Las protestas juveniles entran en campaña y ponen al PSOE ante el 29-N

Las protestas juveniles que atraviesan España y buena parte de Europa pueden influir en las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sería demasiado sencillo interpretarlas como una inmensa pancarta electoral a favor del PSOE. La vivienda, el coste de la vida, los salarios y el deterioro de algunos servicios públicos llevan la discusión hacia asuntos donde la izquierda suele sentirse más cómoda; al mismo tiempo, una parte considerable del enfado se dirige contra quienes gobiernan y convive con un fenómeno que rompe viejos esquemas: Vox ha ganado terreno entre los jóvenes, especialmente entre los hombres y en los segmentos de menor edad.

La consecuencia electoral es menos limpia de lo que sugieren algunos discursos de campaña. La movilización puede ayudar al PSOE a despertar a un electorado progresista cansado y convertir la vivienda en uno de los grandes asuntos del 29-N, pero también puede alimentar el voto de castigo, favorecer a las fuerzas situadas a su izquierda o empujar hacia PP y Vox a quienes leen el descontento como una prueba del fracaso del sistema político. Y si las protestas desembocan en violencia, el tablero cambia todavía más: de alquileres y precariedad se pasa, en cuestión de horas, a seguridad y orden público.

Las elecciones llegan, además, con una bolsa electoral nada pequeña. Podrán votar 38,7 millones de electores y más de 1,6 millones de residentes en España tendrán por primera vez derecho a participar en unas elecciones generales por haber cumplido 18 años desde los comicios de julio de 2023. Para buena parte de ellos, su entrada en la vida adulta ha coincidido con alquileres prohibitivos, una emancipación cada vez más tardía y la sensación —difícil de desmontar con un eslogan— de que tener trabajo no garantiza necesariamente poder construir una vida independiente.

De Sol a Europa: la vivienda ha dejado de ser un asunto doméstico

La imagen española está en la Puerta del Sol. La acampada surgida tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la protesta por la vivienda, llevó al centro de Madrid un malestar que llevaba años acumulándose en silencio. Lo que empezó alrededor de un caso concreto terminó absorbiendo alquileres, fondos de inversión, salarios, desahucios, precariedad y la imposibilidad de muchos jóvenes de abandonar la casa familiar sin dejar medio sueldo —o bastante más— en la puerta del casero.

El detalle incómodo para el PSOE aparece en los propios lemas. En Sol no se protesta únicamente contra Isabel Díaz Ayuso, los propietarios o los partidos de la oposición. El Gobierno central también recibe reproches. Ahí está la trampa política: Sánchez puede beneficiarse de que la vivienda domine la campaña, pero difícilmente puede presentarse como un espectador que acaba de llegar a una crisis que se ha agravado durante sus años en La Moncloa.

Los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo fueron rechazados en el Congreso antes de la convocatoria electoral, y las movilizaciones continuaron. El PSOE tiene así un argumento —las medidas fueron bloqueadas por otras fuerzas— y sus adversarios tienen otro bastante elemental: el problema sigue ahí. Para quien encadena habitaciones, hipotecas imposibles o alquileres que absorben buena parte del salario, las sutilezas parlamentarias pesan menos que la transferencia bancaria del día uno de cada mes.

La fotografía no es exclusivamente española. Francia vive una fuerte contestación social con presencia juvenil y estudiantil; Italia también ha registrado movilizaciones y episodios de tensión, mientras en Portugal la vivienda y el coste de la vida han alimentado protestas que recuerdan, inevitablemente, a lo ocurrido en Madrid. Con matices nacionales, aparece un hilo reconocible: una generación mejor formada que muchas anteriores pero que descubre que ascender socialmente puede resultar bastante más difícil que aprobar una carrera.

Hay algo muy material detrás de la consigna. El sueldo entra en la cuenta corriente y una parte enorme desaparece con el alquiler; los pisos céntricos mutan en activos de inversión o alojamiento temporal; comprar una vivienda se aleja como el horizonte cuando uno camina. Esa mezcla de precariedad e inseguridad puede desembocar en propuestas políticas muy distintas. Y precisamente ahí comienza la verdadera batalla del 29-N.

El gran error sería pensar que joven, protesta e izquierda significan lo mismo

Durante años funcionó una asociación política bastante cómoda: cuando los jóvenes salían masivamente a la calle, la izquierda podía imaginar que aquellos votos terminarían llegando de una forma u otra a su orilla. El recuerdo del 15-M reforzó esa idea. En 2026, repetir la misma ecuación sería conducir mirando por el retrovisor. El voto joven español está fragmentado y ha experimentado un desplazamiento importante hacia posiciones conservadoras y de derecha radical.

