Hong Kong: dimite la secretaria de Vivienda por el incendio de Tai Po

La responsable de Vivienda de Hong Kong, Winnie Ho, ha dimitido tras conocerse las conclusiones de la investigación sobre el incendio de Tai Po, que causó 168 muertos y 79 heridos el 26 de noviembre de 2025. Una comisión independiente ha identificado graves fallos en la supervisión de las obras de rehabilitación del complejo residencial Wang Fuk Court, donde el fuego arrasó siete edificios de 31 plantas. La dimisión, anunciada este jueves 29 de octubre de 2026, es la primera de un alto cargo del Gobierno por la tragedia.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, ha pedido disculpas públicamente a las víctimas y a la sociedad y ha reconocido que cuatro organismos públicos incumplieron parte de sus responsabilidades de vigilancia. La investigación no atribuye ninguna conducta irregular personal a Ho, pero considera que su departamento debe asumir responsabilidades políticas por una supervisión deficiente que permitió que se acumularan importantes riesgos de incendio.

La decisión llega casi un año después de la catástrofe y tras la entrega de un informe independiente de más de mil páginas. Sus conclusiones van bastante más allá de un accidente provocado por una posible colilla: describen materiales inflamables, deficiencias en los sistemas de alarma, controles insuficientes y prácticas irregulares en un sector de la construcción que llevaba tiempo acumulando problemas.

Por qué ha dimitido Winnie Ho

Winnie Ho presentó su dimisión el miércoles 28 de octubre, aunque John Lee no la hizo pública hasta el jueves, durante una comparecencia dedicada a explicar las conclusiones de la investigación.

El motivo principal es la responsabilidad política de la Oficina de Vivienda, cuya Unidad Independiente de Inspección tenía competencias sobre la supervisión de los trabajos de rehabilitación del complejo Wang Fuk Court.

La comisión considera que esa unidad no cumplió adecuadamente sus obligaciones. Las obras se desarrollaron con materiales que no reunían las condiciones de seguridad exigidas y con alteraciones en elementos esenciales para la protección de los residentes.

Lee distinguió expresamente entre la responsabilidad de la institución y la conducta personal de su responsable. Según explicó, no se han encontrado pruebas de irregularidades cometidas directamente por Ho, pero su departamento debe responder políticamente por las deficiencias detectadas.

El anuncio estuvo acompañado de un gesto poco habitual. John Lee y otros siete altos funcionarios se inclinaron públicamente para pedir perdón por la tragedia. El jefe del Ejecutivo reconoció que las autoridades no habían protegido adecuadamente a los residentes y prometió una reforma profunda de los mecanismos de control.

La dimisión no cierra, sin embargo, la investigación sobre las responsabilidades individuales de los empleados públicos. El Gobierno ha anunciado un nuevo examen de las actuaciones administrativas para determinar si hubo negligencias que deban traducirse en sanciones.

Cómo ocurrió el incendio de Tai Po que dejó 168 muertos

El incendio comenzó el 26 de noviembre de 2025 en Wang Fuk Court, un complejo de ocho bloques residenciales situado en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong.

Los edificios estaban sometidos a importantes trabajos de rehabilitación exterior. Las fachadas permanecían cubiertas por estructuras de andamiaje y redes de protección, mientras que algunas ventanas habían sido tapadas con paneles de espuma.

La investigación considera que el foco inicial fue probablemente una colilla encendida o un objeto similar que prendió materiales combustibles en una zona exterior de uno de los edificios. Esta explicación se presenta como la hipótesis más probable, no como una causa establecida con absoluta certeza.

Lo que convirtió aquel fuego inicial en una catástrofe fue la combinación de varios factores. Las redes instaladas alrededor de los andamios no tenían las propiedades ignífugas necesarias y los paneles de espuma utilizados para cubrir ventanas favorecieron la propagación de las llamas.

El fuego se extendió rápidamente por las fachadas y terminó afectando a siete de los ocho bloques del conjunto residencial. Las viviendas, muchas de ellas situadas a gran altura, quedaron rodeadas de humo y llamas.

La tragedia se convirtió en el incendio más mortífero registrado en Hong Kong desde 1948. Entre las 168 personas fallecidas había residentes, trabajadores y un bombero que participaba en las tareas de extinción.

Una alarma desconectada y vías de evacuación comprometidas

Uno de los aspectos más graves de la investigación afecta a los sistemas de protección del edificio.

El complejo tenía el sistema de alarma contra incendios desactivado, una circunstancia que impidió avisar a numerosos residentes durante los primeros momentos de la emergencia.

También se habían modificado ventanas de las escaleras para facilitar el acceso de los trabajadores a los andamios. Algunas de esas aberturas estaban cubiertas con materiales que no ofrecían la resistencia adecuada al fuego.

Estas alteraciones facilitaron la entrada de humo y calor en zonas que debían servir como vías de evacuación.

Numerosas víctimas murieron por inhalación de humo, incluso en lugares donde las llamas no habían llegado directamente. Para algunos vecinos, las escaleras dejaron de ser una salida segura cuando intentaron abandonar sus viviendas.

El incendio puso de manifiesto que una fachada en obras puede convertirse en una vía de propagación del fuego si los materiales empleados y los sistemas de protección no cumplen las normas.

Cuatro organismos públicos señalados por la investigación

El informe identifica deficiencias de actuación en cuatro entidades responsables de distintos aspectos de la seguridad de los edificios.

