La dana de Valencia cumple dos años: 233 muertos y obras pendientes

Este jueves, 29 de octubre de 2026, se cumplen dos años de la dana que devastó Valencia, una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente de España. Las inundaciones del 29 de octubre de 2024 dejaron 233 víctimas mortales en la provincia, dos de ellas todavía desaparecidas, miles de familias damnificadas y daños materiales de enorme magnitud. Veinticuatro meses después, la reconstrucción ha avanzado, pero las responsabilidades judiciales siguen sin resolverse y buena parte de las grandes infraestructuras destinadas a prevenir otra catástrofe continúa pendiente.

El segundo aniversario llega con una realidad difícil de ignorar. Se han reparado cauces, carreteras, puentes y servicios esenciales, se han destinado miles de millones de euros a indemnizaciones y ayudas y las administraciones han comenzado a revisar sus protocolos de emergencia. Sin embargo, las obras de protección más ambiciosas todavía no están terminadas. La investigación judicial sigue examinando por qué el primer aviso masivo a los teléfonos móviles no se envió hasta las 20.11 horas, cuando numerosos municipios ya estaban inundados.

La tragedia cambió la vida de comarcas enteras, especialmente en l’Horta Sud, la Ribera, la Hoya de Buñol-Chiva y Requena-Utiel. En localidades como Paiporta, Catarroja, Sedaví, Benetússer, Picanya, Algemesí o Chiva, la riada destruyó viviendas, negocios, vehículos e infraestructuras públicas. Las cifras permiten dimensionar el desastre: aproximadamente 129.000 vehículos destruidos, 69.000 viviendas afectadas y 10.000 ascensores inutilizados.

Pero el aniversario no se limita a recordar lo ocurrido. También obliga a examinar cuánto ha mejorado realmente la seguridad de quienes siguen viviendo en zonas inundables.

Una riada que llegó también donde apenas llovía

El 29 de octubre de 2024, una depresión aislada en niveles altos, conocida como dana, desencadenó precipitaciones extraordinarias sobre el interior de la provincia de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología registró en Turís hasta 772 litros por metro cuadrado en 24 horas, una cantidad excepcional incluso para una región acostumbrada a episodios de lluvias torrenciales. En determinados momentos, las precipitaciones alcanzaron intensidades que superaron los registros históricos españoles para intervalos de una, seis y doce horas.

Sin embargo, uno de los aspectos más devastadores de aquella jornada fue que las inundaciones afectaron también a poblaciones donde apenas estaba lloviendo.

El agua caída en las cabeceras de ríos, ramblas y barrancos descendió violentamente hacia las zonas urbanizadas. El barranco del Poyo se convirtió en uno de los principales escenarios de la catástrofe. Su desbordamiento arrastró vehículos, destrozó infraestructuras y anegó calles y edificios de varios municipios de l’Horta Sud.

Lo mismo ocurrió en otras cuencas, como la del río Magro, donde las crecidas provocaron importantes destrozos.

Muchas personas quedaron atrapadas en viviendas, garajes, ascensores o vehículos. La velocidad de las avenidas redujo drásticamente las posibilidades de escapar una vez que el agua había alcanzado determinadas zonas.

La dana puso de manifiesto una vulnerabilidad que iba más allá de la intensidad de la lluvia: la concentración de población e infraestructuras en terrenos expuestos a inundaciones, la capacidad limitada de algunos cauces y la necesidad de contar con avisos eficaces antes de que el peligro alcance las calles.

La meteorología explica el origen del desastre. No resuelve, por sí sola, todas las preguntas sobre sus consecuencias y responsabilidades.

El aviso tardío y las responsabilidades de aquella tarde

Uno de los principales asuntos pendientes dos años después es la gestión de la emergencia.

La Aemet había activado avisos rojos por lluvias desde primera hora de la mañana del 29 de octubre. La situación empeoró durante la jornada y las crecidas comenzaron a afectar gravemente a varios municipios antes de que se enviara el primer mensaje de alerta masiva.