Vox ha ampliado de manera notable su apoyo entre los menores de 35 años, sobre todo entre los hombres, mientras las mujeres jóvenes conservan en conjunto una inclinación más progresista. La brecha generacional se mezcla así con otra de género y con una fuerte desafección hacia los partidos tradicionales. PSOE y PP mantienen electorados más envejecidos; la izquierda alternativa ha perdido parte del impulso que consiguió durante la pasada década. El viejo mapa político juvenil, sencillamente, se ha roto.

La paradoja cabe en un piso compartido. Dos jóvenes de 24 años pueden pagar una barbaridad por una habitación, considerar absurda su situación y llegar a conclusiones políticas opuestas. Uno reclamará alquileres regulados y vivienda pública; el otro culpará a los impuestos, la burocracia, la falta de construcción, la inmigración o a una clase política que considera desconectada de la realidad. Mismo recibo sobre la mesa, diagnósticos casi enemigos.

Eso explica por qué la vivienda puede ser terreno fértil tanto para la izquierda como para Vox. PSOE y las fuerzas progresistas ponen el acento en la regulación, el parque público y la protección del inquilino. PP y Vox insisten más en aumentar la oferta, facilitar la construcción y reducir trabas, mientras la formación de Santiago Abascal incorpora además su discurso de prioridad nacional. El combate electoral no consiste ya en reconocer que existe una crisis. Eso está descontado. Consiste en convencer al votante de quién la causó y quién puede sacarlo de ella.

El PSOE encuentra un terreno favorable, pero llega con desgaste

Para los socialistas existe una oportunidad evidente. Las movilizaciones desplazan parte del debate político hacia vivienda, pensiones, sanidad, educación y salarios, asuntos con los que Sánchez puede construir una campaña reconocible frente a PP y Vox: protección social frente a recortes, intervención pública frente a una confianza mayor en el mercado y defensa del Estado del bienestar frente a una eventual mayoría conservadora.

El problema está en las encuestas. El promedio de sondeos de RTVE publicado a mediados de octubre sitúa al PP en cabeza y dibuja una mayoría absoluta holgada junto a Vox, con alrededor de 136 diputados populares y 66 para la formación de Abascal. Otros agregadores ofrecen una fotografía similar en intención de voto, aunque el CIS mantiene un escenario mucho más favorable al PSOE. La distancia entre unos estudios y otros es enorme; cualquier sentencia definitiva, a más de un mes de las urnas, tiene algo de lotería con corbata.

La ventaja temática no borra los años en La Moncloa

El PSOE carga con una contradicción imposible de esconder. Puede atribuir a comunidades gobernadas por el PP parte de los problemas de vivienda, recordar el bloqueo parlamentario de sus decretos y defender que algunas administraciones se han negado a aplicar determinadas herramientas de regulación. Pero lleva años encabezando el Gobierno de España. Cuando el alquiler muerde cada mes, la discusión sobre quién tenía exactamente cada competencia puede acabar sonando como una reunión de comunidad de vecinos que se alarga mientras la gotera sigue cayendo.

Sánchez intentará convertir ese desgaste en una disyuntiva: avanzar en las políticas sociales o permitir una mayoría PP-Vox. Es un recurso electoral conocido y potencialmente eficaz porque una parte del electorado progresista podría acudir a las urnas no tanto por entusiasmo como por voto útil. La movilización de la calle no necesita convertirse en socialista para beneficiar al PSOE; basta con que reduzca la abstención a su izquierda y coloque la campaña en asuntos donde los socialistas puedan reconstruir una frontera clara con las derechas.

Cuando aparecen disturbios, cambia por completo la conversación

Francia ofrece una advertencia bastante gráfica. Sus movilizaciones han mezclado reivindicaciones estudiantiles, malestar por el coste de la vida, críticas a los servicios públicos y una contestación profunda al final del macronismo, pero las jornadas más duras también han dejado incendios, saqueos y enfrentamientos. Conviene separar a una mayoría que protesta de forma pacífica de quienes participan en actos violentos. Electoralmente, sin embargo, una barricada ardiendo siempre ocupa más pantalla que miles de personas caminando tranquilamente.

Si esa dinámica se extendiera en España, el eje de campaña podría girar con enorme rapidez. De los alquileres y los sueldos se pasaría a orden público, policía y vandalismo. Para PP y Vox sería un terreno mucho más confortable. La tensión alrededor de la acampada de Sol ya ha mostrado ese mecanismo: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha endurecido su discurso, la estación de Metro llegó a cerrarse temporalmente y grupos ultras protagonizaron incidentes y detenciones en las inmediaciones.

Ese es uno de los equilibrios más delicados para el PSOE. Una movilización social amplia mantiene vivos los problemas económicos que desea colocar en primer plano; una escalada de violencia puede activar exactamente el marco contrario. Seguridad frente a protesta. Y en ese espacio no solo compite el PP. Vox lleva años construyendo un discurso mucho más contundente sobre autoridad, inmigración, identidad y rechazo a lo que denomina establishment.