La primera es la Unidad Independiente de Inspección de la Oficina de Vivienda, cuya falta de supervisión de los trabajos explica directamente la responsabilidad política asumida por Winnie Ho.

También aparecen señalados el Departamento de Edificios, encargado de aspectos relacionados con la seguridad y las condiciones de las obras; el Departamento de Servicios contra Incendios, responsable de la prevención y los sistemas de protección; y el Departamento de Trabajo, que debía vigilar las condiciones de seguridad laboral.

La investigación describe problemas de coordinación y controles que no detectaron irregularidades importantes, pese a que existían señales de riesgo.

Durante las audiencias se examinaron, entre otras cuestiones, las inspecciones realizadas, las advertencias sobre trabajadores que fumaban en las obras y la falta de funcionamiento de las instalaciones contra incendios.

Una de las conclusiones más preocupantes es que ningún organismo asumió eficazmente la supervisión del conjunto de los riesgos. Las competencias estaban repartidas, pero esa distribución no garantizó que alguien actuara para corregir los problemas.

El resultado fue un sistema de vigilancia con distintos departamentos implicados y fallos que persistieron hasta que se produjo la tragedia.

La comisión independiente, presidida por el juez David Lok, celebró 30 jornadas de audiencias, escuchó a 80 testigos y examinó más de un millón de archivos y documentos antes de entregar su informe al Ejecutivo el 22 de octubre.

Contratistas investigados y sospechas de corrupción

Las responsabilidades no se limitan a la Administración. La investigación identifica como principales responsables de las irregularidades en las obras a Prestige Construction & Engineering, contratista principal de la rehabilitación, y Will Power Architects, consultora vinculada al proyecto.

Las autoridades han emprendido procedimientos penales contra siete personas y dos empresas por presuntos delitos relacionados con la tragedia, entre ellos homicidio imprudente y conspiración para defraudar.

Las investigaciones también abarcan posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de rehabilitación valorado en más de 300 millones de dólares de Hong Kong.

Según las acusaciones, determinadas personas y empresas habrían ocultado antecedentes judiciales de la compañía que terminó obteniendo el contrato. Esos hechos siguen sometidos a procedimientos judiciales y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.

El informe describe un problema más amplio en el sector de las reformas de edificios: prácticas irregulares, presunta manipulación de licitaciones y posibles conexiones de algunos participantes con organizaciones criminales.

La comisión considera que estas conductas forman parte de un entorno que favoreció la pérdida de controles y la utilización de materiales inadecuados.

La investigación administrativa es independiente de los procedimientos penales. Por eso, la dimisión de Winnie Ho no determina la responsabilidad judicial de los contratistas ni de los funcionarios que puedan acabar siendo investigados.

Las reformas que promete Hong Kong tras la tragedia

John Lee ha anunciado una revisión de los mecanismos de seguridad y supervisión de las obras de rehabilitación, con especial atención a los edificios residenciales.

El Gobierno prevé reforzar los controles de los materiales utilizados en andamios y fachadas, mejorar la vigilancia de las instalaciones contra incendios y endurecer las sanciones por incumplimientos de seguridad.

Uno de los cambios más destacados será la propuesta de convertir en delito determinadas prácticas de manipulación de concursos en el sector de la construcción, con penas que podrían alcanzar diez años de prisión y multas de hasta diez millones de dólares de Hong Kong.

El Ejecutivo también ha previsto una investigación administrativa de tres meses sobre la actuación de los cuatro organismos señalados. El objetivo será determinar si determinados empleados públicos incumplieron sus obligaciones y qué medidas disciplinarias corresponden.

El secretario principal de la Administración, Eric Chan, dirigirá un comité encargado de coordinar las reformas derivadas del informe.

En paralelo, continúa la compleja recuperación residencial de los damnificados. El fuego dejó a miles de personas sin posibilidad de regresar a sus viviendas y obligó a establecer alternativas de alojamiento y mecanismos de adquisición de los inmuebles afectados.

Según los datos oficiales del 16 de octubre, 1.850 propietarios habían firmado acuerdos para vender sus viviendas al Gobierno, una cifra equivalente al 93,2 % de las unidades del complejo. El proceso forma parte de las medidas destinadas a facilitar una solución residencial a los afectados.

Una dimisión que no agota las responsabilidades por Tai Po

La salida de Winnie Ho constituye la primera consecuencia política de alto nivel de una tragedia que ha puesto en entredicho el funcionamiento de los controles de seguridad de Hong Kong.

El informe independiente establece que no bastó con el incumplimiento de las normas por parte de los contratistas. También hubo deficiencias administrativas que permitieron que materiales peligrosos y sistemas de protección inadecuados permanecieran en un complejo donde vivían miles de personas.

La responsabilidad política y la penal deberán resolverse por vías diferentes. La primera ya ha provocado una dimisión; la segunda continúa pendiente de investigaciones y decisiones judiciales.

El Gobierno tiene ahora que demostrar que sus reformas impedirán que vuelva a repetirse una situación semejante. Las disculpas reconocen los errores, pero las familias de las 168 víctimas siguen esperando que se determinen todas las responsabilidades.

Porque el problema de Tai Po no fue únicamente cómo empezó el incendio. Fue, sobre todo, cómo pudo extenderse de esa manera en unos edificios sometidos a obras que debían contar con supervisión y medidas de seguridad.