El CENIF alertó del riesgo extremo en Ceuta antes de la entrada masiva

La Policía Nacional advirtió el 29 de julio de 2026 de un riesgo extremo de entrada masiva en Ceuta, apenas un día antes de que decenas de miles de personas cruzaran la frontera desde Marruecos. El aviso, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), contemplaba un escenario especialmente grave: la llegada coordinada de migrantes a nado y mediante saltos a la valla fronteriza. La información fue trasladada a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla a través de los canales internos de coordinación policial.

La advertencia figura en la documentación incorporada a la investigación de la Audiencia Nacional sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas, según las estimaciones policiales recogidas en la causa, llegaron a acceder a Ceuta. La magistrada María Tardón recoge expresamente en su resolución judicial que el CENIF había comunicado la previsión de un riesgo extremo para ese escenario de entradas simultáneas por tierra y mar.

El dato vuelve a situar en el centro del debate la actuación de las autoridades españolas antes de la crisis. Porque una cosa es que los servicios policiales detectaran la amenaza y otra, bastante distinta, que los responsables del dispositivo conocieran su dimensión real y dispusieran de medios suficientes para afrontarla. Las alertas existieron. Lo que todavía requiere aclaraciones es cómo circularon entre las distintas administraciones, qué decisiones provocaron y hasta qué punto se anticipó la magnitud de lo que iba a ocurrir.

La información conocida este 28 de octubre añade relevancia a unas advertencias que ya habían aparecido en documentos policiales desclasificados en septiembre. Los nuevos detalles sobre la organización de las convocatorias y las actuaciones de las fuerzas marroquíes mantienen abierta una investigación que afecta tanto a la seguridad fronteriza como a las relaciones entre España y Marruecos.

La alerta del 29 de julio: un riesgo extremo antes de la crisis

El CENIF, una unidad especializada de la Policía Nacional en el análisis de los movimientos migratorios y la seguridad de las fronteras, llevaba varios días observando señales de un posible aumento de los intentos de entrada en Ceuta.

El 27 de julio ya constaban comunicaciones policiales sobre el incremento de llegadas a nado. Un día después, el 28, los especialistas identificaron nuevos factores de riesgo relacionados con las convocatorias difundidas por internet, el movimiento de personas hacia las inmediaciones de la frontera y la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.

La advertencia más relevante llegó el 29 de julio, cuando el CENIF emitió una alerta destinada a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT).

El documento contemplaba un escenario de riesgo extremo si coincidían entradas a nado con saltos coordinados a la valla. No era una descripción de hechos consumados, sino una valoración preventiva de lo que podía suceder.

Este matiz importa. La calificación de riesgo extremo no significaba que los agentes pudieran garantizar que la entrada masiva se produciría ni calcular exactamente cuántas personas participarían. Sí suponía que la Policía había identificado un escenario de especial gravedad que exigía atención operativa.

Al día siguiente, la situación se desbordó.

Durante el 30 de julio, miles de personas procedentes de Marruecos alcanzaron la zona fronteriza de El Tarajal. La presión continuó durante el día 31, cuando los servicios españoles tuvieron que gestionar una afluencia extraordinaria que afectó al control de accesos, la seguridad y la atención humanitaria.

La secuencia temporal es relevante para determinar las responsabilidades. El aviso policial precedió a la entrada masiva, aunque conocer una amenaza no equivale necesariamente a disponer de una previsión exacta de su alcance.

Cómo se organizó la entrada masiva a Ceuta a través de las redes sociales

Las convocatorias digitales tuvieron un papel decisivo en los acontecimientos de julio. Según los informes del CENIF, las publicaciones comenzaron a circular por plataformas abiertas como Facebook, Instagram y TikTok, antes de desplazarse hacia grupos privados de mensajería.

La actividad aumentó especialmente a partir del 28 de julio. Los investigadores detectaron mensajes que animaban a desplazarse hacia Castillejos, la localidad marroquí situada junto a Ceuta, y a aprovechar una supuesta reducción de la vigilancia fronteriza durante las celebraciones oficiales del país vecino.

El informe policial identifica 1.141 números de teléfono vinculados a las conversaciones analizadas. De ellos, 1.036, aproximadamente el 90,8 %, tenían prefijo marroquí. El resto correspondía a numeraciones internacionales.

Este porcentaje describe los teléfonos examinados, no la nacionalidad de todas las personas que participaron en las entradas. Tampoco demuestra por sí solo quién dirigía las convocatorias.

Los especialistas registraron un máximo de 1.574 mensajes el 30 de julio, coincidiendo con el comienzo de la entrada masiva. Para el CENIF, la evolución de las publicaciones respondía a un patrón de difusión organizado y no únicamente a una acumulación casual de mensajes.

Los grupos que animaban a continuar las entradas

Los documentos conocidos esta semana incorporan nuevos detalles sobre la actividad de grupos privados de mensajería.

Una nota policial del 31 de julio identificó conversaciones con nombres como «Ataque a Ceuta», «Ataque seguro» o «Gente de valla». Sus integrantes difundían llamamientos para realizar nuevos desplazamientos hacia la frontera cuando la crisis ya estaba en marcha.

La Policía advirtió entonces de la aparición de grupos adicionales y del aumento de mensajes relacionados con posibles intentos de entrada. La proliferación de conversaciones dificultaba conocer cuántas personas podían movilizarse y en qué momento.

