Feijóo exige dos investigaciones por el accidente de trenes en Urda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles 28 de octubre una investigación gubernamental inmediata y otra judicial para esclarecer el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde la colisión entre dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 68 muertos y decenas de heridos. El líder de la oposición también reclama una revisión completa e independiente de la red ferroviaria española.

Feijóo ha comparecido en la sede nacional del PP, en Madrid, para trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y reclamar que se determinen las circunstancias de la tragedia. Ha pedido que las investigaciones se desarrollen con todos los medios necesarios y sin interferencias, aunque ha evitado entrar directamente en las posibles responsabilidades políticas. Considera que este miércoles no es el momento de abrir ese debate.

La petición llega después de que un AVE de Renfe chocara contra un tren de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda. El Ministerio de Transportes ha señalado una autorización de circulación aparentemente contraria a los protocolos de seguridad como uno de los elementos centrales del accidente. Sin embargo, todavía deben esclarecerse las circunstancias de esa decisión y sus posibles consecuencias legales.

El siniestro ha provocado una movilización extraordinaria de los servicios de emergencia, la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía y una creciente preocupación por la seguridad del transporte de alta velocidad. Todo ello apenas nueve meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba.

Feijóo reclama dos investigaciones y revisar toda la red ferroviaria

Durante su declaración institucional, Feijóo ha defendido la necesidad de abrir una investigación del Gobierno con carácter inmediato, además de las correspondientes actuaciones judiciales. Su objetivo, según ha explicado, es conocer exactamente qué falló y determinar si existieron errores humanos, técnicos o de funcionamiento en los sistemas de seguridad.

El presidente del PP considera que los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado real de las infraestructuras ferroviarias. No se refiere únicamente al tramo donde se ha producido el accidente, sino al conjunto de la red española, para la que reclama una evaluación independiente.

También quiere saber qué advertencias recibieron las autoridades después del accidente de Adamuz, ocurrido en enero de 2026, y qué medidas se adoptaron desde entonces para reforzar la seguridad.

La petición tiene una dimensión política evidente. España se encuentra en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero Feijóo ha insistido en que la atención a las víctimas debe ser prioritaria. El Partido Popular ha suspendido sus actos de campaña y ha anunciado su participación en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para las 20.00 horas.

El dirigente popular también ha mantenido contactos con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el alcalde de Urda para expresarles su solidaridad.

Qué ocurrió en el accidente ferroviario de Urda

El choque se produjo alrededor de las 8.54 horas del miércoles 28 de octubre, en el entorno del punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo.

En el siniestro estuvieron implicados un AVE de Renfe que había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 8.00 horas con destino Sevilla-Santa Justa y un tren de Iryo que también realizaba el recorrido entre Madrid y Sevilla.

Según las primeras explicaciones del Ministerio de Transportes, el AVE alcanzó por detrás al convoy de Iryo, que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales terminaron desplazados hacia un terraplén.

El balance de víctimas ha aumentado a lo largo de la jornada hasta alcanzar los 68 fallecidos. Los datos difundidos durante la tarde también situaban en 58 el número de heridos hospitalizados, 15 de ellos en estado muy grave. Las autoridades advierten de que las cifras todavía pueden cambiar mientras continúan los trabajos de emergencia.

El fallo del sistema de seguridad y la orden de reanudar la marcha

Uno de los aspectos más importantes de la investigación se encuentra en las decisiones adoptadas minutos antes del accidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que alrededor de las 8.30 horas se produjo una avería en el sistema de seguridad ferroviaria LZB, utilizado para supervisar la circulación y controlar las condiciones de marcha de los trenes.

El fallo provocó la detención automática de seis convoyes en un tramo de la línea. Ante esa situación, el centro de control de Adif en Atocha asumió la gestión de la circulación.

Según la reconstrucción inicial ofrecida por Puente, a las 8.36 horas se autorizó al AVE accidentado a continuar su trayecto con normalidad, pese a que existía una señal roja y otro tren permanecía detenido por delante.

El ministro ha calificado esa decisión de «inexplicable». Las primeras informaciones del departamento apuntan a que la autorización se concedió sin establecer la limitación de velocidad que correspondía aplicar en esas circunstancias.

El AVE continuó circulando hasta alcanzar al tren de Iryo unos minutos después.

Esta secuencia constituye una de las principales líneas de investigación, pero no equivale a una determinación definitiva de responsabilidades. Todavía es necesario aclarar qué información recibieron los responsables del centro de control, cómo se transmitieron las instrucciones y si se cumplieron los procedimientos de seguridad previstos para una avería de estas características.

