Doce detenidos por vender aceite virgen como extra ecológico en Jaén

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a comercializar aceite de oliva de calidad inferior como virgen extra ecológico, en una operación que se ha saldado con 12 personas detenidas en Jaén, Málaga, Córdoba y Madrid. Los investigadores calculan que la trama habría distribuido más de siete millones de kilos de aceite desde enero de 2023 y obtenido beneficios ilícitos superiores a los cuatro millones de euros.

La operación, denominada Oretania, ha destapado un supuesto fraude alimentario basado en la falsificación de documentos comerciales y en operaciones ficticias con empresas de Portugal. El aceite no necesitaba cruzar ninguna frontera: permanecía almacenado en España mientras los papeles lo presentaban como un producto de categoría superior, con certificación ecológica y un precio de mercado más elevado.

Durante la investigación se han practicado 14 registros, incluidos tres establecimientos oleícolas, y se han inmovilizado 34 depósitos con más de un millón de kilos de aceite por incumplimientos de las normas de trazabilidad y seguridad alimentaria. Los agentes también han intervenido dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y otros artículos de lujo.

El caso golpea a uno de los productos más representativos de la agricultura española y pone de manifiesto un problema que va más allá del etiquetado: cuando se vende un aceite de menor categoría como si fuera virgen extra ecológico, el consumidor paga por unas características que el producto no reúne y los productores que cumplen las exigencias legales compiten en condiciones desiguales.

Un aceite que viajaba a Portugal únicamente sobre el papel

El mecanismo investigado por la Guardia Civil combinaba operaciones comerciales aparentemente legales con una alteración deliberada de la documentación que acreditaba la calidad y procedencia del aceite.

Según las pesquisas, los principales responsables de la organización controlaban dos sociedades portuguesas que figuraban como compradoras de aceite de oliva virgen procedente de distintas almazaras y cooperativas españolas. Aquellas compraventas se documentaban como operaciones internacionales, pero la mercancía nunca llegaba a Portugal.

El producto permanecía almacenado en territorio español. Para sostener la apariencia de los movimientos comerciales, los investigados habrían utilizado facturas, contratos y documentos de transporte falsificados, con la presunta colaboración de varios empresarios del transporte por carretera.

Después llegaba la segunda parte de la operación. Mediante un entramado de sociedades, la organización simulaba importar desde Portugal aceite de oliva virgen extra ecológico a una empresa situada en Jaén.

En realidad, el aceite ya se encontraba allí y correspondía a una categoría inferior. Lo que cambiaba era su identidad comercial. La documentación lo convertía en un producto más caro, sin que se hubiera producido una mejora real de sus características.

La diferencia de valor entre el aceite virgen convencional y el virgen extra ecológico permitía a la organización obtener márgenes de beneficio superiores a los que le habrían correspondido por la venta legítima de la mercancía.

Doce detenidos y más de cuatro millones de euros investigados

La investigación comenzó después de que la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Jaén comunicara a la Guardia Civil posibles irregularidades en las operaciones de compraventa de un operador del sector oleícola.

Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén asumieron las pesquisas y terminaron identificando un entramado empresarial que, presuntamente, llevaba funcionando desde enero de 2023.

Las 12 detenciones se distribuyen entre cuatro provincias: ocho en Jaén, dos en Málaga, una en Córdoba y otra en Madrid.

A los arrestados se les atribuye su presunta participación en delitos de fraude alimentario, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata de imputaciones investigadas judicialmente, no de condenas firmes.

Los cálculos policiales sitúan el volumen del posible fraude por encima de los siete millones de kilogramos de aceite de oliva y estiman que las ganancias ilícitas obtenidas mediante estas operaciones superan los cuatro millones de euros.

Esta última cantidad corresponde al beneficio económico que los investigadores atribuyen al entramado, no al valor total de toda la mercancía comercializada.

La Guardia Civil también investiga el destino de los beneficios. Durante los registros se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, además de vehículos de alta gama, relojes, joyas y otros bienes de lujo valorados conjuntamente en más de un millón de euros.

Más de un millón de kilos de aceite inmovilizados

Uno de los resultados más importantes de la operación ha sido la localización de una considerable cantidad de aceite que todavía permanecía almacenado en instalaciones relacionadas con la organización.

Los investigadores practicaron 14 registros en las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga, tres de ellos en fábricas oleícolas vinculadas al entramado.

Durante las inspecciones participaron técnicos de calidad agroalimentaria de la Junta de Andalucía, que colaboraron en la toma de muestras y en la comprobación de la documentación de los productos.

Las actuaciones permitieron inmovilizar 34 depósitos que contenían más de un millón de kilos de aceite por incumplimientos de la normativa de trazabilidad y seguridad alimentaria.

La trazabilidad alimentaria es el sistema que permite reconstruir el recorrido de un alimento desde su origen hasta su comercialización. En el sector oleícola resulta esencial para comprobar la procedencia, categoría y características de cada partida.

Cuando se falsifican documentos de transporte, compraventa o certificación, ese sistema pierde fiabilidad y dificulta determinar qué producto se ha almacenado, mezclado o comercializado en cada operación.