Aquel día, el servicio 112 de la Comunitat Valenciana recibió 19.821 llamadas, según los datos incorporados a la investigación judicial. Buena parte de ellas se concentró durante las horas más críticas de la tarde.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), encargado de coordinar la respuesta de las administraciones, se reunió mientras la emergencia evolucionaba rápidamente.

Sin embargo, el primer mensaje Es-Alert no llegó a los móviles hasta las 20.11 horas. Su contenido recomendaba evitar desplazamientos, pese a que numerosos ciudadanos ya estaban atrapados en sus domicilios o en edificios inundados.

El retraso y la información facilitada a la población constituyen dos elementos fundamentales de la investigación. La cuestión no es únicamente si se conocía la existencia de una situación meteorológica peligrosa, sino qué decisiones podían adoptarse, quién tenía competencia para hacerlo y cuándo disponía de información suficiente.

Conviene distinguir las responsabilidades. La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Estado, tiene competencias sobre los cauces de su demarcación y el seguimiento hidrológico. La Generalitat Valenciana era la administración responsable de dirigir la emergencia autonómica y activar las medidas de protección civil correspondientes.

Los ayuntamientos también desempeñan funciones de prevención y respuesta dentro de sus respectivos ámbitos municipales.

El reparto de competencias no elimina la obligación de coordinación entre administraciones. Y disponer de información meteorológica o hidrológica tampoco equivale automáticamente a haber advertido de forma adecuada a la población.

La investigación judicial sigue abierta

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, dirige una causa penal de extraordinaria complejidad para esclarecer las posibles responsabilidades por la gestión de las inundaciones.

A finales de octubre de 2026, el procedimiento acumulaba 71 tomos, 449 piezas separadas y 690 declaraciones, además de cientos de resoluciones judiciales.

Los dos investigados son Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, que ocupaba la Secretaría Autonómica de Emergencias.

La instrucción examina, entre otras cuestiones, el funcionamiento del Cecopi, las comunicaciones entre responsables públicos, el retraso en el envío del Es-Alert y la posible relación entre determinadas omisiones y las muertes.

La magistrada ha apreciado indicios de que algunos fallecimientos podrían haberse evitado con una actuación diferente de los responsables de Emergencias. Se trata de una valoración realizada durante la instrucción, no de una condena.

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025, también ocupa un lugar central en el debate político.

La instructora solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que valorase investigarlo, pero el tribunal rechazó abrir una causa penal contra él al considerar insuficientes los indicios para atribuirle responsabilidad criminal en los términos planteados.

Mazón, que mantiene su condición de diputado autonómico y está aforado, no figura como investigado en el procedimiento de Catarroja.

Su dimisión supuso una consecuencia política de la crisis, aunque no zanjó las exigencias de responsabilidad de las asociaciones de víctimas.

La investigación se ha prorrogado hasta abril de 2027 y todavía no existe una resolución judicial definitiva que establezca las responsabilidades penales por la gestión de la catástrofe.

Qué se ha hecho para prevenir otra tragedia

La prevención de inundaciones ha experimentado cambios desde octubre de 2024, aunque sus avances no son iguales en todos los ámbitos.

Uno de los más visibles afecta al uso del sistema Es-Alert, que permite enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles de las personas situadas en una zona de riesgo.

Durante los episodios de lluvias intensas de octubre de 2026, la Generalitat utilizó este mecanismo de forma anticipada.

El 1 de octubre, por ejemplo, Emergencias envió a las 10.02 horas una alerta a la población de determinadas zonas de Castellón y Valencia ante un aviso rojo previsto para las 18.00 horas. El mensaje incluía instrucciones para evitar desplazamientos, mantenerse alejado de barrancos y subir a plantas superiores si aumentaba el nivel del agua.

También se remitieron avisos preventivos durante otros episodios de precipitaciones del mismo mes.

