PP y Vox estudian listas conjuntas al Senado para ganar más escaños

El PP y Vox estudian presentar candidaturas conjuntas al Senado en determinadas circunscripciones en las elecciones generales del 29 de noviembre. No existe, por ahora, un pacto nacional cerrado ni se ha hecho público un reparto de puestos: la fórmula que manejan las dos formaciones pasa por seleccionar aquellos territorios donde unir sus votos pueda traducirse directamente en más senadores.

La maniobra ha ganado peso después de que el PSOE y las fuerzas integradas en Frente Amplio hayan cerrado su propia fórmula de colaboración para la Cámara Alta bajo la denominación Senado de Progreso. La paradoja tiene cierto aroma español: partidos que competirán ferozmente por cada voto al Congreso hacen cuentas con calculadora en mano cuando aparece la otra papeleta, la del Senado. Y ahí la aritmética cambia bastante.

El elemento fundamental es precisamente ese. PP y Vox no estudian una coalición general para el Congreso, sino una operación mucho más limitada que aprovecharía las particularidades del sistema electoral del Senado. Allí donde ir por separado pueda regalar una ventaja al adversario, compartir candidatura puede tener premio. Donde no cambie el resultado, el incentivo se evapora.

Una alianza quirúrgica, no una coalición nacional

La hipótesis que estudian las direcciones de PP y Vox no pasa necesariamente por concurrir juntos en toda España. Sería una operación selectiva. En las circunscripciones donde presentar candidatos separados pueda fragmentar el voto de la derecha y facilitar un senador a otra formación, una papeleta compartida puede resultar electoralmente rentable.

Es una diferencia importante. No se plantea, al menos con la información disponible, una candidatura común de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal al Congreso ni una gran coalición estatal entre los dos partidos. Lo que está sobre la mesa es una coordinación limitada al Senado y a determinados territorios. Bisturí, no brocha gorda.

El cálculo es puramente electoral. PP y Vox pueden competir duramente por el mismo espacio político durante la campaña y, a la vez, concluir que en algunas provincias les conviene evitar hacerse daño en la papeleta de la Cámara Alta. Suena contradictorio, pero el sistema de elección de los senadores explica casi todo.

Por qué el Senado premia la concentración del voto

En las circunscripciones provinciales se eligen cuatro senadores, pero cada elector puede votar como máximo a tres candidatos. No funciona como el Congreso, donde se vota una lista cerrada y los escaños se distribuyen proporcionalmente. En el Senado el ciudadano marca nombres y resultan elegidos los candidatos que acumulan más votos.

Ese mecanismo favorece con frecuencia un reparto de tres senadores para la candidatura más votada y uno para la segunda. No es una norma automática, pero sí un resultado habitual. En las islas el esquema cambia: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores; otras circunscripciones insulares, solo uno. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Un puñado de votos puede pesar mucho cuando el último puesto está ajustado.

Ahí aparece la oportunidad de PP y Vox. Si presentan candidatos separados, sus electores distribuyen los apoyos entre nombres que, en la práctica, pueden competir entre sí por entrar entre los más votados. Una candidatura compartida permitiría concentrar los sufragios allí donde la suma pueda desplazar al último candidato de otra fuerza política.

No hay, eso sí, una máquina automática de fabricar senadores. Los electores pueden votar de forma cruzada, marcar uno, dos o tres candidatos, ignorar las consignas de su partido o rechazar una candidatura conjunta. La política tiene esa mala costumbre de arruinar las hojas de cálculo cuando llega el domingo electoral.

Las circunscripciones donde podría cambiar el reparto

Una simulación realizada tomando como referencia los resultados de las elecciones generales de 2023 sitúa algunas de las mayores oportunidades en Sevilla, Badajoz, Cáceres, Huelva y Valencia, junto con varias circunscripciones insulares y territorios como Barcelona, Tarragona o Álava. No es una encuesta sobre el 29-N, sino un ejercicio retrospectivo para medir qué habría ocurrido con candidaturas conjuntas.

El caso de Sevilla es especialmente llamativo. En 2023, el PSOE logró tres de los cuatro senadores elegidos en la provincia y el PP obtuvo uno. Según esa simulación, la suma de los apoyos populares y de Vox en una candidatura compartida habría podido invertir buena parte del reparto y entregar tres puestos al bloque conservador.

En Badajoz, Cáceres, Huelva y Valencia, PP y PSOE se repartieron entonces dos senadores cada uno. Sobre los resultados de 2023, agregar los apoyos de PP y Vox habría permitido disputar un tercer puesto en cada una de esas provincias. Son precisamente este tipo de márgenes los que convierten la coordinación electoral en algo más que una fotografía de campaña.

También aparecen escenarios mucho más estrechos. En Álava, la suma retrospectiva de los apoyos de PP y Vox habría situado en apenas unos cientos de votos la batalla por el senador obtenido por EH Bildu. En Fuerteventura, La Palma o la circunscripción de Ibiza y Formentera el efecto es todavía más nítido: cuando hay un único escaño en juego, ganar significa llevárselo entero.

