Una niña de 8 años murió sin insulina: investigan si pudo evitarse

Elizabeth Rose Struhs tenía ocho años, padecía diabetes tipo 1 y necesitaba insulina para sobrevivir. Murió el 7 de enero de 2022 en su casa de Toowoomba, Australia, después de que su padre suspendiera el tratamiento por las creencias religiosas de su familia. Mientras su salud empeoraba, sus padres y otros integrantes de una comunidad religiosa rezaron convencidos de que Dios la curaría. La pequeña falleció por una cetoacidosis diabética, una complicación potencialmente mortal provocada por la falta de insulina.

Sus padres, Jason y Kerrie Struhs, fueron condenados en febrero de 2025 a 14 años de prisión cada uno por su responsabilidad en la muerte. Otros doce integrantes del grupo religioso también recibieron condenas. Sin embargo, el caso ha vuelto a la actualidad en octubre de 2026 por una nueva investigación judicial que trata de determinar si las autoridades australianas pudieron evitar la tragedia.

La investigación, desarrollada en Brisbane entre el 12 y el 22 de octubre, ha revelado que los servicios de protección infantil conocían desde años antes el peligro que corría Elizabeth. Los médicos habían advertido de las consecuencias de devolverla a un entorno familiar donde se rechazaban determinados tratamientos sanitarios. A pesar de esas alertas, la niña permaneció bajo el cuidado de sus padres.

La magistrada Ainslie Kirkegaard deberá determinar qué ocurrió con aquellas advertencias, cómo respondieron los organismos públicos y qué medidas de protección podrían impedir que otro menor termine en una situación semejante. Sus conclusiones están previstas para 2027.

Seis días sin la insulina que necesitaba para vivir

Elizabeth había sido diagnosticada de diabetes tipo 1 en 2019, cuando tenía seis años. Se trata de una enfermedad autoinmune en la que el organismo deja de producir la insulina necesaria para regular la glucosa en sangre. Las personas que la padecen necesitan recibir esta hormona mediante inyecciones o una bomba de insulina.

No es un tratamiento opcional. La insulina resulta imprescindible para la supervivencia de una persona con diabetes tipo 1, y suspenderla puede desencadenar una emergencia médica en poco tiempo.

A comienzos de enero de 2022, Jason Struhs dejó de administrar a su hija la medicación prescrita. La decisión estaba relacionada con las convicciones de un grupo religioso conocido como The Saints (Los Santos), cuyos integrantes rechazaban la medicina moderna y confiaban en la intervención divina para curar las enfermedades.

Durante los seis días siguientes, el estado de Elizabeth se deterioró progresivamente. La falta de insulina provocó una acumulación de sustancias llamadas cetonas, que acidifican la sangre y pueden causar deshidratación grave, alteraciones de la consciencia, coma y muerte.

En lugar de solicitar asistencia sanitaria, sus padres, su hermano y otros once miembros de la comunidad se reunieron para rezar por su recuperación. Según quedó acreditado durante el proceso penal, las oraciones continuaron incluso después de su fallecimiento, mientras esperaban que resucitara.

La niña no recibió la atención médica que necesitaba. Su muerte, según estableció la Justicia australiana, era evitable.

Las advertencias médicas que no consiguieron proteger a Elizabeth

La tragedia no comenzó en enero de 2022. Tres años antes, Elizabeth ya había estado a punto de morir por la ausencia de atención médica.

En julio de 2019, cuando todavía no se le había diagnosticado diabetes, su estado se agravó hasta quedar inconsciente. Su padre decidió trasladarla al hospital a pesar de la oposición de Kerrie Struhs, quien sostenía que Dios podía sanar a su hija sin necesidad de médicos.

Elizabeth sobrevivió y recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1. Los especialistas explicaron a la familia que necesitaría tratamiento con insulina durante toda su vida.

