La UCO abre en Murcia una caja del caso Mascarillas con 11 relojes

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto en Murcia una caja de seguridad bancaria vinculada a uno de los empresarios investigados en el caso Mascarillas de la Diputación de Almería. En su interior había once relojes: ocho piezas de alta gama, entre ellas seis Rolex y dos Patek Philippe, y otros tres relojes de carácter personal. Los ocho primeros tienen un valor de compra próximo a los 192.000 euros.

La diligencia se practicó en una sucursal situada en la Gran Vía de Murcia y forma parte del rastreo patrimonial de una investigación que comenzó con la compra de material sanitario durante la pandemia y terminó abriendo una causa mucho más amplia sobre presuntas comisiones, contratación pública irregular y blanqueo. La defensa del empresario sostiene que los relojes tienen procedencia lícita y documentada y que pertenecen, en su mayor parte, a una sociedad dedicada al comercio de joyería que no está investigada en la causa.

Qué había dentro de la caja fuerte abierta por la UCO

La documentación presentada ante el juzgado identifica ocho relojes de alta gama cuyo precio de adquisición suma aproximadamente 192.027 euros. Son seis Rolex y dos Patek Philippe comprados entre 2020 y 2025, un inventario que los agentes pudieron contrastar directamente al abrir el depósito bancario.

Entre las piezas de mayor valor figura un Patek Philippe Aquanaut de acero adquirido por cerca de 46.000 euros. También aparecen un Rolex GMT-Master II con esfera Meteorite, valorado en unos 38.000 euros, y un Patek Philippe Calatrava de oro blanco cuyo coste ronda los 30.000 euros. El inventario incluye otros modelos Rolex de las gamas Sky-Dweller, GMT-Master II, Oyster Perpetual y Yacht-Master.

No estaban solos. En el depósito había otros tres relojes de uso personal, un Bulgari y dos Hublot, según la documentación aportada por la defensa. Esas piezas no formarían parte del activo de la empresa y su adquisición no está acompañada por factura debido, según los abogados, a la antigüedad de las compras.

La defensa sostiene que los relojes pertenecen a una empresa

Este es uno de los puntos importantes de la diligencia. Los abogados del empresario mantienen que los ocho relojes de mayor valor no son patrimonio personal del investigado, sino existencias de una sociedad dedicada al comercio mayorista de joyería y también a actividades inmobiliarias.

El empresario investigado figura como administrador único de esa mercantil. La sociedad, constituida en 2022, no está investigada directamente dentro del procedimiento, según la documentación conocida. La defensa entregó facturas y justificantes bancarios para acreditar tanto la compra de las piezas como la actividad comercial relacionada con relojes de alta gama.

Ese historial comercial incluye ventas efectuadas entre 2025 y comienzos de 2026. La empresa habría vendido, entre otras piezas, dos Patek Philippe, un Rolex, un Trilobe y un Hamilton. La operación más elevada recogida en esa documentación alcanzó los 70.000 euros por uno de los Patek Philippe.

La UCO no habría requisado las piezas

Según la versión de los abogados del investigado, una vez comprobado el contenido del depósito los agentes no consideraron necesario requisar los relojes. La defensa había solicitado previamente que las piezas permanecieran en la caja de seguridad después de la inspección, al considerar acreditado su origen y defender que eran mercancía de una sociedad ajena al procedimiento.

Que los relojes estén documentados no convierte la apertura de la caja en una diligencia irrelevante. El objetivo de estas actuaciones es comprobar la procedencia, titularidad y trazabilidad de bienes que aparecen vinculados directa o indirectamente a personas investigadas. Otra cosa es que, después de esa comprobación, existan motivos para intervenirlos.

El caso Mascarillas comenzó con un contrato de dos millones

La investigación se remonta a abril de 2020, cuando la Diputación de Almería adjudicó un contrato de emergencia para adquirir mascarillas, guantes y equipos de protección frente a la covid-19. El contrato, concedido a Azor Corporate Ibérica, superó ligeramente los dos millones de euros.

Los informes elaborados posteriormente por la Guardia Civil situaron en torno a 945.000 euros el supuesto sobrecoste relacionado con aquella operación. La investigación inicial sobre el material sanitario abrió después otra puerta: la posible existencia de un sistema de adjudicaciones públicas presuntamente manipulado para favorecer a determinadas empresas y generar comisiones ilegales.

El asunto dejó así de limitarse a las mascarillas. La UCO ha investigado contratos de obras y servicios adjudicados por la institución provincial durante varios años, movimientos de dinero, sociedades y patrimonio de distintos implicados.

Más de 40 investigados y una causa todavía abierta

La causa ha llegado a reunir a 43 personas y entidades investigadas. Entre los nombres que han pasado por el procedimiento figuran el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y los exvicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Todos ellos mantienen la presunción de inocencia mientras continúa la instrucción.

Los investigadores sitúan el foco en un supuesto entramado relacionado con contratos públicos y con el posible cobro de comisiones. La UCO ha analizado adjudicaciones, pagos en efectivo, operaciones inmobiliarias y movimientos societarios para determinar si parte del dinero procedente de esos contratos terminó incorporándose al patrimonio de los investigados.

En algunos registros practicados durante fases anteriores del procedimiento ya aparecieron dinero en efectivo, obras de arte y otros bienes de valor. La apertura de la caja bancaria de Murcia encaja en ese trabajo de reconstrucción patrimonial, aunque por sí sola no implica que los relojes procedan de actividades ilícitas. Esa distinción es esencial.

De Almería a Murcia siguiendo el rastro del patrimonio

La aparición de la caja de seguridad en Murcia muestra hasta dónde puede extenderse una investigación económica y patrimonial de esta naturaleza. El juzgado no se limita a examinar las adjudicaciones originales: también intenta reconstruir qué ocurrió después con el dinero, qué sociedades intervinieron y qué patrimonio está relacionado con las personas bajo investigación.

La Región de Murcia ya había aparecido anteriormente en distintas líneas vinculadas a empresarios o sociedades relacionados con las pesquisas. La nueva diligencia tiene, sin embargo, un objeto muy concreto: comprobar físicamente el contenido de un depósito bancario y contrastarlo con la documentación entregada al juzgado.

El resultado conocido hasta el momento dibuja una situación menos espectacular de lo que podría sugerir una caja fuerte llena de Rolex: los relojes estaban identificados previamente, la defensa había aportado documentación sobre su procedencia y sostiene que forman parte de una actividad empresarial legal. Precisamente por eso la investigación deberá separar los bienes que puedan tener relevancia penal de aquellos cuyo origen quede suficientemente justificado.

Un inventario más dentro de una investigación mucho mayor

Los once relojes encontrados en Murcia añaden una nueva diligencia al voluminoso caso Mascarillas, pero no modifican por sí solos el sentido de la causa. La cuestión central sigue siendo determinar si existió una estructura destinada a manipular contratos públicos, cobrar comisiones y ocultar posteriormente parte del dinero.

La caja fuerte ofrece, eso sí, otro elemento que los investigadores pueden contrastar: fechas de compra, facturas, transferencias y titularidad societaria. En delitos económicos, esos detalles pesan bastante más que el brillo del metal.

Por ahora, la defensa considera acreditado el origen legal de las piezas y sostiene que la UCO no las intervino tras examinarlas. La investigación judicial continúa abierta y será el conjunto de las pruebas, no la mera existencia de relojes caros, el que determine si estos bienes tienen alguna relevancia para el procedimiento.