La cifra de hasta 15 senadores tiene letra pequeña

La estimación más llamativa sostiene que determinados acuerdos podrían proporcionar al PP hasta 15 senadores adicionales respecto al reparto de 2023. Pero la cifra exige una precisión importante: no corresponde únicamente a pactos con Vox.

La simulación atribuye trece escaños adicionales a acuerdos de PP y Vox en doce circunscripciones y otros dos a una eventual alianza entre PP y UPN en Navarra. En Canarias aparece además Coalición Canaria como posible alternativa a Vox en algunos territorios. Es decir, esos 15 representan un máximo teórico construido a partir de varias combinaciones, no el resultado de un único pacto estatal entre populares y Vox.

Tampoco se trata de una previsión electoral para noviembre. El ejercicio mantiene básicamente los resultados de 2023 y los reorganiza como si determinados partidos hubieran acudido juntos. Para que ese escenario se reprodujera sería necesario que los votantes trasladaran disciplinadamente sus apoyos a los candidatos compartidos y que el resto del electorado se comportara de manera parecida a hace tres años.

Eso es mucho suponer. Una parte de los votantes del PP puede sentirse incómoda ante una papeleta junto a Vox y viceversa. Otros electores podrían modificar su voto precisamente por la existencia del pacto. Y la izquierda también ha cambiado su estrategia. Sumar dos resultados antiguos no equivale a sumar dos electorados futuros.

La izquierda ya ha movido ficha en el Senado

El posible movimiento de PP y Vox ha adquirido otra dimensión después del acuerdo alcanzado por el PSOE y fuerzas de Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado en buena parte del país. La candidatura compartida, denominada Senado de Progreso, busca precisamente reducir el coste electoral de que varias fuerzas próximas compitan entre sí por los mismos puestos.

La lógica, quitando los discursos de cada bloque, es casi idéntica. La izquierda intenta impedir que la dispersión de sus apoyos facilite una mayoría más amplia al PP; la derecha estudia cómo evitar que la coordinación progresista le arrebate escaños que podría conservar o ganar mediante acuerdos. El Senado ha entrado de lleno en la precampaña, algo que no siempre ocurre con tanta claridad.

Feijóo ha calificado el acuerdo de las izquierdas como una “coalición de desesperados”. Al mismo tiempo, PP y Vox examinan sus propios números para comprobar dónde les compensaría una operación semejante. Nada especialmente misterioso: una cosa es la frase del mitin y otra la tabla de Excel que llega después.

La consecuencia es que las elecciones del 29 de noviembre se jugarán con dos lógicas distintas. En el Congreso cada partido tiene fuertes incentivos para diferenciarse de sus rivales y movilizar su propio voto. En el Senado, por el contrario, la coordinación entre formaciones próximas puede valer varios escaños.

Los tres quintos explican parte de la batalla

La disputa no se limita a quién obtiene más asientos en una cámara que muchas veces vive a la sombra del Congreso. El Senado participa en decisiones institucionales que exigen mayorías cualificadas, y ahí cada senador adicional adquiere un valor político considerable.

Uno de los ejemplos más relevantes es el Tribunal Constitucional. Cuatro de sus doce magistrados son nombrados a propuesta del Senado y esa propuesta requiere una mayoría de tres quintos. Durante la legislatura saliente la Cámara Alta estuvo integrada por 266 miembros, de modo que ese umbral se situaba en 160 votos.

El PP contó con una holgada mayoría absoluta en el Senado durante la legislatura iniciada en 2023, pero no disponía por sí solo de esos tres quintos. De ahí el interés por un resultado que permita al bloque de la derecha acercarse a ese nivel o alcanzarlo mediante acuerdos. Una decena de senadores arriba o abajo puede modificar bastante el tablero cuando se habla de nombramientos institucionales.

Eso no significa que unas candidaturas conjuntas entreguen automáticamente el control del Constitucional ni de cualquier otro órgano. El resultado dependerá del tamaño definitivo de la Cámara, de los senadores designados por las comunidades autónomas y de las alianzas posteriores. Tres quintos siguen siendo tres quintos; la papeleta compartida puede acercar el objetivo, no garantizarlo.

Una papeleta que puede pesar más de lo que parece

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 renovarán simultáneamente el Congreso y el Senado. La campaña volverá a girar sobre todo alrededor de la Moncloa, los grandes líderes y las mayorías de la Cámara Baja, pero esta vez la segunda papeleta puede esconder una batalla bastante más importante de lo habitual.

La izquierda ya ha reaccionado a las peculiaridades del sistema electoral con acuerdos para la Cámara Alta. PP y Vox estudian hacer algo parecido solo allí donde las cuentas les resulten favorables. No por romanticismo político, desde luego. Un pequeño número de circunscripciones puede alterar sensiblemente el reparto de senadores y, con él, el equilibrio de fuerzas durante la próxima legislatura.

Falta saber si las conversaciones terminan convertidas en candidaturas concretas y en qué territorios. Por el momento, el pacto PP-Vox para el Senado está en estudio, no cerrado. El mecanismo electoral hace atractiva la operación, los resultados de 2023 muestran dónde podría funcionar y la alianza de la izquierda ha aumentado la presión para decidir. Después llegará la parte que ninguna simulación puede resolver de antemano: lo que hagan los votantes cuando tengan la papeleta delante.