La Justicia ya investiga el accidente desde Orgaz

Aunque Feijóo ha reclamado una investigación judicial, las primeras diligencias ya están en marcha.

El Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, ha asumido la investigación del accidente. La Fiscalía también ha desplazado representantes al lugar del siniestro para participar en las actuaciones correspondientes.

El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado su disposición a proporcionar los refuerzos necesarios para garantizar el funcionamiento del órgano encargado de la causa. Se han organizado equipos judiciales y forenses para agilizar las diligencias relacionadas con las víctimas.

La investigación tendrá que determinar cómo se produjo exactamente la colisión, examinar los registros de circulación y las comunicaciones ferroviarias y establecer si existen hechos que puedan constituir una infracción penal.

Conviene distinguir las dos vías. Una investigación técnica o administrativa debe esclarecer los fallos y permitir adoptar medidas para evitar nuevos accidentes. La investigación judicial, por su parte, tendrá que establecer si los hechos son constitutivos de delito y, en su caso, quién debe responder por ellos.

La existencia de errores en una operación ferroviaria no determina automáticamente una responsabilidad penal. Esa conclusión exige pruebas y corresponde a los tribunales.

El precedente de Adamuz reabre el debate sobre la seguridad

La tragedia de Urda se produce cuando todavía sigue presente el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, en enero de 2026.

Aunque ambos siniestros presentan circunstancias diferentes y no existe una relación causal acreditada entre ellos, su proximidad temporal ha vuelto a situar la seguridad de la alta velocidad española en el centro del debate público.

Feijóo ha aprovechado su comparecencia para reclamar información sobre las medidas adoptadas después de Adamuz y exigir una inspección integral de la red.

No se trata únicamente de revisar el estado físico de las vías. También están bajo escrutinio los sistemas de señalización, los procedimientos de circulación, la respuesta ante fallos tecnológicos y las decisiones que adoptan los centros de control cuando se interrumpe el funcionamiento normal de una línea.

Por su parte, Óscar Puente ha defendido que el sistema ferroviario español es seguro, aunque ha reconocido la gravedad de lo ocurrido en Urda. El ministro ha insistido en que su prioridad es esclarecer el accidente y ha evitado plantearse una dimisión en este momento.

La revisión solicitada por el PP tendría que abordar tanto el mantenimiento de las infraestructuras como el funcionamiento de los mecanismos de prevención. El accidente ha demostrado, como mínimo, la necesidad de examinar con detalle cómo se gestionó una situación anómala que terminó en una colisión mortal.

Atención a las víctimas y circulación ferroviaria suspendida

Las autoridades de Castilla-La Mancha han activado el Plan Territorial de Emergencia y han movilizado recursos sanitarios, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y personal especializado en grandes catástrofes. También se ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

El dispositivo trabaja en la atención de los heridos, la recuperación e identificación de las víctimas y el acompañamiento a sus familiares.

Renfe ha activado su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares y ha habilitado el teléfono gratuito 900 10 10 20, destinado exclusivamente a personas afectadas y allegados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha puesto a disposición de los ciudadanos el número 900 122 112 para obtener información sobre posibles afectados.

El accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, con importantes consecuencias para los viajeros de alta velocidad. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los billetes afectados por el corte.

La recuperación del servicio dependerá de las labores de emergencia, las investigaciones sobre el terreno y la comprobación de las condiciones de seguridad de la infraestructura.

La cadena de decisiones que todavía debe esclarecerse

La petición de Feijóo sitúa sobre el Gobierno una exigencia inmediata de explicaciones, pero las investigaciones tendrán que ir más allá de las declaraciones institucionales.

El elemento central es reconstruir la cadena de decisiones que permitió reanudar la marcha del AVE cuando otro convoy permanecía detenido en la misma vía. Resultará esencial determinar qué avisos generaron los sistemas de seguridad, quién autorizó la circulación y qué controles debían impedir que se produjera el choque.

También habrá que comprobar si existieron deficiencias anteriores, advertencias desatendidas o problemas en los protocolos de actuación. Son cuestiones todavía abiertas, no responsabilidades demostradas.

El accidente de Urda deja al menos 68 víctimas mortales y una investigación que deberá establecer por qué fallaron las barreras destinadas a impedir una colisión de estas características.

Feijóo reclama una respuesta inmediata y una revisión de toda la red. El Gobierno ha ofrecido una primera explicación sobre lo ocurrido. Ahora corresponde a las investigaciones técnicas y judiciales determinar los hechos con precisión y establecer las responsabilidades que procedan.

Porque la seguridad ferroviaria no depende solo de disponer de tecnología avanzada. También exige que los procedimientos funcionen cuando esa tecnología falla.