Esta utilización más temprana representa un cambio relevante respecto a lo ocurrido en 2024, aunque enviar una alerta con antelación no garantiza por sí solo que la respuesta ante una emergencia sea suficiente.

También resulta esencial que los mensajes indiquen con claridad qué debe hacer la población según el peligro concreto: permanecer en un lugar seguro, evitar desplazamientos, abandonar determinadas zonas cuando exista tiempo suficiente o refugiarse en plantas elevadas si la inundación ya está en marcha.

La coordinación entre administraciones, el seguimiento de cauces y la actualización de los protocolos municipales forman parte de esa prevención.

En octubre de 2026, ante nuevos episodios de fuertes lluvias, se constituyeron dispositivos de seguimiento con participación de Protección Civil, Emergencias, la Aemet y las confederaciones hidrográficas.

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha reconstruido estaciones de aforo del Sistema Automático de Información Hidrológica, incorporando mejoras en sus comunicaciones.

Estos instrumentos permiten vigilar los niveles y caudales de los ríos y barrancos. Su utilidad depende de que los datos se interpreten correctamente y se traduzcan, cuando corresponda, en decisiones rápidas.

Barranco del Poyo, La Saleta y el nuevo mapa del riesgo

En materia de infraestructuras, la reconstrucción presenta avances concretos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar anunció en julio de 2026 la finalización de 17 obras de emergencia, con más de 220 millones de euros gestionados, destinadas a reparar cauces e instalaciones hidráulicas y mejorar su capacidad de respuesta ante nuevas avenidas.

Entre las actuaciones realizadas destacan las del barranco del Poyo, el río Magro y diferentes tramos del Turia.

En Chiva, las intervenciones permitieron aumentar notablemente la capacidad de desagüe de un tramo del Poyo. También se reforzaron márgenes y taludes en localidades como Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.

En Utiel se reconstruyó el encauzamiento urbano del río Magro, mientras que otras obras permitieron recuperar infraestructuras de abastecimiento y regadío.

Ahora bien, reparar los daños de 2024 no equivale a haber terminado todas las obras necesarias para reducir el riesgo de una nueva inundación.

Las actuaciones de mayor alcance siguen en diferentes fases de planificación y contratación.

Uno de los proyectos más avanzados es el del barranco de La Saleta, cuya intervención principal cuenta con un presupuesto de licitación de 132,1 millones de euros.

Las obras previstas buscan reducir el peligro de inundación en Aldaia, Alaquàs y Xirivella mediante la mejora del sistema hidráulico y el desvío de parte de las crecidas hacia el nuevo cauce del Turia.

A finales de octubre de 2026, el proyecto todavía estaba pendiente de adjudicación.

En paralelo, la Confederación ha iniciado la participación pública de diez proyectos destinados a mejorar la protección de las cuencas del Poyo, el Magro y Pozalet-La Saleta.

Las propuestas contemplan zonas de almacenamiento controlado de agua, ampliaciones de cauces y otras soluciones para reducir la fuerza de las avenidas antes de que alcancen áreas pobladas.

No todas esas actuaciones están aprobadas definitivamente ni tienen obras iniciadas.

La Generalitat también ha presentado la primera fase de revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación, conocido como PATRICOVA.

El nuevo estudio identifica un 61,2 % más de superficie potencialmente inundable en los ámbitos analizados de la zona afectada por la dana: de 27.162 hectáreas se pasa a 43.779.

En l’Horta Sud, el incremento de superficie cartografiada es todavía mayor y supera el 125 %.

Esto no significa que el territorio se haya vuelto repentinamente un 61 % más peligroso. Significa que los nuevos estudios reconocen áreas de riesgo que la cartografía anterior no reflejaba suficientemente.

La revisión plantea restricciones urbanísticas, como elevar las nuevas viviendas según las cotas de inundación, limitar aparcamientos subterráneos en determinados terrenos e impedir nuevas construcciones en las zonas de mayor peligrosidad.

