Ceuta: el Gobierno desmontará campamentos tras más de 15.000 retornos

El Gobierno de España comenzará en los próximos días a desmantelar algunos de los campamentos temporales para migrantes habilitados en Ceuta, después de que más de 15.000 personas hayan regresado a Marruecos desde el inicio de la crisis migratoria del pasado verano. El anuncio lo ha realizado este miércoles, 4 de noviembre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras una reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma.

La retirada será progresiva y dependerá de las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según los últimos datos facilitados por Torres, los dispositivos temporales cuentan con 7.000 plazas, de las que aproximadamente 5.800 están ocupadas. La reducción de la presión asistencial permitirá comenzar a cerrar parte de unas instalaciones levantadas para hacer frente a la llegada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

La decisión supone un nuevo paso en la gestión de una crisis que lleva más de tres meses condicionando la vida cotidiana de Ceuta. Sin embargo, el Ejecutivo no ha anunciado todavía una fecha para completar la retirada de todos los recursos extraordinarios. Tampoco ha precisado cuáles serán los primeros espacios afectados.

El desmantelamiento anunciado no significa que la emergencia esté resuelta. Miles de personas siguen dependiendo de los dispositivos de acogida, mientras las administraciones mantienen importantes diferencias sobre el número de migrantes que permanecen en la ciudad y sobre la respuesta ofrecida desde Madrid.

El Gobierno empieza a retirar los recursos temporales de Ceuta

Ángel Víctor Torres ha confirmado que el proceso comenzará «en los próximos días» y que se desarrollará conforme a los criterios establecidos por las fuerzas de seguridad. El ministro ha trasladado esta previsión después de la reunión del órgano encargado de coordinar la respuesta institucional a la crisis migratoria.

La situación de los centros permite iniciar una reducción de su capacidad. Con las cifras comunicadas este miércoles, unas 1.200 plazas se encuentran disponibles, aunque eso no significa que puedan eliminarse inmediatamente todas ellas.

Los dispositivos deben seguir atendiendo a quienes permanecen acogidos y permitir que continúen los procedimientos de identificación, protección internacional y retorno. El Gobierno plantea, por tanto, una retirada escalonada en lugar del cierre simultáneo de las instalaciones.

Las playas ya fueron desalojadas durante octubre

Conviene distinguir entre los asentamientos improvisados que surgieron en distintos puntos de Ceuta y los recursos de atención humanitaria habilitados posteriormente por las administraciones.

El pasado 11 de octubre, Torres dio por concluidas las operaciones para desalojar los grandes asentamientos del litoral, después de las intervenciones desarrolladas en lugares como la playa del Trampolín, Benítez y la zona del Guano.

Aquellas actuaciones permitieron trasladar a personas migrantes a instalaciones de acogida y despejar espacios públicos que habían concentrado buena parte de la presión durante los meses anteriores.

El anuncio del 4 de noviembre afecta a una fase distinta: la reducción de las propias instalaciones temporales utilizadas para atender a los migrantes mientras se tramita su situación administrativa.

Más de 15.000 migrantes han regresado a Marruecos

El aumento de los retornos a Marruecos constituye el principal argumento del Gobierno para comenzar a retirar los dispositivos extraordinarios.

El balance oficial presentado el martes 3 de noviembre contabilizaba 14.818 personas retornadas a Marruecos, de las cuales 14.180 habían regresado voluntariamente y 638 habían sido expulsadas. El total representaba 995 retornos más que la semana anterior.

Un día después, Torres ha elevado el balance a más de 15.000 retornos, aunque no ha facilitado en sus declaraciones públicas un nuevo desglose entre salidas voluntarias y expulsiones.

La evolución muestra un incremento sostenido de las salidas desde agosto, especialmente después de la habilitación de espacios para identificar y atender a los migrantes.