La misma angustia puede alimentar, por tanto, papeletas radicalmente diferentes. En una plaza alguien exige intervenir el mercado inmobiliario; a unos metros otro reclama reducir impuestos, expulsar inmigrantes irregulares o reservar ayudas a españoles. La frustración generacional no contiene una ideología prefabricada. Es materia prima. Después llegan los partidos y tratan de darle forma.

El 11 de noviembre puede ser el gran ensayo electoral del 29-N

Antes de las elecciones habrá una fecha capaz de alterar la campaña: el 11 de noviembre. CC OO y UGT han convocado una huelga general vinculada a la vivienda, la subida de salarios, la reducción de jornada y la precariedad, junto con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones. Se celebrará apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, previsto para el 13 de noviembre. La proximidad al 29-N convierte inevitablemente esa jornada laboral y social en un acontecimiento político.

Si la huelga consigue una movilización amplia de trabajadores, estudiantes y jóvenes y transcurre sin que los incidentes devoren el mensaje, la izquierda entrará en campaña hablando exactamente de aquello que desea hablar: alquileres, salarios y servicios públicos. El PSOE podrá tratar de canalizar ese clima hacia el voto útil. Las formaciones situadas a su izquierda, por el contrario, intentarán recordar que llevan más tiempo acompañando muchas de esas reivindicaciones y que los socialistas reaccionaron cuando la presión ya estaba en la calle.

La división de la izquierda añade otra capa. El nuevo Frente Amplio y Podemos llegan al 29-N por caminos distintos, aunque diferentes fuerzas progresistas sí han alcanzado acuerdos para el Senado. Esa fragmentación puede costar representación en algunas provincias y, paradójicamente, reforzar al PSOE entre quienes teman desperdiciar su papeleta. La aritmética electoral tiene esas ironías: una izquierda más enfadada con Sánchez puede acabar aportándole votos precisamente porque teme más una mayoría de PP y Vox.

Para el presidente no resulta imprescindible que los acampados de Sol se hagan socialistas. Lo decisivo sería que la movilización redujera la abstención progresista, convirtiera la vivienda en una prioridad nacional y aumentara el coste emocional de una victoria de la derecha. Es una operación menos romántica que apropiarse de una plaza llena de tiendas de campaña, pero electoralmente bastante más útil.

Una generación que no cabe en las etiquetas de siempre

Quedan semanas suficientes para que el paisaje cambie varias veces. Los sondeos privados mantienen una ventaja clara para el bloque formado por PP y Vox, mientras el CIS ofrece una fotografía extraordinariamente más favorable al PSOE. Lo que todavía no puede afirmarse es que las protestas se estén trasladando mecánicamente a las urnas. Sí puede observarse una campaña cada vez más social y un enorme interés de todos los partidos por apropiarse políticamente del malestar.

La gran incógnita juvenil no consiste solo en saber si los menores de 35 años votarán más a la izquierda o más a la derecha. Consiste en descubrir qué harán con su enfado. Una parte mira el precio de una habitación y concluye que el mercado necesita límites. Otra contempla exactamente el mismo anuncio inmobiliario y piensa que el sistema está amañado por una clase política incapaz de ofrecer soluciones. Y algunos, simplemente, pueden quedarse en casa. La abstención también vota, aunque no aparezca impresa en ninguna papeleta.

Las protestas pueden darle aire al PSOE sin pertenecer al PSOE. Le ayudan cuando obligan a hablar de vivienda, salarios y desigualdad; le perjudican cuando recuerdan que esos problemas siguen abiertos después de años de Gobierno. Favorecen a la izquierda cuando generan solidaridad y demandas redistributivas; pueden impulsar a PP y Vox cuando el relato se desplaza del coste de la vida al desorden. Y fortalecen a las opciones más duras cuando la sensación dominante deja de ser que hace falta reformar el sistema y pasa a ser que conviene darle una patada al tablero.

El 29-N medirá hasta dónde llega el enfado de la calle

El 29 de noviembre no enfrentará sencillamente a jóvenes contra mayores ni a manifestantes contra gobiernos. Medirá dos formas —y probablemente muchas más— de interpretar una misma sensación de bloqueo. Para unos, la respuesta pasa por reforzar el Estado y proteger mejor a quien alquila o trabaja. Para otros, por romper con un modelo político que consideran agotado. En medio queda una cantidad considerable de electores jóvenes, nuevos votantes incluidos, cuyo comportamiento puede alterar el reparto de escaños decisivos.

Ahí reside la verdadera importancia electoral de esta oleada. La protesta juvenil no es un ejército esperando órdenes ni una cantera automática de votos progresistas. Es algo bastante más incómodo para PSOE, PP, Vox y la izquierda alternativa: una generación que comparte problemas muy concretos, pero ya no comparte necesariamente las mismas respuestas. El 29-N sabremos a quién decide presentar la factura.