la IA y los robots cuando sustituyan trabajo humano, con el objetivo de reducir los incentivos económicos a automatizar empleos y obtener recursos para financiar formación, protección social y ayudas a los trabajadores desplazados.

La propuesta parte de una preocupación bastante concreta: si una empresa sustituye empleados por sistemas automatizados, el Estado puede perder parte de los ingresos asociados a salarios y cotizaciones justo cuando aumenta la necesidad de ayudar a quienes se quedan fuera del mercado laboral. Gates sostiene que la fiscalidad actual puede acabar favoreciendo al capital frente al trabajo, una distorsión que considera difícil de mantener si la automatización alcanza la escala que anticipa.

Gates quiere que la IA también contribuya al sistema

La idea no consiste simplemente en crear una casilla fiscal llamada «impuesto a la inteligencia artificial». Gates ha planteado gravar tanto determinados tokens utilizados por los sistemas de IA como los robots que desarrollen tareas hasta ahora realizadas por personas.

En Estados Unidos, su razonamiento parte de una comparación sencilla. Contratar a una persona supone asumir impuestos y cotizaciones vinculados a su salario. Una máquina, en cambio, se contabiliza como una inversión empresarial y puede recibir un tratamiento fiscal muy distinto. Si ambas terminan haciendo un trabajo equivalente, Gates considera discutible que el sistema fiscal incentive precisamente la alternativa que elimina empleo.

Su propuesta más reciente llega incluso a plantear que pueda definirse una especie de unidad de trabajo independiente de quién la realice. Si una determinada producción genera cotizaciones cuando la hace un trabajador, la empresa también debería aportar una cantidad comparable cuando ese trabajo sea asumido por una máquina.

No es una ocurrencia completamente nueva. Gates ya defendió años atrás la posibilidad de imponer un impuesto a los robots. La diferencia es que la llegada de la IA generativa y el rápido avance de la robótica han convertido aquella discusión bastante teórica en algo mucho más inmediato.

El temor de Gates: menos empleos y una transición demasiado rápida

El antiguo máximo responsable de Microsoft ha endurecido considerablemente su discurso sobre las consecuencias laborales de la inteligencia artificial. Su preocupación no es que desaparezca una única profesión, sino que la tecnología pueda sustituir simultáneamente tareas de sectores muy distintos.

Entre los empleos que considera expuestos aparecen actividades de atención al cliente, programación, trabajo jurídico, análisis de datos, medicina o ventas. La robótica ampliaría después esa capacidad de sustitución hacia profesiones físicas relacionadas con ámbitos como la construcción, la hostelería o determinadas labores industriales.

Gates pone el acento en la velocidad de la transformación. Las grandes revoluciones tecnológicas del pasado también destruyeron puestos de trabajo, pero las economías tuvieron décadas —a veces generaciones— para crear nuevas ocupaciones. La inteligencia artificial puede comprimir ese proceso en pocos años.

Y ahí está el problema. No basta con decirle a cualquier trabajador desplazado que se forme de nuevo y encuentre otra profesión. La edad, la cualificación, el lugar de residencia y las oportunidades reales de empleo condicionan mucho esa transición.

Una persona con décadas de experiencia en una profesión no siempre puede reconvertirse rápidamente en especialista tecnológico. Gates considera que una política pública que ignore esa realidad corre el riesgo de confundir eficiencia económica con bienestar social.

El impuesto serviría para formación y protección social

El dinero obtenido mediante estos gravámenes tendría, según la propuesta de Gates, un destino fundamentalmente redistributivo. Una parte debería emplearse en recualificación profesional, mientras que otra serviría para reforzar las redes de protección destinadas a trabajadores cuyos puestos desaparezcan, vean reducido su salario o sufran una disminución de horas.

El argumento fiscal gana importancia a medida que aumenta la automatización. Buena parte de los sistemas públicos modernos depende directa o indirectamente de ingresos vinculados al empleo. Si disminuye el número de trabajadores o las rentas salariales pierden peso frente a las rentas del capital, los gobiernos tendrán que buscar nuevas bases tributarias.

La discusión ya ha salido del círculo tecnológico. El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que una expansión rápida de la IA puede erosionar la base fiscal procedente del trabajo, especialmente en los escenarios con mayor sustitución de empleados.

Eso no significa que exista consenso sobre cómo responder. El propio FMI ha mostrado reservas ante un impuesto indiscriminado sobre los robots: una tasa mal diseñada podría frenar inversiones productivas, dificultar la difusión tecnológica y castigar automatizaciones que elevan la productividad sin provocar grandes daños laborales.

No todos los economistas quieren un «impuesto al robot»

Ese es uno de los grandes puntos débiles de la propuesta. Determinar exactamente qué debe tributar parece sencillo hasta que toca escribir la norma.