Qué ocurre con los expedientes pendientes

El Gobierno mantiene los procedimientos administrativos para determinar la situación de cada persona. Según el balance del Consejo de Ministros del 3 de noviembre, se habían realizado 6.113 procedimientos de triaje de adultos.

Este proceso permite identificar a los migrantes, examinar sus circunstancias y establecer si procede tramitar una solicitud de protección internacional o iniciar un procedimiento de retorno.

No todas las personas pueden ser devueltas de manera automática. La legislación española y europea establece garantías para quienes solicitan asilo, mientras que los menores de edad cuentan con un régimen específico de protección.

La reducción de plazas de acogida, por tanto, no elimina las obligaciones de las administraciones respecto a quienes todavía permanecen en territorio español.

Ceuta mantiene bajo protección a 3.650 menores migrantes

Uno de los asuntos más delicados sigue siendo la atención de los menores extranjeros no acompañados. El último informe del Gobierno sitúa en 3.650 los niños y adolescentes acogidos en el sistema de protección de Ceuta, cuya gestión corresponde a la administración autonómica.

Hasta el 3 de noviembre se habían realizado 402 procedimientos de identificación y evaluación de menores. Otros 135 habían sido trasladados a la península para reunirse con familiares y 181 habían sido reubicados en distintas comunidades autónomas mediante los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería.

El Ejecutivo también ha comunicado el envío de 89 informes a Marruecos destinados a estudiar posibles reagrupaciones familiares de menores en su país de origen.

Estos procedimientos no son equivalentes a las expulsiones de adultos. El interés superior del menor y las garantías de protección deben orientar cualquier decisión sobre su situación, incluidos los posibles retornos familiares.

El presidente de Ceuta cuestiona la gestión del Gobierno

El anuncio de Torres llega en medio de las discrepancias entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostuvo el martes que unas 15.000 personas migrantes permanecen todavía en la ciudad, entre adultos y menores. También criticó la actuación del Estado y cuestionó que los retornos voluntarios y las expulsiones realizadas permitan hablar de una recuperación de la normalidad.

Vivas ha reclamado una respuesta más contundente y ha acusado al Gobierno de no haber utilizado todos los mecanismos legales disponibles para afrontar la crisis.

Existe, además, una diferencia entre las cifras de ambas administraciones. El Gobierno central comunica los retornos registrados y la ocupación de sus recursos de acogida, mientras que Vivas ofrece una estimación más amplia de las personas que considera que continúan en Ceuta.

Los dos balances no miden exactamente lo mismo, por lo que no permiten establecer, mediante una simple resta, cuántos migrantes permanecen fuera de los centros.

La controversia refleja también un desacuerdo político sobre cuándo puede considerarse superada la emergencia. Para el Ejecutivo central, el crecimiento de los retornos y la retirada progresiva de las instalaciones representan avances concretos. Para el Gobierno ceutí, todavía queda mucho por resolver.

La retirada de los campamentos no pone fin a la crisis migratoria

El desmantelamiento de los primeros recursos temporales marcará una nueva etapa en Ceuta, tres meses después de la entrada masiva de migrantes que obligó a desplegar un dispositivo extraordinario de seguridad, identificación y atención humanitaria.

El Gobierno considera que el aumento de los retornos permite comenzar a reducir unas instalaciones concebidas para responder a una situación excepcional. La ocupación actual, sin embargo, demuestra que la necesidad de acogida sigue siendo considerable.

Quedan expedientes por resolver, menores bajo protección y personas cuya situación administrativa todavía debe determinarse.

La próxima decisión será concretar qué instalaciones se desmontan primero y cómo se reorganiza la atención de quienes continúan alojados en ellas. Por el momento, no existe una fecha oficial para el cierre completo de los dispositivos temporales.

Ceuta empieza a reducir la infraestructura levantada durante la emergencia, pero recuperar la normalidad exigirá algo más que retirar campamentos: resolver los procedimientos pendientes y garantizar la atención de las personas que siguen en la ciudad.