También circularon informaciones falsas o engañosas sobre las posibilidades de permanecer legalmente en España. Algunos mensajes tergiversaban una resolución del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones en frontera. Otros presentaban la regularización extraordinaria de extranjeros como una oportunidad para quienes cruzaran durante aquellos días, aunque esas personas no cumplían los requisitos temporales para acogerse a ella.

La desinformación actuó como un factor de movilización. Una frontera supuestamente abierta, una vigilancia reducida y la promesa de obtener documentación podían convertirse en argumentos muy persuasivos para quienes contemplaban el cruce.

No todos los participantes tenían necesariamente los mismos motivos. Conviene distinguir las decisiones individuales de los migrantes de las posibles actuaciones de quienes difundieron o facilitaron las convocatorias.

Marruecos y la investigación abierta en la Audiencia Nacional

La investigación judicial va más allá de los mensajes publicados en internet. La magistrada María Tardón examina si existió una intervención organizada desde territorio marroquí y cuál fue la participación de sus fuerzas de seguridad.

Los informes del CENIF apuntan a una posible actuación coordinada para facilitar el desplazamiento de personas hacia la frontera española. Los investigadores sostienen que determinados comportamientos de agentes marroquíes, tanto uniformados como vestidos de paisano, podrían haber contribuido al desarrollo de los acontecimientos.

La Policía ha aportado nuevas grabaciones y fotografías a la Audiencia Nacional. Entre el material analizado figuran imágenes de 24 personas señaladas como posibles dinamizadores de los movimientos registrados en la zona fronteriza.

Esas imágenes forman parte de las diligencias, pero su interpretación debe distinguirse de una conclusión judicial definitiva. La identificación de personas en grabaciones y las sospechas sobre su actuación no acreditan, por sí solas, la existencia de una orden del Gobierno marroquí.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también ha aportado información relevante. En un informe remitido a la jueza, sostiene que las autoridades de Marruecos conocían de antemano las convocatorias para cruzar a Ceuta.

Según esa documentación, el CNI comunicó el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes la existencia de llamamientos para efectuar entradas masivas el día siguiente. El organismo español también cuestiona la insuficiente reacción preventiva de las autoridades del país vecino.

El papel de Rabat continúa siendo uno de los puntos más delicados del procedimiento. Los informes policiales y de inteligencia contienen indicios y valoraciones de distinta naturaleza, mientras que el Gobierno español ha mantenido una posición más prudente sobre la posible responsabilidad directa de Marruecos.

La investigación judicial sigue abierta y todavía no existe una resolución definitiva que establezca quién pudo organizar los acontecimientos o qué responsabilidades penales corresponden.

Una crisis que desbordó la frontera y obligó a intervenir al Estado

La magnitud de las entradas de julio superó ampliamente la capacidad ordinaria de respuesta de Ceuta.

Los servicios de seguridad tuvieron que afrontar una presión excepcional en El Tarajal, mientras los recursos de acogida, los servicios sociales y las administraciones de la ciudad quedaron sometidos a una situación extraordinaria.

El impacto tampoco terminó cuando disminuyeron los cruces. Miles de personas permanecieron en Ceuta durante las semanas posteriores, lo que obligó a habilitar recursos adicionales y a organizar procedimientos de identificación, asistencia y retorno conforme a la legislación aplicable.

El Gobierno declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, una medida que permite reforzar la coordinación entre administraciones sin suspender derechos fundamentales ni aplicar los mecanismos excepcionales propios de los estados de alarma, excepción o sitio.

La declaración tiene prevista su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo modificación, prórroga o finalización anticipada.

En septiembre se aprobaron medidas extraordinarias de apoyo social y económico. Posteriormente, el 13 de octubre, el Ejecutivo aprobó nuevas ayudas financieras para Ceuta, destinadas a afrontar gastos derivados de la crisis y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La situación deja una realidad difícil de discutir: Ceuta sufrió una crisis fronteriza de consecuencias nacionales, con repercusiones sobre la seguridad, la gestión migratoria, la economía local y las relaciones diplomáticas.

También tuvo un coste humano. La investigación judicial recoge fallecimientos de personas que intentaron alcanzar territorio español por mar, una dimensión que no puede quedar relegada por las controversias políticas.

La defensa de la frontera y el respeto a los derechos de quienes intentan cruzarla son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente. Ninguna anula a la otra.

El aviso policial existió, pero falta esclarecer la respuesta

La alerta del CENIF del 29 de julio constituye uno de los elementos más importantes para reconstruir lo sucedido en Ceuta. Demuestra que, antes de la entrada masiva, una unidad especializada de la Policía Nacional había identificado un escenario de especial gravedad y lo había comunicado por los canales fronterizos correspondientes.

Sin embargo, la existencia de una advertencia no resuelve por sí sola la cuestión de las responsabilidades. La investigación deberá precisar quién recibió cada comunicación, qué valoración hizo de su contenido y qué medidas se adoptaron para reforzar la seguridad.

También queda pendiente determinar el alcance real de la intervención de las autoridades marroquíes, una cuestión en la que las conclusiones policiales deben ser contrastadas con el conjunto de las pruebas.

Casi tres meses después de los acontecimientos, el debate no puede reducirse a una discusión sobre si hubo avisos o no. Los hubo. La cuestión de fondo es si la información disponible permitió anticipar suficientemente la crisis y si las decisiones tomadas estuvieron a la altura del riesgo.

Es una diferencia considerable. Y afecta directamente a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, responder a una emergencia humanitaria y exigir responsabilidades cuando sus mecanismos de prevención no funcionan como deberían.