El documento seguía en tramitación durante este segundo aniversario, por lo que sus propuestas no deben confundirse con una normativa ya aprobada definitivamente.

Reconstrucción y ayudas: miles de millones, pero daños persistentes

La recuperación económica también refleja la magnitud de la catástrofe.

Según el balance del Gobierno de España del 26 de octubre de 2026, el Estado había movilizado recursos por valor de 16.600 millones de euros para afrontar las consecuencias de la dana.

De esa cantidad, el importe contabilizado como empleado superaba los 10.028 millones, incluyendo ayudas y subvenciones abonadas, financiación concedida o avalada y actuaciones directas ejecutadas.

Las ayudas y subvenciones pagadas alcanzaban los 8.274 millones de euros. Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros había abonado aproximadamente 4.662 millones en indemnizaciones, con el 99,7 % de las solicitudes registradas gestionadas.

También se han destinado recursos a reconstruir infraestructuras municipales, recuperar explotaciones agrícolas, reparar carreteras y apoyar a empresas y autónomos.

Buena parte de las conexiones viarias y ferroviarias ha recuperado su funcionamiento. No obstante, todavía permanecen actuaciones pendientes, entre ellas el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías, que mantiene un servicio alternativo por carretera.

Las cifras presupuestarias no explican por completo la situación de los damnificados.

Hay familias que han tenido que rehacer sus viviendas, comerciantes que perdieron sus negocios y personas que continúan afrontando consecuencias físicas, económicas o psicológicas de la riada.

La reconstrucción de un municipio tampoco termina cuando se reabre una carretera o desaparece el barro de sus calles. Recuperar un tejido comercial, disponer de servicios públicos plenamente operativos y adaptar los edificios a nuevos riesgos requiere más tiempo.

A esta situación se añade una preocupación legítima: que las infraestructuras reconstruidas sean más resistentes que las destruidas.

Reproducir las mismas condiciones de vulnerabilidad dejaría a la población expuesta a daños similares ante una nueva crecida extraordinaria.

Dos años después, la seguridad sigue a examen

El segundo aniversario de la dana de Valencia está marcado por los homenajes a las víctimas, las reivindicaciones de sus familiares y la exigencia de que se esclarezca lo ocurrido.

La Generalitat declaró el 29 de octubre como jornada oficial de recuerdo y luto en la Comunitat Valenciana. En la ciudad de València, las banderas ondean a media asta y se ha convocado un minuto de silencio en los edificios municipales.

Las asociaciones de víctimas y damnificados mantienen sus demandas de verdad, justicia y reparación, mientras continúan las actuaciones judiciales y los trabajos para localizar a las dos personas desaparecidas.

El balance de estos dos años no permite afirmar que nada haya cambiado. Se han destinado recursos importantes, se han recuperado infraestructuras y los mecanismos de aviso se están utilizando con mayor anticipación.

Pero tampoco permite sostener que Valencia esté suficientemente protegida frente a otra riada de características similares.

Las grandes obras hidráulicas necesitan años de ejecución. La revisión de los mapas de inundabilidad debe traducirse en decisiones urbanísticas concretas. Y los protocolos de emergencia han de funcionar cuando los acontecimientos se precipitan, no únicamente durante los simulacros.

La experiencia de 2024 dejó una enseñanza especialmente dura: una alerta meteorológica y una alerta efectiva a la población no son lo mismo.

La prevención debe llegar antes que el agua. Es una exigencia elemental en cualquier sistema de protección civil y, después de 233 víctimas mortales en Valencia, una responsabilidad que ninguna administración puede permitirse tratar como secundaria.

Dos años después, la reconstrucción continúa. La investigación judicial, también. La verdadera medida de lo aprendido estará en la capacidad de reducir el riesgo y proteger vidas cuando vuelva a producirse un episodio extremo.