Una máquina industrial que sustituye a diez operarios resulta relativamente fácil de identificar. Mucho más complicado es medir el impacto de un programa que permite a diez administrativos realizar el trabajo que antes necesitaba a quince personas. Y todavía más difícil establecer cuánto empleo habría existido sin esa tecnología.

La inteligencia artificial tampoco funciona como un robot tradicional. Está integrada en programas, servicios en la nube y herramientas utilizadas simultáneamente por trabajadores humanos. Separar qué parte de la productividad procede de una persona y cuál de una máquina puede convertirse en un problema tributario considerable.

Por eso existen alternativas. Una corriente de economistas prefiere revisar los impuestos sobre capital, beneficios y rentas extraordinarias, eliminar incentivos fiscales que favorezcan injustificadamente la automatización y utilizar después esos ingresos para compensar a los trabajadores perjudicados.

La cuestión de fondo, sin embargo, coincide bastante con el diagnóstico de Gates: si la IA desplaza una parte considerable del empleo y la riqueza pasa a concentrarse más en el capital, los sistemas fiscales diseñados alrededor del salario tendrán que adaptarse.

Gates también propone reservar empleos para personas

El impuesto es únicamente una pieza de una propuesta más amplia. Gates ha defendido crear una categoría que denomina «Human Reserved», trabajos o tareas que una sociedad decidiría mantener en manos humanas aunque técnicamente pudieran automatizarse.

No habla necesariamente de prohibir la IA en profesiones enteras. En educación o sanidad, por ejemplo, podría utilizarse como herramienta mientras determinadas decisiones o relaciones continúan bajo responsabilidad humana.

El cuidado de personas, algunas tareas relacionadas con menores o funciones de especial responsabilidad social aparecen entre los terrenos donde Gates cree que debería debatirse hasta dónde dejar entrar a las máquinas.

Su razonamiento no es puramente económico. Hay trabajos cuyo valor no puede medirse únicamente por cuánto cuesta ejecutarlos. Comunicar un diagnóstico médico grave, cuidar a una persona dependiente o adoptar determinadas decisiones públicas incluye responsabilidad, confianza y contacto humano. Que una máquina llegue a ser capaz de hacerlo no obliga necesariamente a permitirle hacerlo.

También plantea protecciones temporales. Determinadas ocupaciones podrían reservarse durante unos años para evitar que una automatización demasiado brusca deje sin alternativas a generaciones enteras de trabajadores próximos al final de su carrera profesional.

El dilema está entre productividad, empleo y reparto

La dificultad consiste en intervenir sin bloquear las ventajas de la inteligencia artificial. Gates sigue considerando que la tecnología puede producir mejoras enormes en medicina, educación, ciencia y productividad. Su propuesta no busca detener esas aplicaciones, sino repartir mejor sus beneficios y suavizar el coste de la transición.

Ese equilibrio será incómodo. Un impuesto demasiado elevado puede frenar inversiones útiles. Uno demasiado bajo apenas cambiaría las decisiones empresariales. Y aplicarlo únicamente en un país podría reducir su competitividad frente a otras economías donde la automatización estuviera sometida a menos cargas.

Los economistas tampoco saben todavía cuál será el balance final sobre el empleo. La IA puede sustituir tareas y, al mismo tiempo, abaratar productos, aumentar la demanda y crear nuevas actividades. Las grandes incógnitas son cuántos trabajos aparecerán, qué cualificación exigirán y con qué rapidez llegarán para absorber a quienes pierdan los suyos.

Gates se muestra cada vez menos convencido de que el mercado vaya a resolver automáticamente esa transición. Su tesis es que el progreso tecnológico puede ser extraordinariamente beneficioso y, aun así, provocar graves daños si las instituciones tardan demasiado en reaccionar.

Una factura fiscal para una economía con menos trabajo humano

El debate sobre impuestos a la inteligencia artificial tiene algo de discusión anticipada sobre una economía que todavía no existe del todo. Pero empieza a resultar menos futurista. Las empresas ya utilizan sistemas capaces de asumir tareas administrativas, generar código, analizar documentos o atender clientes, mientras la robótica avanza hacia trabajos físicos cada vez más complejos.

Gates propone intervenir antes de que esa transformación sea irreversible: reducir la ventaja fiscal de sustituir personas, financiar la adaptación laboral y preservar determinadas funciones humanas. No existe todavía una fórmula aceptada para hacerlo ni un impuesto universal a la IA esperando entrar en vigor.

Lo que sí empieza a cambiar es la pregunta económica. Durante años, el debate se concentró en cuánto podía aumentar la productividad gracias a la inteligencia artificial. Ahora también importa quién conservará el empleo, quién recibirá esa nueva riqueza y quién pagará los impuestos cuando una parte del trabajo deje de hacerla una persona.