La actitud de la madre provocó una profunda preocupación entre los profesionales sanitarios. Durante la investigación judicial de octubre de 2026 se conocieron testimonios sobre las advertencias que trasladaron a los servicios sociales, incluidos avisos de que la menor corría un riesgo extremadamente elevado de sufrir daños graves o morir si permanecía en un entorno donde se rechazaba su tratamiento.

Las autoridades optaron por confiar su cuidado al padre, que entonces aceptaba las indicaciones médicas, mediante un acuerdo de protección familiar. Jason debía continuar administrándole insulina y Kerrie se comprometía a no interferir.

El seguimiento, sin embargo, terminó después de unas 17 semanas. Los servicios de protección infantil consideraron que Elizabeth estaba segura.

Las declaraciones escuchadas este octubre han puesto en cuestión aquella evaluación. Una trabajadora reconoció que no realizó las visitas semanales previstas en las directrices de intervención. También explicó que gestionaba numerosos expedientes y que otros menores parecían encontrarse en situaciones de peligro más inmediato.

El cambio de postura del padre fue decisivo

Durante un tiempo, Jason Struhs había mantenido una posición diferente a la de su esposa respecto a la medicina. Fue él quien llevó a Elizabeth al hospital en 2019 y quien inicialmente asumió la responsabilidad de administrarle insulina.

Pero en agosto de 2021 se incorporó al grupo religioso de Kerrie. Su conversión religiosa modificó el equilibrio familiar sobre el que descansaba el plan de protección de la niña.

La madre había cumplido una pena de prisión por la desatención médica relacionada con la hospitalización de Elizabeth en 2019 y recuperó la libertad condicional el 16 de diciembre de 2021. Apenas 22 días después, su hija estaba muerta.

La investigación también ha examinado las comunicaciones entre los organismos públicos y la información disponible sobre las creencias de la familia. Según los testimonios, Kerrie había manifestado reiteradamente su convicción de que Dios sanaría a Elizabeth y que volvería a actuar de la misma manera.

El problema no era que los padres profesaran una religión. Era que sus creencias habían llevado a rechazar un tratamiento indispensable para mantener con vida a una menor que dependía de ellos.

Catorce condenados por la muerte de una niña de ocho años

El proceso penal contra la familia y los integrantes de The Saints concluyó en enero de 2025 con 14 declaraciones de culpabilidad por homicidio, bajo la figura de manslaughter del derecho australiano.

Jason Struhs y Brendan Luke Stevens, dirigente del grupo religioso, también habían sido acusados de asesinato. El tribunal los absolvió de ese cargo más grave al considerar que no se habían probado todos los elementos necesarios para una condena por asesinato, pero los declaró culpables de homicidio.

El 26 de febrero de 2025 se dictaron las penas. Jason y Kerrie recibieron 14 años de prisión cada uno. Brendan Stevens fue condenado a 13 años y los otros once integrantes del grupo recibieron penas de entre seis y nueve años.

El juez Martin Burns atribuyó al líder religioso un papel fundamental en la decisión de suspender la insulina. Consideró que Stevens había ejercido una influencia intensa sobre el padre para que mantuviera su confianza en la curación divina, incluso cuando este comenzó a dudar de lo que estaba haciendo.

La sentencia dejó establecido que los acusados habían permitido que sus convicciones religiosas prevalecieran sobre las necesidades médicas de Elizabeth.

La responsabilidad penal quedó resuelta, pero la actuación de las instituciones encargadas de proteger a la niña seguía pendiente de un examen más profundo.

Australia investiga los posibles fallos de protección infantil

La investigación judicial celebrada en octubre de 2026 no constituye un nuevo juicio penal contra los padres. Su finalidad es examinar las circunstancias que precedieron a la muerte y determinar si hubo oportunidades desaprovechadas para intervenir.

A lo largo de ocho jornadas de declaraciones, la magistrada Ainslie Kirkegaard escuchó a cerca de treinta testigos, principalmente profesionales que habían tenido contacto con la familia.