Conviene distinguir dos cuestiones. La investigación apunta a un fraude sobre la calidad y la certificación ecológica del aceite, pero eso no significa automáticamente que todo el producto investigado fuera peligroso para la salud. La inmovilización responde a los incumplimientos detectados, mientras que las muestras y las diligencias permiten comprobar las características de las partidas afectadas.

Qué diferencia hay entre aceite virgen, virgen extra y ecológico

El fraude investigado aprovechaba precisamente la diferencia entre categorías comerciales que, aunque puedan parecer similares, tienen requisitos y precios distintos.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) representa la categoría de mayor calidad entre los aceites vírgenes. Debe obtenerse mediante procedimientos mecánicos, presentar una acidez libre máxima del 0,8 %, tener atributos afrutados y carecer de defectos sensoriales.

El aceite de oliva virgen también se obtiene directamente de las aceitunas mediante procedimientos mecánicos, pero admite ciertos defectos sensoriales de baja intensidad y una acidez libre máxima del 2 %. Es un producto legal y apto para el consumo cuando cumple sus requisitos, aunque pertenece a una categoría comercial inferior.

La denominación ecológico, por su parte, no establece por sí sola la categoría de calidad del aceite. Se refiere a un sistema de producción sometido a normas específicas y a controles de certificación.

Por eso, un aceite puede ser virgen extra sin ser ecológico. También puede producirse bajo las normas de agricultura ecológica y no alcanzar los requisitos de calidad necesarios para clasificarse como virgen extra.

Para venderse como virgen extra ecológico, debe reunir ambas condiciones: cumplir los parámetros de la máxima categoría comercial y acreditar que procede de una producción ecológica certificada.

No basta con cambiar la etiqueta. Y precisamente esa era, según los investigadores, una de las bases del negocio fraudulento.

Cómo comprobar el etiquetado de un aceite ecológico

En los productos ecológicos envasados de la Unión Europea, el consumidor debe encontrar el logotipo ecológico comunitario, representado por una hoja formada por estrellas blancas sobre fondo verde.

Este distintivo debe acompañarse del código del organismo o autoridad de control correspondiente y de la indicación reglamentaria del origen de las materias primas agrícolas.

En el caso del aceite de oliva también conviene revisar la categoría comercial, el origen indicado en el envase, la identificación del operador responsable y los datos del lote.

Estas comprobaciones permiten identificar la información obligatoria, pero tienen un límite: una etiqueta aparentemente correcta no garantiza por sí sola que el contenido sea auténtico. Cuando el fraude consiste precisamente en falsificar la documentación, su detección puede requerir inspecciones, análisis y comprobaciones de trazabilidad.

La información difundida sobre la operación Oretania no permite identificar de manera general qué marcas o lotes concretos podrían haber llegado al consumidor. Por tanto, no sería riguroso atribuir el fraude a una determinada marca comercial sin una identificación oficial.

La investigación continúa abierta por posibles irregularidades fiscales

Las diligencias están dirigidas por el Tribunal de Instancia número 2 de Martos (Jaén) y la operación permanece abierta.

Los investigadores han detectado también posibles irregularidades tributarias relacionadas con los movimientos comerciales de la organización. Estas circunstancias siguen bajo examen y podrían ampliar el alcance económico y judicial del procedimiento.

Las autoridades han insistido en que la actuación afecta a un operador concreto y han presentado el caso como un hecho aislado dentro del sector jiennense. Esa precisión importa: una investigación sobre un entramado empresarial no permite poner bajo sospecha al conjunto de las almazaras, cooperativas y productores de la provincia.

España cuenta, además, con un plan específico de control de la calidad del aceite de oliva reforzado para 2026, que presta especial atención a los puntos sensibles de la producción y comercialización y a la prevención de prácticas fraudulentas.

La operación Oretania muestra, sin embargo, que los controles no pueden limitarse al producto terminado. Los documentos que acompañan al aceite, las relaciones entre empresas y los movimientos de mercancías resultan igualmente decisivos.

El fraude perjudica al consumidor y a los productores honestos

El aceite de oliva virgen extra ecológico incorpora exigencias de calidad y producción que justifican su diferenciación comercial. Cumplirlas implica controles y obligaciones para los agricultores, las almazaras y las empresas que intervienen en la cadena de comercialización.

Cuando un operador consigue vender aceite de categoría inferior bajo esa denominación, obtiene una ventaja económica que no procede de producir mejor, sino de atribuir al producto unas características que no tiene.

El primer perjudicado es el comprador, que paga por una calidad y una certificación que, según la investigación, no se correspondían con la mercancía recibida. Pero el daño alcanza también a los productores que trabajan dentro de la legalidad y deben competir con precios alterados por prácticas fraudulentas.

Las cifras conocidas hasta el momento son relevantes: 12 detenidos, más de siete millones de kilos presuntamente afectados y beneficios ilícitos superiores a cuatro millones de euros. A ello se añade la inmovilización de más de un millón de kilos de aceite pendientes de las comprobaciones correspondientes.

La resolución judicial determinará las responsabilidades penales. Entretanto, el caso deja una realidad bastante concreta: en un mercado donde la procedencia, la categoría y la certificación influyen directamente en el precio, falsear esos datos no es una simple irregularidad administrativa.

Es vender una cosa por otra. Y cobrar la diferencia.