Uno de los asuntos centrales fue la actuación del Departamento de Protección Infantil de Queensland. Los testimonios revelaron problemas de coordinación entre organismos, evaluaciones de riesgo discutibles y un seguimiento familiar menos intenso de lo previsto.

También salió a la luz que las primeras preocupaciones sobre el entorno religioso de la familia se remontaban a 2013, cuando Jayde Struhs, hermana mayor de Elizabeth, había trasladado inquietudes relacionadas con el carácter controlador de las creencias familiares.

Los investigadores han examinado por qué esas señales, sumadas a las advertencias posteriores de los médicos, no desembocaron en una intervención capaz de garantizar que Elizabeth siguiera recibiendo su tratamiento.

Otro aspecto relevante es la dependencia que el sistema depositó en el padre como principal garantía de protección. Cuando Jason adoptó las creencias religiosas de su esposa, la situación cambió radicalmente, pero los mecanismos de vigilancia no detectaron a tiempo el nuevo peligro.

La investigación ha quedado pendiente de las conclusiones de Kirkegaard, previstas para 2027. La magistrada podrá formular recomendaciones destinadas a mejorar la respuesta institucional ante menores expuestos a negligencia médica o a dinámicas de control dentro de grupos religiosos.

La hermana de Elizabeth pide que su muerte sirva para proteger a otros niños

El 22 de octubre de 2026, durante la última jornada de la investigación, Jayde Struhs compareció ante la magistrada para recordar a su hermana.

Jayde había abandonado el hogar familiar siendo adolescente porque rechazaba las creencias religiosas de sus padres. Durante años mantuvo una relación limitada con Elizabeth, aunque pudo reencontrarse con ella cuando estuvo hospitalizada en 2019.

En su declaración explicó que la muerte de la niña no solo había acabado con su vida, sino también con todas las experiencias que nunca llegó a tener: crecer, estudiar, hacer amistades y decidir por sí misma qué quería ser.

La intervención emocionó a la magistrada, que agradeció a la familia haber recordado a Elizabeth más allá de las circunstancias de su fallecimiento.

Jayde expresó su deseo de que lo sucedido permita proteger a otros menores vulnerables, especialmente a aquellos que no pueden defender sus derechos ni pedir ayuda por sí mismos.

Su testimonio recordó una dimensión fundamental del caso. Elizabeth no podía elegir su tratamiento, oponerse a las decisiones de sus padres ni abandonar el entorno familiar cuando su vida empezó a correr peligro.

Dependía de los adultos. Y también, cuando estos dejaron de protegerla, de la intervención de las instituciones.

La libertad religiosa no elimina el deber de proteger a un menor

La muerte de Elizabeth Struhs plantea un conflicto que las sociedades democráticas deben resolver con claridad: el respeto a las creencias personales no puede convertirse en una justificación para privar a un niño de la asistencia sanitaria indispensable.

La libertad religiosa protege el derecho a creer, practicar una fe y transmitir convicciones. Pero no concede a los padres una autoridad ilimitada sobre la salud y la vida de sus hijos.

En este caso, el tratamiento existía, había sido prescrito y los adultos responsables conocían su importancia. La niña había sobrevivido a una emergencia médica anterior gracias a la intervención hospitalaria.

La investigación de 2026 deberá aclarar si las autoridades contaban con información suficiente para actuar de otra manera y si los mecanismos de protección fallaron cuando más falta hacían.

Los responsables directos de la muerte de Elizabeth ya recibieron sus condenas. Queda una cuestión institucional de enorme importancia: determinar cómo evitar que las advertencias de los profesionales sanitarios se pierdan entre expedientes, decisiones administrativas y promesas familiares que no garantizan la seguridad de un menor.

Porque Elizabeth necesitaba insulina para vivir. Y esa necesidad no desaparecía por mucho que los adultos que la rodeaban creyeran lo contrario.